- Es la tercera vez que el pueblo wampís de Amazonas desaloja a los mineros ilegales que desde hace cinco años operan en la quebrada de Pastacillo.
- Durante el desalojo, se desmontaron dragas, se retiraron tuberías, cilindros con restos de mercurio, recipientes plásticos, frazadas que son utilizadas para recuperar el oro, poleas y se quemaron parte de los implementos usados para obtener el oro ilegal.
Los mineros ilegales habían sido advertidos: si en una semana no abandonaban la quebrada Pastacillo, la vertiente del río Santiago que han deforestado y contaminado por los últimos cinco años, iban a ser desalojados a la fuerza. La notificación fue enviada los primeros días de julio y el pueblo wampís estaba dispuesto a cumplir con su promesa.
El actual gerente de esta área municipal, el ingeniero ambiental Dennis Cenepo, confirmó a Mongabay Latam que el jueves se venció el plazo que la población indígena wampís le dio a los mineros ilegales que operan en la quebrada, por eso intervinieron. A las 8 de la mañana se reunieron 400 personas, con 18 embarcaciones, en la comunidad de Galilea, donde se ubica la sede de la municipalidad del Río Santiago, y de ese punto partieron para desalojar a los invasores, con el apoyo logístico de las autoridades de la comuna y del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).
Esta situación ya había sido advertida en un artículo publicado por Mongabay Latam el 25 de junio. En ese informe, el líder wampís Wrays Pérez solicitó la presencia del Estado para recuperar el ecosistema y adelantó “debemos actuar de inmediato y detener esta actividad”.
La paciencia había llegado a su límite, más aún luego de confirmar tres semanas antes del reportaje, con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Río Santiago en Amazonas y un equipo de Mongabay Latam, la magnitud del daño ecológico.
Durante esta visita, se contaron por lo menos diez dragas y dos plataformas mineras de un exfuncionario edil, Julio López, quien hasta mayo había ocupado el cargo de Gerente Municipal de Medio Ambiente.
El jueves, al llegar a la zona afectada por la minería ilegal, un sector ubicado a 20 minutos de Galilea, los pobladores wampís no encontraron maquinarias ni operarios, pero sí una gran cantidad de basura, incluidos barriles con restos de mercurio. Los pobladores desmontaron dragas, retiraron tuberías, cilindros, recipientes plásticos, frazadas que son usadas para recuperar el oro, poleas y quemaron una parte de esos implementos que son utilizados para obtener el oro ilegal.
Antes de irse, la comitiva conversó con algunos pobladores que residen en la zona de Pastacillo y ahí se enteraron de que hacía una semana que los mineros habían empezado a retirar las máquinas.
Ahora el pueblo wampís teme que regresen. Cenepo comentó que esta es la tercera vez que desalojan a los mineros ilegales de Pastacillo y que siempre, después de un tiempo, reaparecen las máquinas y con ellas la contaminación. Es por ello que ayer, luego de verificar que los mineros se habían retirado, regresaron a Galilea y se reunieron, líderes wampís y las autoridades locales, para conformar un comité de vigilancia contra la minería ilegal que estará integrado por indígenas wampís y awajún, con el apoyo del municipio de Río Santiago.
La minería enfrentó por mucho tiempo a los indígenas wampís con los awajún. Aunque las localidades ubicadas a lo largo del río Santiago son parte del reclamado territorio integral del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, existen también algunas comunidades awajún. Una de ellas es la de Yutupis, precisamente, en la que más conflictos han surgido entre ambas naciones, porque sus autoridades han permitido durante cinco años que se realice esta actividad ilegal en la quebrada. Pastacillo es parte de su jurisdicción.
Sin embargo, el ingeniero Cenepo informó que desde hace un mes se ha designado a un nuevo apu (líder indígena de la comunidad) y esta nueva directiva ha decidido terminar con esta actividad ilegal. “No toda la población awajún estaba de acuerdo, pero las autoridades apoyaban a los dueños de las dragas. Ahora que hay un nuevo dirigente se ha acordado trabajar juntos para terminar con este problema”, dijo el funcionario municipal.
Pero el desalojo no fue del todo pacífico. Tras retirar y deshacerse de todo el material que encontraron en la quebrada, los indígenas organizaron por la tarde una marcha que recorrió parte de Galilea y de la comunidad de La Poza, un pueblo anexo a Galilea en el que viven la mayoría de los mineros ilegales que han llegado de Saramirisa (Loreto) y Puerto Maldonado (Madre de Dios). Al llegar a La Poza, los protestantes encontraron una máquina que se usa para la minería ilegal y la arrojaron al río. Cuando empezaron a retirarse a sus comunidades, un grupo de siete mineros atacaron a cinco pobladores wampís que esperaban su movilidad. El enfrentamiento dejó heridos leves.
Alerta en el gobierno
El presidente de la Comisión Multisectorial del Gobierno frente a la Minería Ilegal y el Desarrollo del Proceso de Formalización, Máximo Gallo, habló con Mongabay Latam y confirmó que visitará en los próximos días al pueblo wampís en el distrito de Río Santiago, para averiguar de qué forma pueden apoyar las acciones de los indígenas. “Hacer esto sin apoyo del Estado es un riesgo muy fuerte para ellos”, señaló.
Máximo Gallo indicó que el Ministerio del Interior también monitorea la seguridad en Galilea. “Quiero llegar a la zona para conocer la magnitud del tema y ver cómo coordinamos con las demás entidades del Estado para intervenir en Pastacillo”, agregó.
Gallo es desde marzo de este año el director nacional de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo con el Decreto Supremo 061-2016-PCM, le corresponde la presidencia y coordinación de este grupo. Hasta octubre del 2016, esta función la realizaba quien ocupaba el cargo de Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, entonces adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sobre el apoyo del Estado, el gerente municipal de Medio Ambiente, Dennis Cenepo, indicó que se necesita el apoyo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para monitorear y recuperar el área degradada. “También estamos juntando información para volver a enviar una solicitud de investigación a la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente (FEMA) de Bagua. Los dueños de esas maquinarias deben responder por los daños hechos al ambiente y a la salud de todos”, dijo Cenepo.
La FEMA informó a Mongabay Latam, en el informe publicado a fines de junio, que estaba realizando investigaciones y audiencias para hallar responsables, pero según Cenepo y otras autoridades de la zona, no han recibido ninguna comunicación sobre avances en el caso. Ellos denuncian que tampoco han sido atendidos por el Gobierno Regional de Amazonas.
Al cierre de esta nota, el presidente del Gobierno Territorial Autonómo de la Nación Wampís, Wrays Pérez, alertó de que hay mucha tensión en la población por los ataques de algunos mineros ilegales a los protestantes. “Necesitamos la presencia del Gobierno Central lo más pronto posible”, concluyó.
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