La era de Darwan Ali llegó a su fin después de años. Como jefe del distrito de Seruyan en Indonesia fue uno de los primeros políticos elegidos democráticamente después de la era Suharto. A estos políticos, conocidos como bupatis (jefes de distrito), se les dieron enormes poderes nuevos, como la capacidad de arrendar casi todas las tierras dentro de sus jurisdicciones a quienquiera que considerasen apto para desarrollar dichas tierras.
Este poder fue usado por Darwan de forma arbitraria para la promoción de cultivos de aceite de palma a través de empresas fantasmas, apropiaciones de territorio y la deforestación de los bosques. Después de años de denuncias, finalmente, la hora de la búsqueda de justicia había llegado.
La investigación
Para el puñado de observadores que eran conscientes de lo que había hecho Darwan, era evidente que había abusado de su cargo para hacer dinero para su familia, a la vez que infligió un daño considerable a las personas que le habían elegido para representarlas. Los investigadores de la agencia anticorrupción de Indonesia, la KPK, circundaron el caso durante años, así que ¿por qué no se lanzaron?
Los investigadores involucrados, quienes ya han dejado la institución, no querían o no pudieron comentar para este artículo. Buscamos respuestas a través de entrevistas con funcionarios actuales de la KPK, ONG y académicos centrados en los esfuerzos anticorrupción en Indonesia y nuestra propia investigación de otros casos de la KPK.
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La manera más fácil de procesar a un funcionario corrupto ante la ley de Indonesia es descubrirlos mientras aceptan un soborno, normalmente después de poner escuchas en sus teléfonos, que la KPK puede hacer sin una orden judicial. En 2012, la agencia interceptó un pago a un bupati en la isla de Sulawesi. El dinero procedía de una empresaria que buscaba un permiso para el aceite de palma. En un principio, la mujer afirmó que era una “donación” y luego que había sido extorsionada.
Tanto el bupati como la empresaria fueron encarcelados, pero es una de las pocas licencias fraudulentas que la KPK ha procesado. Tama Langkun, investigador del Indonesia Corruption Watch (ICW), ONG con sede en Yakarta que ayudó a Nordin Abah a perseguir a Darwan, estableció una comparación con Seruyan. “En mi opinión es lo mismo”, nos dijo. “La diferencia es que [en Sulawesi] los atraparon en el momento de cometer el delito”.
Seruyan supuso una estratagema más compleja. En vez de exigir dinero a cambio de los permisos, los amigos y parientes de Darwan crearon empresas fantasma que servían como vehículos para ganar dinero de las empresas de aceite de palma. Esto evitaba la infracción más evidente de soborno. Pero la legislación indonesia incluye una definición más amplia de la corrupción, siempre y cuando el caso pueda satisfacer tres criterios. Primero, el sospechoso debe de haber abusado de su poder. Segundo, deben de haberlo hecho con la intención de “enriquecerse” ellos mismos o alguna otra persona. Tercero, deben de haber causado “perdidas estatales”, es decir, se puede determinar un coste monetario para el gobierno.
Parecía evidente que Darwan había actuado con la intención de enriquecer a su familia y a sus compinches. Había obtenido más de un millón de dólares por adelantado de permisos que les había proporcionado. Asimismo, parece haber un caso claro de abuso de poder. Los permisos que Triputra compró a su hijo eran un buen ejemplo; hay evidencias de que podrían haber violado una variedad de leyes durante el curso de sus operaciones, como consecuencia del régimen regulador laxo de Darwan.
El tercer criterio, pérdidas estatales, podría resultar un escollo. En materia de extraer dinero de presupuestos y contratos, es fácil calcular el desgaste de las arcas públicas. De hecho, precisamente es este tipo de crimen por el que la mayoría de los bupatis son arrestados. Por otro lado, las pérdidas procedentes de la emisión deshonesta de un permiso para talar un bosque, plantar palma aceitera o extraer carbón son más difíciles de medir. Si las empresas pagan impuestos, no hay un coste evidente para el estado. “Este es el problema básico de por qué el número de casos de corrupción de los recursos naturales procesados por el orden público es tan pequeño”, dijo Lais Abid, otro investigador del ICW.
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Sobrecarga de procesos
Había otro obstáculo al enjuiciamiento no relacionado con la ley. Sobrecargada y falta de personal, la acumulación de denuncias de la KPK superó las 16 000 en 2008, un año después de que Marianto se reuniese con el denunciante en Kuala Pembuang. En 2007, finalizó las investigaciones de solo 19 casos. También es atacada constantemente por instituciones rivales. En 2009, mientras Nordin hablaba con la plana mayor de la KPK sobre Darwan, la agencia estaba envuelta en una disputa con la policía nacional y la oficina del fiscal general, que acabó con su presidente y dos de sus adjuntos culpados de asesinato, extorsión y soborno. Dimas Hartono, activista que vive en Palangkaraya y trabajaba con Nordin, afirmó que la campaña para debilitar a la KPK desvió la atención del caso de Darwan.
La KPK es la institución que más confianza genera en Indonesia, y la más temida —nunca ha perdido un caso que haya llevado a los tribunales—. Pero la agencia valora mucho el misticismo creado por su perfecto registro, lo que la hace reacia a proceder con cualquier caso en el que una condena sea incierta. Tampoco puede dejar una investigación una vez que ha empezado, una cláusula integrada en la ley para evitar que los acusados paguen para escapar de sus problemas. Pero Langkun del ICW cree que la norma ha tenido el perverso efecto de hacer huir a la agencia de los casos más complejos.
En los últimos años, el ICW ha presentado 18 casos que “se asemejan a Seruyan” que cree que no fueron tramitados por falta de un claro soborno a los funcionarios involucrados. “Honestamente, estamos decepcionados”, dijo Langkun. “Nos lo ha puesto muy difícil”.
También puede ser que viesen a Darwan como un objetivo demasiado pequeño para merecer los recursos que se necesitarían para derrotarlo. La KPK se centra más en “los peces gordos” en la capital que en los bupatis de las islas más alejadas. Si decidió reducir el nivel de prioridad del caso porque no era un pez lo suficientemente gordo o porque las pérdidas estatales no eran lo suficientemente claras, se resalta un agujero enorme en la capacidad de la agencia para evitar precisamente el tipo de corrupción que tiene los mayores impactos en los bosques de Indonesia y sus millones de habitantes en las zonas rurales.
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En teoría, existe una vía alternativa: Darwan podría haber sido denunciado por nepotismo. La definición de nepotismo es muy parecida a la corrupción, pero un caso viable no necesita pruebas de pérdidas estatales. La flagrante salvedad es que el crimen este bajo la jurisdicción de la policía y la oficina del fiscal general, quien Nordim creía que había pedido dinero a Darwan para abandonar el caso. Jimly Asshiddiqie, el juez presidente fundador del Tribunal Constitucional de Indonesia, coincidió con esta opinión. “En la práctica, tenemos un problema con estas instituciones tradicionales”, nos dijo. “No están haciendo cumplir las leyes; en realidad, están protegiendo a las empresas”.
Jeffrey Winters, un profesor de la Universidad Northwestern que estudia oligarquías en Indonesia y en otros lugares, comparó el sistema legal fuera de la KPK con “un interruptor de luz que puede ser encendido o apagado” por aquellos con dinero o influencia política. Si todo el sistema funcionase como la agencia anticorrupción, dijo, el país estaría tan libre de corrupción como Singapur. “La KPK tiene una capacidad y mandato anticorrupción relativamente limitado”, dijo. “Una gran parte del espectro de la corrupción está fuera del ámbito de la KPK. Y esa parte del espectro no está siendo perseguida efectivamente”.
Cualquiera que sea la combinación de fallos que permitió a Darwan burlar la red, el hecho de que lo hiciera es sintomático de un problema que se extendía más allá de los límites de Seruyan. Por todo el archipiélago, el control de la oficina del bupati sobre los recursos naturales, combinado con la opción de usar representantes y empresas fantasma con fines nefastos, ha atraído a políticos con la intención de consolidar su poder y riqueza a costa de su población.
“Es un vacío”, dijo Grahat Nagara, un investigador con Auriga, una ONG que trabaja estrechamente con la KPK. “Así es como han hecho su dinero todas las dinastías en Indonesia”.
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