A pesar de los malos antecedentes en otras regiones, la palma llegó con fuerza a Latinoamérica en el 2000, incentivada por los altos precios del mercado internacional y por diversas políticas estatales que otorgaron beneficios tributarios y arancelarios a los productores.

Grandes empresas rápidamente sumaron hectáreas a sus plantaciones y también lograron convencer a pequeños agricultores, quienes cautivados por la bonanza financiera prometida, transformaron sus predios agrícolas y de forrajeo en siembras de palma. Así, por ejemplo, Colombia, el primer productor en América Latina y el cuarto a nivel mundial, triplicó sus cultivos entre el 2002 y 2010. Hoy, son 516 961 las hectáreas sembradas con palma africana según Fedepalma, el gremio de los palmeros en este país.

Perú, en cambio, es uno de los productores más pequeños de la región con 85 000 hectáreas sembradas, aunque el sector empresarial del país ha anunciado públicamente su decisión de alcanzar 250 000 hectáreas en el 2019.

Puesto que “en la mayoría de estándares, públicos y privados, la deforestación no es ya una práctica aceptable” según indica el sociólogo peruano e investigador de la palma aceitera Juan Luis Dammert, nuevas formas de expansión han aparecido llevando al límite los márgenes de la legalidad, como por ejemplo, comprar pequeñas áreas de terreno que no están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental integral.

En el camino, se cometen distintas infracciones, como deforestar antes de obtener los permisos, o no cumplir con ciertas normas en lo que respecta a la tala de bosque. Así, en Perú, actualmente 10 investigaciones administrativas se encuentran abiertas, por no respetar la norma que exige que al menos el 30% de los bosques quede intacto en los predios privados. Ello, según una fuente de la Dirección de Conservación de los Recursos Naturales de la Autoridad Regional Ambiental, encargada de supervisar a las empresas palmicultoras en la región de San Martín.

 

La expansión de las grandes empresas por medio de pequeños productores proveedores de los frutos es, actualmente, el método más utilizado en cada uno de los países analizados.

Así, por ejemplo, el 70 % de las fincas palmicultoras de Costa Rica están en manos de productores independientes que venden la materia prima a las empresas Palma Tica y Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera (Coopeagropal). En el caso de Honduras, Héctor Castro -director de la Asociación de Industriales de Palma Africana- reconoce que “muchos pequeños productores, sin certificar, le venden a las grandes procesadoras” aunque “otro número importante de productores están integrados en cooperativas, que venden tanto en el mercado local como de exportación”.

Lee más|Los grandes proyectos generan conflictos en la Amazonía de Bolivia: cuatro historias

Una cadena de infortunios

 

Sin embargo, la deforestación no es el único efecto, aunque quizás sí el más visible. El reemplazo de los cultivos tradicionales por palma africana va desplazando a las especies nativas, mientras que los acuíferos se ven frecuentemente afectados por el alto consumo de agua que demanda este cultivo. A eso hay que sumarle conflictos por la tierra entre comunidades y empresas palmicultoras; la propagación de plagas, propiciada por el monocultivo, que afecta a los sembradíos y a los pequeños productores quienes, con sus plantaciones destruidas y sin productos alternativos para comercializar, terminan incurriendo inevitablemente en deudas. Todo ello, coronado finalmente con procesos judiciales que intentan muchas veces reparar daños cuando ya es muy tarde.

Los casos investigados por Mongabay Latam develan esta cadena de eventos.

En Colombia, por ejemplo, los cultivos tradicionales como el chontaduro y el cacao fueron relegados a un segundo lugar. Y es que la bonanza financiera que prometía la palma africana, esa planta extranjera, era un negocio que no se podía dejar pasar. Más tarde, las enfermedades propias de la palma y los químicos utilizados en las plantaciones, terminaron definitivamente desplazando a las especies nativas y a la fauna asociada como las dantas (Tapirus), los chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris) o los monos aulladores (Alouatta seniculus) según investigaciones de Giovanny Ramírez, subdirector del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

Pero, ¿qué pasa cuando una plaga ataca al monocultivo de palma? el resultado se puede observar en Costa Rica. La enfermedad conocida como Flecha Seca redujo la productividad en el 80 % de las fincas. Ello, sumado a la caída en el precio internacional del aceite, desencadenó una crisis que cumple ya cinco años. Y es que “cuando te extiendes en un área muy grande y no diversificas, estás más expuesto a que te lleguen las enfermedades”, señala William Tolosa Montaño, ingeniero agrónomo y profesional de investigación de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Así, los pequeños productores en crisis de Costa Rica apenas reciben 50 dólares al mes por las 5 o 6 toneladas de palma que cosechan, según cálculos de Obed Rivera de Coopecalifornia.

Mientras tanto, en el barrio Pénjamo de la ciudad de El Progreso, en Honduras, otro efecto apareció. Las autoridades locales, pobladores y expertos señalan a la palma africana como una de las responsables de la abrupta disminución del nivel del Río Pelo. Este río, que abastece a 100 000 habitantes de la ciudad, “antes producía 150 metros cúbicos por segundo, ahora, si acaso, llega a 40 metros cúbicos por segundo”, explica un funcionario de la empresa encargada de suministrar el agua. Los pobladores que viven cerca al río, paradójicamente, cada vez que abren los grifos de sus casas solo ven salir aire. La escasez de agua es un problema que se repite en los países con cultivos de palma africana.

En Ecuador, los conflictos de tierras entre la empresa palmicultora Energy & Palma y las comunidades afro de una pequeña población situada al norte del país, han desembocado en denuncias y procesos judiciales por robos, hostigamientos y persecuciones. Los pobladores aseguran que la tierra fue ilegítimamente vendida a inicios de los 2000, durante los años de la gran expansión de la palma en toda América Latina. Sin embargo, uno de sus dirigentes enfrenta actualmente un juicio por supuesta tenencia ilegal de tierras que podría terminar con su encarcelamiento.

En 2015, uno de los mayores desastres ambientales registrados en Guatemala provocó la mortandad de entre 40 y 70 toneladas métricas de peces en el río La Pasión, en Petén. Tras la investigación, la responsabilidades apuntaron hacia la empresa palmicultora REPSA. Sin embargo, a poco más de tres años del desastre, el proceso judicial en contra de la compañía se encuentra estancado y la poblaciones ribereñas parecen albergar poca fe en el sistema judicial.

Después de “la gran muerte del río”, los habitantes de Sayaxché, la zona afectada, sostiene que su principal fuente de trabajo se ha visto seriamente dañada. Más tarde “los peces volvieron, pero no como antes”, agregan.

Esta crónica anunciada de la historia de un cultivo de palma, no es sin embargo inevitable. Países como Costa Rica intentan, a pesar de la crisis, cosechar aprendizajes que permitan modelar un sistema productivo más sustentable. Ello permitiría a su vez promover a la palma costarricense como un cultivo amigable, diferenciándose en el mercado internacional y ayudaría a los productores a superar la crisis, explica Joaquín Torres, Coordinador Nacional de Palma Aceitera.

Una mejor y mayor gobernanza, en cada uno de los países productores, parece ser la principal necesidad en la conversión de un mecanismo que, en términos ambientales y sociales, aún mantiene estándares a lo menos cuestionables.¿Será posible?

 

Siga la ruta de las seis historias que forman parte de esa especial:

 

 

Foto Portada: Muchos de los incendios en Mico Quemado son provocados. Con el tiempo, el suelo despejado aparece sembrado de granos básicos o palma africana. Foto: Rubén Escobar.