- Este especial aborda cuatro casos específicos en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cuatro historias que muestran que los Pueblos en Aislamiento y contacto inicial (PIACI) enfrentan muchas veces las mismas amenazas.
- Las enfermedades, la falta de una atención de salud diferenciada, la amenaza de las actividades ilegales y de las mafias, así como la contaminación por mercurio y la ausencia del Estado son algunos de los problemas detectados en estos países.
“La niña estaba mal, con neumonía y no había aparatos para nebulizar”, cuenta un nativo —que prefiere no dar su nombre— que vive en la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori (RTKNN) en la región Ucayali, en Perú. Lo que hicieron de inmediato para tratar de salvarla fue trasladarla de emergencia a Sepahua donde esperaban encontrar una mejor atención médica. No mejoró y tuvieron que llevarla entonces a Atalaya, capital de la provincia del mismo nombre, donde tras un largo recorrido la pequeña de cuatro meses falleció. Este episodio fatal puso en evidencia uno de los problemas que enfrentan los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI): la vulnerabilidad frente a enfermedades y epidemias, así como la falta de una atención de salud diferenciada.
Y esto no solo sucede en Perú. En Colombia, Ecuador y Venezuela la falta de una atención médica especial, la amenaza de proyectos extractivos, la ausencia de políticas y medidas de protección por parte del Estado, y el riesgo del avance de las actividades ilegales sobre sus territorios, está poniendo en serio peligro a estas comunidades indígenas:
El caso de la pequeña de la etnia Nahua tiene como antecedente otro episodio registrado en la misma zona geográfica en los 80, cuando un grupo de madereros ingresó al territorio de los Nahua, los contagió de gripe y tos, y causó la muerte de aproximadamente el 60 % de esta población. Entonces se entendió la necesidad de crear una reserva como ocurrió en 1990, que se convirtió en el 2003 en una reserva territorial y que obtuvo, finalmente, el reconocimiento oficial de los PIACI que viven dentro en el 2014. Hoy la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN) aguarda para dar el siguiente paso: ser reconocida como una reserva indígena.
Pero lo que debería entenderse como un avance es entendido también como una decisión controvertida, pues la legislación peruana referente a los PIACI menciona la posibilidad de aprovechar recursos existentes en esos territorios “por necesidad pública”. Los expertos consultados para este especial resaltan la imprecisión del término, porque sostienen que podría abrir la puerta para que, dado el caso, se impulsen inversiones u otras actividades que afecten a estos territorios. Actualmente en el Perú, existen tres reservas indígenas y dos reservas territoriales en proceso de adecuación.
El caso de los Nahua es un ejemplo que se repite en otros países de la región. Lo confirma una reciente publicación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) cuando señala, con una mirada regional, que los PIACi son una “población que se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad” y que está amenazada por “el aumento de la frontera agrícola y de las ciudades en la Amazonía, así como la llegada de nuevas enfermedades a la región frente a las cuales la población urbana también es susceptible”. La OTCA está integrada por ocho países de la Amazonía y trabaja desde el 2011, entre otros temas, en la elaboración de una agenda regional para la protección de los PIACI.
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Territorios cercados
Un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) calcula que alrededor de 10 000 personas viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Esta información, más allá de la dificultad para precisar la cifra, debilita los argumentos de quienes por años han cuestionado la existencia de estos pueblos. De hecho, en el 2009, el ministro de Pueblos Indígenas de Venezuela sostuvo en una comunicación oficial dirigida a la Cancillería del país que “no existen comunidades indígenas catalogadas con este término”. Diversos estudios, sin embargo, basados en reportes de avistamientos o rastros de su ocupación, se han encargado en los últimos años de documentar la existencia de los PIACI.
Y no solo la existencia, sino también las amenazas. El avance de las actividades ilegales y la incursión de bandas criminales en áreas cercanas al territorio de los PIACI es un problema vigente. Como antecedente, en el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en la que le ordenaba al Gobierno de Ecuador proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane tras las muertes registradas por enfrentamientos con taladores ilegales. Un año más tarde, en el 2007, la CIDH emitió una segunda medida cautelar esta vez para ser atendida por el Estado peruano porque el mismo problema ponía en peligro a los Mashco Piro, Yora (Nahua) y Amahuaca que habitan en la zona del río La Piedras en Madre de Dios.
Alexander Alfonso Segura, jefe del Parque Nacional Río Puré en Colombia, narra con preocupación para este especial los riesgos que enfrenta hoy esta área protegida que alberga a los Yurí y los Passé, dos pueblos en aislamiento reconocidos por el Estado. Segura junto a 14 funcionarios tiene la responsabilidad de proteger un millón de hectáreas de bosque de los madereros ilegales, cazadores, las balsas y las dragas. Las mafias criminales, además, precisa el jefe del parque, se pasean a sus anchas por los ríos Putumayo, Caquetá y Puré, para robarse el oro que oculta la Amazonía.
“Las acciones de las autoridades están concentradas solo en el lugar del problema, no se fijan mucho en estos lados”, cuestiona así Segura la falta de vigilancia dentro del parque.
En Ecuador, el territorio de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane está amenazado por las actividades petroleras. La geógrafa Paola Maldonado, con experiencia en el trabajo con pueblos indígenas en aislamiento, señala en una de las entregas preparadas para este especial que “la zona intangible” es un lunar que “está cercado por la actividad petrolera, la extracción de madera y los proyectos de conectividad”. Y el antropólogo Roberto Narváez reafirma que los intereses petroleros han prevalecido en Ecuador sobre los derechos humanos.
La minería ilegal, las epidemias y la presencia de bandas criminales tiene también cercados a los Hoti, Yanomami y Piaroa en Venezuela. Uno de los casos más emblemáticos y que aborda el reportaje de Venezuela está relacionado al cuestionado decreto que aprueba la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) por el presidente Nicolás Maduro, 112 000 kilómetros cuadrados destinados a la explotación de minerales como el oro, el coltán y los diamantes, que en la parte extrema oeste toca el hogar de los Hoti. La Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció la presencia de mineros que utilizan incluso maquinarias en el territorio que ocupa este pueblo.
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En contacto con enfermedades
La vulnerabilidad de los PIACI frente a las enfermedades y epidemias no es una novedad. Expertos como el Dr. Fernando Mendieta, que tiene experiencia en la atención de estas poblaciones, señaló en un artículo publicado en El País de España que “la única forma de protegerlos efectivamente es garantizando un territorio libre de amenazas externas, pero que sea realmente seguro, fuera de actividades de cualquier tipo dentro de este”. Este es un escenario difícil de asegurar.
La OTCA precisa en el documento que publicó este año que solo dos países, de los ocho que integran la organización, han avanzado en desarrollar acciones para proteger la salud de los PIACI: Brasil y Perú. El último cuenta incluso con una norma y dos guías técnicas para la atención de estos grupos. Sin embargo, como lo mostramos en dos de los informes trabajados para este especial, existen problemas por atender en Venezuela y Perú.
En el caso de Venezuela, se mantiene desde marzo de este año en alerta por un brote de sarampión que pone en peligro la vida de los Yanomamis. Hasta el momento, como la narra el reportaje trabajado para este especial, no se sabe cuántas personas han perdido la vida. Una fuente del Ministerio de Salud (MINSA), que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos de indígenas en aislamiento les reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, dijeron.
Las únicas cifras conocidas han sido elaboradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base a datos levantados en Brasil. Sin embargo, en junio de este año, señalaron que tenían 280 casos en observación, de los cuales 79 eran de indígenas venezolanos.
En Perú, los Nahua se enfrentan a la contaminación por mercurio. En el 2014, se hallaron altos índices de este metal pesado en la orina de algunos de los habitantes de Serjali. En abril de 2016, el Ministerio de Salud se vio obligado a declarar una emergencia sanitaria y hoy los Nahua denuncian que hasta ahora no les han hecho un estudio de pelo, algo que recomendaba un estudio del MINSA del 2017.
“No tenemos idea de lo que nos pasa, por eso exigimos a las autoridades que actúen”, dice Jader Flores, un nahua que vive en Serjali y que participó en una reunión a fines de noviembre, en la ciudad de Atalaya, en la que expuso la situación frente a otros miembros de su pueblo, investigadores de los PIACI y representantes del Ministerio de Cultura.
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El papel del Estado
De los cuatro países que forman parte de este especial, si hay uno que no tiene normas específicas para garantizar la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial es Venezuela. En este país se reconoce la existencia de tres pueblos indígenas que si bien no permanecen en aislamiento total, “si permanecen en un cierto aislamiento relativo con poco contacto (contacto inicial)”, explica un estudio del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA),
Este mismo documento señala, además, que sí existen “abundantes disposiciones” que podrían ser aplicadas para la protección de estos grupos, por eso recomiendan “la implementación y el desarrollo de las medidas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes indígenas vigentes, como mecanismo para lograr la supervivencia física y cultural de estos grupos”.
El caso que presentamos en Ecuador es particular porque es una consecuencia de la disolución del Ministerio de Justicia. En noviembre se anunció la transformación de esta institución en la Secretaría de Derechos Humanos. Solicitamos información sobre el futuro de la dirección que atendía los temas de los pueblos en aislamiento, pero no hubo una respuesta concreta sobre cómo desarrollarán en adelante su trabajo. Lo que temen los expertos es el abandono de estos pueblos por parte del Estado.
En Perú, desde el punto de vista legal, el tema que preocupa a los especialistas consultados como la antropóloga Beatriz Huertas es la vulnerabilidad de estos pueblos frente al artículo 5 de la Ley No. 28736 de los PIACI, que como mencionamos al inicio de este artículo, desliza la posibilidad de aprovechar recursos existentes en los territorios de los PIACI “por necesidad pública”.
Foto de portada: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.
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