- La producción de palma aceitera ha aumentado casi un 560 por ciento en Honduras en las dos últimas décadas, lo que ha convertido al país en el octavo productor más grande del mundo y tercero en América.
- Para 2010, el Parque Nacional Jeanette Kawas, situado en la costa norte de Honduras, había perdido aproximadamente 40 kilómetros cuadrados frente a las plantaciones de palma aceitera. Cerca de allí, el Parque Nacional Punta Izopo y el Parque Nacional Cuero y Salado perdieron más del 8 y el 4 por ciento de su cubierta forestal respectivamente entre 2001 y 2017.
TELA, Honduras — El 6 de febrero de 1995 una camioneta blanca sin identificar llegó hasta la casa de la activista ambiental Jeanette Kawas. Era una noche de lunes tranquila en el pequeño pueblo hondureño de Tela, situado en la costa caribeña al norte del país. Dos hombres se bajaron de la camioneta y consiguieron atravesar la entrada principal. Avanzaron por el lateral de la casa hasta una ventana por la que pudieron ver a Kawas sentada en la mesa de la cocina con su ayudante, Trinidad Marcial Bueno Romero, la última persona que la vio con vida. Uno de los hombres disparó a Kawas en el cuello, lo que le causó la muerte de forma instantánea, y ambos huyeron en medio de la noche.
Kawas era la fundadora y presidenta de la Fundación para la Protección de los Parques Nacionales Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (PROLANSATE), organización dedicada a la preservación de los recursos naturales en la zona de la Bahía de Tela, lo cual sobre todo consistía en evitar que el desarrollo de plantaciones de palma aceitera destruyera bosques tropicales y manglares.
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Dos días antes de su muerte, Kawas había organizado una protesta contra un plan del gobierno para vender territorios en el Parque Nacional Punta Sal, un gran parte a grandes empresas del sector de la palma aceitera. Para muchos, esos dos acontecimientos están, sin duda, conectados, y en 2009, la Corte Interamericana de derechos Humanos lo confirmó en una sentencia que hizo directamente responsable al gobierno hondureño. El tribunal descubrió que no solo no se había llevado a cabo una investigación lo suficientemente extensa tras el asesinato, sino que un coronel del ejército podría haber ayudado a planearlo.
El Parque Nacional Punta Sal pasó a llamarse Parque Nacional Jeanette Kawas, y PROLANSATE ocupa su antigua casa como oficina a tiempo completo. No obstante, los esfuerzos por controlar la deforestación que causa la palma aceitera no han ido según se planeaba. Los parques Jeanette Kawas y Punto Izopo están sufriendo exactamente el tipo de daños que Kawas advirtió hace casi 25 años, y a una escala inimaginable durante su vida.
“La situación está llegando a ser crítica”, dijo a Mongabay Jesús Márquez, director de la unidad ambiental municipal de Tela. “Es más delicada. Está empeorando. Vemos más deforestación y a nivel nacional no hay una política clara sobre cómo proceder”.
Casi todas las semanas aparecen nuevas plantaciones de palma aceitera en el parque. Los pequeños agricultores —algunos de ellos viven de forma legal dentro de los límites del parque— están despejando secciones de bosque cada vez más adentro, lo cual hace que sea difícil saber hasta qué punto ha empeorado el problema y, mucho menos, cómo pararlo.
Para 2010, el Parque Nacional Jeanette Kawas había perdido aproximadamente 40 kilómetros cuadrados frente a las plantaciones de palma aceitera, según un informe de la Escuela Agrícola Panamericana (Universidad Zamorano). Pierde unos 6 kilómetros cuadrados cada año.
A mediados de marzo de este año se habían registrado unas 1900 alertas de deforestación, según el laboratorio de Análisis y Descubrimiento Global de Tierras de la Universidad de Maryland (UMD), que utiliza satélites para detectar la pérdida de cubierta forestal. Calculando la media mensual, esa cifra representa un salto de 2018 números.
Más al este, el Parque Nacional Punta Izopo perdió más del 8 por ciento de su cubierta forestal entre 2011 y 2017, según datos de la UMD. Además, los datos muestran una pérdida de más del 4 por ciento en el Parque Nacional Cuero y Salado.
El Instituto Nacional de Conservación, Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) cuenta estas áreas entre las más biodiversas de Honduras, así que a hay mucho en juego con cada árbol caído. El Parque Nacional Jeanette Kawas rodea la costa caribeña hasta una península delgada y rocosa rodeada de arrecifes de coral y zonas de cría de tortugas. Los manatíes viven en pequeñas calas. Cuatro especies de árboles de manglar llevan hasta la laguna Los Micos, hogar de 48 especies de peces, según los informes municipales de gestión del parque. Más adentro, es habitual ver monos aulladores (Alouatta palliata) y capuchinos panameños de cara blanca (Cebus imitator).
Aunque algunos defensores de la palma aceitera sostienen que algunos animales se comen el fruto de la palma, sus detractores afirman que esos animales no vivirán mucho tiempo si la palma aceitera sustituye sus hábitats naturales.
Una industria divisiva
La palma aceitera africana (Elaeis guineensis) es una especie de palmera nativa del oeste de África. Tarda unos cuatro años en alcanzar la madurez, después de los cuales produce racimos de frutos rojos y duros dos veces al mes. Los frutos pueden procesarse para obtener aceite, que se utiliza en productos cotidianos como jabón, maquillaje y margarina, además de en productos de bollería, dulces y biodiesel. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que cada año se consumen 150 millones de toneladas métricas de aceite vegetal, y una tercera parte de este es aceite de palma.
Desde la muerte de Kawas, la producción de palma aceitera ha aumentado en casi un 560 por ciento, convirtiendo a Honduras en el octavo productor más grande del mundo y tercero de América, según el Departamento de Agricultura de EE.UU.
Los pequeños agricultores en el norte de Honduras ganan unos 73 dólares por tonelada del fruto de la palma, y se requiere considerablemente menos trabajo que para las bananas o el ganado. Sin embargo, la palma aceitera necesita grandes cantidades de agua y tiene que crecer como monocultivo. Un agricultor independiente necesita plantar al menos 10 hectáreas de palma aceitera para obtener beneficios, lo cual hace que despejen franjas enormes de bosque en los parques.
“La gente llega, prende fuego y se va”, dijo Márquez. “Lo hacen para despejar el área. Luego vuelves un poco más tarde y está todo cubierto de palma”.
La deforestación ya muestra efectos permanentes en la biodiversidad general del parque, especialmente en áreas donde antes crecían manglares. Las raíces largas y expuestas sirven como refugio para la reproducción de muchas especies de peces, además de frenar la erosión de la costa. Sin manglares ni otra vegetación costera, no hay nada que evite que los fertilizantes lleguen a las aguas cercanas. Cada hectárea de palma aceitera requiere unos 300 kilogramos de fertilizante al año, que en 2017 contribuyeron a un descenso de un 80 por ciento en la población de peces de la laguna Los Micos, según PROLANSATE.
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Rigoberto López Cruz, de 62 años, pescador de la comunidad de Marión en el centro del parque dijo que es cada vez más difícil ganarse la vida. Explica que no solo las poblaciones de peces son más pequeñas, sino que además las autoridades que intentan combatir el problema impusieron regulaciones estrictas en 2017 que limitan quién puede estar en el agua y cuándo.
“Es mucho más complicado vivir solo de la pesca”, dijo López. “Lo que antes pescábamos en una hora, ahora quizás lo pescamos en dos días”.
Quince empresas forman la industria de la palma aceitera en Honduras, que generó 365 millones de dólares en 2017 como el quinto producto más exportado del país, según el Banco Mundial. Los informes municipales muestran que cinco de esas empresas —Palcasa, Agrotor, Corapsa, HonduPalma y Dinant— operan dentro del Parque Nacional Jeanette Kawas porque eran propietarios de tierras allí antes de que se estableciera el parque o pudieron comprar tierras y obtener certificados municipales, federales e internacionales.
Su presencia en el parque ha dividido a las comunidades cercanas. Algunos residentes afirman que el vertido de aguas residuales peligrosas por parte de las plantas procesadoras de aceite de palma crea úlceras en la piel de sus hijos. Otros residentes necesitan las oportunidades de empleo que esas empresas ofrecen, como recoger los frutos dispersos por el suelo.
Cada vez más residentes cultivan sus propias plantaciones de palma aceitera. Han desarrollado una relación extraoficial con muchas de las empresas, lo cual se ha convertido en causa de gran preocupación para PROLANSATE.
Cuando las empresas no llegan a completar un envío de aceite de palma, tienen la opción de comprar la diferencia de un tercero. A menudo, ese tercero es un agricultor registrado legalmente que trabaja a las afueras del parque. Pero PROLANSATE y los funcionarios municipales dicen que las empresas también encuentran formas de comprar fruto de la palma aceitera ilegal de agricultores sin licencia dentro del parque. Ninguno tiene la aprobación municipal para operar, lo cual les permite cultivar sin supervisión ambiental.
“Hay productores fuera del parque que están registrados con las empresas”, dice Nelbin Bustamante, director ejecutivo de PROLANSATE. “Así que lo que tienes que hacer es venderles la fruta a ellos y de repente es legal. Es blanqueo de dinero pero para la palma”.
Un portavoz del grupo Jaremar, dueño de las operaciones de Agrotor en el parque y en la región en general, dijo que los agricultores independientes deben cumplir requisitos estrictos antes de ser parte de la cadena de suministro de una empresa. El portavoz dijo también que el grupo está empezando a ampliar sus esfuerzos para detectar los frutos que llegan de agricultores no certificados y pedirles que demuestren que tienen autorización legal para cultivar.
Mongabay contactó con Palcasa, Corapsa, HonduPalma y Dinant para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta para el momento de la publicación de este artículo.
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Mientras tanto, los residentes que vivían en el área antes de que se fundara el parque dicen que están frustrados por las regulaciones que los obligan a saltar obstáculos burocráticos confusos o vender de forma ilegal, especialmente donde hay tan pocas alternativas de ingresos.
“El problema es que no hay voluntad por parte de la mayoría de funcionarios para hacer algo”, dijo Bustamante. “No ha sido fácil porque no hay voluntad política”.
‘Las leyes no sirven de gran cosa’
Como director ejecutivo de PROLANSATE, Bustamente trabaja en una oficina contigua al lugar donde Jeanette Kawas fue asesinada. Cada semana, viaja por el parque y atraviesa en barco las lagunas más distantes y los arrecifes de coral por el Canal Martínez, que fue forjado por la Empresa Tela Railroad en los 50. Las palmas de aceite destacan en hileras a ambos lados, en algunas partes bloquean gran parte del resto de la vegetación.
Bustamante puede hacer poco más que documentar los daños. Los responsables de la deforestación suelen vivir lejos de sus cultivos para evitar confrontaciones. Según PROLANSATE solo el 20 por ciento de la palma aceitera del parque tiene un propietario conocido. Bustamante afirma que aunque supiera quién es el dueño de cada plantación, los caminos legales son débiles o inexistentes.
Eliminar palmas aceiteras requiere la aprobación de un juez, pero no se puede hacer una petición general. Los funcionarios tienen que proceder caso a caso, reuniendo documentos de cada sector de palmas e investigando el nombre de los culpables.
“Las leyes no sirven de gran cosa en esta situación”, dice Bustamante, “así que la gente se hace lo que quiere”.
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Hasta cortar una simple palma aceitera que haya crecido de forma independiente puede poner a los funcionarios en riesgo de repercusiones legales. Algunos agricultores pequeños han amenazado con demandar al ICF por interferir en su forma de subsistencia.
Desde 2016, solo se han entregado a un juez dos peticiones para eliminar palma aceitera. Ambas se rechazaron. Ni una sola investigación de palma aceitera ilegal por parte de la fiscalía ha acabado con condena ni con el caso cerrado, según ICF, que suele participar en la presentación inicial de las demandas.
Las organizaciones como ICF y PROLANSATE han empezado lo que esperan que sean conversaciones continuadas con fiscales y jueces sobre cómo acelerar el proceso jurídico —o encontrar una forma de llevarlo a cabo— antes de que la situación sea incluso menos sostenible.
Mientras tanto, no hay mucho que los funcionarios puedan hacer excepto llevar a cabo estrategias de prevención, como invertir en programas educativos que remarquen la importancia de la preservación ambiental, y esperar que se pueda sensibilizar a la gente sobre la destrucción que sucede en los parques.
“Hemos avanzado mucho”, dijo Bustamante. “Se ha hecho un gran esfuerzo para acabar el trabajo que empezó Jeanette Kawas. Su legado siempre vivirá. Es una inspiración para nosotros para continuar la lucha”.
“Da igual lo frustrante que sea, no vamos a tirar la toalla”.
Imagen principal: Los funcionarios, al tener problemas para hacer un seguimiento de la deforestación dentro del Parque Nacional Jeanette Kawas, empezaron a sobrevolarlo en febrero. Imagen cortesía de PROLANSATE.
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Nota de la editora:Este artículo fue impulsado por Places to Watch, iniciativa de Global Forest Watch (GFW) diseñada para identificar de forma rápida la pérdida forestal del mundo y catalizar la investigación en esas zonas. Places to Watch utiliza una combinación de datos de satélite en tiempo casi real, algoritmos automatizados e inteligencia de campo para identificar nuevas áreas de forma mensual. En colaboración con Mongabay, GFW apoya el periodismo impulsado por los datos y proporciona mapas e información generados por Places to Watch. Mongabay mantiene independencia editorial completa de las historias que cubre utilizando esta información.
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