- Proyectos productivos de cacao y coco han reemplazado más de 2000 hectáreas de coca en este puerto del Pacífico colombiano.
- El uso sostenible de estos cultivos ayuda a fertilizar los suelos y a que llegue nueva flora y fauna que permita tener mayor conectividad entre las zonas degradadas por la coca.
- La posible reintroducción del glifosato para atacar los cultivos de coca que aún persisten preocupa a las comunidades afrodescendientes, pues podría afectar lo ganado en términos de reforestación y aprovechamiento sostenible.
Líderes ambientales y sociales de Tumaco, el municipio más afectado por los cultivos ilícitos en Colombia, apuestan por productos tradicionales como el cacao, el coco y frutales para recuperar el territorio afectado por la deforestación para la posterior siembra de hoja de coca y por las fumigaciones de glifosato que buscaban combatir el avance de estas plantaciones.
“La coca es un monocultivo y causa fuertes impactos al medio ambiente. Se pierden áreas que eran bosques, con especies nativas de flora y fauna”, afirma César Quiñones, ingeniero agroforestal y miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera —forma de organización de las comunidades afrodescendientes.
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El líder ambiental agrega que, en los años 2000, las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato afectaron los cultivos tradicionales y las fuentes hídricas. Desde 2010 se trabaja en su recuperación. “Los nuevos cultivos están restableciendo la cobertura arbórea del área degradada”, indica.
En los Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera, en el límite con Ecuador, se destacan los cultivos de cacao. En el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, donde el río Rosario se encuentra con el océano Pacífico, los pobladores intentan conservar por medio de un proyecto para la emisión de bonos de carbono, que incluye la creación de un área protegida. Dos zonas de un municipio mayoritariamente afrodescendiente y gravemente afectado por el conflicto armado y el narcotráfico apuestan por el medio ambiente.
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Cacao, plátano y frutas para salvar el territorio
Estos tres cultivos ocupan poco más de 1000 hectáreas en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Las 538 hectáreas de cacao generan el sustento de 612 familias, a partir de una producción promedio anual de 600 kilogramos por hectárea que luego se vende principalmente a distribuidores de la empresa Chocolate Tumaco, aunque también tienen entre sus clientes a la empresa Casa Luker y a la Compañía Nacional de Chocolates que demandan cacao premium. El impacto de las siembras tradicionales ya se ve en la recuperación de la fauna, según César Quiñones.
“El bosque se había modificado casi totalmente en los últimos 50 años. Pero ahora, muchas especies ya están llegando, como el venado, la tuátara y el conejo. Hace 10 años no se veían”, dice. Y es que el cacao permite la permanencia de un corredor biológico en un área deforestada tanto por la siembra de coca como por los cultivos extensivos de palma de aceite.
John Alexander Rincón, de 46 años, es uno de los cultivadores de cacao en Alto Mira y Frontera. En 2010 empezó con los primeros injertos —técnica que fusiona una parte de una planta con otra, para garantizar soporte y alimento— en dos hectáreas de su finca, después de que la plaga conocida como PC (Pudrición del Cogollo) afectó su pequeño cultivo de palma de aceite. “Nos quedamos en bancarrota y el Consejo Comunitario empezó a incentivar el cacao”, cuenta.
Actualmente tiene cinco hectáreas de dos variedades diferentes de cacao que se adaptaron bien al suelo de su finca, en la vereda Miras Palmas. Cuenta que además de ser más barato y más fácil de manejar que la palma, el cacao es más “amigable” con el ambiente. “La palma seca y erosiona la tierra, el cacao no. Y no succiona tanta cantidad de agua”, comenta. Rincón dice que tiene una producción de hasta 10 200 kilos de cacao seco anualmente y en su finca trabajan otras seis personas, además de su esposa y sus tres hijos en la época de desgranar el fruto.
La venta se hace en la zona urbana de Tumaco a un intermediario de la empresa Casa Luker o de la Compañía Nacional de Chocolates. El precio que recibe por el kilo de cacao varía entre los 4600 y 5400 pesos (entre 1,4 y 1,6 dólares).
Además del cacao, en el Alto Mira y Frontera se cultivan 360 hectáreas de plátano y 110 de frutales que ayudan económicamente a más de 300 familias. Entre las frutas que siembran están el limón, la guayaba y el zapote. También se prevé un proyecto de reforestación de 218 hectáreas de maderables, como el tangare y el cedro, como compensación por la construcción de la vía binacional que conectará los puertos de Tumaco en Colombia y Esmeraldas en Ecuador. Según Quiñones, esta reforestación también se dará en áreas antes degradadas por cultivos de coca.
El Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera también se ha suscrito al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y ha implementado un vivero para la preparación de material vegetal para el cultivo de 600 hectáreas nuevas de cacao, operadas por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). El objetivo es atender los requerimientos de más 100 familias, tanto de injertos como de especies forestales.
De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, responsable de los programas, políticas e inversiones privadas relacionados al posconflicto, ya hay 4849 familias de Alto Mira y Frontera vinculadas al PNIS. Las actividades de conservación adelantadas por los recolectores se enfocan principalmente en la recuperación de áreas estratégicas de producción de agua en ocho quebradas: Tulmo, Panal, Cuespi, Godoy, Sanjuan, Curai Sonadora, el Llano y el Higuerón.
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Un respiro para el medio ambiente
“La sustitución puede colaborar con la recuperación del medio ambiente porque los cultivos de uso ilícito reemplazan tierras que tienen otra vocación de uso y destruyen algunos sistemas naturales”, comenta Luis Alejandro Arias, director de los programas de Ciencias Marinas y Ambientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Las afectaciones son claras, sostiene Arias. El primer impacto es el desplazamiento de especies. También se hacen quemas y prácticas como fumigaciones extensivas que afectan también a microorganismos.
Otro problema es que la coca, cuando se utiliza para la producción de droga —un uso muy distinto al que le dan las comunidades indígenas— se vuelve un monocultivo, lo cual afecta la biodiversidad. “Los monocultivos disminuyen la diversidad tanto de otras especies vegetales como de animales, y así se pierden servicios ecosistémicos como el control natural de las plagas o la polinización”, agrega Diana Galindo, profesora del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Central.
Galindo añade que esos servicios naturales de control acaban reemplazados por insumos externos que causan daño al medio ambiente, como los herbicidas e insecticidas. Estos elementos también impactan los organismos asociados al suelo, generan resistencia en las plagas y pueden llegar a las fuentes de agua.
En el caso de la coca, el glifosato (herbicida) ha sido aplicado de forma extensiva para combatir su cultivo. En el departamento de Nariño, el pico de su uso ocurrió en 2006, con la aspersión aérea de 59 865 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “El problema más complicado no está relacionado con el impacto directo en los pobladores, sino en las especies vegetales que están ahí. El herbicida afecta células vegetales y genera un desequilibrio que afecta a los cultivos alrededor”, señala Luis Alejandro Arias.
Pero, ¿cuánto tarda en recuperarse el equilibrio ambiental luego de que se ha expandido la coca y se han usado componentes químicos como el glifosato para atacarlo? Arias explica que este proceso puede tardar decenas de años pero que cultivos como el cacao y el coco pueden colaborar. “El cacao y las arbóreas ayudan porque generan mucha hojarasca. Cuando las hojas caen de los árboles y posan sobre los suelos generan capas que empiezan con una mineralización de los nutrientes. Al ser especies perennes (que viven por más de dos años), estos procesos son acompañados por la fauna que está alrededor”. En el caso del coco no hay caída de hojas pero sí de la fibra, que también impacta positivamente el suelo.
El representante legal de la Corporación Técnica del Pacífico Sur, operadora de la asistencia técnica para el PNIS en Alto Mira y Frontera, Otto Marcos Saya, concuerda en que el territorio tiene una regeneración natural y que los cultivos como el coco y el cacao permiten la recuperación porque se hacen bajo sistemas agroforestales y no extensivos. “Esos proyectos ayudan a recuperar. La coca es el producto que más impacto ambiental ha causado en los últimos 20 años porque se han hecho huecos en la selva para la siembra”, asegura.
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Líderes en peligro
César Quiñones, ingeniero agroforestal y miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, asegura que en el contexto del pos acuerdo con la exguerrilla de las FARC, llegó el apoyo gubernamental a proyectos productivos en el Consejo Comunitario. Las iniciativas de conservación, hasta entonces, partían de la comunidad. “Como ha sido una zona con la mayor cantidad de cultivos [de uso ilícito], la catalogaban como zona roja y no viabilizaban proyectos. El territorio quedó castigado”, explica.
A pesar de esto, la sustitución de cultivos ilícitos sigue generando amenazas para los líderes locales. Tumaco logró reducir sus territorios sembrados en 2017 en un 15 % en relación al 2016, pero aún se mantiene como el municipio con más plantación de coca en Colombia con 19 517 hectáreas, según los últimos números divulgados por UNODC para 2017. Una cifra relevante dado que, según expertos, para la siembra de una hectárea del cultivo de uso ilícito se pueden deforestar hasta cuatro hectáreas de sistemas naturales, dependiendo del tipo de ecosistema y de los factores considerados para la medición.
Este es el estimado presentado, por ejemplo, en el estudio “Efectos de los cultivos ilícitos sobre el medio natural en Colombia”, de los investigadores Luís Felipe Pinzón y Hernando Sotero de la Universidad Militar, y en el informe “Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional”, publicado en 2018 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Incluso, en la Política de Bosques definida en 1996, ya se estimaba que por cada hectárea de coca sembrada se destruían dos hectáreas de bosque.
En 2017, la deforestación relacionada a los cultivos de coca en Colombia llegó a un promedio de 137 hectáreas diarias. Según el Ministerio de Ambiente, esto representa un 24 % del total deforestado en el país en ese año.
Además del impacto ambiental, los cultivos de uso ilícito y la presencia de actores armados ilegales han dejado un rastro de violencia en el Alto Mira y Frontera. Las amenazas en contra de líderes sociales en este Consejo Comunitario llamaron la atención nacional e internacional. Solo en 2017, hubo dos desplazamientos masivos en el municipio que afectaron a más de 800 personas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y también se dio el asesinato del líder José Jair Cortés, en octubre de ese año. En marzo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para proteger al Consejo Comunitario.
Aunque los pobladores relatan que este año el panorama de seguridad ha mejorado, entre febrero y marzo hubo nuevos desplazamientos debido a choques entre grupos armados ilegales que disputan el control de los cultivos de coca. Los riesgos se han extendido a otras zonas de Tumaco, donde se ha registrado la presencia de diferentes actores armados, entre ellos los llamados grupos posdesmovilización —herederos de estructuras paramilitares—, disidencias de las FARC, guerrillas y bandas criminales.
En medio de ese panorama, los esfuerzos en conservación ambiental y Derechos Humanos han dado sus frutos. La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de la comunidad afrodescendiente de Alto Mira y Frontera recibió, en 2018, el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría proceso colectivo.
El reconocimiento, entregado por Diakonia, entidad de cooperación internacional fundada por iglesias protestantes en Suecia y la Iglesia Sueca, destacó que “varios de sus líderes y lideresas han sido asesinados y detenidos” y que “su lucha reciente ha sido por su permanencia en un territorio sostenible y libre de cultivos ilícitos y grupos armados, pese a las graves amenazas, asesinatos y detenciones de las que sus integrantes han sido víctimas”. Uno de los retos para la preservación ambiental, según Quiñones, es consolidar al Consejo como el operador del desarrollo sostenible del territorio.
El esfuerzo del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera
La sustitución de coca a través de cultivos tradicionales como el cacao y el coco, también se ha llevado a cabo en otros Consejos Comunitarios de Tumaco. Los líderes relatan que esas iniciativas han tenido resultados positivos y desafíos que intentan superar.
En el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera hay dos proyectos para la conservación desarrollados desde 2013: un proyecto de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y un área protegida a través de Parques Nacionales.
El proyecto REDD, según el Consejo Comunitario, busca evitar la ampliación de las fronteras agrícolas para la siembra de coca, apostando por el cultivo de cacao y por la conservación de áreas que habían sido degradadas. A pesar de la interrupción de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el 2015, sostienen que el proyecto ayudó a disminuir considerablemente los cultivos ilícitos en la zona, efectos que permanecen hasta hoy.
Antes la coca ocupaba 1700 hectáreas en fincas y bosques, pero datos del proyecto indican que fueron reducidos en cerca de un 70 % a partir de una estrategia para producir 800 nuevas hectáreas de cacao en áreas tradicionales donde estaba el cultivo. A cambio de erradicarla, cerca de 900 familias tuvieron derecho a una hectárea de cacao y, actualmente, cuatros años después de finalizado el programa, producen cerca de 600 toneladas anuales en la zona renovada. El 15 % de la producción es comercializada por el consejo y, según ellos, garantiza un precio más ventajoso para el agricultor gracias a la venta del llamado cacao premium, de mejor calidad.
El Consejo de Bajo Mira y Frontera también cuenta, desde 2017, con un Distrito Nacional de Manejo Integrado (DRMI), un área protegida en el delta de la cuenca del Río Mira con más de 190 000 hectáreas protegidas. Actualmente se está desarrollando la reglamentación del espacio, a partir del diálogo entre la comunidad y Parques Nacionales. El objetivo es generar estrategias para reducir la deforestación y recuperar el ecosistema bajo una perspectiva de manejo sostenible.
“El modelo sale de la consulta previa y todas las decisiones se toman en consenso con la comunidad. Ya realizamos el diagnóstico y estamos trabajando en el plan de ordenamiento y en el régimen de usos”, afirma Santiago Duarte Gómez, jefe de esta área protegida. Este plan definirá, por ejemplo, en qué épocas y lugares se pueden desarrollar actividades como la pesca o la colecta de cangrejos.
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Otros consejos comunitarios tumaqueños avanzan en estrategias de conservación pero todavía enfrentan varias dificultades. Por ejemplo, Apolinar Granja, delegado de la Federación Nacional de Cocoteros y exrepresentante legal por dos períodos del Consejo Comunitario del Río Mexicano, en la región de la Ensenada, dice que con la suspensión de las aspersiones aéreas de glifosato se pudo avanzar con el cultivo de coco que “no tiene exigencias, no necesita fertilizantes, es natural de la zona y no causa deforestación”.
Las fumigaciones afectaron a algunas plantas medicinales como la verbena, la verdolaga, la sábila y la llamada flor amarillo, por lo que actualmente se están buscando injertos en consejos vecinos para volverlas a cultivar. Otras especies ya se volvieron a ver, como el chirarán y el limoncillo —ambos usados tradicionalmente para tratar la hipertensión— y la chiyagua, usada en contra del mal de aire, un tipo de fiebre endémica relacionada por la comunidad a factores espirituales. “En la zona de carretera, alrededor de las vías que llegan al casco urbano de Tumaco, cerca de 50 familias están cultivando esas especies medicinales para la venta”, añade.
Ahora, los proyectos productivos deben enfrentar un enemigo latente, pues la posibilidad de retomar el glifosato sigue siendo considerada por el gobierno nacional y esto podría agregar obstáculos a los intentos de estas comunidades tumaqueñas que quieren recuperar de nuevo sus bosques y aprovecharlos sosteniblemente de manera exitosa.
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