Los habitantes de Nuevo Progreso, comunidad indígena awajún donde ocurrió uno de los últimos derrames, se sienten castigados, pues el Estado no les ha entregado agua y alimentos bajo la premisa de que el incidente fue causado por un acto de “vandalismo”.Como en otros casos, las negociaciones con los funcionarios del Estado evidenciaron una vez más que los derrames de petróleo se han convertido en una oportunidad para pedir la atención de necesidades básicas como educación, salud y trabajo. Saramiriza, Perú.- Olguín Macedo Kayap, 37, había salido a pescar cuando vio una mancha negra que se aproximaba por un caño que se une con una quebrada cercana a su comunidad. De inmediato regresó para alertar a sus compañeros y volvieron con baldes para evitar que el crudo llegue hasta las viviendas. Era la mañana del 18 de junio y en Nuevo Progreso, un pueblo indígena awajún situado en la Amazonía norte de Perú, a pocos kilómetros del pequeño poblado portuario de Saramiriza, en la región de Loreto, el petróleo se filtraba por una tubería que cruza las tierras de la comunidad, contaminando el arroyo que usan sus habitantes para beber, cocinar y lavarse. Un derrame de petróleo ocurrió el 18 de junio en la comunidad Nuevo Progreso, en Datem del Marañón. Foto: Romel Babilonia. Petroperú, la compañía estatal que opera el oleoducto, dijo en ese momento y como en otras oportunidades que el derrame estaba ligado nuevamente a un acto de vandalismo. A la comunidad esta versión no la convenció y no permitió que comenzaran las labores de limpieza hasta que los representantes de la fiscalía realizaran una inspección en presencia de sus líderes. La diligencia fiscal estuvo originalmente programada para el 9 de julio, sin embargo, Petroperú decidió posponerla por la protesta de varias federaciones indígenas de la zona autodenominadas Comunidades Indígenas Afectadas por la Actividad Petrolera. Tres días antes, el 6 de julio, cientos de manifestantes se habían apoderado de la estación de bombeo Nº 5 de Petroperú, cerca de Saramiriza, y según la empresa estatal no se podía garantizar la seguridad de los inspectores. Nuevo Progreso optó por no participar en la protesta ni en la toma de la estación, porque los líderes de la comunidad ya estaban en una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional.