Hoy, más de tres años después, el debate sobre los daños causados por el derrame de petróleo que afectó a los habitantes de la Comunidad Nativa de Cuninico, en la región de Loreto, mantiene enfrentados a sus habitantes con la empresa nacional Petroperú y el Estado peruano. El jueves 14 de setiembre, luego de treinta meses de que el Juzgado Mixto de Nauta aceptara la demanda grupal de los pobladores de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco, este tribunal emitió una sentencia y ordenó que el Ministerio de Salud cumpla con su deber de vigilar la salud del pueblo kukama.

Sin embargo, esta primera batalla ganada por los indígenas de Cuninico no ha cambiado en nada el escenario. A más de un mes de la esperada sentencia, esta no ha sido ejecutada porque, según indicó la defensa de las comunidades afectadas, el Ministerio de Salud decidió apelar la orden judicial. Esta entidad estatal argumenta que es un organismo que regula mas no ejecuta y que es la Dirección Regional de Salud de Loreto la que debe solucionar el problema.

Mientras tanto, Flor de María Paraná y el ex-Apu de Cuninico, Galo Vásquez, no pueden olvidar como el 22 de junio de 2014 vieron bajar por la quebrada, que lleva el mismo nombre de la comunidad, a los peces cubiertos con una extraña sustancia negra. Los pobladores de Cuninico y de las localidades del distrito de Urarinas, situadas a nueve horas de Iquitos, han vivido por más de 40 años con la actividad petrolera rodeándolos, como si se tratara de un vecino más. Aunque Paraná y Vásquez confiesan que no habían visto algo similar antes y, sobre todo, tan cerca de casa.

Petroperú señaló en ese momento que pudo identificar el punto del derrame ocho días más tarde, cuando detectaron un orificio en el kilómetro 42 del Tramo I del Oleoducto Norperuano. Sin embargo, cuando llegaron ya era muy tarde. Se habían derramado 2358 barriles de crudo, más de 99 000 galones.

Un año y tres meses después del derrame, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),  institución peruana encargada de evaluar y determinar las causas y efectos de esta emergencia, determinó que PetroPerú era responsable del desastre, el cual generó “daño real” a la flora, fauna y a la salud humana. El OEFA concluyó que la empresa petrolera estatal no detectó ni controló a tiempo el derrame y que incumplió el compromiso establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), al no haber realizado mantenimiento a ese sector del oleoducto. En el 2016, por no cumplir con el cronograma establecido para efectuar la remediación ambiental correspondiente, el OEFA procedió a multar a Petroperú por un monto de 10 millones 184 mil con 285 soles (más de US$3 millones).

La empresa petrolera estatal no quiso aceptar los cargos de la OEFA, arguyendo que ésta no era una entidad competente para esas evaluaciones, por lo que pidió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realice la investigación. En febrero de 2016, Osinergmin determinó que la empresa no había adecuado el oleoducto según la ley y la amonestó por un monto de más de 12 millones (alrededor de US$4 millones). Petroperú ha llevado al Poder Judicial las resoluciones de ambas entidades, ya que considera que no causó el derrame ni puso en riesgo la salud de los habitantes.

Hoy el Juzgado Mixto de Nauta ha confirmado que la comunidad de Cuninico sí necesita de una atención médica completa.

Leer más: Lote 192: ¿Por qué la consulta previa es la causa de las protestas indígenas en la Amazonía peruana?

¿Salud para todos?

En la comunidad kukama de Cuninico, como en cientos de comunidades de nuestra extensa selva, nunca existió un puesto de salud. Para acceder a la medicina occidental, los pobladores bajaban al centro de salud de Maypuco, a dos horas en peque peque. Era una lejanía manejable si se consideraba que la mayoría de los problemas de salud eran atendidos con la ayuda de la medicina natural. Pero ese tratamiento fue suficiente hasta junio de 2014.

“Desde ese momento no soy una mujer sana, soy como una inválida. Hasta ahorita no puedo levantar ni un balde de agua, no puedo agarrar un racimito de plátano. Si levanto, ya le siento un dolor, se hace duro”, dijo Juana Rosa Otejón, pobladora de Cuninico, cuyo testimonio fue recogido por representantes de Amnistía Internacional.

Galo Vásquez, quien entonces era apu de la comunidad y lleva 15 años siendo promotor de salud, contó a Mongabay Latam que los casos de diarrea, alergia en la piel, cólicos y dolores de cabeza crecieron exponencialmente.

Esta situación fue confirmada en enero de 2016, un año y medio después del derrame, cuando el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección Regional de Salud de Loreto realizaron pruebas de sangre a los pobladores de Cuninico para detectar cuatro metales pesados: plomo, mercurio, cadmio y arsénico. De acuerdo con el informe denominado “Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro”, que el Ministerio de Salud presentó a ambas comunidades a mediados de 2016, la mitad de la población examinada tenía valores de mercurio por encima del nivel permitido —de acuerdo a los estándares nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y el 16 % presentaba valores de cadmio sobre el rango de referencia. Cabe resaltar que el 86 % de las personas que fueron analizadas eran residentes de Cuninico y el 14 % restante de San Pedro.

En setiembre de este año, Amnistía Internacional (AI) llegó a la misma conclusión —tras evaluar a la población de Cuninico. La organización internacional de derechos humanos concluyó que existen pruebas de la presencia de metales pesados en la sangre de los pobladores y que no existe un seguimiento estatal del tema. Por ello Amnistía Internacional eligió tanto el caso de Cuninico como el de Espinar en Cusco —relacionado a pobladores afectados por la minería— para formar parte de la campaña Estado Tóxico, con la que buscan recomendarle al Estado peruano una serie de acciones para revertir estas situaciones de abandono gubernamental.

“Hay una crisis de salud que no está siendo atendida y que involucra a pueblos indígenas, un grupo vulnerable”, dijo Joel Jabiles, coordinador de las campañas de AI en el Perú. El especialista indica que la mayor preocupación radica en dos puntos cruciales: la inacción estatal para asumir responsabilidades sobre la salud y el acceso a servicios adecuados y urgentes. “En Cuninico, la gente consume agua de lluvia. Pero, ¿qué pasa cuando no llueve? Tienen que tomar el agua del río, porque no hay otra opción”, agregó Jabiles.

Este es el problema que se buscaba resolver con la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Nauta el 14 de setiembre. En ella se ordenó que el Ministerio de Salud diseñe e implemente, dentro de máximo 30 días, una Estrategia de Salud Pública de emergencia que “permita establecer un programa de atención médica, vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, lo que incluye el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua”.

Sin embargo, un mes y medio después, la sentencia no ha sido ejecutada. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y asesor de las comunidades, explicó a Mongabay Latam que esto se debe a una apelación del Ministerio de Salud. En ella, el Minsa señala que no le corresponde ejecutar el plan de emergencia, sino esta es una obligación de la Dirección Regional de Salud de Loreto.  Para Ruiz Molleda, esto dilata la solución ya que al aceptarse la apelación, se suspende tanto la ejecución de la sentencia como las multas individuales a los funcionarios responsables por 20 250 soles (US$6 270).

Más allá de la apelación, Ruíz Molleda destacó que hay un punto positivo que resaltar, que es que esta sentencia marca un hito al sentar un precedente. “Este fallo le ordena a Salud que construya una política pública para proteger derechos humanos”, dijo el abogado del IDL.

Dos semanas después de que se pronuncie el Juzgado Mixto de Nauta, la población de Cuninico recibió a varios funcionarios del Ministerio de Salud. En la visita, la población hizo un recuento de su situación y explicó que antes del derrame de crudo la población no presentaba problemas de salud como los descritos. El dirigente César Mozombique comentó que les prometieron que esta brigada volvería a mediados de octubre a realizar análisis de sangre. Pero hasta el cierre de este artículo, no han recibido visita alguna.

Ninguna autoridad regional ni nacional de salud ha respondido a la comunidad sobre esta ausencia. Mongabay Latam pudo conversar a pocos días de emitida la sentencia con Bersy Sánchez Linares, coordinadora regional de Pueblos Indígenas de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto, quien asumió el cargo en setiembre. En ese momento, Sánchez confirmó la disposición de las autoridades por resolver el problema, aunque era consciente de la demora en atenderlo.

Sánchez señaló, además, que en abril último se instaló “un módulo de atención” en la comunidad, lo que confirmó Galo Vásquez y el resto de pobladores consultados por este medio. Sin embargo, la funcionaria reconoció que este módulo se implementó por la “la presión social” y que, tal y como lo denuncian sus habitantes, actualmente ni está en funcionamiento ni cuenta con personal médico permanente.

“Cuando llegó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en julio vinieron dos enfermeros, uno de aquí cerca, de Maypuco. Una vez que se fue la comisión, ellos también se fueron”, contó César Mozombique Félix, dirigente de la comunidad a Mongabay Latam. Galo Vásquez agregó que luego de este episodio llegó otro enfermero, pero que este se fue ese mismo día sin dar explicaciones.

La funcionaria confirmó esta situación: “este personal hizo abandono porque su forma de pago tenía que regularizarse”. Mongabay Latam solicitó una entrevista en Lima con el director de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, Omar Trujillo, para solicitarle información sobre la atención médica en las comunidades, pero se nos derivó a la Diresa de Loreto. Es decir, con Bersy Sánchez Linares.

Para Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo en temas de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud debe aplicar un plan integral de intervención que tome en cuenta la exposición constante de los pobladores a metales pesados. “En la Defensoría nos hemos puesto como prioridad impulsar que el sector Salud cuente con una política para la atención de personas afectadas por estos metales, más allá de hacer intervenciones aisladas. Dejarle gran parte del trabajo a los gobiernos regionales no está funcionando”, indicó.

Jabiles, de Amnistía Internacional, resaltó que además es necesario que se envíe a la zona profesionales con experiencia de trabajo con comunidades indígenas y con pacientes expuestos a  metales tóxicos. “Es difícil, pero es una responsabilidad del Estado el garantizar los recursos apropiados”, señaló. En el informe Estado Tóxico, se da cuenta de que la Diresa de Loreto aseguró que el módulo que se construyó en Cuninico iba a atender mediante telemedicina, es decir, a través de un televisor y una computadora los pacientes se conectarían con hospitales de Lima. “Creemos que esta no es la mejor medida en este caso concreto, ya que el tipo de afectaciones que sufren requiere de una atención más cercana”, concluyó Jabiles.

En esa última visita de las autoridades a Cuninico, realizada el 29 de setiembre según la comunidad, llevaron a un enfermero para que atienda en el centro de salud. “El enfermero no siempre está en su puesto. Hay semanas en las que desaparece y no sabemos qué ha pasado”, contó Flor de María Paraná. César Mozombique está convencido que para el Estado peruano, la salud de los kukama puede esperar.

—¿En algún momento les pidieron perdón?

—Ellos nos han pedido que los disculpemos, pero que no han llegado antes porque es complicado llegar aquí, que no hay medicinas, que la logística….

César hace una pausa en la lista de excusas. “Hay que seguir presionando, nomás, porque ahora tienen que cumplir una sentencia”, señaló.

Leer más: Ecuador: tras cuatro años de silencio, comunidades denuncian impactos de la Hidroeléctrica Baba

La vida en Cuninico después del derrame

Entre setiembre y diciembre de 2016, un grupo de estudiantes de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ingresó a la comunidad de Cuninico para intentar responder  una interrogante: ¿de qué forma el derrame del 2014 cambió los modos de vida de la comunidad?

Diez meses después, en una entrevista con Mongabay Latam, Deborah Delgado, doctora en Sociología que dirigió la investigación, sostuvo que una de las cosas que han  podido observar es que mientras los hombres han asumido la tarea de limpiar las huellas del petróleo, las mujeres han tenido que alterar su rutina.  “Ya no hay de dónde conseguir pescado seguro, tienen un suelo muy malogrado para continuar con tus cultivos como antes, los hijos aparecen con nuevas dolencias que no son fáciles de atender”, señaló.

Para Juan Carlos Ruíz Molleda este informe preliminar, que ha sido incluido como prueba dentro del proceso, es “importante porque visibiliza esta necesidad de atender de forma especial a este grupo”. Para el abogado del IDL, el estudio ha ayudado, sobre todo, a identificar los daños permanentes, aquello que no es tomado en cuenta en la mayoría de los procesos de compensación.

Flor de María Paraná contó cómo su vida ha cambiado tras el derrame de crudo. “Los dolores de cabeza, de cuerpo, los vómitos, todo eso que ahora es común no pasaba aquí”, dijo en una entrevista concedida a Mongabay Latam. Cuando sucedió la emergencia ambiental, su cuarto y último hijo, Víctor Manuel, tenía 2 años. Ante la ausencia de un puesto de salud en la comunidad, Flor tenía que viajar a Maypuco, donde la atención tampoco era buena. “Apenas nos daban paracetamol o ibuprofeno. Eso calmaba un rato, pero el dolor continuaba”, narró.

Wadson Trujillo, actual apu de Cuninico, contó que “las mamás han tenido que ocuparse de la casa por completo porque la alimentación ha cambiado tras el derrame. Muchas de ellas han tenido varios abortos. Cuando iban al centro de salud, les decían que seguro habían tomado el agua del derrame”.

Para Trujillo, la demora de alguna de acción del Estado tiene una explicación clara. “Por discriminación. Frente a las empresas, nosotros los indígenas siempre hemos estado últimos en la fila. ¿Te imaginas si esto hubiera pasado en Lima? ¿Tú crees que hubieran pasado más de tres años así?”, dijo.

Leer más: Cuatro historias que muestran el trabajo de los pueblos para proteger la naturaleza

El largo camino de la compensación

Cuando le preguntamos a Beatriz Alva Hart, gerente corporativa de Gestión Social y Comunicación de Petroperú, sobre el proceso de compensación a las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en Cuninico, la funcionaria respondió: “nosotros tenemos la tranquilidad de que no hemos causado una afectación [en Cuninico] con el derrame”.

Sin embargo, los pobladores de esta localidad sienten que su vida se ha visto trastocada. Las investigadoras de la PUCP le pidieron a un grupo de niños de Cuninico, entre los 4 y 14 años de edad, que dibujen cómo ven su comunidad hoy.  La pequeña Thalía dibujó un río cargado de manchas negras, con una población bañándose y pescando en esas aguas.

Otro de los cambios notorios es la migración que ha traído el derrame. Muchos habitantes se han desplazado a distintas localidades para trabajar en las labores de limpieza y atención de los derrames. La paga por jornada puede alcanzar los 100 soles (US$30).

Este cambio ya lo había advertido en noviembre de 2014 el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, a cinco meses del derrame. En el oficio 410-2014-VMI se menciona que “el hecho (refiriéndose al derrame) ha generado un cambio dramático en sus modos de vida producto de la intervención de Petroperú”.

Se destaca, además, que las transformaciones más evidentes están relacionadas al cambio de la ocupación económica de la mayoría de la población de agricultores y pescadores. Esto es confirmado por el estudio de la PUCP, en el que se indica que se pasó de un 70 % de población dedicada a la pesca a un 10 % en el 2016.

A este escenario hay que sumarle el aumento de los precios de los abarrotes en la comunidad. “Nos demorábamos una hora y media para traer mucho pescado y poder venderlo. Ahora tenemos que viajar tres días porque el pescado ya no es el mismo, tienen sabor a petróleo”, contó Flor de María Paraná. Esto también es considerado en el informe del viceministerio de Interculturalidad y en el estudio de la PUCP.

Por estas razones, la comunidad de Cuninico solicita una reparación al Estado Peruano por los daños y cambios generados tras el derrame de petróleo. Sin embargo, la empresa petrolera peruana asegura que no tiene responsabilidad.

“Hay cosas que no puedes controlar aunque trates, como la dinámica social de un grupo. Nosotros hicimos campañas para que no se genere la inflación local a partir de las recomendaciones de Cultura (Ministerio de Cultura), pero evitar que se produjera no era posible”, dijo Cecilia Quiroz, jefe de Relaciones Comunitarias de Petroperú a Mongabay Latam.

La empresa parte de la premisa de que el derrame no fue responsabilidad suya sino de terceros y que, en todo caso, no causó afectación al agua que consume la comunidad. En la sentencia emitida por el Juzgado Mixto de Nauta, se menciona que Petroperú no aceptó los cargos ni la responsabilidad de asumir el pago de una compensación. “Lo que tenemos en Cuninico es que ha habido un cambio en la dinámica pero ese cambio no reporta un daño que pueda ser tangible para que pueda compensarse”, dijo Beatriz Alva, gerente corporativa de Gestión Social y Comunicación de Petroperú. “Si hay una autoridad que diga que hay afectación, se le indemniza a esas personas”, agregó la funcionaria de Petroperú, Cecilia Quiroz.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, señaló a Mongabay Latam que, de acuerdo con el anexo 4 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la empresa la que debe determinar si hay personas afectadas que deben recibir una reparación y, terminada esta evaluación, es ella la que debe enviar el resultado a Osinergmin. El reglamento estipula que Osinergmin solo debe recibir la información, más no verificarla.

Mientras tanto, este año el gobierno peruano ha declarado en dos oportunidades una emergencia sanitaria en el distrito de Urarinas, donde se encuentra Cuninico, por detectar problemas en la calidad del agua para consumo humano. La última declaratoria por noventa días fue actualizada el 19 de setiembre pasado. “Ya hemos conversado con el Ministerio de Vivienda sobre la instalación de un sistema de agua potable, pero nos dice que aún hay una observación a algunos documentos que ha enviado el municipio”, declaró Galo Vásquez, ex-Apu de Cuninico y actual presidente de la Federación de Cocamas Unidos. “Pero somos gente, por un documento no van a dejar que la gente siga sufriendo, que muera”, indicó.

Flor de María Paraná sigue esperando la lluvia para tener una mejor agua para ella y su familia. “Estamos esperando que llegue esa brigada que nos prometieron para que nos examine la sangre”, contó. Su pequeño se sigue quejando de problemas de la vista y su hijo de 11 años ya no rinde bien en la escuela. Pero Flor de María no baja la voz. Si algo ha reafirmado este proceso lento de reclamos, es que siente más que nunca que no son víctimas, sino sujetos de derecho.

Foto de portada: © Amnistía Internacional – Daniel Martínez-Quintanilla.

Créditos

Alexa Editor/a

Temas

BiodiversidadBosquesDerechos humanosPetróleoPueblos indígenasLatinoaméricaPerú

Ver temas