Según estadísticas del Poder Judicial, en el 2019, en estos cuatro departamentos que abarcan el territorio de las reservas Mbacarayú, Morombí, San Rafael y Caazapá, se tramitaron 31 causas por tala de árboles, tráfico de troncos o quemazones, las únicas directamente relacionadas con la destrucción de bosques. Sin embargo, de todas esas investigaciones, un solo expediente menciona una Reserva: Morombí, en donde se investiga una extracción ilegal de madera. En lo que va del 2020, apenas hay un caso abierto: En Curuguaty, distrito de Canindeyú, la fiscalía investiga un presunto caso de tráfico de madera.

Si bien los registros del Poder Judicial mencionan que en el 2019 hubo 108 causas penales por delitos ambientales en dichos departamentos, el sistema estadístico ingresa todos los casos que violan cualquiera de las disposiciones descritas en  la ley 716/96. Esto abarca desde la mala disposición de residuos, hasta la contaminación sonora. Por ejemplo, en lo que va de este año se han abierto 70 causas vinculadas a delitos ambientales de las cuales 69 se refieren al incumplimiento de la cuarentena sanitaria que decretó el gobierno desde marzo pasado.

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Nadie aparece en los operativos

“Cuando nosotros salimos del cuartel, ellos [los narcos] ya saben que estamos viniendo”, cuenta el comandante Pintos. Un hombre alto, con anteojos negros y el uniforme militar. Está en las filas de la SENAD hace 15 años y no es el primer procedimiento que hace en esta zona. “Este plan justamente nace desde la SENAD y está buscando la colaboración de todas las instituciones del sector ambiental para erradicar este tema de los cultivos ilegales”, expone. El comandante sabe que para solucionar el problema no se trata solamente de destruir las parcelas.

“Queremos más que nada dejar un mensaje de que el Estado va a estar aquí presente”, dice González Bedoya, del INFONA, mientras recorre la parcela de marihuana en pleno operativo. Pero los agentes antinarcóticos que siguen con la limpieza, conversan entre ellos y a algunos se los escucha frustrados. Sus últimas intervenciones se han limitado a eliminar plantaciones sin mayores resultados que esta poda en grupo. Otros lo toman con más calma y hasta con humor. Desde hace tiempo que para los agentes de la SENAD este trabajo se ha convertido en casi una rutina: destruyen una hectárea hoy, mañana se abre otra en la misma reserva y, para completar el círculo, los responsables nunca caen.

En las zonas de influencia de las reservas y parques del Paraguay, asentamientos humanos se han instalado desde hace años. De hecho, en el departamento de Caaguazú habitan 563 mil personas y en el de Canindeyú lo hacen otras 195 mil. En el caso de la Reserva Morombí hay, además, algunas históricas reivindicaciones de asentamientos campesinos que dicen ser dueños de parte del terreno que corresponde al área protegida.

Una de las parcelas donde ya casi está lista la «limpieza» para plantar marihuana. Morombí es una de las reservas con más problemas con la invasión de sus territorios por parte de grupos narcos. Foto Pánfilo Leguizamón.

Desde los organismos estatales alegan que hay complicidad de algunos pobladores de estos asentamientos, por lo menos indirecta, ya que siempre que se prepara una fuerte intervención en la zona, ningún encargado de estas plantaciones aparece. “Siempre que llegamos ya no está nadie”, dice el comandante Pintos.

Esta primera etapa del operativo “Canindeyú – Caaguazú I” significa la movilización de 70 hombres, camiones, equipamientos, un helicóptero de las Fuerzas Armadas y la intervención de distintas instituciones.

En la Reserva Morombí, el fiscal a cargo de los procedimientos es Osvaldo García, de la Unidad Antidrogas de Caaguazú quien, desde 2011, es también el representante del Ministerio Público en el Departamento de Caaguazú. Para él, la solución pasa por que haya una mayor cobertura del aparato estatal, por ejemplo, teniendo más fiscales ambientales en la región puesto que, desde la capital, no hay una real dimensión de lo que ocurre en esta zona del país. “Considero que desde Asunción la gente no asume, no dimensiona todo lo que pasa acá”, dice.

Los troncos de madera que no se pueden sacar del terreno son quemados. Morombí tiene 24 800 hectáreas que están bajo fuerte amenaza. Foto: Pánfilo Leguizamón.

El fiscal resalta en que “acá es necesaria la participación de más instituciones del Estado porque se tiene una asociación criminal. Es un sistema de crimen organizado que trabaja con la madera, con el carbón y con la marihuana”, dice.

Pero en esta parte del país, el Ministerio Público opera casi en forma artesanal. No tiene equipos de escuchas, tampoco tecnología para rastrear satelitalmente la ilegalidad o recibir alertas de deforestación. “Trabajamos en terreno como podemos”, dice García. Aún así, considera que están “logrando resultados”.

Los árboles que no son comercializados terminan en los hornos clandestinos de la Reserva Morombí. Según la fiscalía, el carbón va de contrabando al Brasil. Foto: Pánfilo Leguizamón.

El fiscal asegura que ha logrado la condena de 120 personas vinculadas al tema de narcotráfico en los últimos tres años, todos bajo juicio oral. Esta cifra hace referencia a aquellas personas que han sido detenidas en operativos antinarcóticos y también a las que han sido sorprendidas por portar  droga. Sin embargo, en lo que respecta delitos ambientales vinculados con marihuana como la invasión de áreas protegidas con estos cultivos ilegales, no hay casos registrados en el Poder Judicial.

Además, García señala que en sus apuntes hay varios menores de edad, un fenómeno que, según dice, ha ido creciendo en los últimos años. Por eso, en su opinión, “esto es un problema social. Ya no puede ser tratado como una cuestión de drogas o ambiental solamente”, razona.

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Más de 3000 hectáreas deforestadas

Entre Canindeyú y Caaguazú, donde converge la Reserva Morombí, la deforestación ha sido una constante a pesar de que desde el 2004 está en vigencia la ley 2524, más conocida como “Deforestación Cero”, que prohíbe la tala de bosques en esta región del país. Sin embargo, según datos de la Global Forest Watch, desde 2001 hasta 2018, se deforestaron  un total de 359 419 hectáreas solo en esas dos regiones y según un reporte de la organización ambiental WWF, solamente en la Reserva Morombí se han tumbado 3647 hectáreas en los últimos 16 años; la mayor parte de ellas para el cultivo ilegal de marihuana.

A pesar de todos los operativos, las incautaciones y la depredación de los bosques, en el Poder Judicial no hay registros de condenas carcelarias por deforestar estas áreas protegidas. Foto: Pánfilo Leguizamón.

En esta primera parte del operativo “Canindeyú – Caaguazú I”, solamente en la Reserva Morombí se detectaron 50 parcelas activas de marihuana correspondientes a un total de 202 hectáreas de plantación ilegal. Tras la intervención de la SENAD, unas 600 toneladas de marihuana fueron destruidas y se estima que el perjuicio para los grupos narcos de la zona fue de 18 millones de dólares.

Ruth Benítez del INFONA, la única mujer en el operativo, menciona que las  plantas  que se llevan a los operativos para reforestar la zona son árboles nativos del lugar. La idea con esta medida es reforestar la zona para buscar una recuperación al menos aproximada, de lo que era el bosque nativo.

Los narcotraficantes arrasan con todos los árboles de las parcelas que van a utilizar para la marihuana. En Morombí, las denuncias sobre este tipo de hechos son constantes Foto Pánfilo Leguizamón.

Morombí tiene una gran diversidad en fauna y flora. Según los registros de la Fundación Morombí, en los bosques de la reserva viven yaguaretés (Panthera onca), pumas (Puma concolor), zorros vinagres (Speothos venaticus), coatíes (Nasua nasua), además de venados (Odocoileus virginianus), pecaríes (Tayassuidae) y otros. Además, posee alrededor de 300 especies de aves, varias de ellas amenazadas  como el águila harpía (Harpia harpyja), el loro vináceo (Amazona vinacea) y el pájaro campana (Procnias nudicollis). También  existe una gran variedad de árboles nativos como el lapa­cho (Tabebuia), el jacarandá (Jacaranda mimosifolia), el cedro (Cedrela fissilis), el yvy­rapytã (Peltophorum dubium), todas  especies muy demandadas  por los traficantes de madera.

Mientras tanto, decenas de agentes antidrogas siguen dándole al machete, podando los plantines y ramas de marihuana. En los alrededores, no hay nadie. Solo se escucha el motor del helicóptero de las FF. AA. El día termina con nuevas parcelas destruidas. “Ojalá tu reportaje sirva para que se muestre cómo se está destruyendo la Reserva”, dice uno de los guardaparques sin mucha esperanza de que algo vaya a cambiar después de esta nueva intervención en pleno Bosque Atlántico.

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Artículo publicado por michelle
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