- Las ONG han decido achicar sus operaciones para mantenerse vivas, aprendiendo a hacer malabares cambiarios que les permitan rendir los fondos internacionales que reciben.
- Las alianzas entre ellas, así como el uso eficiente de pequeñas donaciones de empresas, les permiten discernir cuáles de sus programas deben sobrevivir.
En medio de un entorno de incertidumbre económica y política, fallas generales de servicios públicos y la dolarización de la economía, las ONG ambientalistas venezolanas se han valido de varias estrategias de supervivencia para continuar con sus programas de educación, conservación e investigación. Las principales son la reducción de operaciones y el uso más eficiente de sus recursos; esto incluye aprender de devaluación, criptomonedas y transacciones bancarias para superar las regulaciones cambiarias del país. A todo esto hay que agregarle que los retos se hacen más grandes debido a la pandemia mundial.
Con el anuncio de los dos primeros casos de COVID-19 el pasado 13 de marzo, que llevó a la declaración de cuarentena total a partir del lunes 16 de ese mes y la suspensión total de vuelos internos e internacionales dos días después, las ONG tuvieron que paralizar casi todas sus actividades de campo, e incluso, han visto afectadas sus actividades formativas en línea por las constantes fallas de los servicios de electricidad y telecomunicaciones en el país.
Para el 16 de junio de 2020 Venezuela acumulaba 27 fallecidos y 3062 casos, incluyendo 64 indígenas pemones de una misma comunidad cercana a la frontera con Brasil. La escasez generalizada de agua, indispensable para tratar de mitigar el contagio, se ha visto agravada por un año de muy pocas precipitaciones. El boletín de la Escuela de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela revela que durante los cinco primeros meses del año solo ha llovido nueve días y han caído 40,5 milímetros (mm) de agua. Mucho menos que los promedios históricos de 28,3 días y 190,8 mm. Según el informe, hay un 95,8 % de probabilidad de no alcanzar los promedios anuales, calificando el 2020 como un año “seco extremo”. Todo esto hace que la situación de las organizaciones ambientales en Venezuela se complique cada vez más.
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Mucha vocación
Con un salario mínimo de apenas tres dólares mensuales —en el mejor de los casos podría ser de 20 pero nunca mayor a 30— el biólogo y director de Relaciones Públicas del Museo Marino de Margarita, Bladimir Rodríguez, apela al sentido de pertenencia.
El museo es dirigido por la Fundación Museo del Mar desde 1994 y es una iniciativa privada impulsada por el ictiólogo Fernando Cervigón quien falleció en 2017. Declarado Patrimonio Cultural de Venezuela, funciona en la población pesquera de Boca de Río, en la península de Macanao en la Isla Margarita. Con un espectacular esqueleto de ballena entre sus atractivos, también posee exposiciones sobre fauna y flora marina del Caribe venezolano, embarcaciones y manifestaciones de la pesca local —incluyendo la de perlas—, así como programas de educación ambiental para escolares. También es conocido por su estudios sobre biodiversidad y la producción de conocimiento científico.
La caída drástica del turismo acabó casi por completo con sus ingresos. Después de recibir un promedio de 85 000 visitantes al año, el museo debió realizar un cierre técnico en 2016. Una campaña de donaciones logró que abriera de nuevo aunque la situación no ha mejorado.
En 2019 solo recibieron 8000 visitantes y la mayoría fueron turistas colombianos llevados por una operadora turística que se enlazó con el museo gracias a una alianza con la Cámara de Turismo del estado insular de Nueva Esparta. “El personal se redujo de 30 a 11 personas, no tenemos exposiciones nuevas y hemos tenido que paralizar la construcción de una de las salas y la nueva área administrativa”, revela Rodríguez.
El sentido de pertenencia de los trabajadores es lo que explica que el museo siga funcionando y que todavía sorprenda a sus visitantes por su calidad, limpieza y su buena gestión, dice el biólogo. “A pesar de que no están recibiendo un pago justo porque la institución no tiene recursos, entienden la importancia de tener un museo allí, que fue creado en homenaje al apoyo que le dieron los pescadores artesanales durante medio siglo al doctor Cervigón”.
Esta identidad los ha llevado a trabajar un 25 de diciembre o a que la coordinadora del programa educativo siga laborando a pesar que dejó de percibir su salario tras salir por reducción de personal. La colaboración de una aerolínea y de una importante empresa de alimentos les permite funcionar y no cerrar definitivamente. Pero no es suficiente.
La heroicidad de los trabajadores se mantiene durante el confinamiento y asisten a las instalaciones para cuidar lo que hay en el museo, aunque permanecen cerrados al público. Rodríguez se mantiene pesimista sobre el futuro financiero de la organización pues, desde antes de la cuarentena, habían solicitado un subsidio para superar las pérdidas que ha dejado la ausencia de turistas debido a la crisis económica. “Si se mantiene la escasez de combustible parece muy difícil que los pocos turistas que vengan a la isla se desplacen hasta donde estamos”, recalca.
Esta energía de voluntariado mueve también a Enrique García en Maracay, quien creó la iniciativa Sembramos Todos para promover la protección del Parque Nacional Henri Pittier mediante denuncias ambientales y actividades de reforestación.
Aunque sus voluntarios pasaron de 300 a solo 75 en el último año, desde 2011 han recibido aportes en criptomonedas para continuar sus actividades. Sus alianzas con una radio local, con un programa de estudiantes de inglés y con el Museo del Instituto de Zoología Agrícola han sido esenciales para seguir adelante.
A pesar de que perdieron dos viveros con casi 1000 árboles por la escasez de agua, entre sus logros está la respuesta institucional ante sus denuncias sobre invasiones y daños a árboles. “Ya la cuenta de la Alcaldía ha dejado de bloquearnos en Twitter”.
Las ONG mantienen una relación tensa con el gobierno desde 2006 cuando inició un cambio legislativo que llevó a mayores controles y regulaciones para la recepción de fondos. Además, están siendo criminalizadas públicamente por su labor, acusadas de trabajar para intereses extranjeros. Como el resto de activistas, Enrique García no solo revela un retraso de tres meses en sus actividades debido a la cuarentena sino la dificultad de reiniciar por la escasez de agua y combustible; circunstancias que existían antes pero que, según dice, podrían continuar y acentuarse después de la pandemia.
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Bosque, artesanía y dólares
Desde 1992 la Fundación Tierra Viva ejecuta programas vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen el comercio justo de artesanías elaboradas por mujeres indígenas de las etnias warao, wayuu y ye´kwana, y el funcionamiento de un Centro de Documentación en Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, una región principalmente indígena donde el río Orinoco desemboca en el mar Caribe.
En el céntrico estado Carabobo la ONG posee otros dos programas: la producción comunitaria de cacao orgánico por medio de prácticas agroforestales y ecoturísticas para proteger la cuenca del río Canoabo, y una red ciudadana de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Valencia.
Su gerente general, el biólogo Alejandro Luy, explica los escollos de recibir aportes financieros de sedes locales de empresas transnacionales y agencias internacionales de cooperación. “Siempre hemos acudido a los distintos mecanismos de control cambiario del Estado, esto hizo que cuando hubo grandes diferencias entre el valor del dólar paralelo y el oficial, recibiéramos muchos menos bolívares para la ejecución de proyectos”. La diferencia durante 2018 fue abismal: el dólar paralelo valía 21 veces más que el dólar a la tasa oficial.
En mayo de 2019 hubo un cambio sorpresivo, se anunció un mecanismo de “flotación controlada” que desde entonces permite a bancos privados y casas de cambio comercializar dólares en efectivo hasta un límite de 500 dólares diarios por persona. Esto complicó el panorama. Tierra Viva no tenía efectivo sino fondos en cuentas extranjeras, por lo que vivieron meses de incertidumbre. Tuvieron que acudir a proveedores extranjeros para cubrir algunas necesidades hasta que lograron encontrar un banco que pudiera hacer estas operaciones localmente.
“La hiperinflación nos ha obligado a ser mucho más eficientes, a que nuestras actividades sean más concentradas: lo que hacíamos en varias semanas ahora lo hacemos en una sola para reducir gastos, pero aún enfrentamos la escasez de repuestos para los vehículos o el aumento de alquileres, ahora tasado en dólares”, admite el científico.
Una dolarización se ha instalado durante el último año en Venezuela, especialmente después del apagón de marzo de 2019, pero también por la creciente devaluación del bolívar. Para finales de enero de 2020, toda la masa monetaria en bolívares equivalía a 685 millones de dólares, menos del 1 % del PIB de 2019. Sin embargo, las consultoras EcoAnalítica y Datanálisis calculan que en el país circulan entre 2500 y 3000 millones de dólares en efectivo, no solamente por actividades ilegales sino también por el uso de ahorros de quienes aprovecharon para comprar efectivo durante los años de enormes subsidios al valor del dólar.
Un estudio reciente encontró que 64 % de las transacciones de compra y venta en Venezuela se realizan en dólares y que superan el 90 % en Maracaibo y San Cristóbal, ciudades fronterizas con Colombia.
“Hemos hecho un esfuerzo por preservar el salario de nuestro personal, que sean unos ingresos que les permitan dedicarse plenamente a su trabajo, incluyendo la contratación de pólizas de seguro en moneda extranjera por los riesgos que corren”, revela Luy.
En años anteriores, Tierra Viva dio permisos a sus colaboradores para ausentarse del trabajo para comprar alimentos a precios regulados o incluso entregárselos directamente para complementar su dieta. Aún hoy permiten que se vayan a casa antes de las cinco de la tarde, por la imposibilidad de conseguir transporte público después de ese horario.
“Hemos usado los vehículos de la Fundación para buscar agua para las familias del personal” detalla Luy. Por otra parte, la escasez generalizada de agua en el país llevó a que esta ONG creara nuevas actividades relacionadas al COVID-19 en las comunidades donde trabaja, después de dos meses de cumplimiento de restricciones por la cuarentena. Tuvieron que sustituir talleres formativos con salidas de campo por la difusión de materiales divulgativos que les exigieron muchas horas de redacción y diseño.
Una situación similar vive la ONG PhyNatura, que desarrolla programas de agroforestería para la preservación del bosque y la fauna terrestre y marina en la cuenca del río Caura, en el estado Bolívar. PhyNatura establece Acuerdos de Conservación con comunidades afrovenezolanas, indígenas y criollas para preservar 148 000 hectáreas de selvas, en las que se encuentran 724 especies de aves y 1179 especies de árboles. “Hemos convencido a los cooperantes internacionales para usar nuestras cuentas en el extranjero”, dice su director Luis Jiménez.
La ONG tuvo que cambiar la frecuencia con la que cambian dólares por bolívares. Pasaron de hacerlo cada dos meses a cada semana para buscar la mejor tasa del fluctuante mercado cambiario. También dolarizaron las estructuras de precios y costos en la comercialización de artesanías indígenas.
La llegada del COVID-19, junto a la aguda escasez de combustibles que se extendió hasta principios de junio, casi paralizó a la ONG. La crisis también ha afectado a sus aliados, algunas comunidades continúan cumpliendo sus acciones de conservación pero la escasez de alimentos en la zona hizo que aumentara la agricultura de subsistencia y con ello la deforestación de algunas áreas.
La migración de sus especialistas a otros países también ha sido un golpe bajo. “Costó psicológica y económicamente sustituirlos, en especial se afecta la formulación de nuevas propuestas o escalar las que ya tenemos. Los que se quedan han asumido dobles funciones, según sus capacidades. En casos excepcionales continúan colaborando o trabajando remotamente, sin asistir a campo”, explica Jiménez.
La poca y casi nula capacidad y presencia de los guardaparques, especialistas del Instituto Nacional de Parques y del Ministerio de Ecosocialismo, también los ha puesto en aprietos. PhyNatura ha empujado la creación de una gobernanza alternativa con las comunidades y colegas en el exterior para actuar ante las amenazas de las mafias que dominan la extracción ilegal de oro dentro y cerca de áreas protegidas.
“Para desarrollar capacidades en las comunidades hemos tenido que reorientar recursos para contratar asesores privados con agendas muy ocupadas, lo que también alarga los tiempos de ejecución”, lamenta Jiménez.
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Alianzas clave
Las ONG consultadas revelaron que compartir recursos, personal y objetivos entre ellas las ha ayudado a sobrevivir en medio de la emergencia humanitaria.
Para el biólogo y educador ambiental Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador de la organización Clima 21 Ambiente y Derechos Humanos, esta ha sido una de sus estrategias más usadas, la cual se suma, según dice, a la terquedad: “estamos aquí porque queremos, porque nos da la gana, porque es nuestro derecho y nuestra obligación moral, así que mucho de lo que se hace es por voluntariado”.
Junto a Tierra Viva y Todos Por El Futuro crearon las bases para la documentación, comunicación y articulación de esfuerzos de la sociedad civil en cuanto a derechos ambientales en Venezuela, incluyendo dos informes sobre la situación de acceso al agua y los impactos del Arco Minero del Orinoco. A pesar de este logro, tuvieron que paralizar dos de sus proyectos principales, incluido uno de participación juvenil en cuatro ciudades.
El comunicador social Gustavo Carrasquel Parra, al frente de la ONG Azul Ambientalistas, en el petrolero y fronterizo estado de Zulia, revela que han tenido que reducir a la mitad sus programas EcoEscuela, EcoEmpresa y Bosques Urbanos Comunitarios, con los cuales promueven el reciclaje y la arborización urbana.
“Teníamos programas de sustentabilidad con empresas que nos permitían generar nuestros propios recursos, pero desde 2018 tenemos apenas un puñado que nos dan aportes muy pequeños”, cuenta el activista.
Después de haber perdido biólogos, agrónomos e ingenieros que han migrado del país, también han decidido achicar sus costos, dejando de llevar alimentos y agua a las jornadas sabatinas de recolección de plásticos en dos centros comerciales a orillas del Lago de Maracaibo. Ahora se apoyan en la colaboración de restaurantes del lugar.
Sin importar todos los obstáculos, la labor de Azul Ambientalistas es valorada y por eso Carrasquel Parra viajó al Refugio de Vida Silvestre de Cuare, en el estado Falcón, invitado por operadores turísticos locales que le pidieron su opinión experta sobre las preocupaciones que les genera un canal de navegación que se construyó de forma ilegal en el lugar y que amenaza con alterar toda la dinámica hídrica y ecológica de la zona.
“Las empresas están en modo de supervivencia, tampoco las podemos presionar de más. Son ellas, junto a las ONG, la base de una sociedad que está en resistencia”, dice Carrasquel Parra. Sin poder realizar actividades durante el confinamiento, Azul Ambientalistas aprovechó el tiempo para elaborar un proyecto de senderos ecoturísticos que iniciarán cuando se permitan las actividades al aire libre, lo que les permitirá establecer nuevas alianzas con universidades, empresas y organizaciones. No se rinden.
*Imagen principal: esqueleto de ballena en la entrada del Museo Marino de Margarita. Foto: Museo Marino de Margarita.
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