Pero con la llegada de Empresas Públicas de Medellín (EPM) al territorio, en 2010, muchos pobladores  aseguran que se prohibieron esas actividades, la relación de los cañoneros con el río fue cada vez más distante y dicen que la empresa los desplazó de las playas donde pescaban. “Luego de que los predios se adquirieron, algunos de ellos fueron invadidos por foráneos, desarrollando procesos ilegales de minería y estableciendo ‘cambuches’ (viviendas improvisadas), en la mayoría de los casos, para obtener indemnizaciones que, claramente no aplicaban, pues no eran de la región o no ejercían la actividad productiva de acuerdo con nuestros censos e investigaciones”, puntualiza Robinson Miranda, director ambiental y social del Proyecto Hidroituango, al explicar la razón de los desalojos.

Por otro lado, EPM comenzó las primeras obras para desviar el río Cauca y construir un proyecto que aspira a producir el 17 % de la energía eléctrica de Colombia. Cerca de Chirí y de la casa de Milena Flórez hicieron un túnel para pasar la maquinaria y un puente para llegar a lo que actualmente es el muro de presa.

“Ellos empezaron a dañar los caminos y con las perforaciones, la montaña empezó a ceder y las aguas se profundizaron. Las casas que son hechas de tapia [barro prensado] se empezaron a abrir”, relata la lideresa. Todo esto impulsó a que su esposo, miembro de la junta de acción comunal, le pidiera compensaciones a EPM.

Flórez empezó a vincularse con los reclamos. Su primera acción fue sumarse a una marcha que hubo el 27 de agosto de 2012 en el Valle de Toledo para protestar en contra de la represa. Cuatro años antes de esa movilización, ya habitantes de la zona habían unido fuerzas para crear Ríos Vivos en el norte de Antioquia, con el propósito de defender el territorio de los proyectos mineroenergéticos.

Pero en su casa no veían con buenos ojos que ella perteneciera al movimiento. Su esposo le decía que descuidaba el hogar por estar en la organización. Aunque ella continuó, reconoce que muchas mujeres dejaron Ríos Vivos por la presión de sus parejas, sus hijos o sus vecinos.

Hoy, paradójicamente, el rostro más visible de la asociación en el norte de Antioquia es una mujer: Isabel Cristina Zuleta, una socióloga que nació en el municipio de Ituango. Pero detrás hay un trabajo de más de 15 organizaciones y de personas como Milena Flórez, que actualmente es la vicepresidenta de Ríos Vivos y la presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos del Orejón, Chirí y Buenavista.

Zuleta describe que Flórez llegó a ser la vicepresidenta de la organización en 2019 por formular “preguntas claves” en los debates que sostenían con las autoridades, a la par que se comprometía con otras actividades más sencillas en las movilizaciones, desde cargar la leña hasta estar pendiente de las comidas. “Es de esos liderazgos que se ocupan de lo cotidiano y lo llevan a lo político, y eso se gana los corazones”, dice Zuleta.

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El desplazamiento al Valle de Toledo

Más Ejército y Policía para custodiar el megaproyecto mientras las Farc sembraban minas antipersonales. Según Ríos Vivos, ese era el panorama en el norte de Antioquia en diciembre de 2012. Milena Flórez dice que le tocó enfrentar las intimidaciones de hombres encapuchados, armados y vestidos con los uniformes de una empresa de vigilancia privada y que llegaban a los ríos a sacar a los barequeros (personas que practican minería de subsistencia en bateas) y pescadores. Según cuenta, quienes se oponían empezaron a recibir mensajes de texto con amenazas.

La situación escaló al punto que, en 2015, Milena Flórez prefirió abandonar Chirí y Playa Capitán, una de las zonas de pesca más cercanas a su vereda, para irse al Valle de Toledo —también en el municipio de Toledo— y pescar a 20 minutos de este corregimiento. Se fue con sus dos hijos, mientras que su esposo se quedó en la vereda Chirí, resguardándose de una orden de captura que la Fiscalía General de la Nación tenía en su contra. Lo acusaban de ser miembro del Frente 36 de las Farc, pero nueve meses después comprobaron que los cargos que le atribuían eran falsos.

Una vez en el Valle de Toledo, Flórez vivió del río Cauca con el oro y la pesca. Pero la tranquilidad no duró mucho. A los pocos meses, las amenazas llegaron nuevamente. La Corporación Jurídica Libertad, una organización de Medellín con más de 20 años de experiencia en derechos humanos, reportó diferentes intimidaciones al movimiento Ríos Vivos y el Valle de Toledo ya no fue un lugar seguro.

Un día, cuando estaba en su casa, encontró un papel arrugado, tirado por debajo de la puerta principal junto con un cuchillo pintado de rojo. Sabían cuándo iba a pescar y cuándo volvía. La activista pidió acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección —entidad estatal encargada de implementar medidas de protección para personas y colectivos en peligro—, y a cambio obtuvo un chaleco antibalas, un celular y las rondas ocasionales de la Policía por su casa.

En ese 2015  la fuerza pública desalojó la zona de pesca de Playa Capitán, pues ahora esas tierras pertenecían a EPM. Esta mujer de campo cambió los peces por un bar que creó en el Valle de Toledo, retomó la primaria en el colegio y siguió con Ríos Vivos. “Nos dedicamos a hacer denuncias por el daño a los bosques, al agua, a la migración de especies. Nos dedicamos a defender todo lo que teníamos en el territorio”, dice.

Su liderazgo se hizo más fuerte y siguió ganándose el respeto de los demás defensores de la región. Isabel Zuleta recalca el hecho de que Flórez terminara el colegio en esa etapa de su vida pues esto muestra que es una mujer dedicada y genera confianza en Ríos Vivos.

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La tala del bosque seco tropical

La temporada entre 2015 y 2016 marcó a Milena Flórez no solo por las amenazas anónimas que seguía recibiendo sino porque EPM comenzó la tala del bosque seco tropical de la zona donde se ubicaría Hidroituango. Para construir la presa y preparar el terreno que se iba a inundar, la empresa necesitaba 4140 hectáreas, de las cuales 1839 pertenecían al bosque seco tropical, de acuerdo con la aprobación que le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2009. Esto generó polémica pues el área del proyecto está dentro de la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca, declarada por la Corporación Ambiental Regional de Antioquia (Corantioquia) desde 1996 y a la que le quitaron 11 507 hectáreas en 2010 para dárselas a Hidroituango. Además, según el Instituto Alexander von Humboldt, en Colombia solo queda el 8 % de bosque seco y el cañón del Cauca es el tercer lugar con más hectáreas de este ecosistema en el país.

Por eso, la empresa debía compensar con un territorio cinco veces más grande al que iba a talar. Robinson Miranda, director ambiental y social del proyecto Hidroituango, dice que EPM debía compensar 17 500 hectáreas pero ha adquirido 24 140 hectáreas, es decir, 6000 más de las que estaba obligada por el proyecto.

Por su parte, Isabel Zuleta, presidenta de Ríos Vivos, duda que la empresa ya haya adquirido todas esas tierras pues, en sus recorridos, la organización identificó que solo algunas zonas de los municipios Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Sabanalarga y pequeños lugares de Ituango, Toledo y Briceño sirven para compensación de bosque seco tropical.

Milena Flórez dice que sintieron las afectaciones porque la tala hizo que muchos animales huyeran hacia la parte alta de la cuenca. Recuerda que, por ejemplo, las serpientes que vivían a orillas del río terminaron en los cafetales, mordiendo a los campesinos. En efecto, el desplazamiento de especies era una de las consecuencias esperadas, como lo planteó el biólogo y epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, Walter Zuluaga, en su ponencia ante la ANLA en 2009.

La versión de EPM es que todo fue un “mito urbano”, como lo señala Robinson Miranda, quien sostiene que nada de eso ocurrió y que la fauna se quedó en las áreas de compensación que adquirió la compañía en zonas inmediatamente aledañas al embalse. Aún así, la empresa tiene diferentes convenios con universidades e instituciones para analizar las posibles afectaciones que pudieron presentarse por la construcción del proyecto.

Miranda explica que no se tienen informes concluyentes, pues aún están en etapas de monitoreo en campo y análisis de datos. Organizaciones como el Instituto Alexander von Humboldt y la Pontificia Universidad Javeriana le dijeron a Mongabay Latam que preferían no dar declaraciones por el momento. Son estas entidades las que señalarán los efectos de las contingencias de 2018 y 2019, cuando se taponaron varios túneles y cuando tuvieron que retener durante más de una semana casi todo el caudal del río Cauca.

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El punto de quiebre del Cauca y de Milena

El 28 de abril de 2018 comenzó una pesadilla para EPM y para los habitantes de la región. Se tapó el túnel auxiliar, el único por donde se desviaba el río y que fue construido “para evitar el retraso en la entrada en operación del proyecto”. Era una carrera contra el tiempo: si el río Cauca se seguía represando aguas arriba, y superaba los niveles del embalse que aún no se había terminado, podría destruir la presa y generar olas de más de 20 metros de altura que impactarían hasta el municipio de Caucasia, ubicado a casi 200 km de la presa, afectando a casi 700 000 personas.

La premura disminuyó el 12 mayo, cuando se destapó de forma natural otro de los túneles, construido originalmente para desviar el río pero que se había sellado. La dicha no duró mucho y otra tragedia ocurrió: la fuerza del río causó una avalancha que sepultó de manera descontrolada la playa La Arenera donde Milena Flórez pescaba y el Puente Pescadero, el único que comunicaba a los municipios de Briceño e Ituango.

Mientras la región vivía una crisis por cuenta de los tropiezos de Hidroituango, los defensores ambientales en el territorio vivían una escalada de violencia. Flórez cree que se salvó “de milagro” por no asistir a una reunión de Ríos Vivos. Uno de sus compañeros recibió una llamada y del otro lado de la línea le preguntaban por qué ella no había ido, le pidieron el teléfono de Flórez y su número de identificación. Él se limitó a responder que no tenía ningún dato.

Cuando la activista se enteró, no lo pensó mucho. Sabía de qué se trataba. En  mayo de 2018 asesinaron a dos integrantes del movimiento y en junio saquearon la sede de Ríos Vivos para llevarse gran parte de la documentación que Milena Flórez y los otros líderes habían recopilado durante años. En una noche de agosto la activista ambiental ya no pudo más, empacó lo que pudo y, junto con sus dos hijos y un nuevo esposo, se desplazó una vez más hacia Medellín.

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La transformación del río

Al estar en la capital antioqueña, Milena Flórez no presenció uno de los episodios que más lamentan los pobladores: el día en que uno de los ríos más grandes de Colombia se secó.

El 16 de enero de 2019, EPM detectó un socavón de 18 metros en la casa de máquinas, por donde había tenido que permitir el flujo del río para que la presa no colapsara. La nueva falla técnica hizo que la empresa cerrara las compuertas, pues la resistencia de la estructura era “totalmente incierta”, como lo dijo el entonces gerente de EPM, Jorge Londoño. En la práctica esto implicó que el río Cauca se secara por primera vez en la historia.

Aunque las compuertas abrieron desde febrero de ese mismo año, el Cauca nunca volvió a ser el mismo. “Ya no hay oro y el sedimento ya no está aguas abajo porque lo detiene el muro y, por eso, los pescados no tienen qué comer. Eso cambió el color de las aguas, ya no es el río mono [rubio], como le decíamos, sino el río zarco”, asegura Flórez.

Las consecuencias no se podrán calcular a ciencia cierta por lo menos durante los próximos 10 años, según cuenta Luz Fernanda Jiménez, la bióloga que coordina el convenio de la Universidad de Antioquia con EPM para monitorear la vida de los peces cerca de Hidroituango.

Aun así, algunos efectos son notorios en el río, principalmente la concentración de sedimentos aguas arriba de la presa y la interrupción en la migración de los peces.

Iván Mojica, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y experto en ecología de peces, dice que en las subiendas los peces migratorios alcanzaban a nadar río arriba hasta 1300 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), pero que ahora no podrán hacerlo porque la boca de presa está poco más abajo de los 300 m.s.n.m.

En efecto, Luz Fernanda Jiménez ya ha visto que las especies estacionales como el bocachico (Prochilodus magdalenae), los comelones (Leporinus muyscorum), las picudas (Salminus affinis), el bagre sapo (Pseudopimelodus schultzi), los jetudos o patalós (Ichthyoelephas longirostris) y las doradas (Brycon moorei) llegan a la presa y se quedan ahí. No pueden avanzar más.

Además, el profesor Mojica cree que cuando Hidroituango regule el caudal del Cauca, es decir, cuando la presa ya pueda almacenar agua en temporadas lluviosas y liberar parte de ella para generar energía, afectará los niveles naturales de agua que tiene el complejo cenagoso de La Mojana y la depresión momposina —en el Caribe colombiano—. Las especies estacionales van allá a tener sus crías y estas zonas producen gran parte de la pesca del río Magdalena, que recibe del río Cauca el 40 % de su caudal final.

Mojica dice que uno de los mayores problemas es la “posición de la presa respecto a la cuenca del río”, pues se ubica en un punto tan bajo que el único afluente importante que nutre al Cauca después del muro es el Nechí, un río cuyos flujos ya están afectados con otras tres hidroeléctricas de EPM y que, además, está contaminado con el níquel y el mercurio de la minería y con los desechos del área metropolitana de Medellín.

Esta combinación sería la tormenta perfecta en contra de los peces de la zona, sobre los que ya se han notado hechos inusuales. Jiménez asegura que entre julio y noviembre de 2019 hubo una gran mortandad de bagres rayados del Magdalena que aparecieron con el vientre naranja, aunque los expertos todavía no se explican por qué sucedió. Esta es una especie endémica en peligro crítico de extinción según el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de 2012 pero muy apetecida por los pescadores.

A comienzos de agosto de este año, personas a más de 400 kilómetros de la represa hicieron una protesta por el río y señalaron a Hidroituango como el responsable de la sequía del Cauca y el Magdalena. Además, en 2018 la ANLA le impuso a la empresa 17 limitaciones ambientales encaminadas principalmente a suspender la construcción del proyecto y atender solo la emergencia, y posteriormente la sancionó con una multa de más de 1700 millones de pesos (cerca de 455 000 dólares) por haber construido uno de los túneles sin su autorización.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Contraloría están indagando sobre el proyecto en diferentes investigaciones, que van desde presuntas irregularidades en la contratación de la obra hasta las posibles afectaciones al medio ambiente a causa de las fallas en los túneles.

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Del Valle de Toledo al activismo en Europa

Que cerraron las compuertas, que el río se secó, que muchos peces murieron. Milena Flórez supo de todo esto cuando estaba en Medellín, pues las amenazas persistían aunque las autoridades no han señalado a un responsable. En 2019, Colombia fue el país donde más defensores ambientales y de la tierra asesinaron, con un total de 64 homicidios, según el más reciente informe de Global Witness.

El exrelator especial de la ONU, Michel Forst, aseguró que, después del proceso de paz con las Farc, quienes corren más riesgo son los líderes sociales, comunitarios y de sustitución de cultivos. Además, Antioquia es uno de los departamentos con más líderes amenazados, según la ONG colombiana Somos Defensores.

Flórez cumple todos los requisitos de riesgo pues además de pertenecer a Ríos Vivos, lidera la organización de base Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, que presta asistencia técnica al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito del proceso de paz que se implementa en 10 veredas de Briceño, incluida la vereda Chirí.

Medellín parecía la mejor opción para ella hasta que se presentó al Programa Catalán de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que la seleccionó, junto con otros dos líderes en el 2019, para ir a Barcelona.

Los seis meses de exilio los dedicó al activismo. Se reunió con la Generalitat catalana, fue a los ayuntamientos, gestionó reuniones con organizaciones internacionales de derechos humanos, con el Parlamento Europeo y con bancos que prestaron dinero a Hidroituango, como el BBVA. Su discurso no cambiaba, su objetivo era convencerlos de que no apoyaran a la hidroeléctrica y contar la difícil situación que han vivido las comunidades en el territorio.

Contrario a lo que ocurría hace ocho años, esta vez era ella quien iba de reunión en reunión, mientras su esposo atendía la casa o la acompañaba a las citas. Por primera vez se sentía segura caminando por las calles, le impresionaba lo accesibles que eran ciertos políticos en Europa y disfrutaba de comodidades como tener internet todo el día. Sin embargo, todo el tiempo añoraba su Valle de Toledo. “Montañero no pega en pueblo”, dice para explicar por qué siempre quiere volver al territorio.

Y volvió. El 3 febrero de 2020, Milena Flórez y su familia ya estaban de vuelta en el cañón del Cauca, en su Valle de Toledo, justo antes de que la mayoría de los aeropuertos del mundo cerraran por la pandemia del COVID-19.

El coronavirus trajo nuevos retos a la región, especialmente porque la mayoría de los casos se concentran en trabajadores dentro de Hidroituango y las restricciones de la cuarentena se sumaron a la imposibilidad de pescar o barequear en un río que antes era rico en recursos. Milena asegura que las amenazas disminuyeron durante la cuarentena y que por ahora está tranquila. Pero no sabe cuánto tiempo durará esa dicha, y como no todo es felicidad, lo que más le duele es ver cómo las aguas de su “río mono” son cada vez más claras.

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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso.

*Imagen principal: Milena Flórez, presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) y vicepresidenta de Ríos Vivos. Foto: Milena Flórez.