- Un año después de que se iniciara el proceso de erosión regresiva que desapareció la cascada de San Rafael, el Estado ecuatoriano no ha logrado implementar un plan de remediación integral.
- El Ministerio de Ambiente aún no reconoce la contaminación y el sistema de justicia criminaliza a los defensores de derechos humanos que piden reparación.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora de Ecuador.
El pasado miércoles 7 de abril se cumplió un año del peor derrame petrolero de los últimos 15 años en Ecuador. Esa mañana, delegados de más de 100 comunidades kichwa afectadas por la contaminación del río Coca, que se extendió a los ríos Napo, Aguarico y otros afluentes protestaron en la ciudad de Francisco de Orellana contra el Consejo de la Judicatura de Orellana y contra la Fiscalía Provincial de Orellana para exigir justicia y reparación por los daños causados. Con el proceso de erosión regresiva sobre el río Coca se rompieron las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Poliducto Shushufindi–Quito, operados por EP Petroecuador, y las del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), operado por la empresa OCP Ecuador S.A.
Desde muy temprano, cientos de indígenas llegaron a la ciudad, provenientes de todas las provincias amazónicas, para respaldar las peticiones de los kichwa. Wilson Salazar, un agricultor kichwa de la comunidad de Amarun Mesa, hizo dos viajes de ida y vuelta en el río Napo a bordo de una canoa que le prestaron para transportar a 30 personas —casi todos parte de su familia— para que se juntaran a la marcha. “Yo anteayer perdí mi canoa”, contó Salazar. Un deslizamiento de tierra a la orilla del poblado enterró su barca. Eso a él le significa una pérdida de alrededor de 3500 dólares que no logrará recuperar en mucho tiempo con lo que obtiene de la siembra de yuca, plátano o maíz, que además se han visto afectados por el agua contaminada con petróleo. “Para un campesino eso es caro”.
Al navegar por el río Napo son visibles los cortes en la tierra, que convierten sus orillas en enormes despeñaderos y revelan los recientes desprendimientos de tierra. Los kichwa los atribuyen al incremento de caudales del río Coca debido a la erosión que se está generando aguas arriba. El último en este sector se registró el viernes 2 de abril. Salazar se pone de pie junto al motor y mira a lo lejos: al frente de su poblado se ha formado una isla por los constantes deslizamientos. Ahora sus habitantes deben replegarse conforme la tierra se va hundiendo y, poco a poco, la extensa comuna de Amarun Mesa se va volviendo más pequeña.
Kléver Jumbo, catequista de la Iglesia Católica y miembro de la comuna kichwa de Martinica, en el cantón Aguarico, recordó que los delfines rosados que frecuentaban las aguas de los ríos Napo y Aguarico se alejaron cuando se rompieron los oleoductos. En su comuna, el turismo de naturaleza para ver a los delfines de río ha sido una de las principales fuentes de ingreso para sus 172 miembros. Sin embargo, el petróleo derramado y la pandemia por el COVID-19 han aniquilado cualquier posibilidad de reactivación económica para estas familias indígenas. “La tierra como que respira y en ese respiro, sale el petróleo y se queda la mancha ahí. ¡Usted lo ve!”, comentó.
Jumbo aseguró que durante el año posterior al derrame, las autoridades del Estado no han atendido las afectaciones de esta contaminación y que lo que hacen, más bien, es privilegiar a las empresas. “Decir que han remediado el río es una mentira”.
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Un ministerio sin información
A pesar de que abundan los testimonios abundan sobre los daños ambientales y que, según dicen los habitantes de la zona, estos se pueden verificar a simple vista, la subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), Rosa Fonseca, dice que esa institución no puede determinar si el derrame ha afectado a los ecosistemas amazónicos. “No podemos llamar daño ambiental porque eso lo hace un juez”, explicó con insistencia en una entrevista telefónica. Y añadió: “Además, tenemos ya un fallo del juez”.
Fonseca se refirió a la sentencia del juez multicompetente Jaime Rodrigo Oña Mayorga, quien el 1 de septiembre del 2020 negó en primera instancia la demanda de acción de protección que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador solicitó para proteger a las víctimas del derrame. Con este fallo, según varios de los abogados de las comunidades, Oña negó que existieran violaciones de derechos sin siquiera observar las pruebas y testimonios presentados por las personas afectadas. En segunda instancia, el 23 de marzo del 2021, la Corte de Orellana ratificó ese primer fallo sin haber concedido audiencia a los representantes de las organizaciones.
Y para sorpresa del equipo de defensores, luego de estas decisiones, el juez Oña interpuso una denuncia por el presunto delito de instigación en contra de cinco abogados y de Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae).
“Nosotros lo vimos como una manera de intentar silenciarnos”, dice Luisa María Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), organización que forma parte de la Alianza. La abogada cree que se está incurriendo en una práctica de abuso del derecho penal, con el propósito de evitar la defensa de las cientos de víctimas y con el afán de acallar a defensores y defensoras.
La notificación de la Fiscalía llegó el pasado 19 de marzo del 2021. En el documento, se solicitó que las seis personas rindieran declaraciones el miércoles 7 de abril, justo cuando se cumplió un año del derrame. La razón que esgrimió el juez fue que “dentro de la audiencia existieron intervenciones subidas de tono de los abogados defensores”.
Por su parte, los defensores que auspician legalmente a las comunidades amazónicas, aseguran que han sido víctimas de hostigamiento e intentos de silenciamiento por parte del sistema de justicia en ocasiones anteriores. “Esto no es algo nuevo —explica Villacís—, más bien es una manera con la que se ha intentado silenciar y perseguir a la gente para que no sigan defendiendo sus derechos”.
Sin embargo, Rosa Fonseca, la funcionaria del MAAE, no estaba al tanto de estos detalles cuando atendió la entrevista. Ella es parte del equipo del ministro de Ambiente, Marcelo Mata, quien asumió el cargo el pasado 16 de marzo. Fonseca aseguró que una de las primeras acciones de su administración, el 3 de abril, fue solicitar a OCP y Petroecuador, que remitan un informe técnico sobre lo que han hecho durante este año para remediar los daños provocados, pues aseguró que “hay más de 50 denuncias” sobre el derrame de 15 800 barriles de petróleo. El plazo para que estas instituciones entreguen ese informe vence el próximo 23 de abril. “No hay conformidad con el trabajo que está haciendo Petroecuador”, reveló Fonseca.
Además, la funcionaria reconoció que el MAAE no tiene manera de cuantificar los daños ambientales ocasionados por el derrame. Según la información de la anterior administración, el Ministerio ha realizado 62 inspecciones diarias y luego otras 117 inspecciones en períodos menos frecuentes. La última visita se habría hecho entre el 8 y el 11 de marzo del 2021. Aun así, no disponen de informes públicos sobre estos procedimientos.
Por su parte, la compañía OCP aseguró que se han invertido más de 35 millones de dólares para los trabajos de remediación ambiental y compensación social junto a EP Petroecuador. “Se tomaron muestras de agua y suelo al inicio de la remediación y al final de la misma, en acompañamiento del MAAE y las comunidades y para su análisis se contó con un laboratorio acreditado por la autoridad ambiental. Estas muestras deben cumplir con parámetros definidos en la normativa legal ambiental vigente”. La compañía asegura que los resultados obtenidos están en manos de la autoridad ambiental pero que “es importante destacar que las comunidades hoy en día utilizan agua de vertientes que no son el Río Coca y Napo dada su contaminación por aguas servidas, esto ha sido reiterado por estudios de SENAGUA desde el 2012”.
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¿El derecho a perseguir?
Luego de reunirse en la sede de la Fcunae, los delegados de 105 comunas indígenas amazónicas marcharon junto a sus abogados y abogadas defensores para protestar contra el Estado y exigir justicia y reparación. Pero también para rechazar lo que ellos consideran como el uso indebido del derecho penal pues, aseguran, ha sido utilizado para perseguir y hostigar.
“¡Fiscal Oscar Franco [Chasiguasin], baje! Aquí en la puerta hay más de 400 personas queriendo rendir versión, queriendo decirle que llevamos un año pidiendo justicia, verdad y reparación. Que llevamos un año esperando que la justicia le cumpla a las 27 000 personas indígenas obligadas a consumir agua con petróleo. ¡Fiscal, baje e invierta adecuadamente su tiempo!”.
Estas fueron las palabras que usó Lina María Espinosa, coordinadora legal de la organización Amazon Frontlines, para iniciar la protesta frente al edificio de la Fiscalía Provincial de Orellana. Espinosa se dirigió así al fiscal que convocó a los cinco abogados de la Alianza para que rindieran sus declaraciones en la investigación solicitada por el juez Oña. Pero el fiscal Chasiguasin no se encontraba en las oficinas. Ante la presión de los manifestantes, en su lugar bajó el fiscal Pío Palacios, quien anunció que la investigación es “de carácter reservado” y que Chasiguasin “está ausente porque tuvo otra diligencia”.
Espinosa declaró a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que, luego de que en las dos primeras instancias se les negara la medida de acción de protección para los 27 000 indígenas kichwas afectados, acudirán a la Corte Constitucional esperando que la máxima instancia judicial nacional se pronuncie sobre la presunta falta de argumentos para sostener sus fallos negativos en las dos instancias previas. “Un año después la gente sigue movilizada. Sigue sin agua, condenada a la enfermedad y a la falta de alimentación pero con la dignidad intacta”, añadió.
La denuncia interpuesta por el juez Oña fue calificada como “temeraria o maliciosa” por las organizaciones que constituyen la Alianza pues, de acuerdo con los abogados, representa un intento más de criminalizar y perseguir la labor de los defensores. “En efecto, hay cifras crecientes y alarmantes que generan mayores riesgos para la labor que hacemos y que es fundamental para la democracia”, dice Espinosa.
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El avance de la erosión
Durante este año, la erosión regresiva que se inició el 2 de febrero del 2020, cuando desapareció la cascada de San Rafael, ha avanzado 8,7 kilómetros. Al cierre de esta publicación, se encuentra a 10,5 kilómetros de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, la más grande del país, que aporta el 30 % de la energía a escala nacional con 1500 MW de potencia.
Edison Heredia, de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), explica que, hasta el 8 de abril de 2021, se habían construido seis diques rellenos de concreto para reducir la velocidad de la corriente y disminuir la capacidad erosiva del río Coca. Estas son obras temporales, aclaró Heredia, líder de la Subcomisión de Estudios y Diseño de la Comisión Ejecutora Río Coca, y por eso —dijo— requieren de constantes reparaciones. “El avance de la erosión no se puede detener con obras”, explicó.
Los técnicos de la Celec reconocen que el proceso de erosión modifica constantemente la morfología de la zona. Un funcionario de la entidad aseguró que “han asomado nuevas playas” y que “los cultivos desaparecieron”. Aguas abajo del puente Ventana 2, junto a la población de San Luis, se ha hecho una ampliación del cauce para controlar la erosión. Ahí es donde, un año después, se encuentran trabajando los equipos de Celec.
La erosión regresiva avanzó rápidamente durante los primeros meses de 2020 debido a que el material que se ubicaba en la zona de la cascada era muy erosionable. Pero, según Heredia, el proceso lleva detenido más de 200 días, pues el frente actual de la erosión cuenta con materiales “de una resistencia intermedia, mayor que la de los primeros meses”.
Celec y un equipo de la consultora suiza Lombardi se encuentran revisando los estudios de los diseños definitivos de una obra que consiste en inyectar hormigón debajo del suelo del río para construir una estructura en forma de gradas, que permita controlar el descenso de las aguas mediante 14 saltos de 5 metros cada uno. Sin embargo, el cronograma estipula que la obra estará terminada solo dentro de 23 meses desde la concesión del contrato y aún se estudia la posibilidad de tener un sistema de alerta temprana por si en un futuro el caudal aumenta.
*Imagen principal: Los indígenas kichwa protestaron el 7 de abril de 2021 porque ha pasado un año desde el derrrame de más de 15000 galones de petróleo y aseguran que no se ha reparado adecuadamente el daño ambiental y social. Foto: Diego Cazar Baquero.
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