- Inversiones La Oroza, la polémica empresa forestal peruana a la que se le prohibió exportar madera a Estados Unidos, conserva a sus leales compradores en México. Los hermanos Ceballos Gallardo —dueños de un gran emporio maderero— mantienen activos sus negocios con esa compañía pese a que, en 2015, ésta les vendió madera amazónica que tenía un origen ilegal.
- Otros madereros mexicanos prefirieron cambiar a una exportadora que tiene como socio al tío político de Luis Ángel Ascencio Jurado, accionista principal de La Oroza. Y otros más son clientes de Miremi, empresa ligada a Inversiones WCA, otra compañía peruana vetada en Estados Unidos.
Rumococha es un pequeño poblado en la periferia de Iquitos, ciudad que se distingue por su comercio de madera amazónica del Perú. Los hermanos José Ernesto y José Sebastián Ceballos Gallardo, empresarios mexicanos y madereros de toda la vida, eligieron el nombre de esa comunidad para bautizar a una de las tantas compañías que han creado.
Los Ceballos Gallardo tienen una estrecha y larga relación con el Perú: en 2005, se asociaron con un empresario peruano Charles Ginhoven Holder para fundar, en Iquitos, Maderera Industrial Rumococha (MIRSA), una importadora, exportadora y comercializadora de madera que se mantuvo abierta durante una década y que funcionó hasta mediados de 2015.
Pero a pesar de tener su propia exportadora de madera en Perú, los Ceballos no la utilizaron para enviar madera a México. Por lo menos no lo hicieron desde 2012, de acuerdo con los registros de exportaciones consultados. Ellos prefirieron hacer negocios con una compañía también creada en Iquitos en 2004: Inversiones La Oroza, polémica empresa peruana que ha sido señalada de comercializar madera ilegal de la Amazonía.
En 2015, una investigación de las autoridades peruanas —y que partió de una de las más grandes incautaciones de madera en ese país, bautizada como Operación Amazonas— permitió conocer que La Oroza exportó a México y Estados Unidos madera que tenía un origen ilegal.
Dos años más tarde, en 2017, el Representante Comercial del gobierno federal de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) prohibió las importaciones de La Oroza durante tres años, sanción que después se extendió hasta 2023, por no existir garantías de que la empresa peruana cumple con los requerimientos legales necesarios para cosechar y comercializar productos de madera. (Ver Se debilita el trazo de la madera en la Amazonía peruana, otro capítulo de esta investigación periodística).
Además, en Perú, La Oroza ha recibido otras sanciones por violar la ley forestal, y como la justicia ha tardado en fallar en los casos que la involucran, esta empresa ha podido expandir su operación con nuevas concesiones.
A partir de que fue vetada en Estados Unidos, La Oroza concentra sus exportaciones en México y República Dominicana.
En el caso de México, desde 2017, dos empresas concentran los embarques de madera amazónica que envía La Oroza al país: CG Grupo Forestal, que tiene como accionista principal a José Ernesto Ceballos Gallardo, y CG Universal Wood, cuyo socio mayoritario es José Sebastián Ceballos Gallardo.
Desde 2017 y hasta 2020, estas dos empresas mexicanas han importado, al menos, 5,254 toneladas de madera de La Oroza, con un valor de poco más de 4,8 millones de dólares, de acuerdo con la información de la base de datos comercial Panjiva.
Buena parte de esa madera importada se obtiene de un árbol que en Perú se conoce como cumala (Virola spp), pero que en México se comercializa con el nombre de banak. Al tener una apariencia que recuerda a la caoba, la madera de cumala o banak es utilizada, sobre todo, para fabricar muebles.
Una familia que colecciona empresas
En 2005, cuando los hermanos Ceballos Gallardo abrieron MIRSA en Perú, ya tenían una larga trayectoria en la comercialización de madera en México. Su padre, José Ernesto Ceballos Sobrino, fue maderero desde la década de los setenta.
Esta familia también ha incursionado en el negocio inmobiliario, sector en el que no tienen buen historial. El 19 de septiembre de 2017, el edificio Residencial San José en Ciudad de México no resistió un sismo magnitud 7.1, tras el cual parte de su estructura colapsó. Dos mujeres fallecieron. El edificio en la colonia Portales tenía solamente ocho meses de haber sido estrenado. La empresa que lo construyó fue Canada Building Systems de México, que tenía como accionistas a José Ernesto Ceballos Sobrino y a su hijo José Arturo Ceballos Gallardo, como lo investigó en su momento MCCI. Hasta mayo de 2021 seguía el proceso legal por este caso, sin que existieran sancionados.
Los hijos mayores de Ceballos Sobrino, a juzgar por sus empresas, se concentran en la comercialización de madera. Sebastián está al frente del Grupo CG Maderas y Ernesto dirige el Grupo Cebra.
Sebastián Ceballos —el mayor de los hermanos— ha sido accionista de, por lo menos, 14 compañías, diez de las cuales fueron liquidadas entre 2010 y 2014. Hasta principios de 2021 cinco seguían activas: una de ellas es CG Universal Wood, la empresa que sigue importando madera de Inversiones La Oroza.
Ernesto Ceballos también acumula empresas desde la década de los noventa. Hasta marzo de 2021, era accionista de 12 compañías, la mayoría localizadas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, e integradas en el Grupo Cebra.
Los negocios de José Ernesto Ceballos Gallardo no solo se concentran en México. En 2006, junto con el estadounidense Kenneth Peabody creó Global Plywood and Lumber, en Las Vegas, Nevada, compañía que durante varios años importó a Estados Unidos madera amazónica que compró a La Oroza.
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Ignorar la historia de un barco
Los hermanos Ceballos Gallardo importan madera a México de China, Uruguay, Chile, Brasil, Indonesia, Malasia y Perú, entre otros.
En el caso de Perú, su principal proveedor es Inversiones La Oroza: entre 2017 y 2020, CG Grupo Forestal y CG Universal Wood le compraron, cada una de ellas, madera amazónica con un valor de 2,4 millones de dólares, de acuerdo con los datos consultados en Panjiva.
Los empresarios mexicanos siguen siendo leales a Inversiones La Oroza, pese a la historia que dejó al descubierto el barco Yacu Kallpa.
En 2015, autoridades peruanas hicieron un rastreo de la madera que esa embarcación movió en los viajes que realizó a Estados Unidos, México y República Dominicana y demostraron que el dueño de la mayor cantidad de madera de origen ilegal que transportó el Yacu Kallpa era La Oroza.
En Estados Unidos, una de las empresas que recibía la madera de La Oroza era justamente Global Plywood and Lumber, perteneciente al mexicano José Ernesto Ceballos Gallardo y al estadounidense Kenneth Peabody.
En México, las compañías de los hermanos Ceballos son las que compraron el mayor porcentaje de la madera que La Oroza movió en el Yacu Kallpa.
El último viaje que realizó este barco terminó en enero de 2016 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en el Golfo de México. La madera que transportaba fue inmovilizada, después de que las autoridades peruanas alertaron que la mayoría de la carga era ilegal.
En ese entonces, los Ceballos y otros empresarios miembros de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (Imexfort) realizaron diversas acciones para que, en octubre de 2016, el gobierno mexicano liberara la madera, como se documentó en una investigación periodística publicada por Ojo Público, W Radio y Connectas.
El 14 de enero de 2016, doce días antes de que el Yacu Kallpa arribara al puerto de Tampico —cuando ya se había lanzado la alerta de que transportaba madera de origen ilegal—, José Ernesto Ceballos Gallardo y su hijo Ernesto Ceballos Ramos se encontraban en Perú. Ahí se reunieron con uno de los funcionarios que participó en la Operación Amazonas y que documentó el origen ilegal de la madera: el entonces presidente ejecutivo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), Rolando Navarro.
Cinco años después, y en entrevista para esta investigación, Navarro habla sobre esa reunión con los Ceballos. “Ellos llegaron como a las 16:30 horas. Ernesto (Ceballos Gallardo) me dijo que era empresario mexicano, que hace muchos años trabajaba en Perú, llevando cedro, caoba y que nunca había tenido problemas… Insistieron en que llevaban años trabajando en Loreto”.
Navarro recuerda que, por momentos, la conversación fue tensa. “En algún momento le dije a Ceballos: ‘tú, como empresario que vienes al país y quieres invertir, te preocuparías de que una institución como Osinfor te está advirtiendo que la madera que estás comprando tiene situación ilícita’… Le dijimos: ‘estás comprando un producto ilegal, porque ese producto puede estar viniendo de un área natural protegida o de un territorio de comunidades nativas’. Él me respondió: ‘Tenemos que encontrar una salida’”.
La reunión terminó de forma abrupta cuando Ernesto Ceballos Gallardo miró su teléfono, leyó un mensaje que recibió, sonrió y dijo: “Es todo, nos vamos”. Después de que los Ceballos dejaron su oficina, Navarro recibió la noticia de que el entonces gobierno de Ollanta Humala había tomado la decisión de retirarlo de su puesto como presidente de Osinfor.
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Tiempo de nuevas empresas
Esta alianza periodística solicitó entrevista a los hermanos Ceballos para conocer, entre otras cosas, cómo garantizan que la madera amazónica que siguen importando a través de Inversiones La Oroza tiene un origen legal. El único que contestó fue Ernesto Ceballos Gallardo.
En un correo electrónico, el maderero mexicano envió una breve respuesta: “por falta de certeza jurídica por parte de las autoridades forestales del Perú, la empresa dejó de importar madera peruana”. Los datos que se presentan en esta investigación muestran que no es así: su empresa y la de su hermano siguen importando madera del Perú y lo hacen a través de La Oroza, de acuerdo con las bases de datos de Panjiva y Veritrade.
Incluso, en las bases de datos sobre las revisiones que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó a embarques de madera cuyo país de origen es Perú, se encontró que las empresas CG Grupo Forestal y CG Universal Wood sí han importado madera peruana entre 2017 y 2020. Pese a que se le insistió y se le enviaron preguntas, Ernesto Ceballos no contestó más.
A partir de que en Perú y Estados Unidos comenzaron las investigaciones sobre la madera ilegal detectada en el Yacu Kallpa, los Ceballos cerraron algunas de sus empresas y abrieron nuevas.
A mediados de 2015, Ernesto y Sebastián Ceballos Gallardo aprobaron la disolución y liquidación de Maderera Industrial Rumococha (MIRSA). Y en diciembre de 2017, José Ernesto Ceballos Gallardo y Kenneth Peabody cerraron Global Plywood and Lumber en Estados Unidos.
En enero de 2016, cuando ya se sabía que buena parte de la madera que transportaba el Yacu Kallpa era ilegal, Eduardo Ceballos Ramos —hijo de Ernesto Ceballos Gallardo— fundó en Delaware, Estados Unidos, Zebra Pacific, LLC.
Además, en agosto de 2019 en Las Vegas, Nevada, se fundó Britannica Woods LLC, que tiene entre sus directivos a Joaquín Rodrigo Cano Espeso y a Norma Peabody, esposa de Kenneth Peabody, el socio de Ernesto Ceballos Gallardo en Global Plywood and Lumber.
A finales de diciembre de 2019, los hermanos Ceballos Ramos se asociaron con Joaquín Rodrigo Cano Espeso para crear una empresa mexicana gemela: Britannica Woods México.
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Vía libre en México
Después de lo sucedido con los viajes del Yacu Kallpa, el gobierno federal de Estados Unidos prohibió a Inversiones La Oroza exportar madera a ese país.
En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no presentó denuncias por este caso, de acuerdo con la respuesta escrita que se otorgó a una solicitud de entrevista y en donde se señala que la madera “contaba con todos los documentos fitosanitarios (que, sobre todo, garantizan que la madera no tiene plagas) emitidos por el gobierno peruano”.
Las empresas de los hermanos Ceballos continúan, sin ningún problema, importando madera peruana a través de La Oroza. Las normas mexicanas no exigen a los importadores verificar la procedencia legal de la madera; solo deben presentar la factura de compra, el certificado fitosanitario, el pedimento aduanal y el certificado CITES, en caso de tratarse de una especie que esté en la lista del Apéndice II de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
“A mí, como importador, la ley mexicana no me exige ir a Perú a investigar si el señor cortó la madera donde dice que la cortó”, explica un ingeniero forestal mexicano con amplia experiencia en la importación de madera y que pide no ser citado por su nombre. “El exportador —insiste— está acreditando la legal procedencia cuando en su país le autorizan exportar la madera… Si la autoridad peruana dice que esa madera es ilegal, que no los deje exportar”.
En febrero de 2018, organizaciones no gubernamentales como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) destacaron que era necesario que la legislación y normatividad del país se revisara para “incorporar aquellas disposiciones que impidan que México siga siendo destino de importaciones de madera ilegal”.
El 9 de diciembre de 2020, en México se publicó un nuevo Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Ahí se señala que la procedencia legal de las materias primas y productos forestales se acreditará —en el caso de las importaciones— con el pedimento aduanal, un documento donde se declaran los impuestos pagados y otras obligaciones relacionadas con la entrada de mercancías al país.
“Llevamos más de 20 años topando con muro”. Así es como Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mocaf, describe lo que ha sucedido con los intentos que se han hecho, desde la sociedad civil, para tener en la Ley Forestal y en su reglamento mecanismos que cierren la puerta a la importación y comercialización de madera ilegal.
El muro, según Chapela, ha sido levantado por los industriales y comercializadores de madera del país: “Tienen colonizada a la autoridad y al legislativo”.
Entre las acciones propuestas por la Red Mocaf y otras organizaciones está que los importadores presenten todos los documentos que permitan realizar un rastreo de la ruta que recorrió la madera antes de llegar a territorio mexicano.
Estas acciones, resalta Chapela, tendrían que acompañarse de acuerdos bilaterales con los países de tránsito, para soportar las verificaciones documentales de legalidad que amparan la declaración bajo protesta. “Si bien en México no se origina el problema —apunta Chapela—, el país sí puede ser parte de la solución”.
Por lo pronto, con la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, el 1 de julio de 2020, los tres países se comprometieron a tomar medidas para combatir y prevenir el comercio de fauna y flora silvestre que, “con base en evidencia creíble, fueron tomadas o comercializadas en violación a la Ley”, ya sea de los tres países o de otras leyes.
Sancionan a una, le compran a la otra
Después de la historia con el Yacu Kallpa, empresas mexicanas que antes importaban madera a través de La Oroza, desde 2016 comenzaron una nueva relación comercial con la peruana P&O Exportaciones y Comercialización S.A.C. Esta compañía surgió en febrero de 2016 y tiene como socio principal al tío político de Luis Ángel Ascencio Jurado, accionista principal de La Oroza, como lo documenta la investigación trasnacional de la que este texto forma parte.
Al igual que La Oroza, P&O Exportaciones y Comercialización concentra sus exportaciones de madera en República Dominicana y México.
En el caso de México, entre 2016 y 2020, la empresa peruana envió a este país, por lo menos, 1,292 toneladas de madera amazónica, de acuerdo con los datos de exportaciones del Perú.
A las empresas mexicanas que han comprado madera amazónica a P&O Exportaciones y Comercialización, este equipo periodístico les solicitó entrevista. El único que respondió fue Juan Ramón Padilla Martínez, accionista fundador y administrador de Maderas y Materiales JR, compañía que se localiza en la ciudad de Tijuana, Baja California; en la frontera con Estados Unidos.
—¿Por qué dejan de comprar madera a La Oroza? —se le preguntó, vía telefónica a Juan Ramón Padilla.
—Porque ya no nos ofrecieron material. Tenemos cuatro años que no les compramos nada. Hemos dejado de traer mucha madera del Perú, desde un problema que hubo con un barco.
—Por lo que sucedió con ese barco, La Oroza tiene prohibido exportar madera a Estados Unidos…
—Eso no lo sabía —asegura Padilla y también insiste en que no conoce a los dueños de P&O Exportaciones y Comercialización.
—Entre 2016 y 2018 su empresa le compró madera a P&O.
—Muy poca. Ahora ya conseguimos a otra compañía que se llama Lumat Maderas. A ellos les estamos comprando un poco de madera.
—¿Cómo entraron en contacto con P&O?
—Todo lo que compramos lo hacemos a través de un peruano que vive en Lima, se llama Adrián Bilbosa. Toda la madera que traemos del Perú, él nos la conecta.
A la pregunta de cómo se asegura el origen legal de la madera tropical que importa, Padilla responde que sus proveedores le presentan documentos donde el gobierno peruano certifica el origen legal de la madera. Días después de la entrevista, el empresario mexicano envió por correo electrónico uno de esos documentos: un certificado fitosanitario, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú.
La Oroza no es la única empresa peruana con prohibición de exportar madera a Estados Unidos. En julio de 2019, esa misma sanción se impuso a Inversiones WCA, como se documenta en esta investigación periodística.
Inversiones WCA fue una de las exportadoras peruanas que movió madera a través del barco Yacu Kallpa. Esta compañía ya no envió madera a México a partir de 2020, pero la empresa que sí lo hizo e, incluso, aumentó las exportaciones que ya realizaba al país fue Miremi S.A.C., la cual tiene como accionista a William Castro Amaringo, quien también está al frente de Inversiones WCA y cuyas iniciales de hecho le dan nombre.
Entre las empresas mexicanas que, entre 2019 y 2020, importaron madera amazónica del Perú a través de Miremi están Comercializadora CG de Hermosillo (que pertenece a José Ernesto Ceballos), Maderería Sierra Verde y Sud American Lumber.
Esta alianza periodística solicitó entrevista a las empresas mexicanas que exportan madera amazónica a través de Miremi. Ninguna contestó. Pero quien sí lo hizo fue William Castro Amaringo, gerente de Inversiones WCA y Miremi.
“Nosotros no somos extractores de la madera… Nosotros defendemos nuestro producto porque ha sido comprado con todo lo de la ley, con toda la documentación que corresponde. Que las entidades de mi país no hayan hecho su trabajo como corresponde, en ese momento no era responsabilidad de nosotros”, así es como el empresario peruano explica el por qué Inversiones WCA fue una de las empresas involucradas en el traslado de madera ilegal en el Yacu Kallpa y el por qué, a partir de un envió de madera realizada a Estados Unidos en 2018, las autoridades de ese país prohibieron las exportaciones de su compañía en 2019.
Además, remarca que Miremi ya enviaba madera a México desde 2015 y que sus empresas no son “grandes exportadores”.
—¿Cómo garantiza que la madera que exporta tiene un origen legal? —se le pregunta a Castro.
—Nosotros verificamos la concesión de donde se está extrayendo la madera. Prácticamente estamos haciendo la labor del Estado. Ahora, lo que estamos haciendo es que verificamos… desde la extracción mandamos a un ingeniero forestal de la empresa a verificar que la madera corresponda al lugar de donde se está sacando… Me he cansado de decir que el problema está en el campo, en el momento de talar el árbol.
Arboles amazónicos que terminan en el piso
La madera amazónica que las diferentes empresas importan a México procede de árboles como el cumala (Virola spp), cachimbo (Cariniana domesticata), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), panguana (Brosimum utile), aguanillo (Otoba parvifolia) y pashaco (Schizolobium sp).
La exportadora Miremi, por ejemplo, lo que más vende a los mexicanos es una madera que comercialmente se conoce como cumarú y proviene de un árbol que en Perú se identifica como shihuahuaco (Dypterix odorata). Se trata de una especie de muy lento crecimiento: se necesitan, al menos, 700 años, para que alcance los 50 metros de altura y el metro y medio de diámetro. Desde 2015, científicos peruanos han señalado que este árbol debe incluirse en la lista de especies de flora silvestre amenazadas, como explica otro reportaje de esta investigación.
En México, esta madera amazónica se utiliza, sobre todo, para la construcción de muebles, ventanas, pisos y puertas. Juan Ramón Padilla, de Maderas y Materiales JR, asegura que en las ciudades del norte del país —región donde su empresa concentra sus operaciones— las maderas peruanas que más se buscan son el tornillo y el cumarú o shihuahuaco. “Tienen características que buscan los clientes. El tornillo, por ejemplo, es una madera que difícilmente se llena de termita, igual que el cumarú. Difícilmente les entra una plaga”.
La doctora Vera Rauber Coradin, colaboradora del Laboratorio de Productos Forestales del Servicio Forestal Brasileño y quien durante seis años fue parte del comité científico de flora de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), recuerda que la riqueza forestal de la Amazonía se formó durante miles de años. Esos árboles que se talan, explica, “no se podrán recuperar en uno, dos o treinta años. Nunca más vamos a ver esos árboles con el grosor, con el ancho que tenemos hoy. En cuanto más podamos preservar ese material, mejor”.
Para conservar esos árboles de toda la región amazónica —resalta la doctora Rauber— no solo se necesita que los países de la Amazonía implementen acciones para evitar la tala ilegal y comercialización de esa madera, sino que “es necesario que los otros países reconozcan la importancia de esa selva, la importancia de la Amazonía en el clima. Todos tienen que colaborar”.
La historia del Yacu Kallpa llevó a que Estados Unidos aplicara la Ley Lacey —que prohíbe la importación de madera talada en forma ilegal— y prohibiera las exportaciones de La Oroza e Inversiones WCA a ese país. En México se podría comenzar por establecer la legalidad de la madera que entra al país.
*Esta es una investigación periodística transfronteriza realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), El Informe con Alicia Ortega en República Dominicana, OjoPúblico en Perú, Mongabay Latam en México y Perú y Agência Pública en Brasil, que le siguió la pista a las operaciones internacionales de las empresas madereras Inversiones La Oroza e Inversiones WCA, E.I.R.L. con el apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center on Crisis Reporting
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