Eran casi las siete de la noche del viernes 29 de noviembre de 2019, cuando profesionales del puesto de control forestal de Rancho, en la región peruana de Huánuco, le hicieron la revisión de rutina a un camión que llevaba un contenedor repleto. Descubrieron que, junto con 35,518 metros cúbicos de madera debidamente documentada, iban unas tablas con cortes que no figuraban en las guías oficiales de transporte.
La mercancía provenía de una concesión privada de la empresa maderera Inversiones La Oroza, ubicada en Indiana, en la región Loreto y en plena selva amazónica. La llevaban para Callao, el puerto principal de Perú por donde sale buena parte de la madera que exporta ese país al mundo. Los agentes siguieron el protocolo: inmovilizaron el vehículo, incautaron la madera y notificaron a la autoridad regional para que verificara su hallazgo.
Concluida la verificación del decomiso, la autoridad forestal encontró que el camión llevaba 34 piezas de un volumen de 0,913 m3 de la especie andiroba (Carapa guianensis) sin los “documentos oficiales que amparen comercialización, posesión y transporte, hecho que constituye infracción en materia forestal MUY GRAVE”.
En otras palabras, se talaron diez árboles según lo aprobado en el Plan Operativo Anual de la concesión, pero también tumbaron otro sin permiso alguno.
A pesar del calificativo “muy grave”, después de un largo papeleo, los 0,913 m3 quedaron incautados, “destinados a podrirse en el depósito”, como describió lo que suele pasar con la madera decomisada una persona que trabajó en la Autoridad Forestal de Fauna Silvestre de Huánuco y que prefirió no revelar su nombre por posibles represalias. El propietario de la carga, la empresa P&O Exportaciones y Comercialización S.A.C., se disculpó por la equivocación y pagó una multa del equivalente de 135 dólares americanos.
Episodios similares, con cantidades variables, se repetían antes de la pandemia entre ochenta y cien veces en un año, según la fuente que supervisó por un período este puesto de control.
Por esos últimos días de noviembre, P&O Exportaciones y Comercialización estaba llevando mucha más madera al puerto para exportación, de acuerdo con las guías de transporte de cargas (GTF) que salieron de Pucallpa, Ucayali, que consiguió OjoPúblico, socio de esta colaboración. Este puerto amazónico sobre el río Ucayali es conocido en Perú como la capital de la madera, pues allí convergen las trozas de parcelas con múltiples tipos de autorizaciones de tala provenientes de las regiones amazónicas de Ucayali y su vecino Loreto.
Pucallpa es, además, donde más se transforma madera en la Amazonía, con 87 aserraderos, comparados con los 35 que hay en Iquitos, Loreto, la ciudad más grande de la región.
El gran flujo de trozas por el río ocurre entre noviembre y abril, cuando las lluvias son recias, los ríos y quebradas crecen, y se pueden navegar y transportar por ahí cargas enormes y pesadas en grandes planchones o balsas.
El 17 de diciembre la madera aserrada de P&O, que había tenido su traspié en Huánuco, zarpó rumbo a República Dominicana, donde la importadora Mafilo, la compró por un valor FOB (por el inglés ‘free on board’, que se refiere al costo de la madera incluyendo los gastos de puerto, etiquetado, empaquetado y gastos de aduana, entre otros) de 15.239 dólares. Al entrar, la aduana dominicana, sin embargo, anotó la importación como “cachimbo” y no registró la andiroba, que constituía la mayor proporción de la carga exportada.
Este episodio tan cotidiano refleja que productos de la tala posiblemente ilegal de árboles de la Amazonía peruana están fluyendo constantemente hacia los mercados y que la comercialización internacional presenta con frecuencia inconsistencias.
Los logros que en el pasado consiguió el Estado peruano para trazar el origen de la madera, desde la selva hasta los puertos y detener así la degradación de su Amazonía, han ido en los últimos años para atrás, como los cangrejos, bajo la presión del potente lobby maderero, según coincidieron diversos protagonistas entrevistados.
La pandemia ha dificultado aún más los controles. No se volvieron a hacer supervisiones en la selva por las restricciones a la movilidad; hay presiones para que el certificado de origen válido para comercializar sea el que dan los aserraderos, donde abundan los trucos para lavar madera de origen ilegal, y no el que proviene de la verificación en el bosque. Además, supervisores del sector coincidieron en que el cumplimiento del gobierno peruano con Estados Unidos para mejorar la trazabilidad de la madera que exporta a ese país va a paso de tortuga.
Es más, las sanciones ejemplares que Estados Unidos le impuso a dos firmas forestales peruanas en 2017 y 2019, Inversiones La Oroza y a Inversiones WCA, respectivamente, por haber exportado a ese país cargas de madera aserrada avalada con documentación falsa, tampoco condujeron a que el gobierno las metiera en cintura para que implementaran procesos más transparentes de extracción de madera. Hasta donde revela la documentación pública, ni estas firmas, ni el gobierno han presentado la evidencia ante las autoridades estadounidenses de que pueden trazar la madera que exportan desde que sale de la selva y garantizar que cumplió con las normas ambientales y forestales nacionales.
Más bien, de puertas para adentro, a Inversiones La Oroza le dieron nuevas concesiones y beneficios, a pesar de que tiene un récord de infracciones a la Ley Forestal peruana hasta 2018. Y hacia el exterior, ésta e Inversiones WCA se han reinventado para seguir exportando madera amazónica (de Brasil o de Perú) a algunos de los mismos clientes a los que ya les habían vendido madera de origen ilegal en el pasado en México. (Ver otra historia de esta investigación Los fieles clientes mexicanos de La Oroza)
El principal socio de Inversiones WCA, William Castro Amaringo, suspendió las exportaciones de madera con esta empresa después de la sanción en Estados Unidos, pero continuó exportaciones en 2020 con otra de sus empresas dedicada a aserrar y cepillar madera, Miremi S.A.C.
El episodio de Huánuco reúne a los nuevos aliados de los que se ha valido el principal socio de Inversiones La Oroza, Luis Ascencio Jurado, para diversificar sus operaciones internacionales. P&O Exportaciones e Importaciones es una empresa aliada, creada por un tío político de Ascencio en 2016, justo después de que Estados Unidos le abriera investigación a Inversiones La Oroza, por exportar madera de origen ilegal a ese país. P&O no sólo le compra madera a Inversiones La Oroza, sino que le ha venido exportando este producto a Mafilo, la otra compañía comercializadora de madera en República Dominicana creada por el mismo Ascencio y de la cual es su accionista mayoritario, según el registro público de empresas de ese país.
Estos son algunos de los hallazgos de esta investigación periodística transfronteriza realizada por Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Ojo Público en Perú, El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN (República Dominicana), Mongabay Latam en México y Perú y Agencia Pública en Brasil.
La investigación consta de seis capítulos: éste que se centra en cómo ha evolucionado la trazabilidad de la madera que sale de la Amazonía peruana y cuál ha sido el desempeño en Perú de las empresas bloqueadas para exportar a Estados Unidos en los últimos años; un segundo que siguió la operación internacional de Inversiones La Oroza y aliados; un tercero que desentraña la operación de las empresas compradoras de madera peruana en México; un cuarto capítulo recoge hallazgos del análisis de 1301 planes de manejo forestal en Perú de los últimos 15 años, en los que la autoridad de vigilancia encontró información falsa; y un quinto relata cómo, a pesar de las advertencias de los científicos de que está en riesgo de desaparecer, los gobiernos no incluyen aún al shihuahuaco en la lista roja de árboles amenazados.
En un sexto capítulo, se publica una entrevista que le hizo este equipo periodístico a Ascencio Jurado para que diera su versión de los hechos. El socio mayoritario de Inversiones La Oroza aseguró que sus nuevos negocios o aliados ni en Perú ni en República Dominicana incurren en irregularidad alguna, que son simplemente negocios legítimos y, además, pequeños. Sostuvo también que hoy toma todas la precauciones para que la madera que comercializa sea de origen legal. “Yo amo esa Amazonía –declaró Ascencio enfático– no la maltrataría, se lo digo de corazón”.
Una lección no aprendida
Según cálculos de Interpol, hasta un 60 por ciento de la madera que proviene de Perú se tala ilegalmente. El tráfico ilegal resulta muy costoso para la industria maderera en todo el mundo porque, según este organismo internacional de policía, deprime los precios de la madera extraída legalmente entre un 7 y un 16 por ciento.
En un análisis de datos cuyos resultados serán presentados al público en julio próximo, Proética, el capítulo de Transparencia Internacional en Perú, sistematizó la información de 1301 Planes de Manejo Forestal (PMF) en los cuales el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) —la entidad encargada de supervisar que la producción maderera cumpla con la ley — había encontrado información falsa. Este equipo periodístico tuvo acceso al piloto de esta plataforma, maderalegal.pe, que revela que 749 actores —entre representantes legales, supervisores, consultores forestales y profesionales— están involucrados en aprobar planes que incluyen árboles que no existen. Así después, los madereros han podido avalar tala indiscriminada, sin consideración alguna por la sostenibilidad del bosque. De los casi 758 mil árboles que los PMF aprobados permitían talar entre 2005 y 2019, el Osinfor supervisó 162 mil desde 2010, y no encontró al 82 por ciento de ellos. Estos son aproximadamente 132 mil árboles extraídos en zonas sin permiso.
Planes de manejo forestal con información falsa ampararon la madera que llegó a Houston desde Iquitos en 2015, y cuyos principales propietarios fueron Inversiones La Oroza, Corporación Industrial Forestal e Inversiones WCA. En su pico, entre 2012 y 2015, Inversiones La Oroza exportó más madera aserrada desde Perú que ningún otro exportador. Solo en 2015 sacó 14.000 toneladas de madera, más del doble que cualquier competidor. Sin embargo, la investigación posterior al descubrimiento del Yacu Kallpa permitió establecer, según información que le dio el gobierno peruano a la organización civil ambiental Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), que el 82,6 por ciento de la madera de ese embarque que llegó a Houston enviado por La Oroza era ilegal; el 16,8 por ciento no se había podido verificar, y apenas el 0,57 por ciento era legal. La madera de La Oroza tenía documentos de origen de ocho concesiones, dos permisos de comunidades nativas y dos de bosque locales, pero ninguno de los planes operativos anuales (POA) asociados a esa madera resultó legítimo.
El comprador del 85 por ciento de la carga que venía en el Yacu Kallpa fue la empresa estadounidense Global Plywood & Lumber, que pertenece a un conglomerado de empresas mexicanas de varias generaciones de la familia Ceballos. Según comprobó Mongabay Latam, socio de esta colaboración, otras de las compañías del mismo clan familiar eran también aliados comerciales de Inversiones La Oroza.
En el último viaje del Yacu Kallpa, antes de salir de Iquitos en noviembre de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental peruana (FEMA) de Perú, que venía haciendo operativos de decomiso de madera ilegal, ya advirtió que por lo menos el 15 por ciento de la carga que llevaba era ilegal. Por diversas razones no detuvieron la exportación pero, mientras la carga viajaba, la autoridad aduanera peruana (Sunat) y el Osinfor, continuaron cruzando información. Para cuando llegó al puerto mexicano de Tampico, en febrero de 2016, ya habían verificado que gran parte de esta segunda carga era ilegal. Dentro de lo que las autoridades pudieron verificar, establecieron que el 96 por ciento de la carga perteneciente a Inversiones La Oroza era ilegal.
Las autoridades mexicanas inmovilizaron la madera por unos meses, pero por la gestión del gremio maderero en los dos países, según lo documentó una investigación periodística de OjoPúblico, W Radio y Connectas, finalmente fue liberada y entregada a los compradores locales, haciendo caso omiso de la orden judicial peruana que había pedido a sus pares mexicanos su decomiso.
Entre los principales importadores figuraban las empresas mexicanas CG Grupo Forestal y CG Universal Wood, que pertenecen a los hermanos Ceballos Gallardo. Uno de ellos, José Ernesto, también controlaba Global Plywood & Lumber en Estados Unidos. Y como en los mejores matrimonios, los Ceballos le han seguido siendo leales a sus socios peruanos hasta hoy, a pesar de su polémico récord. (Ver otro texto de esta investigación: Los fieles clientes mexicanos de La Oroza)
Luego de estos golpes, a los madereros peruanos se les desplomó el mercado después de 2016.
Como le dijo un importador estadounidense, cuya carga venía también en el Yacu Kallpa, a la Associated Press: “Terminé con Perú”.
No obstante, las consecuencias negativas para la reputación de sus empresas y el cierre del comercio internacional para sus maderas, que trajo el caso Yacu Kallpa, la justicia peruana no ha sancionado aún a los responsables y los gobiernos han avanzado con lentitud para garantizar que sus exportadores cumplen su Ley Forestal. Y la principal involucrada, La Oroza, siguió cometiendo infracciones hasta 2018.
Mientras tanto, de acuerdo con la última información pública que ha provisto el organismo supervisor en campo hasta el comienzo de la pandemia, la madera ilegal sigue fluyendo desde la selva peruana. De 58 alertas tempranas emitidas por Osinfor sobre casos donde el “100 por ciento de la madera no procede del área autorizada”, entre marzo de 2019 y marzo 2020, 35 ocurrieron en predios privados y 18 en comunidades nativas y campesinas. Esos hallazgos se dieron hasta el comienzo de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, desde cuando las visitas a campo de la Osinfor han quedado prácticamente suspendidas. Estas extracciones totalmente ilegales sumaron poco más de 74 mil metros cúbicos.
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Justicia a la espera
El telón de fondo de la decisión que terminó prohibiéndoles en 2017 a Inversiones La Oroza y en 2019 a Inversiones WCA exportar madera a Estados Unidos fue el “anexo forestal” del acuerdo bilateral de comercio que firmó este país con Perú en 2009. Éste le permite al país del norte requerir auditorías de cualquier productor o exportador maderero de quien sospeche pueda estar involucrado en venta de madera ilegal.
En 2016, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) del gobierno Obama, Michael Froman, apelando a una cláusula del tratado, pidió a Perú intensificar la protección de sus bosques. El año siguiente, su sucesor Robert Lighthizer, en el gobierno Trump, aplicó el anexo forestal del tratado por primera vez, instruyendo a la agencia de Aduanas y Protección de la Frontera (CBP por sus siglas en inglés) impedirle a Inversiones La Oroza comercializar madera en su país por tres años o hasta que la compañía “cumpliera con todas la normas que le aplican”, según dijo la USTR en su momento. En 2019, el mismo funcionario lo aplicó por segunda vez, cuando le impuso el bloqueo a Inversiones WCA.
En los dos casos, fueron las autoridades peruanas las que les dieron la información para tomar la decisión, según informó Lighthizer. Desde 2014, Osinfor y Sunat comenzaron a rastrear el origen real de la madera que estaba siendo exportada al exterior y fue cuando encontraron que las declaraciones de aduana y guías de transporte interno aducían un origen que, una vez verificado en terreno, no pasaba la prueba. A raíz de esa colaboración se pudo establecer el origen ilegal de la madera transportada en los viajes del Yacu Kallpa en 2015. Y más adelante, en 2018, fue otra petición de Estados Unidos al gobierno de Perú de verificar el origen de tres cargamentos sospechosos, la que encontró que uno de ellos de propiedad de Inversiones WCA no había sido extraído legalmente. En 2019 le impusieron el veto también a esta compañía por tres años.
Según pudo comprobar esta colaboración periodística, las autoridades estadounidenses continúan con la investigación judicial a los involucrados en violar la Ley Lacey, una centenaria norma federal creada para proteger la fauna y la flora silvestres. Por razones de integridad del proceso, no pudieron dar detalles sobre el avance.
No ha sido frecuente, sin embargo, que violaciones a la Ley Lacey produzcan sentencias. Desde que la ley fue actualizada en 2008, entre otras incorporando un control especial a la importación de especies maderables amenazadas, apenas se ha condenado a un puñado de personas.
En forma independiente, y sin intercambiar información con sus pares en Estados Unidos, la fiscalía ambiental peruana (FEMA) ha seguido con sus investigaciones derivadas de los embarques del Yacu Kallpa. Seis años después, sin embargo, no ha habido aún ningún acusado.
El fiscal ambiental de Loreto, Alberto Yusen Caraza Atoche, explicó a OjoPúblico que la pandemia les ha dificultado salir a terreno y que la demora también se ha debido a la alta rotación de fiscales. Sin embargo, asegura que en los últimos dos años ha habido más estabilidad y, por lo menos en Maynas (Loreto), él ya está cerca de requerir a los acusados.
“De los 35 casos que se encuentran en Loreto, la mitad de ellos se encuentran culminados y ya estamos prontos a presentar los requerimientos correspondientes”, dijo el fiscal Caraza Atoche en marzo a OjoPúblico, socio de esta colaboración periodística. De las 35 carpetas judiciales, explicó, unas doce se relacionan con Inversiones La Oroza. Informó además que la FEMA regional de Nauta tiene otras 15 carpetas y la de Alto Amazonas otras dos. Están siendo investigados autoridades locales, intermediarios, forestales y comunidades, que suman unas 125 personas.
Para el fiscal Caraza, “es súper importante este caso y es emblemático por la cantidad de madera ilegal que ha sido tratada de llevar al extranjero y porque el 95 por ciento de toda esa madera en el Yacu Kallpa se encuentra ya determinado, de acuerdo a las investigaciones realizadas por este Ministerio Público -basada en los informes de Osinfor- que tiene origen ilegal”.
Cuando el fiscal Félix Castro de la FEMA de Nauta asumió el cargo en mayo de 2019, encontró que de las 15 carpetas que estaba investigando, diez ya habían entregadas formalmente ante un juzgado en el 2018 y cinco aún estaban en investigación preliminar, según le dijo en entrevista el mismo fiscal Castro a Mongabay Latam.
“Empezamos a buscar información por todos lados con la finalidad de lograr la identificación completa del acto criminal, es decir, qué hizo cada empresa”, explicó Castro. Entre octubre y noviembre del año 2019 comenzamos a corregir lo que se hizo mal. A finales de 2019 recabamos información y tomamos declaraciones, y en 2020 se paraliza el proceso por la pandemia”.
Por otra parte, pasó un año desde que esa FEMA en Nauta produjera las acusaciones formales en octubre de 2018. Por la demora, Inversiones La Oroza interpuso un recurso para controlar el plazo, lo que llevó a que, a fines del 2019, un juez diera por concluida la etapa de investigación de esos diez casos que documentaron delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables.
Luego de que asumiera, el fiscal Castro verificó que no se había considerado otro delito, el de responsabilidad por “información falsa contenida en informes”, que incluye a las Guías de Transporte Forestal. Cuando en estas se declara un origen falso de la madera, por ejemplo, se está cometiendo también un delito.
“Para este mega-caso —que incluye a 45 personas naturales y jurídicas —hemos allanado empresas entre noviembre y diciembre de 2020, hemos recabado información contable y hemos podido verificar que no existen procedimientos de transformación de la madera”, dice Castro, quien explica que las autoridades administrativas emiten las Guías de Transporte Forestal para la exportación como si el origen y la transformación de la madera se hubiera acreditado, cuando en todos estos caso no se hizo. De ahí que incorporaran al proceso a funcionarios del gobierno regional involucrado en estos controles, y empresas involucradas en los viajes del Yacu Kallpa.
“En los casos iniciales sólo se incorporó a las empresas exportadoras, entre ellas Inversiones La Oroza, Inversiones WCA, Madex y Triplay Iquitos, pero en el nuevo caso incorporamos a todos los intemediarios”, dice Castro. “Hemos encontrado, por ejemplo, un caso en que la madera se vende en un solo día a tres personas distintas y a precios exorbitantes, que van desde que la madera se compra a 1500 soles en la zona de explotación supuestamente y, en un mismo día, esa madera llega a tener un valor de 125.000 soles. Y sólo con comprobantes de pago”.
Desde los allanamientos, la FEMA pidió que se levantara el secreto tributario y bancario de las empresas, pero recién hasta marzo pasado un juez les autorizó requerir esa información y ahora están esperando que la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú se las entregue. En el caso tributario han corregido errores de proceso para poder requerir la información a Sunat, la autoridad de impuestos y aduanas de Perú.
Hay otras dependencias que han seguido investigando. Así, por ejemplo, el Ministerio de Cultura reiteró la solicitud de nulidad de 78 concesiones forestales otorgadas por el gobierno regional de Loreto, puesto que se superponen con territorios ya solicitados para crear una reserva con el ánimo de proteger a varios pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (llamados ‘PIACI’; en la legislación peruana).
El titular de dos de ellas, otorgadas en 2004 y en 2016, es Inversiones La Oroza.
La resolución del Ministerio dice que la anulación está en manos del gobierno regional de Loreto. Pero éste asegura que se deben “compensar esas tierras que fueron otorgadas”, antes de que se puedan oficializar las reservas indígenas, pues teme que los concesionarios demanden y soliciten indemnización. Es un argumento frágil a la luz del fallo del Tribunal Constitucional de Perú sobre los derechos de los concesionarios, en la cual dijo que pesa más el derecho de los ciudadanos afectados, que el que le da el Estado a un privado y que lo beneficia solo a él. (TC Exp 006-2000-AI/TC)
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Trazabilidad interrumpida
Como analizó EIA en su informe El Momento de la Verdad, las efectivas acciones de control de 2014 a 2017, la vigilancia en los bosques, la mayor verificación de las guías de transporte y el cruce sistemático de información con la aduana que llevaron a sanciones efectivas contra quienes no estaban jugando limpio en este sector y demostraron que “el Perú́ sí cuenta con las instituciones apropiadas con jurisdicción suficiente y los recursos mínimos necesarios para empezar a tener un impacto”.
No obstante, la conmoción que causaron las incautaciones y sanciones en el sector maderero y sus negocios no llevó al país a apretar clavijas para asegurarse de que no siguiera saliendo madera de origen ilegal, sino que más bien terminó generando una mayor presión privada al gobierno para que aflojara los controles.
Según se había comprometido Perú con Estados Unidos, luego del embrollo del Yacu Kallpa y para honrar el tratado comercial entre los dos países, se quiso modificar el formulario aduanero para que se tuviera que declarar, de manera más explícita, el origen de la madera en el bosque.
La idea era recoger los aprendizajes de la colaboración efectiva entre la autoridad forestal y la aduanera, Osinfor y Sunat, que había llevado a frenar el flujo de madera ilegal desde Iquitos hasta Houston, y que el método sirviera para vigilar no solo las especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) como amenazadas, sino todas.
Como el borrador de formulario que hizo la entonces directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Fabiola Muñoz Dodero, no cumplía con lo que, a juicio de la Sunat, se había comprometido el gobierno peruano, la autoridad aduanera hizo otro, avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo sometió a la crítica pública. A diferencia de Osinfor, que realiza supervisiones verifica en le bosque la procedencia de la madera, el Serfor traza los lineamientos para una gestión sostenible del patrimonio forestal y administra los permisos y demás asuntos relacionados con la explotación forestal en regiones donde las autoridades locales no cuentan con una dirección para ello.
En reacción, la Asociación de Exportadores (ADEX) -en cuyo directorio esta Inversiones La Oroza- y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) dijeron que los requerimientos propuestos por Sunat eran “técnicamente imposibles debido a que no es factible asociar un lote de exportación de madera a una o más Guías de Transporte Forestal (GTF)”. Los dos gremios empresariales también adujeron que el proyecto incluía madera de “transformación secundaria y por ende no existe obligación alguna de emitir Guías de Transporte Forestal”.
No obstante, en un análisis reciente de irregularidades en el comercio internacional de maderas, Camilo Pardo-Herrera, investigador del Centro sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason en Estados Unidos, encontró una tendencia creciente en las exportaciones de madera peruana con “transformación secundaria”, basándose en los datos oficiales que reportan los países a Naciones Unidas y albergados en la plataforma UN Comtrade. Pero según documentó con expertos del sector, no ha habido inversión en maquinaria de transformación en el sector que así lo explique. Concluyó que una explicación podría ser que se esté declarando como transformada una madera apenas secada (estufada) o cortada en tablillas para pisos, dado que la madera transformada suele tener menos controles.
El análisis de esta investigación periodística, basado en datos comerciales, coincide: la exportación de cargas de madera pre-procesada para pisos se disparó después de 2016, mientras que la de madera aserrada cayó fuertemente.
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Serfor retrocede ante madereros
La protesta del sector privado llevó a Serfor a ceder. En un informe técnico de marzo de 2017, la autoridad forestal dijo que era “prácticamente nula” la posibilidad que se pudiera determinar el título habilitante (la concesión, comunidad o bosque local) específico donde se encuentra el punto de extracción de la madera. Según el organismo forestal, el origen de los productos se determinaba en “centros de transformación primaria” como los aserraderos. Con este documento de Serfor, pese a la iniciativa de Sunat respaldada por el MEF, se estancó una iniciativa cuyo objetivo hubiera ayudado a volver más transparente el origen de la madera peruana.
El Serfor pasó de hacer 900 actas de inspección para verificar el origen de cargamentos de madera en el puerto de Callao en 2015, a tan solo 23 en 2016, según EIA. Ya en 2017 no hizo ninguna.
Ante la pregunta de si se han flexibilizado las supervisiones y las acciones de decomiso en los últimos 3 años, Serfor respondió a esta alianza periodística que las actividades de exportación no fueron restringidas por las normas a raíz de la pandemia y que, por lo tanto, “el Serfor estaba facultado para continuar con dichas actividades, habiendo realizado algunas acciones de control”.
En todo caso, precisó, las acciones de control de especies listadas en CITES “son realizadas al 100% y siempre a solicitud del administrado, previa obtención del Permiso CITES, otorgado por el Serfor en su condición de Autoridad Administrativa CITES”. Según la entidad pública, entre 2018 y 2021, realizó 35 acciones de control sobre dos especies de cedro (Cedrela odorata y Cedrela montana) y una de caoba (Swietenia macrophylla), una tercera parte de las cuales se hizo desde el inicio de la pandemia. En ese periodo, explicó, “producto de las acciones de control de las especies forestales (maderables) CITES, no han sido objeto de decomiso”.
El procurador público del Ministerio del Ambiente de Perú, Julio César Guzmán, dijo en entrevista con Mongabay Latam, socio de este equipo periodístico, que conoció de una comunicación que envió Serfor a los gobiernos regionales, en respuesta a una pregunta de uno de éstos, bajo lo cual las guías de transporte forestal de madera aserrada no consignarían el origen del título habilitante. Es decir, no incluirían la concesión o la comunidad nativa o el predio privado de donde salió el recurso, sino que consignarían como dato el centro de transformación. Ello, sin duda, hubiera originado un quiebre de la trazabilidad de la madera y su consecuente impacto en las actividades criminales de tráfico ilícito de madera, señaló Guzmán.
Pero ese es el argumento reiterado de los gremios empresariales: que es imposible certificar el origen desde el bosque y que el control debe empezar en el lugar de tratamiento.
“Diariamente se están tejiendo formas de debilitar los sistemas de control”, dijo Guzmán, insistiendo en que el sistema punitivo no puede funcionar si el mecanismo de trazabilidad es ineficiente. «Cuando tú destruyes el modelo de trazabilidad, no hay forma de procesar a nadie penalmente”.
La última comunicación que se conoce para intentar honrar los compromisos de Perú con Estados Unidos relacionados con impedir exportar madera de origen ilegal es de 2018, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a Serfor que la consignación de las guías de transporte forestal y sus respectivos títulos habilitantes en la declaración aduanera son esenciales para el control y gestión de riesgo en las operaciones de comercio exterior. Sin embargo, esta alerta fue ignorada y a la fecha no se les obliga a los exportadores documentar en aduana el origen de los productos forestales que extraen de la Amazonía.
En paralelo a la discusión de las reformas para conocer el origen de la madera, el Serfor presentó el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), una plataforma creada para acceder a “información confiable para la verificación del origen legal” y que puede brindar datos en tiempo real para “realizar la trazabilidad de los productos, mediante el código único de la especie”.
OjoPúblico consultó, vía la ley de transparencia, acerca de cuánto se había avanzado en la implementación de dicha plataforma digital SNIFFS. También quiso conocer detalles sobre cómo se registran e inspeccionan las guías de transporte forestal, que contienen información sobre el origen de la mercancía en la selva. En febrero pasado, Serfor respondió que este punto se encontraba en “producción y proceso de implementación” y no dio más información. La autoridad forestal señaló que presentará en una conferencia de prensa virtual los avances trabajados en la plataforma.
Uno de los mayores obstáculos para frenar la tala descontrolada de la Amazonía, que termina degradando el bosque y su capacidad de actuar como sumidero de carbono, es la falta de coordinación entre las diversas agencias estatales.
“Las agencias nacionales a veces no cooperan entre ellas”, dice Salvador Ortega, agente de inteligencia penal del Programa de Seguridad Ambiental de la Interpol, que coordina la acción global contra los delitos ambientales. El papel de Interpol en la lucha contra la tala ilegal es sobre todo de apoyo logístico y fortalecimiento de las capacidades de las policías nacionales con tecnología, extracción y análisis de datos que los lleven a ubicar a los malos actores de la industria maderera.
Vigilar la tala, costoso y difícil
Otro factor, más allá de la pandemia y los largos períodos de restricción a la movilidad, ha sido el costo, por su lejanía y aislamiento, y el difícil acceso físico a los predios, que cuentan con planes autorizados de corte para verificar si están cumpliendo sus compromisos y constatar que la madera que transportan o declaran en el aserradero, en efecto coincide con la que sacaron de un predio autorizado.
“No olvidemos que en la Amazonía peruana las maderas se bajan de una manera ilegal a altas horas de la noche a la noche”, explica el fiscal ambiental Alberto Caraza de Loreto. “Así, en lugares bastantes alejados en nuestra Amazonía, donde existe poca presencia de la autoridad, debemos implementar el control adecuado. Por eso creo que es importante que haya personas idóneas, probas, responsables y que no estén cometiendo actos de corrupción”.
Ortega de la Interpol coincide: es muy costoso vigilar a los productores de madera. Más aún cuando muchas veces los recursos de las entidades oficiales o policiales son menores que los de productores. “El tráfico de madera no es algo que pueda acometer cualquiera, sea éste legal o ilegal, dice. “Algunas de estas compañías tienen suficiente poder económico para estar en mejores condiciones (financieras) que la policía. Quienes quieren manejar el negocio en forma ilegal tienen mejores abogados y mayores oportunidades para encubrir sus actividades ilegales. Por esto es tan difícil enfrentar la tala ilegal”.
Aserraderos, el eslabón perdido
Según varias de las fuentes consultadas, en el aserradero es donde se han hecho las fortunas provenientes de la madera y donde se esconden las trozas que se han talado por fuera de los planes sostenibles.
“¿Por qué los aserraderos no son supervisados? ¿Por qué es el actor que la pasa mejor?”, se pregunta una persona con amplia experiencia en el sector forestal y que prefiere mantener su nombre en reserva. “Porque, por cada 100 metros cúbicos de madera en troza que llega a la industria, la autoridad le permite despachar transformado 80 metros cúbicos. No obstante, según los estudios que yo y otros hemos hecho, para las tablillas y trozas el promedio en el mejor de los casos está entre 40 a 45%. ¿Entonces qué hacen? Completan ese rendimiento con madera ilegal, madera que no tiene documentos”.
Según el especialista, Serfor no ha actualizado las tasa de aprovechamiento por especie, sector y producto, como exige la Ley Forestal aprobada en 2015. Y la norma del 80 por ciento de rendimiento que rige hoy se basa apenas en un memorando.
Tampoco se han podido implementar los libros de operaciones debidamente: siguen intentando que sean digitales y se encuentren conectados en red. Al inicio hubo gran resistencia. Sin embargo, poco a poco va avanzando ese proyecto, como informó el procurador Guzmán. Este cambio, explicó, desde hace mucho tiempo, hubiera impedido a los aserraderos que trabajan al margen de la ley alterar los libros de operaciones o alegar que se han perdido cuando llega una visita de inspección.
En parte, el problema de asegurarse que los aserraderos no aprovechen madera ilegal es que son vigilados por los gobiernos regionales y hay amplias oportunidades para sobornar a los funcionarios que tienen la tarea de controlarlos.
“¿Qué es lo que comúnmente pasa en los aserraderos?”, dice Guzmán. “Entra madera de lugares alejados y que no han sido supervisados por Osinfor”. Explicó que se puede transformar madera sin vigilancia de campo, pues no hay norma que lo prohíba, ello se debe a que la supervisión que realiza el Osinfor es sobre un porcentaje de los títulos habilitantes.
Corresponde a los gobiernos regionales fiscalizar el funcionamiento de los aserraderos, pero ésto no se hace bien. Con tanto dinero involucrado, según lo han encontrado los fiscales, la oportunidad para la corrupción es amplia.
Guzmán también explicó que hay planes para conectar “el eslabón perdido” del sistema de trazabilidad de la madera, que son las plantas de transformación, poniéndolas bajo la fiscalización del Osinfor, ello permitiría mejorar los niveles de control. Sin embargo, hoy en día con la pandemia, se han debilitado las actividades de fiscalización y control de todas las entidades involucradas.
“Con decir que el año pasado Osinfor redujo considerablemente sus supervisiones a los títulos habilitantes, por la pandemia”, dijo Guzmán. “Están supervisando por imágenes satelitales, supervisiones que, en lo personal, creo no resultan del todo efectivas, debido a que gran parte de la madera extraída ilegalmente proviene de espacios ajenos a los títulos habilitantes y solo estos últimos prestan ilegalmente las guías de transporte para darles apariencia de legalidad, permitiendo que dicha madera ingrese al comercio, sin la posibilidad de contrastar con lo que debió ocurrir en el título habilitante”.
Buscado por esta alianza periodística, Osinfor no había respondido hasta el momento de publicación. En el momento en que lo hagan, incluiremos su respuesta.
El retroceso en la vigilancia y control no se debe sólo a la pandemia. Funcionarios que intentaron avanzar en hacer más eficaz la trazabilidad, fueron despedidos aún sin terminar los períodos para los que habían sido nombrados. Hoy, tras casi un año de haber salido, Luis Alberto González-Zuñiga, ex director del Serfor, sostiene que “en el caso de Serfor, ha habido una sucesión de gentes incompetentes en mi reemplazo, no solamente incompetentes sino personas que no saben prácticamente nada del sector y que creo que se ha puesto de manifiesto una vez más la poca importancia que tiene el sector forestal en las políticas públicas en el país”.
González-Zuñiga, además, señala que está cada vez más convencido de que la razón por la que lo sacaron a él y a su equipo es política, por una “alianza con determinados gobiernos regionales claramente corruptos, para que no se siga trabajando haciendo la lucha que tiene que hacerse contra esas prácticas corruptas”. Para el ex director del Serfor “no hay voluntad política y hay intereses que se oponen a eso”.
Los datos de la plataforma Proética revelan esa la cercanía entre vigilados e infractores. Así, por ejemplo, el funcionario forestal Marcial Pezo Armas, autor de 59 planes de manejo forestal (PMF) con información falsa, es hoy gerente de la autoridad forestal de Ucayali. Y siendo gerente forestal de Loreto, Kenjy Terán aprobó nueve PMF con árboles inexistentes en zonas apartadas donde están las últimas caobas y cedros, listados en CITES como especies en riesgo de extinción.
Rolando Navarro, ex presidente ejecutivo de Osinfor, y quién había sido clave en toda la operación que frenó el flujo constante de toneladas de madera de origen ilegal en los barcos de la Naviera Maynas, dueña del Yacu Kallpa, desde la selva hasta los puertos de México y Estados Unidos, sostiene que funcionarios cercanos a los intereses madereros están hoy en control de Osinfor.
“Mirándolo desde afuera, para mí el tema de Osinfor fue parte de un plan de asalto”, dijo. Están haciendo “la estrategia del Caballo de Troya, ¿no? Meterse adentro con su propia gente del sector”. Explicó que “en la alta dirección del Osinfor trabajan funcionarios que, por ejemplo, “en algún momento han querido desacreditar el resultado de la Operación Amazonas 2015 y de esa última embarcación del Yacu kallpa”.
En este contexto de debilitamiento del sector forestal, los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial de este 6 de junio —Pedro Castillo y Keiko Fujimori— no han brindado ninguna propuesta sobre mejoras en el rubro maderero. Ni siquiera lo han considerado en sus planes de gobierno.
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Nuevas concesiones
Con investigaciones en curso en Estados Unidos y en Perú y un historial de violaciones a la ley forestal, incluso después de que le hallaran en los viajes del Yacu Kallpa toneladas de madera cuyo origen no provenía de planes sustentables, Inversiones La Oroza terminó premiada por las autoridades locales.
A esta empresa le aprobaron cinco concesiones forestales nuevas, según documentaron OjoPúblico y Mongabay Latam. Entre 2016 y 2019 el gobierno de Loreto le entregó otras 177.285 hectáreas que podrá explotar en los distritos de Mazán, Las Amazonas e Indiana, en la provincia de Maynas, Loreto, a lo largo de los próximos cuarenta años.
Estas concesiones se suman a la de 17.014 hectáreas que tiene desde 2004 y que le había otorgado la antigua Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFF) de Loreto. Fue por la forma cómo manejó esta concesión en Indiana (Las Amazonas) que Inversiones La Oroza recibió múltiples sanciones.
Dos de esas concesiones, que entregó el gobierno de Loreto en Maynas en 2019, están ubicadas al sur de la que ya tenía. Según le dijo el fiscal Caraza a Mongabay, las autoridades regionales no siguieron el procedimiento legal adecuado para entregar estas concesiones y, por lo tanto, la fiscalía ambiental abrió una investigación.
En entrevista con este equipo investigativo, el propietario de Inversiones La Oroza explicó que no pudo continuar con la concesión original en Indiana, no por las sanciones que tuvo allí, que no mencionó, sino porque queda muy metida en la selva y los narcotraficantes ya se han apropiado de esa región. Por eso pidió nuevas concesiones más cercana a Iquitos, donde tuviera más seguridad.
“En las zonas más alejadas ya no se puede trabajar, más cerca a la frontera ya no se puede trabajar”, dice Ascencio. “Nosotros, por tener actividad en partes más cerca a Iquitos, podemos mantenerlas vigentes porque todavía no ha llegado, pero también hay indicios que también están entrando por aquí. Hemos devuelto varias concesiones por la inseguridad”.
El gerente regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre, Kenjy Teran Piña, el mismo que aprobó los nueve planes de manejo forestal con información falsa, dijo a OjoPúblico a fines del año pasado, que la empresa cumplió con todos los requisitos financieros y técnicos para otorgarle la concesión y sólo habría podido negárseles si tuvieran una sentencia judicial en firme en su contra. Teran Piña está siendo investigado por la FEMA de Loreto, como sospechoso de tráfico ilegal de madera y otorgamiento ilegal de derechos.
Esa misma gerencia forestal regional de Loreto incluyó en noviembre del 2020 a 169 concesiones forestales, entre las cuales quedaron dos de La Oroza, en un proyecto de reactivación económica a raíz de la pandemia. El año pasado, esta compañía también accedió a un préstamo de 1,3 millones de soles (unos 390 mil dólares) como parte de Reactiva Perú, un programa del gobierno peruano creado para que los bancos canalicen créditos a las empresas y estas aseguren el pago de sus proveedores y trabajadores.
Entre 2001 y 2020, Loreto perdió 440 hectáreas de bosque húmedo primario,dice el más reciente análisis del Global Forest Watch. Por supuesto no es solo la tala ilegal la que destruye la selva. Hay otras causas, como arrasar bosque para siembra de coca o para instalar laboratorios de procesamiento de pasta base de cocaína, que además han puesto a comunidades nativas en riesgo, como lo contó Mongabay en Tierra de Resistentes. Además, como lo dijo en entrevista con reporteras de este equipo la ecóloga colombiana Ángela Parrado Rosselli y lo corroboran otros estudios, incluso la tala legal y ordenada, en el largo plazo degrada el bosque y afecta su capacidad para limpiar la atmósfera. Y peor aún cuando la tala no permite la regeneración, porque no sale de explotaciones forestales manejadas con ese objetivo en mente.
Ascencio sigue convencido de que el gran deforestador es el narcotráfico. Que más bien, ellos, al sacar árboles, fortalecen la capacidad del bosque de sumir carbono. “Todo árbol es un ser humano, nace, crece, se desarrolla y muere, entonces hay que aprovechar los que están un poquito maduros. Se aumenta la biomasa, eso está comprobado, y mucho más en estos suelos, donde, por decir la virola, que tiene un desarrollo rápido de crecimiento, y en 15 años podemos de nuevo talar un árbol de virola porque crecen en 12 años”.
En el largo plazo, como lo ha argumentado Julia Urrunaga, directora de EIA en Perú, aquellos empresarios que se resisten a hacer más transparente la trazabilidad de la madera terminan haciendo daño no sólo al bosque, sino al sector exportador maderero en general. Si el proceso para verificar la madera es opaco y ésta no se puede trazar claramente desde su origen, siempre quedará la duda sobre si el producto que sale del país está contribuyendo al deterioro de la Amazonía, la selva tropical continua más extensa del mundo cuya conservación es la mayor contribución de los países sudamericanos a mitigar la crisis climática.
“Nosotros luchamos por dar una sanción o una pena a quien comete estos abusos contra nuestra tierra”, dijo a este equipo periodístico, Caraza, el fiscal ambiental de Loreto. “Defendemos nuestra tierra, nuestra pacha mama donde vivimos, es el futuro del mundo entero. Mire lo que estamos viviendo en la pandemia. Mire lo que estamos sufriendo, la falta de oxígeno y talar ilegalmente árboles hace que este oxígeno sea más escaso en el planeta”.
Ascencio de Inversiones La Oroza asegura que al él lo mueve el mismo sentimiento. “Yo soy ingeniero forestal, y me gusta, me apasiona este tema y quiero a este país y a esta región”.
William Amaringo de Inversiones WCA, la otra empresa sancionada, asegura que es el gobierno que al no hacer bien su trabajo los pone a ellos en riesgo.
“Nosotros verificamos la concesión de donde se está extrayendo la madera. Prácticamente estamos haciendo la labor del Estado. Ahora, lo que estamos haciendo es que verificamos… desde la extracción mandamos a un ingeniero forestal de la empresa a verificar que la madera corresponda al lugar de donde se está sacando… Me he cansado de decir que el problema está en el campo, en el momento de talar el árbol”, explicó su Amaringo a reporteras de esta equipo.
Si gobierno y empresas logran garantizar que están sacando madera permitiendo de veras la regeneración del bosque tropical más estratégico para la supervivencia del planeta, ganará el sector maderero con un comercio que ningún país pondrá bajo sospecha.
Esto es válido no sólo para ellos sino para Perú. De seguir como va este sector peruano, no va a ser la última vez que Estados Unidos le cierre su mercado a una maderera, menos bajo el nuevo gobierno Biden que ha hecho de la preservación de la Amazonía una prioridad. Ni tampoco será éste el único mercado que se les cierre porque exige que la madera que se importe sea de origen legal.
*Esta es una investigación periodística transfronteriza realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), El Informe con Alicia Ortega en República Dominicana, OjoPúblico en Perú, Mongabay Latam en México y Perú y Agência Pública en Brasil, que le siguió la pista a las operaciones internacionales de las empresas madereras Inversiones La Oroza e Inversiones WCA, E.I.R.L. con el apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center on Crisis Reporting.
Ilustración: Miguel Méndez – CLIP.
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