- La suspendida mina de Río Blanco, en la parroquia Molleturo de Cuenca, se ha convertido en epicentro de la minería ilegal y de graves conflictos. La defensora del agua Alba Bermeo fue asesinada a finales de octubre mientras cursaba su quinto mes de embarazo.
- Las agresiones han sido dirigidas contra defensoras ambientales. También en octubre fue baleada la casa de Mónica Guarango y Dina Chillpi recibió un disparo en una pierna.
Desde 2018, cuando el proyecto minero Río Blanco de la empresa EcuaGoldmining S.A. fue suspendido por incumplir con la consulta previa, libre e informada, los páramos de la provincia de Azuay han sido testigos de los conflictos entre comunidades defensoras del agua y algunas personas de Cochapamba y del cantón Ponce Enríquez que acceden a la mina para extraer oro de manera ilegal.
A las 10 de la noche del viernes 21 de octubre, mineros ilegales se dirigieron con dos furgones hacia la mina para extraer material aurífero y, según información de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas personas cargaron un camión con material del lugar y emprendieron un viaje por la vía Naranjal-Cuenca alrededor de la medianoche.
Algunas comunidades de la parroquia Molleturo —en donde se encuentra ubicada la concesión minera— hacen parte de un movimiento a favor de la defensa del agua y tienen un puesto de control en el sector conocido como Tamarindo, con el que tratan de evitar que la minería ilegal se apodere del páramo. Desde allí pidieron el apoyo de la policía para requisar el vehículo. Las autoridades encontraron el oro y procedieron a detener el camión.
En ese momento llegaron más defensores del agua al lugar y exigieron regresar el material extraído de la mina. En medio de las tensiones, y argumentando una decisión colectiva para ponerle fin al conflicto, las comunidades decidieron llevar de vuelta el camión al pueblo pues consideraban que se debía hacer una verificación exhaustiva de lo extraído.
Al tiempo que esto ocurría, Alba Bermeo Puin regresaba a Molleturo dentro de una grúa conducida por uno de sus hermanos —que es del negocio de transporte de su familia— justo detrás del camión cuando, a unos 100 metros del ingreso de la vía Cochapamba, personas desconocidas salieron a la carretera y le dispararon directamente a la grúa, impactando el pecho de Alba Bermeo, quien murió antes de llegar al hospital más cercano. Tenía cinco meses de embarazo.
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Dos graves atentados antes del asesinato
Alba Bermeo tenía 24 años y manejaba la contabilidad de los dos camiones, una grúa y una vulcanizadora, que forman parte del negocio de su padre, Raúl Bermeo, un hombre bastante conocido en Molleturo.
Algunos habitantes del pueblo, que pidieron la reserva de su nombre debido al deterioro de la seguridad en la zona desde hace algunos meses, le dijeron a Mongabay Latam que la joven no era una de las caras más visibles del movimiento ambiental, pero que solía participar activamente en los encuentros y campañas en defensa del agua que se organizaban en esta parroquia del cantón Cuenca.
Su padre, Raúl Bermeo, prefiere no dar entrevistas, pero le ha asegurado a sus vecinos y amigos que guarda silencio porque no quiere que la imagen de su hija sea utilizada con intereses políticos ahora que se acercan las elecciones seccionales en el país. En febrero de 2023, los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, y vocales de juntas parroquiales.
“Él [Raúl Bermeo] quiere que su hija sea recordada por la gran persona que era y no como un símbolo de enfrentamiento entre comunidades. Dentro del espectro de la defensa del agua hay varios actores que se están postulando a las elecciones y eso está generando un tira y afloja de a qué sector pertenecía la compañera Alba. El papá está indignado por eso”, dice uno de los habitantes de Molleturo.
La situación en la zona es preocupante. El asesinato de Alba Bermeo terminó por encender todas las alarmas en la comunidades y fue la gota que derramó el vaso de la violencia que empezó a invadir esta región de la provincia de Azuay. La integridad y seguridad de las personas que defienden el agua y se han opuesto a la minería en los páramos de Cuenca están en riesgo desde hace varios meses, una situación que se acrecentó en octubre.
El asesinato de Alba Bermeo fue el tercer ataque con armas de fuego, en menos de un mes, contra moradores y viviendas de la parroquia de Molleturo que han enfrentado a la minería ilegal y legal.
El primer caso ocurrió la noche del 1 de octubre, cuando la casa de Mónica Guarango fue atacada. La defensora se encontraba sola en su vivienda con su hijo de 10 años. El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Molleturo le había encargado el cuidado de una maquinaria para el mantenimiento de la vía Río Blanco-Cochampa-Yumate. Poco después de esto, hombres armados abrieron fuego contra la vivienda y luego huyeron, dirigiéndose al páramo y quemando una casa comunal que se encontraba en lo alto de la montaña. “Este era un lugar donde la gente de la comunidad se encontraba para realizar labores de monitoreo y restauración ambiental”, manifestó la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador en un comunicado.
El 8 de octubre, tan solo una semana después, un ataque similar volvió a ocurrir. Otra defensora, Dina Chillpi, fue gravemente herida con un disparo en su pierna. Varios hombres, que no han sido identificados, llegaron en ocho motos y arremetieron con armas al punto de control que las comunidades defensoras del agua tienen en San Pedro de Yumate.
“La comunidad acude a la Fiscalía para presentar la denuncia por intento de asesinato pero cuentan que los fiscales les recomiendan no hacer la denuncia por este delito porque la vida de la señora no corría riesgo inminente. Le sugirieron presentar una denuncia por lesiones”, comenta Felipe Bonilla, integrante de la organización Acción Ecológica que trabaja en la zona y acompaña a las comunidades.
Bonilla asegura que para justificar lesiones se necesita un informe de Medicina Legal que indique una incapacidad de más de 30 días, “y resulta que a ella le dan 28 días, razón por la cual el caso ya no cumple con los requisitos para seguir en investigación. La comunidad tendrá que pagar un abogado para que continúe con las acciones judiciales, pero esta vez por una contravención [un tipo de infracción de menor gravedad que un delito]”.
Además de esto, Bonilla destaca otro episodio de agresión contra defensores días previos al asesinato de Alba Bermeo: en la comunidad de Cochapamba se registró una balacera y, usando a varios niños como mensajeros, se enviaron papeles con amenazas a algunos defensores del agua.
Según dicen Bonilla y los habitantes de Molleturo con los que conversó Mongabay Latam, todos estos casos fueron denunciados. Hasta el momento la Fiscalía ha dicho que todo se encuentra en investigación y no pueden dar más detalles al respecto.
Las comunidades aseguran que ninguna entidad del Estado ha tomado medidas para brindar protección a las personas defensoras de la naturaleza en la parroquia Molleturo ni para impedir actividades de minería ilegal en Río Blanco, cuya concesión fue suspendida en 2018.
“Es extremadamente preocupante que todas las víctimas de los atentados de este mes [octubre] sean mujeres y alertamos a las autoridades del grado de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de Molleturo por causa de una violencia extractiva”, aseguró la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador en su comunicado.
* Imagen principal: Boca de la mina Río Blanco ubicada en las parroquias Molleturo y Chauca en Cuenca. Su actividad está suspendida desde 2018, pero se ha convertido en foco de interés para la minería ilegal. Foto: Elizabeth Durazno.
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