- El congresista José Bernardo Pazo Nunura lleva adelante un proyecto de ley que busca reabrir el proceso de formalización de la pesca artesanal, Siforpa II, que concluyó en julio pasado.
- Son 2012 las embarcaciones que quedaron fuera del proceso y que, de aprobarse la normativa, buscarían una segunda oportunidad para regularizarse.
- La propuesta ha generado controversia puesto que pescadores y especialistas aseguran que el proyecto permitirá formalizar embarcaciones construidas ilegalmente poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos y la economía de los pescadores.
El proceso conocido como Siforpa II, que el Estado peruano inició en 2018 para abordar el problema de la informalidad en la pesca artesanal concluyó el pasado 31 de julio. El objetivo era promover la formalización de las embarcaciones existentes hasta esa fecha y, aunque la medida fue creada con carácter de urgencia, diferentes extensiones en los plazos hicieron que finalmente tardara casi cinco años. Sin embargo, los plazos podrían volver a extenderse puesto que un nuevo proyecto de ley, impulsado por el congresista José Bernardo Pazo Nunura, vicepresidente de la comisión de Producción del Congreso, busca ampliar el proceso de formalización por un año más.
La iniciativa preocupa a dirigentes pesqueros y expertos en conservación marina, puesto que aseguran que el proyecto de ley permitiría la formalización de embarcaciones construidas ilegalmente que buscan dedicarse a la pota, un recurso considerado plenamente explotado por lo que no se permite la entrega de nuevos permisos para su captura.
Dado lo anterior, el proyecto generaría incentivos para la entrega subrepticia de títulos habilitantes, aseguran los especialistas. Además, la normativa pondría en riesgo la sostenibilidad de la pota y la fuente de trabajo de quienes ya se han formalizado, pues la sobreoferta de recursos conduciría a una caída de los precios afectando la economía de los pescadores.
El controvertido proyecto de ley
Un total de 4583 embarcaciones se inscribieron en 2018 para ser parte del proceso Siforpa II que incluía varias etapas que debían ser aprobadas. Poco más de la mitad de esas embarcaciones lograron avanzar en el proceso y 2012 quedaron fuera de él.
Percy Grandez, abogado de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica que una de las primeras etapas del Siforpa II consistía en que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) realizara la verificación de existencia de la embarcación. Esa etapa debía hacerse hasta el 24 de diciembre de 2018. Después de ese momento se podía continuar con los demás procedimientos como la obtención del certificado de matrícula o del protocolo de habilitación sanitaria, entre otros, hasta obtener permiso de pesca definitivo.
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El primer paso era fundamental, puesto que en 2015 Perú prohibió la construcción de nuevos barcos artesanales con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero y la sobreexplotación de las especies. Asegurar, por ende, que solo se estarían regularizando las embarcaciones existentes era primordial para garantizar el cumplimiento de la ley y la conservación de los recursos marinos.
Ese fue justamente el paso que no aprobaron 2012 embarcaciones, “lo cual que hace presumir que, en ese momento, esos barcos no existían en físico”, dice Grandez o bien “no iniciaron el trámite en su momento”, agregó Marylia Vargas, especialista en formalización pesquera de la SPDA.
Dado que las autoridades peruanas han identificado que la construcción de barcos se sigue dando en ciertos lugares pese a la prohibición, es muy posible que aquellas embarcaciones que en su momento no pudieron demostrar que existían, en el transcurso de los años se hayan construido, explica Grandez. Desde ese punto de vista, expertos y pescadores aseguran que la propuesta del congresista Pazo permitiría que se formalicen embarcaciones construidas ilegalmente.
“Nuestras autoridades, en especial el ministro de la Producción y la viceministra de Pesquería, deben tomar una seria decisión para no abrir las puertas a flotas pesqueras artesanales construidas después de iniciado el Siforpa II y que hoy se han juntado para que les acepten una flota de más de 2000 embarcaciones construidas ilegalmente”, señaló Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales Mar de Paita (APAMARPA).
Pescadores y recursos pesqueros vulnerables ante el proyecto de ley
La situación es preocupante, aseguran pescadores e investigadores, porque además las embarcaciones que buscan esta segunda oportunidad por medio de la aprobación del proyecto de ley, se dedican a la pesca de pota o calamar gigante, un recurso que según el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ya se encuentra en plena explotación, es decir que se encuentra en su rendimiento máximo sostenible. “Esto implica que el Estado ya no puede otorgarle a nadie un permiso de pesca para que pesque pota”, precisa Grandez.
Si esto es así, “¿por qué estos barcos, que quedaron fuera del proceso de formalización, insisten en formalizarse para pescar pota si es que ninguno de ellos va a tener acceso a ese recurso?, se pregunta el especialista. Lo anterior preocupa a los expertos quienes temen que el nuevo proyecto de ley “pueda generar incentivos para que se genere corrupción y de alguna manera subrepticia (las nuevas embarcaciones) consigan un título habilitante para pescar pota”, explica el abogado de la SPDA.
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Además, un incremento en el esfuerzo pesquero impulsado por un aumento de poco más de 2000 barcos no solo podría menoscabar la sostenibilidad de los recursos, sino también la economía de los pescadores.
Así lo asegura una investigación publicada en 2022 en la revista académica Marine Policy, que analiza el costo de la informalidad en las pesquerías artesanales peruanas. El estudio sostiene que “la entrada de embarcaciones industriales o más embarcaciones artesanales nuevas no reguladas, probablemente agravaría los efectos socioeconómicos al inundar los mercados, afectando negativamente a las comunidades vulnerables a lo largo de la costa peruana, ya que su principal actividad económica puede volverse rápidamente no rentable”.
Esta no es la única investigación que ha advertido sobre los problemas de aumentar el esfuerzo pesquero. Una publicación hecha en 2020 en la revista científica frontiersin.org, reconstruyó el panorama de la pesca artesanal peruana en las últimas siete décadas y logró demostrar que la flota ha crecido de manera explosiva impulsando la sobreexplotación de los recursos costeros y el empobrecimiento de los pescadores.
Por otro lado, sumado al aumento del esfuerzo pesquero a nivel nacional, Pedro Silva, vocero de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal) asegura que el incremento en el tamaño de la flota china que pesca calamar gigante en los límites del mar peruano también ha hecho que el recurso disminuya. “En estos instantes si vinieran ustedes verían toda la flota paralizada”, le dijo el dirigente a Mongabay Latam. Según cuenta, hace unos años los barcos salían a pescar por dos o tres días y regresaban a puerto con hasta 10 toneladas de pota. Sin embargo, el recurso “se fue alejando hasta que ahora para traer una cantidad mínima para poder mantener en operación la embarcación se demoran 15 días”.
Según explica el pescador, “la pota sale a desovar fuera de las 200 millas y de ahí comienza a entrar a aguas de nuestro territorio” y en los buenos tiempos de la pesca del calamar, cuando “solo habían 12 a 15 barcos chinos”, dice, cada pota pescada podía pesar hasta 50 kilos. “Ahora, año tras año ha ido aumentando la cantidad de barcos chinos y la pesca en nuestro litoral ha ido disminuyendo porque estos barcos hacen como una cortina afuera y ya el recurso no entra”.
Ante las controversias, el Congreso solicitó al Ministerio de la Producción (Produce) su parecer sobre el proyecto de ley a lo cual el Produce respondió, en un oficio enviado el jueves pasado, tener una opinión favorable. “Nos preocupa y sorprende que el Ministerio de la Producción, que es la entidad llamada a velar por la sostenibilidad de las pesquerías en el país, promueva un proyecto de ley que tiene serios cuestionamientos por favorecer la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras y por lo tanto favorecer también la pesca ilegal”, dice Percy Grandez.
Además, agrega el experto, “llama a la suspicacia que la comisión de producción del Congreso, cuyo vicepresidente es el congresista Pazo, autor de este cuestionable proyecto de ley, no le haya solicitado opinión a la DICAPI que es justamente la entidad ante la cual estas embarcaciones no pasaron la verificación de existencia. Es sumamente cuestionable que no le pidan su opinión a una entidad clave en el proceso de formalización pesquera”, sostuvo.
* Imagen principal: Pescadores artesanales en la costa norte peruana. Foto: Cortesía ANDINA/Vidal Tarqui.
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