- La ley que creó recientemente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), exige nuevos requisitos para el otorgamiento de concesiones al interior de áreas protegidas.
- La información fue comunicada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de un oficio, el que fue criticado por la industria salmonera y llevado a Contraloría.
- Actualmente hay 71 solicitudes de concesiones en trámite para cultivar salmones al interior de áreas protegidas y representantes de la industria alegan que se perderán puestos de trabajo.
- Expertos en conservación catalogaron de “lamentable” la reacción del sector salmonero, sobre todo considerando los antecedentes de impactos ambientales que tiene esta industria.
Gran revuelo ha generado en la industria salmonera un oficio emitido por el Ministerio de Medio Ambiente que expone los puntos acordados en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y que entró en vigencia el pasado 2 de octubre.
¿La razón? El oficio señala que se pueden entregar concesiones en tres categorías de áreas protegidas —Reservas Nacionales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos y Área de Conservación de Pueblos Indígenas— siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. Uno de ellos es que el área donde se encuentra la concesión cuente con un plan de manejo, es decir, con el documento donde se incluyen conocimientos científicos del área, se identifican los principales problemas que deben ser abordados para lograr un desarrollo sostenible y una serie de instrumentos de manejo que deben ser implementados a través de planes operativos específicos.
Además, los proyectos salmoneros deberán obtener un informe favorable del SBAP para funcionar y la actividad que realicen deberá ser compatible con el objeto de protección, es decir, con la fauna, la flora y los ecosistemas que el área protegida busca conservar y que están especificados en el plan de manejo.
Sin embargo, como las áreas protegidas donde se mantienen solicitudes de concesiones salmoneras en trámite no tienen planes de manejo, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) informó en el oficio que, de acuerdo a la ley, dichas solicitudes se deben congelar.
En el sector salmonero saltaron las alarmas puesto que, según datos del MMA, actualmente hay 71 solicitudes de concesiones en trámite para cultivar salmones al interior de áreas protegidas. La mayoría se concentran en la Reserva Forestal Las Guaitecas y la Reserva Nacional Kawésqar que, aunque fueron creadas en 1938 y 2019, aún no cuentan con un plan de manejo.
Pero las tensiones no son solamente entre el gobierno y la industria. La diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, acusó que el gobierno busca imponer su ideología por vía administrativa, por lo que envió un oficio a la Contraloría para que analice su legalidad.
Abogados expertos en conservación aseguran que ninguna información nueva ha sido dada a conocer en el oficio como para causar tanta controversia. “El oficio nada más viene a fijar lo que dice la ley SBAP respecto a que no se otorgarán concesiones en áreas protegidas si es que éstas no cumplen con el plan de manejo, entre otros puntos”, dice el abogado Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA.
El abogado e investigador de Fundación Terram, Eduardo König, por su parte, aclaró que el oficio “es una mera comunicación no una instrucción hacia los organismos del Estado encargados de otorgar concesiones de distinto tipo”.
Los primeros reclamos
El 2 de octubre, Gabriel Boric, presidente de Chile, anunció públicamente la entrada en vigencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
“Después de trece años (el SBAP) se transforma en ley y nos obliga a cumplirla porque no es una declaración de intenciones”, sostuvo el presidente en la comuna de Hijuelas en la región de Valparaíso, rodeado de naturaleza y dirigiéndose, en particular, a unos pequeños asistentes: “Niños y niñas deben exigirnos que cumplamos”, dijo.
La puesta en vigencia del SBAP viene a sellar una etapa que comenzó en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, que junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), busca robustecer la institucionalidad ambiental. Su principal misión será fortalecer la protección de los territorios, la biodiversidad y su pérdida, así como los efectos del cambio climático.
La creación del nuevo servicio, sin embargo, ha provocado en diferentes etapas del proceso reacciones por parte de la industria, en especial la salmonera.
Entre marzo y junio de este año, mientras se discutía la ley SBAP en el Congreso, varias movilizaciones se desarrollaron debido a que una indicación en particular dentro del proyecto de ley pretendía modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para impedir que nuevas concesiones se instalarán en las áreas protegidas. Las manifestaciones fueron encabezadas por los trabajadores de la industria que temían perder sus puestos de trabajo.
En esa oportunidad la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que “el proyecto buscaba resguardar las áreas protegidas, zonas que hemos decidido cuidar por su valor en biodiversidad y por los beneficios que nos entregan. Para cumplirlo, la Ley para la Naturaleza prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las actuales” y que, por lo mismo, la iniciativa no afectaba el empleo actual.
La indicación, sin embargo, fue rechazada en el Congreso.
Ahora, tras la publicación del oficio, la industria salmonera ha vuelto a manifestar su descontento a pesar de que la ley SBAP sí permite el otorgamiento de concesiones al interior de áreas protegidas, aunque no en cualquiera y bajo ciertas condiciones.
“Cuando un país requiere inversiones y crecimiento económico, no se entiende que en paralelo se dicten normas que inyectan incertidumbre e incerteza a un sector productivo que aporta el 2% del PIB y es el segundo en exportaciones, tras la minería”, señalaron desde SalmonChile, la asociación que reúne a las principales empresas productoras y proveedoras de salmón en el país.
Sady Delgado, gerente general de la empresa salmonera AquaChile, no obstante, celebró que el ministro de economía, Nicolás Grau, firmara la semana pasada el protocolo que permitirá la entrada del salmón del pacífico al mercado Chino. “Enorme el trabajo del ministerio de economía, Sernapesca, subsecretaría de pesca y ministerio de agricultura para apoyar el comercio exterior de Chile como potencia alimentaria”, publicó en sus redes sociales.
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Las aclaraciones en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos
El 11 de octubre la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y los trabajadores de la industria salmonera participaron en la sesión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos (CPAIM) de la Cámara de Diputados y Diputadas, para dialogar y aclarar el objetivo que tuvo el oficio emitido por esa cartera.
Lo primero que aclaró Rojas fue que el oficio tuvo como objetivo “comunicar una información relevante a los ministerios que se encuentran facultados de otorgar concesiones”.
Elizabeth Pulgar, presidenta del sindicato Trusal-Salmones Pacific Star, del holding de Salmones Austral, manifestó la preocupación que sienten los trabajadores de la industria pues temen perder su fuente laboral debido a esas restricciones. “Es una nueva amenaza que se pone por delante”, aseguró la dirigente.
Si bien la presidenta del sindicato Trusal-Salmones Pacific Star reconoció que la industria ha generado daños, aseguró que “los estándares de calidad se están respetando” y recalcó que actualmente la mano de obra de la industria “está constituida en un 60 % por mujeres que han emplazado a la industria a hacer las cosas bien”.
En la misma línea, Paola Sanhueza, presidenta de la Federación de Trabajadores del Salmón (Fetrasalmón), aseguró que “nadie está en contra de la ley SBAP, al contrario, es positivo el resguardo del medio ambiente”. No obstante, la dirigente invitó a las autoridades a visitar las instalaciones de salmonicultura que, según dice, “han avanzado positivamente en los últimos 10 años”.
Un informe elaborado por Fundación Terram, sin embargo, da cuenta de que no existen cifras históricas de empleo en la industria salmonera levantadas por los organismos públicos pertinentes. ”Este hecho dificulta tener claridad del real aporte o impacto que genera este sector en términos de empleos directos e indirectos”, señaló König.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, tras escuchar las demandas de los trabajadores en la sesión de CPAIM, manifestó que tiene “la convicción” de que es “absolutamente compatible” mantener las fuentes laborales al mismo tiempo que las concesiones cumplen con los requisitos.
Preocupación por los antecedentes de la industria salmonera
Pese a las mejoras que la industria ha venido desarrollando en términos ambientales, según los trabajadores de las empresas, solo en lo que va del año 2023, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha iniciado más de 35 procesos sancionatorios a empresas del rubro salmonero por sus centros de cultivo en el mar, asegura la Fundación Terram. En la mayoría de los casos, los procesos sancionatorios tienen que ver con incumplimientos a los permisos ambientales que la autoridad les otorgó.
A inicios de este año, la empresa Australis Mar fue parte de esos procesos. Tras la autodenuncia de la compañía, la SMA inició cinco procedimientos sancionatorios debido a la sobreproducción de salmones en ocho de sus centros de cultivo. Todos están ubicados en áreas protegidas de la Patagonia: siete al interior del área marina de la Reserva Forestal Las Guaitecas y uno dentro de la Reserva Nacional Kawésqar.
Pero los incumplimientos por parte de la industria salmoneras que han tenido como consecuencia daños ambientales, no son solo de este año. Uno de los casos más graves corresponde a la empresa Nova Austral a la que la SMA revocó los permisos ambientales de tres centros de engorda y aplicó una millonaria multa. La decisión, nunca antes aplicada, se adoptó luego de diversas diligencias probatorias como análisis de sedimentos, muestreos y filmaciones submarinas que acreditaron que la empresa provocó un daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini de Magallanes, tras superar la producción máxima autorizada.
Otro de los recordados episodios que envolvió a la industria fue el sucedido en 2021, cuando se registró más de 5 000 toneladas de salmones muertos debido a “marea café”, amenazando los ecosistemas marinos en la Patagonia. A pesar que en esa oportunidad, el gobierno señaló que se trataba de un evento natural, los científicos aseguraron que la industria salmonera también tuvo responsabilidades.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, señaló en una columna de opinión que “resulta lamentable observar una industria tan enardecida en contra de una legislación, que no es capaz de mirarse a ella misma y mucho menos se compromete en forma efectiva con el cumplimiento de la legislación vigente”.
*Imagen Principal: Centro de cultivo de salmones. Foto: WWF Chile – Denisse Mardones.
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