- En México, el 2024 será un año marcado por las elecciones presidenciales y locales. El fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador genera expectativas y preocupaciones sobre el futuro de la agenda ambiental en el país.
- En el último año de AMLO se prevé que el gobierno acelere el ritmo para cumplir sus metas en el tema de infraestructura. Esto podría agudizar la violencia contra quienes se oponen a los megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- Esa celeridad también podría vulnerar la efectividad de acciones de protección de áreas naturales, sobre todo con un sector ambiental cada vez más castigado en términos presupuestales y en capacidades de vigilancia.
Para México, el año 2024 representa la última oportunidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a un sector ambiental castigado presupuestal e institucionalmente durante todo su sexenio. Algo que se mira difícil de alcanzar sobre todo porque la atención gubernamental está puesta en terminar, a como dé lugar, con los megaproyectos insignia de esta administración, entre ellos el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El 2 de junio de 2024, además, México celebrará elecciones presidenciales y del cuerpo legislativo que acompañará al siguiente gobierno, que entrará en funciones el 1 de octubre. A nivel local, en los 32 estados también se renovarán cargos; se elegirán a más de 19 000 representantes públicos. Por esas cifras, estas son llamadas las elecciones más grandes en la historia de México.
El complejo panorama electoral que se avecina y la posterior transición del gobierno mantiene en alerta a quienes analizan y monitorean las agresiones contra personas defensoras del ambiente y el territorio, ante un posible aumento de la violencia en el país. La urgencia del gobierno por terminar sus megaproyectos de infraestructura podría agudizar las agresiones contra quienes se oponen a ellos, advierten.
Esa celeridad ya se refleja en el incremento de las áreas naturales protegidas que se dio en los primeros días de enero, con lo cual se busca cumplir con el compromiso presidencial de terminar el sexenio con la mayor cifra de este tipo de zonas, aunque no se cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar su real protección. Mientras demandas recurrentes, como la necesidad de más presupuesto para fortalecer al sector ambiental, llegan al último año del sexenio sin cumplirse.
Especialistas en diversos temas ambientales hablaron con Mongabay Latam sobre los desafíos ambientales que tendrá el país para el 2024 y cuáles son sus expectativas y preocupaciones ante el fin del sexenio.
1. Una real protección para las personas defensoras del ambiente y el territorio
“Cerramos el 2023 preguntándonos qué nos va a traer el año electoral”, dice Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), refiriéndose a la creciente violencia contra personas defensoras del ambiente y el territorio. Y es que el pasado ha mostrado que en México, durante los contextos electorales, la violencia se incrementa en varias regiones del país.
Las campañas electorales también serán una oportunidad para conocer la postura de los candidatos a puestos de elección popular frente al tema ambiental y, en particular, sobre las personas defensoras, “para mirar qué se puede esperar en los siguientes años”, considera.
Carreón plantea la misma expectativa respecto a la postura que tendrá el próximo gobierno sobre los megaproyectos que comenzó la administración de López Obrador, particularmente el llamado Tren Maya, con el reordenamiento territorial en la Península de Yucatán que traerá aparejado, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que implicará la transformación territorial de 79 municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz.
Respecto a este último proyecto, la coordinadora de Protección para las Américas de Frontline Defenders, Sandra Patargo, advierte que al ser el último año del gobierno actual las obras del CIIT se acelerarán, lo que podría agudizar las agresiones contra quienes se oponen a él.
“Este proyecto va a avanzar de manera más rápida de lo que lo ha hecho en los últimos años y, considerando que las comunidades han dicho que se van a seguir oponiendo al proyecto, es muy posible que el gobierno y los demás intereses que están de por medio sigan avanzando, con la posibilidad de que esto implique más violencia contra las personas defensoras y cada vez más grave dependiendo de los niveles de resistencia”, señala.
Patargo considera que un desafío para este año, desde las organizaciones no gubernamentales que acompañan a las personas defensoras, es visibilizar la violencia en contra de quienes se oponen al CIIT. “Creo que no hemos logrado que se vea la seriedad de lo que está sucediendo y el riesgo en el que están las personas defensoras en esta zona”, advierte.
Al margen del cambio de gobierno, hay otros desafíos relacionados con la protección de las personas defensoras del ambiente y el territorio que no han sido atendidos en la actual administración, apunta Carreón.
Uno de ellos es analizar los impactos diferenciados de las agresiones en personas indígenas y mujeres. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señala en su más reciente informe sobre la situación de los defensores ambientales en México en 2022, que el 52 % de las personas defensoras ambientales agredidas ese año pertenecen a una comunidad indígena.
En el caso de las mujeres defensoras, Carreón subraya la necesidad de analizar, desde las dudas de las propias defensoras, qué implica y en qué consiste una agresión y los impactos a sus familias, colegas o acompañantes.
La coordinadora de Terravida también considera un desafío revisar el actuar de las industrias que están en los territorios donde ocurren agresiones contra personas defensoras. De acuerdo con el informe anual de Cemda, de los 197 eventos de agresiones documentados en el año 2022, prácticamente una quinta parte estaban relacionados con el sector minero, también destacan el hídrico (10.7 %) y el energético (8.6 %).
La importancia de analizar el comportamiento de las empresas que están presentes en las regiones donde se cometen agresiones contra defensores también fue evidenciada en la investigación sobre defensores desaparecidos, elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. Ahí se documentó que al menos 20 personas defensoras que fueron víctimas de desaparición residían en municipios en donde había un conflicto relacionado con la actividad minera.
Uno de los casos más notorios es el municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero, donde se documentaron 13 casos de desaparición de defensores y en donde hay trámites para dos concesiones mineras que abarcan aproximadamente el 94 % de la superficie del municipio, además de otras concesiones mineras en los municipios aledaños.
Carreón también plantea la necesidad de rendición de cuentas y debida diligencia de las empresas en casos de agresiones contra personas defensoras. Sugiere que exista un mecanismo de consecuencias para los proyectos en casos graves de agresiones. “Sí creemos que debe haber consecuencias cuando un proyecto lleva consigo para su realización estos niveles de violencia”, expresa.
2. Más presupuesto y mejor gestión para combatir la deforestación
La primera dificultad para dimensionar el problema de la deforestación en el país es que no hay datos actualizados. El año más reciente del que se tiene información oficial es 2021, cuando la pérdida de cobertura forestal abarcó una superficie de 167 811 hectáreas.
Para Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI), en México el tema de la deforestación plantea tres desafíos: tener voluntad gubernamental, recuperar la capacidad institucional y contar con presupuesto suficiente.
El primer desafío, de acuerdo con Zúñiga, significa dar prioridad al tema ambiental y forestal, pero no únicamente mediante el cuidado de los bosques, sino impulsando el desarrollo rural, y que éste no se base en la transformación del territorio, sino en el uso sostenible y balanceado de sus recursos. Es decir, fomentar el desarrollo rural “como una oportunidad para generar bienestar para las personas en las comunidades rurales, pero utilizando de manera adecuada su territorio y sus recursos”, propone Zúñiga.
El segundo desafío es recuperar la capacidad de las instituciones del sector ambiental, lo que implica contar con personal capacitado y los insumos necesarios para que realicen su trabajo. Sin embargo, dice Zúñiga, eso se ha ido perdiendo desde la administración de Enrique Peña Nieto, puntualmente a partir de los años 2015 y 2016, cuando empezó el declive presupuestal del sector ambiental. Ese descenso no se ha detenido y se relaciona con el tercer desafío: contar con un presupuesto suficiente para la implementación de las políticas ambientales.
Un análisis de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), integrada por siete organizaciones ambientales, indica que los recursos asignados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han reducido 35 % en la actual administración en comparación con la anterior. Eso representa 166 mil millones de pesos menos (9658 millones de dólares al tipo de cambio actual).
En el caso específico de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la reducción presupuestal comenzó en 2017, de acuerdo con datos de ese organismo. Para este año se le asignaron 3 mil 72 millones de pesos (179 millones de dólares, al tipo de cambio vigente), 4.7 % más que en 2023, sin que ese aumento se acerque a los niveles de hace un lustro.
El análisis de Nossa señala que los recortes presupuestarios han implicado serios desafíos para el cumplimiento del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de este sexenio, que abarca aspectos como la conservación, mitigación y adaptación al cambio climático y la eficiencia y protección de cuencas.
Para esos y otros temas de la gestión ambiental, la recuperación forestal es clave. “Cuando recuperas bosques, cuando recuperas el ecosistema, tienes más acceso a agua, tienes mejor clima, tienes mejor diversidad biológica, se conservan mejor los suelos, mantienes productividad agropecuaria”, explica Zúñiga.
3. Cambio climático: recursos suficientes y bien orientados
La noche del 1 de noviembre de 2023, la comunidad de El Bosque, en el estado costero de Tabasco, en el Golfo de México, tuvo que ser evacuada por el aumento del nivel del mar. No fue la primera vez que ocurría; de hecho, la erosión de la costa ya había causado que 60 familias se quedaran sin casa y que se perdieran escuelas y pequeños comercios, de acuerdo con un comunicado de las organizaciones ambientalistas Conexiones Climáticas, Greenpeace México y Nuestro Futuro.
El riesgo constante en el que vive la comunidad ante la inminente subida del mar, a consecuencia del cambio climático, demuestra la urgencia de atender los impactos de la crisis climática en el país.
Sin embargo, los recursos que el gobierno federal ha asignado para acciones de adaptación y mitigación en los últimos años no se han orientado efectivamente a tareas que atiendan esos rubros, de acuerdo con un análisis de la organización Fundar, publicado en 2022.
Este año no será diferente. “Las acciones o los rubros que para el gobierno son para combatir el cambio climático en realidad no lo son”, señala Margarita Campuzano, portavoz del Cemda.
El monto asignado para acciones de mitigación y adaptación para el 2024 es de 233 mil 961 millones de pesos (13 mil 616 millones de dólares). De acuerdo con el análisis de Nossa, el 54 % de los recursos se destinarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia a la que se le ha encargado construir y administrar proyectos de infraestructura como el Tren Maya. Uno de los argumentos para justificar esa asignación presupuestal es que el tren ayudará a descarbonizar la economía, refiere un artículo de Fundar. “Paradójicamente, es imposible descarbonizar algo que previamente no estaba carbonizado, pues no existía”, señala la organización.
El programa Sembrando Vida tendrá una bolsa de poco más de 36 mil 137 millones de pesos (2 mil 103 millones de dólares), equivalentes al 15.4 % del presupuesto total para acciones de adaptación y mitigación. El monto será destinado para proyectos agroforestales y programas de reforestación, pese a que sigue sin conocerse el impacto real que tiene este programa en el combate al cambio climático, de acuerdo con el análisis de la coalición.
Otra parte del presupuesto para combatir el cambio climático será para la Comisión Federal de Electricidad, que destinará la mayoría de esos recursos (34 mil 757 millones de pesos o 2 mil 22 millones de dólares) en contratar servicios relacionados con la generación de energía basada en gas fósil, de acuerdo con el análisis realizado por Fundar.
En contraparte, la Semarnat tiene asignados para acciones de mitigación y adaptación 7 mil 158 millones de pesos, apenas 3 % del presupuesto total relacionado con el cambio climático, señala Nossa.
El presupuesto para acciones de adaptación y mitigación al cambio climático no es el único aspecto que denota la postura del gobierno actual frente a la crisis climática, y que Campuzano, del Cemda, califica de regresiva. “En esta administración el tema ha sido relegado y lo vemos porque las prioridades se siguen enfocando en los combustibles fósiles”, señala.
Al margen del presupuesto, México tiene el compromiso de generar 35 % de energías renovables para este año. En un comunicado de diciembre de 2023, Cemda señaló que este compromiso “debe acompañarse de una ruta de acción con objetivos claros, medidas específicas e indicadores medibles, lo que, hasta la fecha, no ha ocurrido”.
4. Más áreas naturales protegidas, pero sin recursos
En octubre de 2023, Andrés Manuel López Obrador expresó su ambición de ser el presidente que más Áreas Naturales Protegidas (ANP) ha creado. El pasado 8 de enero consiguió su objetivo: ese día decretó 20 nuevas ANP, con lo que alcanzó 225 áreas bajo protección.
“No se trata, al menos en mi opinión, de decretar por decretar. Si se va a decretar un Área Natural Protegida debe contar con ciertos elementos y aportar un valor importante a la conservación de la biodiversidad”, considera Carlos Castillo, codirector del programa Noroeste de México en la organización Wildlands Network, que forma parte de la coalición Nossa.
De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el establecimiento de las ANP tiene la función de preservar los ambientes representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, salvaguardar la biodiversidad, especialmente de especies con algún nivel de riesgo, y asegurar la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, entre otros fines.
Castillo considera que no todas las áreas que se han decretado como ANP cumplen con características relevantes para ser consideradas zonas protegidas. En contraste, dice, hay una lista larga de áreas que no han sido tomadas en cuenta para entrar en esa categoría, entre ellas Monte Mojino, al sur de Sinaloa.
El representante de México del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Olivera, también señala el riesgo de la ambición de este gobierno por lograr muchas ANP. “No queremos que sean áreas de papel, sino invertirle en su cuidado y en su gestión”.
Otra preocupación de Castillo, de Wildland Network, es que en este último año de la actual administración se impulsen megaproyectos que tengan impactos negativos en algunas ANP.
Su preocupación no es infundada. El plan de una planta desalinizadora para llevar agua a Arizona, en Estados Unidos, podría afectar a la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, refugio de la vaquita marina (Phocoena sinus). Mientras que en Sonora, al norte del país, un proyecto ferroviario podría afectar el Rancho El Aribabi, Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (una de las categorías de las ANP).
Otro ejemplo de alerta es la construcción de un hotel en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en el estado de Campeche, dentro de la zona designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además, en la zona de influencia de la reserva se construye el llamado Tren Maya.
El cambio de administración supone otra preocupación para Olivera, del Centro para la Biodiversidad Biológica: que se abandonen puestos directivos en las instancias de gobierno relacionadas con la protección de especies, “no dando una relevancia al cargo que tienen”.
Uno de los temas más preocupantes de protección y conservación es el de la vaquita marina (Phocoena sinus), considerado el mamífero más amenazado del planeta, debido a su pesca incidental durante la captura de camarón o la pesca ilegal de totoaba (Totoaba macdonaldi). Olviera considera que “nada más están gestionando el problema para que se acabe la administración y heredarlo a la siguiente”.
5. Hacer operativas las leyes y tener una nueva Ley de Aguas
El 31 de marzo del 2024 se cumplirá el plazo estipulado para detener la importación del plaguicida glifosato en México. Conforme se acerque la fecha es previsible que aumente la presión de la agroindustria para evitar cumplir con el decreto presidencial, considera Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
“Esto puede ser un proceso muy tardado si las empresas se empiezan a amparar respecto al decreto”, valora Bejarano.
Dicho decreto sólo atañe al glifosato, pero Bejarano considera que no es el único plaguicida que debe ser regulado. Tiene sus expectativas puestas en que este año se actualice el reglamento para el registro de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, que data de 2014.
La actualización del reglamento es importante para comenzar a prohibir también otros plaguicidas que son altamente peligrosos, como el clorpirifos, dice Bejarano. “Una de las expectativas [es] que este nuevo reglamento incluya también una definición de plaguicida altamente peligroso y empiece a sembrar las bases para precisamente tener una política de prohibición gradual de plaguicidas altamente peligrosos”, expresa.
Para 2024 también se espera conocer si será efectiva o no la nueva Ley de Minería, resultado de la reforma de la antigua Ley Minera realizada el año pasado. Para que esta legislación sea operativa requiere contar con un reglamento, cuya elaboración está en manos de la Semarnat y la Secretaría de Economía, explica Cecilia Navarro, integrante de Cambiémosla Ya, colectiva que ha impulsado la reforma de esta legislación.
La colectiva ha alertado que el avance que representó la reforma a la ley podría debilitarse si su reglamento no garantiza la protección de los derechos de las comunidades, la salud y el ambiente.
Además del reglamento, otro tema que genera expectación para este año es la resolución de la acción de inconstitucionalidad que interpusieron legisladores de los tres principales partidos de oposición contra la Ley de Minería y que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acción de inconstitucionalidad argumenta que la reforma a la Ley Minera no cumplió con el proceso legislativo requerido. Ante la posibilidad de que la Corte deseche la ley, la organización Cambiémosla Ya buscaría la reposición del proceso legislativo, incluso si tuviera que promoverse con una nueva legislatura, ante el cambio que habrá este año, dice Navarro.
En caso de que la Corte avale la ley, el siguiente paso será promover las reformas que faltaron, agrega Navarro, pues hubo aspectos que quedan fuera como la prohibición del uso de cianuro y mercurio.
En contraste, la agenda del agua no ha logrado tener fuerza suficiente para lograr la reforma legal que espera desde hace más de una década.
Desde 2012, con la reforma constitucional que reconoció el derecho al agua, se estableció que el Congreso tendría un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas que sustituiría a la ley de 1992 (que se mantiene vigente). Ha pasado más de una década y el Congreso no ha cumplido ese mandato. Tampoco ha cumplido con el ordenamiento de la SCJN que, en 2022, ordenó a las cámaras legislativas expedir la ley durante su siguiente periodo de sesiones.
Hasta ahora se han presentado 14 iniciativas de ley para actualizar o reformar el marco legal sobre el agua en el país. En octubre de 2023 se presentó una propuesta de dictamen para expedir la Ley General de Aguas que está en revisión en el Senado. Se espera que se apruebe antes de que concluya el actual periodo legislativo, dice María Eugenia Ochoa García, integrante de la Coordinadora nacional “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, que agrupa a pueblos originarios, organizaciones sociales, sistemas comunitarios de gestión del agua, trabajadores e investigadores.
Ochoa García dice que algunos puntos sensibles e importantes que debe contener la nueva ley son: respetar el agua de los pueblos originarios y comunidades, evitar la privatización del agua, prohibir el agua para fracking, democratizar la gobernanza del agua y reconocer los sistemas comunitarios de agua. La Coordinadora ha planteado estos y otros puntos en una propuesta ciudadana de la Ley General de Aguas. Aunque la propuesta que revisa el Senado es diferente a ésta, Ochoa García dice que su expectativa es que en el articulado de la nueva ley se logre incorporar estos puntos.
La agenda del agua también tiene otro desafío respecto a la técnica del fracking. El 1 de diciembre de 2023, al cumplirse cinco años de la llegada de López Obrador a la presidencia del país, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, que agrupa a 40 organizaciones, comunidades y activistas por la defensa del agua, demandó al presidente que se decrete la moratoria al proceso de fracturación hidráulica en el país.
Su petición retoma el compromiso que el presidente hizo al llegar al poder, en 2018, de no usar “métodos de extracción que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”.
Al margen de la emisión de leyes y presupuestos, conseguir que a la agenda ambiental se le dé el valor que tiene también implica educación ambiental. Este tema no se hace de manera formal en las escuelas, sino que ha quedado en manos de grupos ecologistas, señala la bióloga María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y experta en la biodiversidad del océano con 25 años de experiencia en la conservación.
Pero lograrlo implica sensibilizar a las personas respecto a la importancia de la naturaleza y entendernos como parte de ella, dice García. La investigadora considera que ese desafío va más allá de cualquier acción de gobierno. Y es, quizá, uno de los más grandes retos que hoy tiene el país. “La naturaleza nos enseña, nos sensibiliza y nos da la oportunidad de cambiar y ser una mejor sociedad”, dice.
*Imagen principal: Opositores al Tren Maya que participaron en la Caravana El Sur Resiste, realizada entre abril y mayo de 2023. Foto: Isabel Mateos.
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