- Los intereses de las actividades ilegales y las industrias extractivas son comprometidos cuando científicos levantan datos para mostrar la magnitud de sus daños.
- En algunos casos, actores ilegales, empresariales y estatales son responsables de intimidaciones, agresiones e incluso asesinatos de investigadores en Latinoamérica.
- En Ecuador, personas involucradas con la minería y la pesca ilegales han amenazado la vida de científicos que están trabajando por la conservación de los ecosistemas.
- En México, la doctora Valeria Souza soportó incitaciones a la violencia en su contra y agresiones a su equipo de trabajo por luchar para la protección de Cuatro Ciénegas.
Mensajes intimidantes, ataques físicos, advertencias. Cada vez es más común que los científicos ambientales latinoamericanos reciban amenazas, de acuerdo con el Consejo Internacional de Ciencia. “Estamos viendo casos de gente que publica información que resulta incómoda y, al final, atacar a científicos es contribuir a silenciar su labor”, dice Laura Furones, autora principal del informe anual sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente de Global Witness.
Por la novedad del fenómeno, Global Witness no registra de manera sistemática los ataques a los investigadores, explica Furones. La organización, que tiene oficinas en Europa y Estados Unidos, documenta desde 2012 los asesinatos, ataques, amenazas y criminalización de los defensores ambientales. En 2023, 193 personas que luchaban para proteger la naturaleza fueron asesinadas a escala global, de acuerdo con el informe más reciente.
“Sin duda que tenemos casos de científicos amenazados e incluso asesinados por esta labor de investigar o publicar información incómoda a ciertos intereses”, señala Furones. En 2023, Cuauhtémoc Márquez y Álvaro Arvizu, dos investigadores y defensores del agua fueron asesinados en Tlalmanalco, estado de México. Sus actividades obstaculizaban actos como la explotación forestal clandestina, la expansión agropecuaria, el crecimiento urbano desorganizado y la extracción de agua.
Los asesinatos fueron cometidos en días consecutivos, el 12 y 13 de junio de 2023. Arvizu fue atacado con un hacha. Querían asesinarlos “con mucha brutalidad y determinación”, afirma la integrante de Global Witness.
Furones señala que el narcotráfico, la minería, las agroindustrias y la tala son las principales amenazas para los defensores ambientales en Latinoamérica. “Las estrategias absolutamente violentas del crimen organizado seguro que tienen que estar afectando a los científicos porque están afectando a todos los niveles”, añade.
Es que el crimen organizado ha tomado áreas de interés para la conservación. En Colombia y Perú, 30 áreas protegidas están acorraladas por la minería y el narcotráfico.
Frente a esto, hay herramientas como el Acuerdo de Escazú de América Latina y el Caribe o la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad de la Unión Europea que buscan proteger a los defensores ambientales. “Son relativamente recientes y estamos por ver si se quedan en el papel o si sirven para disminuir la violencia”, dice Furones.
Mongabay Latam dialogó con cuatro científicos que han sido amenazados por llevar adelante investigaciones sobre los impactos ambientales de actividades ilegales. En algunos casos, sus nombres, sexo, ubicación geográfica y especialidad han sido modificados u obviados para proteger sus identidades, ya que se encuentran en riesgo. Estos son algunos casos de científicos que han visto su vida en peligro en Latinoamérica.
“Si volvíamos al territorio nos iban a secuestrar”
Un grupo de especialistas de una organización colombiana que trabaja en la conservación de la biodiversidad tuvo que salir de un día para el otro de una localidad de la Orinoquía de ese país.
En octubre de 2023, tres personas del equipo recibieron mensajes de WhatsApp en los que un supuesto grupo armado reclamaba sobre algunas decisiones y acciones del proyecto. “Junto con esos reclamos, hubo amenazas: si volvíamos al territorio nos iban a secuestrar”, cuenta el científico que lideraba las actividades, quien no se encontraba en ese momento en el territorio. También se hicieron exigencias con fines económicos, relata.
El experto cuenta que esta zona es “estratégica para los grupos ilegales”. Para el Ejército y la policía es un reto cubrir un área tan extensa y alejada. Eso permite que las bandas criminales se fortalezcan y sean “las que toman decisiones en el territorio, por encima de las comunidades”, asegura.
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Ante las amenazas, la organización activó de manera inmediata una mesa de seguridad asesorada por expertos que dio indicaciones precisas a los implicados durante varios días consecutivos. Las personas que estaban en el campo pudieron dejar la zona con tranquilidad. “No difundimos la información para no generar alarma”, cuenta el experto.
Como consecuencia de estos hechos, la organización tomó la decisión de cerrar el proyecto de inmediato. Se envió a la comunidad con la que estaban trabajando una carta en la que se informó que por causas de riesgo público, el programa sería retirado para evitar poner en peligro al personal que trabajaba en la zona.
Esto tiene un impacto en la comunidad beneficiaria, pues dejó de recibir apoyos técnicos y económicos para las acciones de conservación que se estaban realizando. “Si bien en estos años se han empoderado y han empezado a desarrollar sus propios proyectos, salir de manera intempestiva dejará un vacío”, dice el experto. Actualmente, se están cumpliendo a distancia los compromisos que la organización había establecido con la comunidad.
Los expertos que recibieron los mensajes en sus números personales sufrieron impactos emocionales. “Genera un sentimiento de miedo que no es muy fácil de manejar, es angustiante”, de acuerdo con el biólogo, quien relata que después del hecho varios de los atacados sufrieron cuadros de depresión. La organización ambiental brindó apoyo psicológico y legal para garantizar el bienestar de los miembros del equipo afectados.
“Indicaban que estaba hablando de más”
En Ecuador, la Fundación Ecociencia hace investigación científica para promover la conservación biológica. Una de sus ramas son los sistemas de información geográfica, con los que sus integrantes levantan datos sobre los usos y cobertura de suelo, revelando el incremento de la frontera agrícola, cuerpos de agua artificiales, la infraestructura urbana, las concesiones de industrias extractivas y la minería ilegal.
En 2023, un miembro de la organización, que prefiere no revelar su nombre por seguridad, recibió un mensaje de texto días después de que Ecociencia publicara un informe que revelaba el incremento de la minería ilegal de oro en una zona prioritaria para la conservación en la Amazonía ecuatoriana.
La misiva “tenía una serie de lineamientos de lo que iba a pasar” si continuaba la investigación, cuenta el científico. “Era una amenaza, indicaban que estaba hablando de más, que estaba siendo vigilado y que tuviera cuidado”, añade. Ningún grupo delictivo ni persona particular firmó la misiva, pero se conoce que grupos criminales están detrás de la minería ilegal en Ecuador.
El experto dice que el mensaje cumplió con su cometido: infundió terror en la organización y provocó que se detenga la investigación en esa zona de manera temporal.
Las amenazas tuvieron un gran impacto emocional. El experto cuenta que la conservación ambiental es una carrera que requiere de mucho tiempo, trabajo e inversión, pero hasta ahora no ha habido necesidad de prepararse para saber cómo actuar ante amenazas e intimidaciones. “Quienes pasamos por esto sufrimos de ansiedad muy fuerte, temor, nerviosismo y miedo. Todo esto entorpece nuestro trabajo”, asegura.
A partir de eso, Ecociencia tomó medidas de seguridad física y digital. El científico también presentó una denuncia. Sin embargo, hace poco un abogado le informó que “más del 90 % de estas denuncias se quedan en el papel”.
Aunque reconoce que su trabajo siempre ha tenido oposición de personas y empresas vinculadas a la extracción o depredación de recursos naturales, esta es la primera vez que recibe una amenaza. “Lo que esperamos como científicos es que verdaderamente se nos garantice el trabajo, ya sea a través de la implementación de convenios o de acciones más fuertes por parte del Estado”, reclama.
“Valeria Souza contra el Estado mexicano”
La científica mexicana Valeria Souza trabajó durante 25 años como ecóloga evolutiva de Cuatro Ciénegas, un oasis en el desierto de Coahuila, en el norte de México. Relata que la NASA, la agencia espacial estadounidense, la llevó al lugar en 1999 con el objetivo de que estudie el oasis con más de 300 pozas semejante a un mar primitivo de la Tierra y, tal vez, también de Marte. “Encontramos que no era un símil, sí había un mar primitivo”, dice Souza. Una montaña resguardó sus aguas durante miles de millones de años, “junto con las bacterias que hicieron de este planeta azul”, añade.
Sin embargo, este lugar “muy especial” y área natural protegida desde 1994 podría desaparecer por la sobreexplotación de su acuífero profundo. Productores de alfalfa cultivan en el desierto y riegan los sembríos con agua que extraen del acuífero.
“Las amenazas aparecen cuando empiezo a salir en la prensa para decir que cultivar alfalfa en el desierto es una estupidez, sobre todo si hay 50 grados bajo el sol del verano y se necesita muchísima agua”, cuenta. Asegura que periódicos locales incentivaban a sus lectores a lanzar piedras a su vehículo. “Afortunadamente no pasó”, dice.
Souza generó datos moleculares para demostrar que los pozos que se estaban abriendo al sur de Cuatro Ciénegas usaban la misma agua del acuífero profundo. “En 2003 cerraron los pozos y eso no les gustó nadita. Desde ahí es Valeria Souza contra el Estado mexicano”, asegura. La doctora en ecología y los habitantes de la localidad lograron que se ponga en veda el agua del acuífero, pero “la Comisión Nacional del Agua nunca vigiló, nunca protegió, nunca cuidó”, relata. Añade que hasta 2024 se continuaba explotándolo de la misma manera.
El acuífero de Cuatro Ciénegas también es drenado por varios canales, uno de ellos el de Saca Salada, para el riego de cultivos. En 2020, junto a Mauricio de la Maza, en ese entonces director de la organización Pronatura Noreste, cerraron el canal. De la Maza y el fotógrafo y videógrafo David Jaramillo fueron atacados verbal y físicamente por una turba. Souza estaba en un automóvil a cinco metros de distancia. “Me dijeron por teléfono: ‘Tú ni te muevas de la camioneta’”, recuerda. “Fue un poco milagroso. A nadie se le ocurrió cruzar el puentecito de cinco metros y sacarme de la camioneta. A la que querían era a mí”, dice.
La científica puso una denuncia y dio entrevistas. David Jaramillo, por su lado, publicó un video de los sucedido en televisión nacional, pero no hubo consecuencias para los atacantes. Aunque Souza nunca tuvo miedo, reconoce que su esposo y colaborador, el también científico Luis Eguiarte, “sí se angustió”.
La seguridad que siente la especialista se fundamentó en que por 24 años educó a los niños de Cuatro Ciénegas. “Sus papás aprecian ese trabajo que se ha hecho, entonces ellos me protegen”. Sin embargo, en 2023 renunció a trabajar por este humedal. “Se está muriendo y ya no quiero llorar más por las tortugas y los peces muertos”, dice. “O cierran ese canal como tratamos de hacerlo en 2020 o no hay para dónde”, concluye.
“Cuando tengo que viajar a mi área de estudio hay incertidumbre”
Un biólogo marino de Sudamérica, responsable de un “importante descubrimiento” que muestra la gran diversidad del mar en una zona de la región, ha sufrido varias amenazas por su trabajo en pro de la conservación. “Tenemos recursos increíbles que deben ser protegidos. Si se hiciera un trabajo adecuado, con manuales y protocolos, se podría generar ingresos turísticos por mostrar la belleza de esa región”, dice.
No puede dar a conocer su identidad ni el área en la que se desempeña, pues cree que eso podría ponerlo en peligro nuevamente. Además, asegura que no es el único científico que investiga el mar y que ha recibido intimidaciones. En esta nota se han obviado datos como su ubicación geográfica para evitar que sea identificado.
La primera vez que vio su vida y su actividad en peligro fue cuando denunció actos de corrupción en una dependencia pública relacionada con la biodiversidad. Recibió amenazas vía telefónica. Aunque no se concretaron, sentaron un precedente de cómo empezaban a darse las dinámicas sociales en la costa de su país, ahora asediada por la criminalidad.
Este ambiente de tensiones provocó que el biólogo empezara a enfermarse. Después de la pandemia de Covid-19 se mudó fuera de la región. “Salí del país porque se volvió un sitio inseguro, además había una cantidad de ilegalidades en el sector en el que trabajaba”, cuenta.
Hace unos cuatro años llegó una segunda advertencia, después de que el investigador revelara información sobre el impacto de la pesca ilegal en las especies protegidas. Recibió una amenaza de parte de un representante del sector pesquero para que dejara de hablar de la problemática. “Aprendí la lección”, añade. No puso denuncias porque considera que en su país esa medida no funciona.
Ahora, cada vez que debe regresar a la zona donde realiza sus investigaciones lo hace con perfil bajo. “Cuando tengo que viajar a mi área de estudio hay incertidumbre, a pesar de que amo lo que hago”, reconoce.
Estar lejos de la región afectó su capacidad para levantar recursos que financien su trabajo científico. “Amo a mi país, amo los mares, pero es una sensación fea”, dice. Y agrega: “Ya no hay ni cómo caminar en los pueblos costeros, ya que hay un ambiente de inseguridad que antes no existía, de miedo”.
Foto principal: Enormes terrenos de Nueva Austria del Sira han sido invadidos y depredados, algunos para la siembra de hoja de coca. Foto: Hugo Alejos.
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