En México, tres investigadores dedicados a la naturaleza y el medio ambiente han sido asesinados en los últimos meses. En Colombia, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2023 se registraron 92 homicidios; líderes comunales, comunitarios e indígenas son los más afectados. En Nicaragua, al interior de la Reserva de la Biósfera Bosawas, una ola de violencia contra indígenas mayagna ya dejó, al menos, ocho personas asesinadas en lo que va del año.

Los asesinatos de personas defensoras ambientales en América Latina no se detienen. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede avanzar hacia la protección efectiva de los defensores ambientales? Mongabay Latam conversó sobre estos y otros temas con Francisca Stuardo, asesora en campaña sobre personas defensoras de tierra y medioambiente de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta estas violencias que sufren los defensores ambientales.

—Al analizar los casos, ¿el nivel de amenazas a las personas defensoras ambientales ha disminuido, se mantiene o ha empeorado desde el Acuerdo de Escazú?

—Todavía es muy pronto para decirlo, porque necesitamos que haya una ratificación más amplia del acuerdo y porque el acuerdo es un marco que tiene que estar traspasado a política pública.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento que tiene que cobrar vida y para cobrar vida requiere de voluntad política. Esa voluntad política no es solamente firmar. Firmar es el inicio del camino. Requiere fondos para que sea implementado, requiere coordinación de las distintas instituciones, requiere un rol activo de la sociedad civil, requiere una ruta de implementación —que es justamente lo que las autoridades y los grupos hoy día están organizando— y también requiere tiempo.

Es por eso que, siendo justa, no podemos decir que el acuerdo es un fracaso o es un éxito, pero sí que nos demuestra que firmar no es suficiente si no hay un propósito detrás de proteger a las personas. Cuando vemos un discurso, como el del presidente mexicano, que trata a las organizaciones de defensores como “pseudoambientalistas” o “falsos ambientalistas” es una retórica que en absoluto ayuda y que está completamente desalineada de esa voluntad política que se esperaría sobre todo a tan alto nivel.

—En Nicaragua, se han disparado los ataques de colonos en contra de indígenas mayagna. Expertos y líderes indígenas aseguran que la razón detrás de esos ataques es hacerse de la tierra y de los recursos naturales tanto maderables como mineros. ¿Entre las razones que están detrás de los asesinatos de defensores en América Latina, la deforestación, la minería y el tráfico de tierras son motores frecuentes?

—Nosotros nos referimos a los casos que podemos documentar. Esos casos son la punta del iceberg de la violencia, porque son solamente los ataques letales que tuvieron algún tipo de visibilidad, ya sea porque alguna organización los denunció, porque fueron recogidos por oficinas de Naciones Unidas u otros estamentos de relevancia en el tema, o porque tuvieron algún espacio en la luz pública. Con esas variables en consideración es que nosotros podemos hacer nuestros análisis.

Por otra parte, tenemos el obstáculo de saber si hay algún tipo de verdad o resolución judicial sobre esos casos. Por lo general tenemos la verdad testimonial, que es la que entregan las víctimas, los familiares, las organizaciones. Pero esos casos, si es que se llegan a judicializar, escasamente alcanzan una resolución, menos una sentencia y los casos que llegan a una sentencia, cuando mucho se puede atrapar a las autorías materiales, pero no necesariamente a las autorías intelectuales.

Con todos los resguardos que implica el no tener acceso a investigaciones, que son las que requeriríamos para poder decir quiénes son las personas responsables, sí podemos ver que hay una alta correlación entre la defensa del territorio y la resistencia a proyectos extractivistas y la violencia que escala, incluso, a la violencia letal.

—¿Qué tipo de proyectos?

—Minería, agronegocio, ganadería en algunos casos, industrias forestales. En los últimos informes la presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Cuando hay vacíos de poder porque el Estado no llega, esos vacíos por lo general lo toman actores no estatales que pueden ser milicias, crimen organizado, paramilitares, organizaciones de narcotráfico o la alianza entre ellas.

—En México, los últimos asesinatos han sido de académicos. ¿Habían visto en años anteriores ataques a personas ligadas a la academia?

—Todavía no podemos tener un resultado sobre eso porque recién lo estamos analizando, pero sí puedo decir que nuestra definición de personas defensoras acoge distintas expresiones de la defensa. Tenemos liderazgos indígenas, liderazgos campesinos, organizaciones comunitarias, personas que de alguna manera interactúan con las comunidades, ya sea porque son periodistas y van a cubrir estas noticias, abogados que ejercen la defensa legal de las comunidades, etcétera.

No me extraña que cualquier persona que entre en contacto con estas comunidades o que interactúe con ellas también se vea en riesgo. Eso hace que estas comunidades empiecen a quedar marginadas porque son peligrosas para el resto. Eso también es parte de los efectos de la violencia.

En México hay lo que se llama zonas silenciadas: lugares en donde no se sabe nada porque no se puede informar. Creo que es un buen ejemplo de cuando el Estado pierde el control y el poder queda en manos de otros actores. Lo que termina pasando es que estos actores ponen sus reglas y esas reglas pueden incluir, por ejemplo, que no se sepa nada al respecto, que nadie quiera denunciar lo que está pasando, que nadie pueda entrar sin la venia de estas personas y más aún salir sin la venia de estas personas. Entonces, creo que es parte de la foto de violencia generalizada que se ve en estas zonas.

—Señalaba que es necesario aprender las lecciones que entregan otros países. ¿Qué ejemplo destacaría?

—El Acuerdo de Escazú, al ser una herramienta, cobra vida en el minuto que se usa, que se considera, que aparece en los fallos. En ese sentido, en México hay antecedentes interesantes de fallos que mencionan el Acuerdo de Escazú para, por ejemplo, detener una licencia porque no ha habido consulta. Hay algunos triunfos que se pueden atribuir, pero más bien desde el litigio y no necesariamente desde la protección a las personas.

Ahora, la protección incluye la prevención. Prevenir cualquier agente que pueda estar originando esos ataques. El caso de Berta Cáceres (en Honduras), por ejemplo, fue muy claro al decir que las comunidades no van a estar protegidas hasta que los agentes de riesgo sean reconocidos y neutralizados.

—En la práctica, ¿de qué manera el Acuerdo de Escazú puede ser bajado a una política pública que neutralice las amenazas que provienen, por ejemplo, de la industria formal?

—No es fácil responder a esa pregunta porque también depende de los contextos nacionales e incluso regionales en países tan grandes como Brasil, México o Colombia. En Colombia, las dinámicas de violencia no son las mismas en el Pacífico que en el Caribe. En México no son las mismas en el sur que en el norte. En Brasil no son las mismas en la Amazonía que en otros biomas. Es difícil dar una solución que cubra y contemple todas las aristas y todas las variables que contienen estos casos.

Sin embargo, hay otros componentes del acuerdo que no podemos dejar de lado como la participación en asuntos ambientales, el acceso a la información y la transparencia. Ahí la política pública es muy importante porque, al final, estos proyectos prosperan cuando hay opacidad. Cuando no hay una política, no hay una normativa, cuando no se les exige a las empresas presentar de dónde vienen sus inversiones, poner la información a disposición pública; cuando las regulaciones para el acceso a la información no son claras, no son ágiles, son opacas, esos también son impactos que en el largo plazo alimentan esta conflictividad.

Por lo tanto, bajar el Acuerdo de Escazú a la política pública es hacerlo en los distintos sectores: desde la educación ambiental, desde el acceso a la información, desde la transparencia, la rendición de cuentas, desde la debida diligencia que se pide a las empresas antes de instalarse.

—Los asesinatos son la cara más evidente de la violencia, pero hay otras amenazas menos notorias. ¿Cuáles son las que más les preocupan?

—La criminalización y el uso de la ley en contra de las personas defensoras es un tema de preocupación. Las implicaciones en la vida de una persona criminalizada son muy amplias. No se trata solamente de que salga de la cárcel o que bajen los cargos, sino de cómo esa persona reanuda su vida. Cómo encuentra trabajo después de haber estado presa, qué pasa en la comunidad cuando vuelve, qué pasa con las luchas que tenía cuando se ven interrumpidas de esa forma.

Las amenazas digitales también son algo sumamente importante. No es común que las personas denuncien cuando tienen ataques digitales y es difícil judicializar estos casos, sin embargo, tienen un componente sumamente peligroso porque en cualquier momento se pueden convertir en amenazas reales o directamente en asesinatos.

La violencia indirecta que enfrentan las mujeres defensoras, como es el ataque a los hijos, a los familiares o también los ataques reputacionales. Las mujeres reciben el castigo primero por tomar un espacio público —porque lo primero que se castiga en una mujer es que está saliendo del espacio doméstico— y luego se las castiga por defender. Si empezamos a revisar y desmenuzar, muchos de los casos de mujeres no llegan a asesinatos, pero son amedrentamientos constantes, amenazas de violencia sexual o directamente actos de violencia sexual.

Los efectos de la violencia son muy amplios y son de largo plazo. Por lo mismo, en la implementación del Acuerdo de Escazú, se requiere poner a las personas que están en el foco del peligro al centro de la discusión. No pueden ser un testigo más de cómo se desarrollan las políticas, sino que tienen que estar en la toma de decisiones porque son esas personas las que sufren estos riesgos.

*Imagen Principal: Yuli Velázquez, representante legal de la organización ambientalista FEDEPESAN mira las fotos de defensores asesinados en Barrancabermeja, Colombia. Foto: Negrita Films/Global Witness. 

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Michelle Editor/a

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