- Una ley del manejo de fuego que prácticamente no se cumple explica en buena medida los incendios que han arrasado 150 000 hectáreas en zonas de la Patagonia y el noreste.
- Solo dos de las 24 provincias del país tienen actualizados sus planes para combatir las llamas. En otros casos, se elaboran para cumplir con la obligación, pero sin contenidos idóneos.
- Entre 2016 y 2024, los incendios en Argentina calcinaron 76 000 kilómetros cuadrados, 380 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
- Las propuestas para mirar el fenómeno de un modo integral, abarcando desde los usos culturales hasta la manera de actuar después de producido un incendio, encuentran poco eco, pero se perfilan como posibles soluciones.
Argentina, agosto de 2023. El fenómeno de La Niña acumula su tercer año de influencia, sumiendo al país en una profunda sequía. Quince meses antes, la escasez de agua de superficie en los humedales de la provincia de Corrientes provoca un incendio que arrasa 900 000 hectáreas. Retrocediendo en el tiempo, eventos de menor magnitud en cuanto al área quemada, pero de igual o mayor severidad en función de su impacto en los ecosistemas, castigan zonas de El Bolsón y el Parque Nacional Nahuel Huapi en la Patagonia; o de la serranía de Córdoba.
Es en esa fecha que la Auditoría General de la Nación presenta un informe sobre el nivel de aplicación entre 2016 y 2021 de la ley 26.815 de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales -más conocida como Ley del Manejo del Fuego–, aprobada en noviembre de 2012. El diagnóstico es lapidario. Nada, o muy poco, de lo previsto ha sido reglamentado ni puesto en marcha. Las razones se acumulan: desde la autonomía de la que gozan las provincias para determinar qué, cómo y cuándo se ejecuta lo que disponen las normas globales que aprueba el Parlamento de la Nación, hasta el descreimiento en la necesidad de modificar el modo de actuar frente al fuego, pasando por el desfinanciamiento económico o el negacionismo de las responsabilidades humanas en el cambio climático y las catástrofes naturales.
Mientras tanto, durante el período estudiado se han producido 34 608 incendios forestales que han abarcado 5.8 millones de hectáreas. En los tres años siguientes (de 2022 a 2024), la cifra se incrementaría en otro 1.8 millón para alcanzar la cantidad total de 7.6 millones de hectáreas, es decir, 76 000 kilómetros cuadrados, 380 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires.
Argentina, febrero de 2025. El verano austral se va acercando a su final y aquella auditoría ha recuperado actualidad. Desde Navidad hasta la fecha, la violencia del fuego volvió a protagonizar los programas de noticias. En Corrientes, en el noreste del país, arrasó pastizales y bosque nativo; en la región andino-patagónica norte, todavía sigue avanzando en tres de los cuatro parques nacionales existentes en la zona: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Además, aunque están controlados, se mantienen focos activos en El Bolsón y puntos del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido. En total, otras 150 000 hectáreas quedaron calcinadas.
Las reglas que no se cumplen
Como era de esperar, las miradas nuevamente apuntaron hacia el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Administración de Parques Nacionales (APN) -que cuenta con un área y un presupuesto específicos para el control de incendios- y, por supuesto, hacia aquella auditoría de 2023. En ella se denunciaba, entre otras muchas carencias, la falta de elaboración del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de articulación entre dicho organismo y las jurisdicciones provinciales “para desarrollar políticas preventivas o de colaboración”, la “subejecución presupuestaria” y el mal estado o carencia de herramientas y elementos que permitan apagar los incendios.
Un año y medio después de la publicación del informe solo algunas de esas materias se han corregido mínimamente, pero el platillo negativo de la balanza sigue cargando con más peso. Desde el punto de vista preventivo, el Plan Nacional de Manejo continúa pendiente, lo que en opinión de la Fundación Vida Silvestre Argentina “representa una grave falencia en la planificación para la prevención y supresión de incendios”. Peor aún, en la intimidad de los organismos encargados de elaborarlo se afirma que las autoridades presionan para hacerlo “sin importar el contenido, solo para tener el papel firmado y evitar las quejas”.
En el plano económico, el presupuesto previsto para 2024 apenas se ejecutó en un 22 % (la misma suerte corrió la Subsecretaría de Ambiente, que sólo utilizó el 37 % del dinero disponible). Y en cuanto a la ejecución de las reglas, muy pocos distritos del país las cumplen. En agosto pasado, la dirección nacional del SNMF solicitó a las 24 jurisdicciones del país el envío de sus respectivos planes de manejo. El resultado es categórico: ocho de ellas no lo elaboraron; once lo tienen, pero no están vigentes o actualizados; tres no respondieron, y únicamente dos -Formosa y Entre Ríos- se encuentran al día.
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“La administración de todo el SNMF recae en cinco personas que deben ocuparse de múltiples asuntos: administrar los medios aéreos contratados (contabilizar las horas de vuelo y ver que coincidan con lo que facturan jurisdicciones y empresas) y los recursos que solicitan las provincias, responder los miles de pedidos de información pública, y controlar que se ejecuten los planes de manejo”, informa alguien que conoce a la perfección el funcionamiento del sistema y pide mantenerse en el anonimato.
El lado positivo de la balanza
Aun así, la auditoría de 2023 sirvió para movilizar algunas voluntades. “Se ha mejorado el equipamiento de los brigadistas que se enfrentan a las llamas; se incrementaron las tareas de capacitación del personal especializado y, con niveles desparejos según las zonas del país, también los trabajos de educación de las poblaciones que viven en áreas de riesgo”, aseguran desde el interior de uno de los organismos responsables.
Por otro lado, en los puntos del mapa que han sufrido los mayores incendios de las últimas temporadas surgieron iniciativas puntuales. “Después de lo que nos pasó en 2022 tomamos conciencia y fuimos haciendo un montón de cosas”, dice Luis María Mestres, secretario de Desarrollo Foresto Industrial de Corrientes, y enumera: “El gobierno de la provincia compró 25 autobombas forestales, les dio otras 20 autobombas a los bomberos voluntarios con equipos para un primer ataque al fuego, se están construyendo cuarteles para cinco brigadas de incendios donde habrá 50 personas en cada uno con su correspondiente autobomba, 80 camionetas y equipamiento de protección personal. Contratamos dos aviones hidrantes y el Estado nacional nos dio en forma permanente un avión y un helicóptero para que estén apostados en la capital provincial”.
Mestres se ocupa de aclarar que el sector privado también acompaña este impulso: “Está funcionando muy bien la interrelación entre el gobierno provincial, los municipios, los bomberos voluntarios y las asociaciones de productores. Tenemos 40 pistas de avión inventariadas, muchas de ellas estratégicamente ubicadas, y estamos haciendo perforaciones para poner tanques australianos de 100 000 litros y así tener siempre disponible agua para los aviones. Y por primera vez en 20 años de trabajo pude ver que en un campo ganadero se abrió un camino cortafuegos junto al alambrado que lo separa de la ruta”.
En el sur, científicos del Instituto Nacional de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA) diseñaron y pusieron a disposición del público la herramienta digital RediApp, una encuesta de autoevaluación que mide el nivel de riesgo de una vivienda. “Está destinada a los vecinos de pueblos y ciudades de la Patagonia. Son un puñado de preguntas que ayudan a establecer el grado de vulnerabilidad de una casa que está en una zona boscosa y aporta posibles soluciones”, señala Thomas Kitzberger, licenciado en Biología, doctor en Geografía e investigador superior del INIBIOMA.
En el noroeste del país, las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca han conformado una Mesa del Fuego en la que intervienen comunidades indígenas y campesinas. Se reúne de manera periódica, edita una revista propia y posee una visión global del tema, que abarca desde la prevención hasta la restauración post-incendio.
Aunque inevitablemente algunas de estas propuestas chocan con obstáculos impensados en su puesta en marcha. “Hace dos años y medio creamos una aplicación, Alerta Corrientes, que permite a cualquier persona que va por el campo reportar la existencia de una columna de humo o de fuego. Se pueden tomar hasta cinco fotos y el mensaje impacta en el comando operativo de emergencia, en el ministerio de Seguridad provincial y en nuestra oficina de monitoreo de la secretaría de Desarrollo Foresto Industrial”, relata Mestres, “pero nos encontramos con que en amplias zonas rurales no hay señal telefónica, y aunque el sistema memoriza el mensaje para enviarlo cuando la recupera, si llega una hora después ya puede ser demasiado tarde”.
RediApp, la aplicación del INIBIOMA, tiene a su vez otro tipo de inconveniente: “Hay muchísima gente que no quiere llenar la encuesta porque prefiere no saber cuál es su nivel de riesgo. Es la política del avestruz, algo que deberían analizar sociólogos y psicólogos”, sugiere Kitzberger, uno de los autores de la aplicación.
Mirada integral y ecología del fuego
Natalia Dobranski es técnica universitaria en gestión integral de incendios forestales, brigadista en la zona de El Bolsón, una de las más afectadas por los incendios de este verano y, sobre todo, una activista entusiasta en la búsqueda de un cambio de paradigma en la relación con el fuego. “A mí en la provincia [Río Negro] me detestan porque quiero hablar con la comunidad sobre manejo integral. No es solamente aprender a hacer un cortafuegos sino entender que vivimos en un lugar en donde el uso del fuego es algo cultural desde hace muchísimo tiempo, pero me dicen que no, que solo se puede hablar de prevención, pero después tampoco ves que esto se aborde con seriedad”, explica.
Dobranski añade: “Hay que aprender a manejar el combustible vegetal que existe en el paisaje, explicarle a la población cómo sacarle el mayor provecho posible al fuego y quitarle el miedo. Porque si se le tiene pánico y no se quema lo necesario para limpiar los terrenos se facilita la propagación del siguiente incendio forestal que se encenderá en algún momento”.
Sus críticas coinciden con las de mucha gente estudiosa de la problemática. La conclusión general es que centrar los esfuerzos solo en la actuación durante la emergencia no disminuirá ni la frecuencia ni la magnitud de los eventos ígneos: “Se sigue gastando dinero en apagar el fuego en lugar de hacer prevención y planificación previa”, resumen los especialistas.
La diferencia fundamental entre las distintas posturas radica en aplicar, o no, los conocimientos reunidos en la denominada “ecología del fuego”, rama científica que busca cómo gestionar los ambientes en los que dicho elemento juega un papel significativo, y que incluye en la prevención, el combate o el manejo las miradas social, económica, ambiental y cultural.
Tanto en la Patagonia como en Corrientes y muchos otros puntos de la Argentina, el fuego ha existido siempre. Ya sea por causas naturales o por acción antrópica. Lo encienden los rayos -en la zona andina se está apreciando una mayor frecuencia e intensidad de tormentas eléctricas, una variable más del cambio climático-; o los seres humanos, para quemar desperdicios luego de las cosechas y basuras de distinto tipo, para favorecer el rebrote de los pastos para el ganado, por simple negligencia o de manera intencional y dolosa para provocar un cambio de uso de suelo.
Déficits de preparación y muchos pinos
Para el primer caso la falta de preparación quedó en evidencia en lo sucedido en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde la caída de un rayo generó un incendio que ya quemó unas 12 000 hectáreas de un área de reserva estricta de muy difícil accesibilidad. “Un parque de 700 000 hectáreas debería tener subestaciones interiores desde donde actuar más rápido, sin depender de un helicóptero que está en el aeropuerto de Bariloche, a 70 kilómetros de distancia”, subraya Hernán Giardini, coordinador de Bosques de la organización Greenpeace. “Quizás también contar con un camino solo para brigadistas que permita llegar a las reservas estrictas. Y en los veranos, diferentes espacios con equipos listos para trabajar ante cualquier foco. Si no, siempre vamos a estar esperando que la lluvia apague los incendios”, agrega.
La vegetación de los bosques cordilleranos (alerces, lengas, ñires, coihues) que está adaptada a la presencia de las llamas “sabe” que tarde o temprano se quemará para renacer después. Sin embargo, en las últimas décadas le ha surgido un competidor exótico y difícil de controlar: los pinos.
“Los municipios patagónicos deberían abordar el tema y empezar a quitarlos. Fui testigo del incendio de 2012 en Puerto Patriada, al norte del lago Epuyén. Había bosque nativo y pinos. Ahora se está recuperando, se ve muy verde, pero todos son pinos, porque colonizan más rápido que los nativos. Dentro de un tiempo allí habrá un pinar muy inflamable que se volverá a quemar”, cuenta Giardini. “Los pinos tienen cortezas muy gruesas que los aíslan del calor y además, el fuego los favorece, porque las piñas se abren y liberan las semillas. Nosotros los consideramos auténticos depósitos de gasolina”, dice Kitzberger.
¿Una transición hacia otro tipo de bosque?
Paula Presti, doctora en Biología con formación en manejo del fuego, expone su propia teoría: “La sensación es que el bosque ha comenzado una transición lenta. Se queman lugares que ya se habían quemado, como si la vegetación quisiera retraerse para abandonar el estrés hídrico que viene acumulando en las últimas décadas, resetearse a cero y dejarle paso a un bosque distinto. Uno que pueda soportar inviernos con menos nieve y veranos más secos y más cálidos”.
Vecina de la comunidad de El Hoyo que perdió su vivienda en el incendio de 2021, Eugenia Del Puerto relata: “En el predio que pude comprar para construirme una casa nueva había unos 70 pinos en media hectárea. Los hice quitar. Podría no haberlo hecho, pero sentí que era parte de mi responsabilidad cuidar el territorio. Claro que me costó un dineral y no todo el mundo está en las mismas condiciones. Debería haber apoyos y subsidios desde lo público para quien quiera limpiar de pinos el lugar donde vive pueda hacerlo”.
El verano está llegando a su fin en Argentina, y con él se irán apagando los focos de incendio que permanecen activos y el espacio para el tema en los canales televisivos de noticias. La ausencia de un Plan Nacional de Manejo del Fuego, y la no ejecución de muchas de las normas previstas en la ley seguirán presentes, arrinconadas por la falta de personal que las realice, de presupuesto y, en buena medida, de interés y voluntad para llevarlas a cabo.
Imagen destacada: incendio en el Parque Nacional Lanín, Neuquén, en la Patagonia argentina, febrero de 2025. Foto: Federico Soto / Greenpeace Argentina
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