- En Bolivia, un indígena leco fue asesinado en su comunidad, dentro del Madidi, en medio del avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.
- El Gobierno no se hizo eco de las críticas de los indígenas y defensores medioambientales y señaló que el móvil del crimen fueron rencillas personales.
- Sin embargo, su familia, su comunidad y defensores medioambientales sostienen otra versión y reclaman una "investigación a fondo".
- Un informe señala que en Bolivia, entre enero y noviembre de 2024, se registraron 124 vulneraciones al derecho al medioambiente y a los derechos de los pueblos indígenas.
El 11 de febrero el Madidi se vistió de luto. Esta vez no fue por el extractivismo del que es víctima desde hace décadas ni por la contaminación de sus aguas, la tala de sus árboles o el tráfico de sus tierras, sino por el asesinato de un indígena, a quien le segaron la vida ahí, en el interior del parque nacional de Bolivia, una de las áreas más biodiversas del mundo, la ‘casa grande’ de más de 8000 especies de plantas y animales, así como más de 60 comunidades indígenas y campesinas.
La muerte de Francisco Marupa, un indígena leco de 66 años y padre de seis hijos, ha levantado una ola de críticas contra la política extractivista que ejecuta el gobierno de Bolivia, así como la falta de presencia del Estado en áreas protegidas, como es el caso del Madidi. Esto, a criterio de líderes indígenas y defensores medioambientales, ha promovido la división de los pueblos indígenas, un creciente escenario de violencia y la vulneración de sus derechos.
Diego, hijo del indígena leco asesinado, le dice a Mongabay Latam que se siente como un peregrino en busca de justicia, en busca de atención del Estado, en busca de protección. A su padre un golpe certero a la altura de la cabeza le quitó la vida, en el interior de su vivienda. Luego, su cuerpo fue trasladado hasta un platanal y allí permaneció tres días hasta que su comunidad [Torewa Indígena, perteneciente a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Leco, ubicada dentro del Parque Nacional Madidi] lo encontró; capturó al presunto autor del crimen; y lo entregó a la Policía.
Cuando se dice peregrino en busca de justicia se refiere al agotador trámite realizado para que la Policía se movilice y realice el levantamiento legal del cadáver de su padre y se lleve al indígena tsimane que, según la investigación de la comunidad Torewa Indígena, es uno de los supuestos autores del crimen.
Ahora, su familia y la dirigencia del Pueblo Leco de Apolo siguen peregrinando por justicia. También lo hace la familia y la comunidad Torewa Campesina, a la que pertenece el tsimane encarcelado preventivamente. Diego dice que la Policía y la Fiscalía no le quieren dar información sobre el avance investigativo, que le piden que se busque un abogado. “No tenemos recursos económicos para pagar uno, ni entendemos de leyes y para llegar hasta Apolo (municipio paceño donde se investiga el caso) tenemos que navegar tres horas y recorrer 12 horas en bus. Nos sentimos abandonados por el Estado”, se lamenta.
Mongabay Latam, vía teléfono, se puso en contacto con el fiscal asignado al caso, Luis Enrique Mamani. Dijo que no estaba autorizado para brindar información, que se hicieran las gestiones a través de la Fiscalía Departamental de La Paz. En esa oficina se comprometieron a gestionar un informe, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
La versión del Gobierno
¿Cuál fue el móvil del crimen? Dos días después de que el cuerpo de Marupa fuera hallado y que un indígena tsimane fuera aprehendido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, salió al paso de las críticas y escribió en sus redes sociales que se trató de disputas personales. “Se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”, dijo el ministro.
Esta declaración, en plena etapa preliminar de investigación, no hizo más que caldear los ánimos en Bolivia. Más de 70 organizaciones nacionales y 10 instituciones latinoamericanas emitieron un pronunciamiento exigiendo “el esclarecimiento de la verdad histórica y sanción a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Francisco Marupa”. La Unión Europea en Bolivia también se sumó al pedido e instó al Gobierno a “garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares”.
Alex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap), cuestiona la versión adelantada del ministro Del Castillo. Cree que busca “minimizar el caso e implicar a otro indígena como responsable material, sin tener contundencia en las investigaciones”.
Esta posición aumenta la escalada de violencia y división en los territorios indígenas y desvía la mirada puesta en la minería ilegal, la explotación de madera y el avasallamiento de tierras de la que es objeto no solo la TCO Leco del Madidi, sino el área protegida en general, apunta el líder indígena.
Dionisio Gutiérrez, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), a la que pertenece Torewa Indígena, dice que la posición del Gobierno no solo genera indignación, sino que es una falta de respeto al pueblo leco, a la familia de la víctima y al trabajo del Ministerio Público.
“No quisiéramos pensar que desde el Gobierno son parte, que están encubriendo esas actividades ilegales (en el Madidi) y que simplemente están velando por intereses económicos ajenos al Estado y no por la vida de un indígena, de un protector del medioambiente”, lamenta.
División y descontrol en el Madidi
“Aquí ya no queda espacio para una concesión minera, todo está loteado”, dice el hijo de Marupa a tiempo de explicar que no solo es la presencia de las dragas que drenan los ríos azuzadas por la fiebre del oro, sino también es ahora el avasallamiento de tierras lo que ha incrementado la violencia en los pueblos indígenas que habitan el Madidi, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, ubicada en plena Amazonía boliviana, entre las provincias Franz Tamayo y Abel Iturralde de La Paz.
En el interior de este parque habitan los Territorios Comunitarios de Origen (TCOs) Tacanas, Lecos de Apolo, Lecos de Larecaja Tropical y los Quechuas Tacanas de San José de Uchupiamonas. La comunidad Torewa Indígena pertenece a la TCO Leco de Apolo, pero tiene como vecina a una comunidad con un nombre similar: Torewa Campesina. También es habitada por indígenas.
Al principio era una sola, pero en la década de 1990, el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala sembró la división. La Torewa Campesina se unió a la Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, conformada por 17 comunidades indígenas, y -en las dos primeras décadas del Siglo XXI- dieron una lucha férrea contra uno de los proyectos bandera del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, que pretendía alcanzar una potencia instalada de 3676 MW, con una generación total de 18 048 GWh/año. Sin embargo, el impacto ambiental sería irreversible, no solo cambiaría el curso de los ríos, sino que obligaría al desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas del Madidi y del Pilón Lajas. Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado.
Entonces, la historia de las dos Torewas es la historia de la ineficacia del Estado para proteger los territorios indígenas y la biodiversidad, de ejecutar políticas extractivistas en desmedro de la defensa de la madre tierra, cuya bandera ondea internacionalmente, y de dividir a los pueblos indígenas, creando dirigencias paralelas, cuando cuestionan sus políticas, reflexiona el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Miguel Miranda.
Esta situación pone a los indígenas y sus derechos, así como a los defensores medioambientales, en una situación de franca vulnerabilidad, además de enfrentarlos entre sí. Miranda sostiene esta aseveración con los resultados de un monitoreo de casos que realizó el Cedib entre enero y noviembre de 2024.
El Balance de la situación de los derechos humanos en 2024, con énfasis en los derechos ambientales de los pueblos indígenas y de los defensores ambientales, registró en este periodo 124 vulneraciones al derecho al medioambiente y a los derechos de los pueblos indígenas. Estos casos se suscitaron principalmente en actividades relacionadas con la minería y el agronegocio. En este último ítem se encuentra el tráfico (avasallamiento) de tierra.
El balance del Cedib también concluye que en el país sudamericano se incuba una profunda crisis de derechos humanos vinculada a las actividades económicas extractivistas y un Estado que ha abandonado su rol de garante, pese a la normativa nacional vigente y a los compromisos internacionales adoptados, como es el caso del Acuerdo de Escazú.
Este acuerdo firmado en 2018 y ratificado por Bolivia en 2021 mediante la ley número 1182 establece en su artículo 9 que cada país garantizará un entorno seguro y propicio en el que personas y organizaciones podrán defender los derechos humanos y ambientales, sin amenazas, restricciones e inseguridad. Claramente en Bolivia el cumplimiento del mismo está rezagado, hace notar Miranda.
No es solo el Madidi
Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, institución que junto a otras 70 exigió al gobierno de Bolivia una investigación transparente del Caso Marupa, le dice a Mongabay Latam que la situación de ausencia de Estado y la creciente presión de las actividades extractivas sobre la tierra, sobre los territorios indígenas y las áreas protegidas, no es exclusivo del Madidi, se disemina por la Amazonía boliviana y por la Chiquitania.
Y si de por sí la Justicia en Bolivia es lenta, a las áreas rurales llega demasiado tarde o no llega. En ese marco, Chuquimia asevera que no queda otro recurso más que la organización de instituciones y defensores del medioambiente para presionar al Gobierno por un proceso transparente en el Caso Marupa y la defensa de la biodiversidad.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, también le recordó al Gobierno la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de los defensores medioambientales y desarrollar acciones inmediatas cuando se producen amenazas, ya sea de forma individual o, a toda una comunidad, como el caso del pueblo Leco. El documento advierte que de no atender estas demandas oportunamente puede afectarse gravemente la integridad o incluso la vida de más personas.
Imagen destacada: El 14 de febrero de 2024 agentes de la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo de Francisco Marupa, que fue asesinado en la comunidad Torewa Indígena, dentro del Parque Nacional Madidi. Foto: Cortesía CIPLA
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