- La resolución emitida por el ministerio de Agricultura y Riego busca incrementar la frontera agrícola y la producción de la palma aceitera.
- Sus críticos cuestionan que implicará mayor deforestación y que no haya contado con la participación de las organizaciones indígenas en la atapa de elaboración de la norma.
- Este cultivo se produce para obtener el aceite que luego es materia prima de productos de belleza, aseo, alimentos y biodiesel.
- La normativa se suma a al menos otras dos normas recientes del gobierno peruano con posibles impactos ambientales.
La palma aceitera es un cultivo cuyos derivados tienen múltiples usos, lo que significa una alta demanda en el planeta. Bajo esa premisa el ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) de Perú ha elaborado una nueva norma para impulsar su producción. El 22 de marzo de este año, se publicó una resolución ministerial del Midagri denominado Instrumento de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú, periodo 2025-2034.
Este documento y su anexo proponen, entre otras cosas, incrementar la frontera agrícola y la producción de palma aceitera, así como mejorar la competitividad en la cadena de palma aceitera con enfoque de sostenibilidad. El crecimiento en la extensión de territorio para cultivar palma que se anuncia con esta norma se daría en la Amazonía, que, según el documento, es el territorio que reúne las condiciones agroclimáticas óptimas para el desarrollo de la palma.
En Perú, el cultivo de palma no ha estado exento de cuestionamientos, principalmente porque su crecimiento se ha dado, en varias ocasiones, a costa de la deforestación de los bosques, además de los conflictos con comunidades indígenas por los casos de apropiación de territorios de manera irregular.
De acuerdo con información del Midagri, la superficie de palma cultivada actualmente alcanza alrededor de 95 000 hectáreas en todo el país. Aunque en la resolución no se indica cuántas hectáreas de palma deberían aumentar en el país, si se precisa que para el caso de la región Ucayali, de acuerdo al plan regional de desarrollo de la palma “se han identificado 267 641 hectáreas con potencial para la palma aceitera, principalmente al borde de la carretera Federico Basadre”.
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“Ya no hay áreas”
“Es un paquete de normas elaborado por el Ministerio de Agricultura. Primero modificó la Ley Forestal para legalizar toda la deforestación de los últimos 20 años. Por otro lado, está la promoción de la palma, además de la Constancia de Libre Deforestación que se aprobó el año pasado y que incentivó los incendios forestales”, señala Lucila Pautrat, directora de la ONG Kené.
La modificación de la Ley Forestal a la que se refiere Pautrat fue promulgada en enero de 2024 en medio de las críticas de distintos sectores que promueven la defensa del ambiente, pues expertos aseguran que esta norma permite legalizar la deforestación ilegal.
En cuanto a la Constancia de Libre Deforestación, se trata de una resolución aprobada por el Midagri en septiembre de 2024, que fue anulada pocos días después de su aprobación luego de que el ministro del sector, Ángel Manero, fuera denunciado ante la fiscalía por aprobar esta resolución.
En cuanto a la norma sobre la palma aceitera, Pautrat menciona que lo que se busca es “ampliar la frontera agrícola a unas 500 000 hectáreas”. Además menciona que “por cada hectárea que se deforesta para las plantaciones de palma se abren otras cuatro adicionales para caminos, infraestructura, campamentos y plantas de transformación”.
Según la resolución las nuevas tierras que se destinen a los cultivos de palma estarán en zonas que ya han sido deforestadas y degradadas. Sin embargo, Pautrat asegura que no existe un catastro de zonas degradadas y deforestadas, por lo tanto, “la gente sigue abriendo bosques”, dice Pautrat, y agrega que “lo que se debió hacer fue declarar la intangibilidad de las áreas de bosque”. “Pero lo han hecho al revés, al decir ‘vamos a utilizar las áreas degradadas’ lo que han generado ha sido más deforestación, pues la gente entró a desboscar más áreas boscosas”, afirma.
David Germany, ex presidente de la Federación Regional de Palma Aceitera San Martín (Fredepalma), cuestiona la posibilidad de ampliar las extensiones de cultivos de palma aceitera en esa región. “No creo que sea posible porque estaríamos en contra del medio ambiente. No hay áreas, sobre todo en Tocache, ya no hay áreas. Tendrían que deforestar para crear nuevas áreas”.
Para Germany lo que se debe hacer es generar valor agregado sobre lo que ya existe, “crecer verticalmente y dar valor agregado al fruto con la instalación de una fábrica de aceite”. También menciona que las posibilidades para contar con mayor número de hectáreas para el cultivo de palmas, por lo menos en San Martín, sería cambiar de cultivos, es decir, que los campos dedicados al cultivo de café de cacao o a la ganadería pasen a ser campos de palma.
Más cultivos de palma
“Junpalma ha manejado esto de forma alejada de los pequeños agricultores porque está tomado por los industriales”, cuestiona Germany sobre la participación de la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma) en la elaboración de la norma.
De acuerdo con la resolución de Midagri la norma se elaboró en coordinación con Junpalma y la Coalición por una Producción Sostenible, formada por cinco organizaciones, así como mediante talleres de trabajo y reuniones con expertos en palma.
“Nosotros somos pequeños agricultores y ellos son industriales. Ven sus beneficios, sus ingresos, sus negocios, pero a nosotros no nos llega nada”, agrega Germany, y asegura que en Fredepalma no están al tanto de los acuerdos tomados para la elaboración de esta norma.
Germany señala que Fredepalma reúne a unos 200 socios que en conjunto disponen de unas 6000 hectáreas de cultivos de palma.
Mongabay Latam contactó a la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú para conocer su versión sobre el tema pero respondieron que “debido a compromisos previamente agendados y a complicaciones con la conexión a internet, no es posible atender su solicitud”. “Actualmente nos encontramos realizando visitas a nuestras bases agrícolas en regiones alejadas, lo que limita nuestra disponibilidad para entrevistas”, afirmaron. También buscamos a la Coalición por una Producción Sostenible, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Quien sí respondió nuestra solicitud fue Amilcar Armas, representante de Fredepalma San Martín ante Junpalma. Armas señala que con esta norma se busca mejorar los ingresos de los productores, por tanto, se tiene que mejorar la productividad. “Nosotros estamos proyectados a lograr la certificación y eso significa que debemos estar aplicando buenas prácticas agrícolas que sean amigables con el medio ambiente para lograr una palma libre de deforestación”.
En cuanto a la ampliación de la frontera agrícola, Armas señala que en San Martín se ha trabajado en la zonificación territorial y se han identificado áreas de aptitud agrícola, además de considerar los cultivos menos rentables, terrenos donde se podría hacer una reconversión agrícola.
En cuanto a los planes para la palma aceitera en la región Ucayali, Mongabay Latam solicitó una entrevista al gobierno regional, pero no recibió respuesta. Ucayali es una de las regiones donde se han presentado conflictos territoriales por la palma aceitera desde hace varios años.
En 2012, una empresa propiedad del ciudadano checoestadounidense Denis Melka adquirió terrenos sobre los bosques de Ucayali dejando sin cobertura una extensión de aproximadamente 13 000 hectáreas. En ese momento surgieron denuncias por los daños ambientales causados en la Amazonía, así como por conflictos con la comunidad nativa shipibo Santa Clara de Uchunya.
En un comunicado en su portal web la empresa informó que “el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali archivó de manera definitiva la denuncia contra la empresa palmicultora Ocho Sur, en la que se le acusaba de usurpar tierras de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya”
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Sin participación indígena
Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA por sus sigla en inglés) cuestiona que el grupo de trabajo para elaborar esta norma no haya contemplado la participación de las organizaciones indígenas, sino tan solo integrantes relacionados directamente con el cultivo de la palma. “Cómo vas a crear un grupo de trabajo para diseñar una estrategia de palma en la Amazonía y no estar presente ninguna organización indígena. Eso ya es una super alerta”.
Urrunaga recuerda que hace varios años se elaboró un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en Perú, 2016 – 2025, pero que este, finalmente, no fue aprobado debido a que la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) interpuso un recurso legal ante el gobierno regional para que esta norma sea sometida a un proceso de consulta previa, que nunca se concretó.
En la resolución aprobada ahora por el Midagri se indica que, efectivamente, ORAU se opuso a esta norma, además que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) “dispuso una serie de medidas que restringen los planes temáticos”.
Además de que no se haya consultado a los pueblos indígenas durante la elaboración de la norma, Urrunaga también cuestiona que el ministerio del Ambiente no haya emitido opinión. Comenta también que se ha definido una política y una estrategia de palma sostenible, aunque en ningún momento se explica cuáles son las características de esa sostenibilidad.
Mongabay Latam consultó con los ministerios del Ambiente y de Agricultura y Riego sobre los detalles y alcances de esta norma pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Imagen principal: cultivos de palma en Ucayali. Foto: archivo Mongabay
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