La ley de fraccionamiento a la pesca en Chile fue aprobada en el Congreso. Con ella, se redistribuyen 489 000 toneladas de pesca desde el sector industrial al artesanal, lo que se traduce en unos 160 000 millones de pesos (cerca de 171 millones de dólares) que, según el Gobierno, permitirán que las caletas pesqueras y las economías locales costeras se dinamicen.

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Esta norma comenzó a discutirse en 2024, cuando el proyecto para una nueva Ley de Pesca se vio obstruido en el Congreso. El objetivo era modificar la actual legislación, ligada a casos de corrupción que beneficiaron al sector industrial con mayores cuotas de pesca, y a raíz de lo cual parlamentarios fueron procesados y condenados.

Sin embargo, durante la discusión en la Cámara de Diputados, los parlamentarios de oposición decidieron discutir uno a uno los 370 artículos de la ley, lo que fue considerado por el oficialismo como una dilación excesiva y obstruccionista.

Frente a esta situación, el Ejecutivo optó por presentar paralelamente el proyecto de Ley de Fraccionamiento para redistribuir las cuotas entre industriales y artesanales de manera más equitativa. Según el Gobierno, esta norma discutía el “corazón de la Ley” que se pretende reformar.

La reciente aprobación de esa ley, que beneficia con mayores cuotas al sector artesanal, ha sido celebrada por políticos oficialistas, mientras que el sector pesquero industrial aseguró que demandará al Estado.

“Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”, dijo el gerente general de la empresa Camanchaca, Ricardo García.

Más allá de una distribución de los recursos disponibles entre industriales y artesanales, expertos en asuntos pesqueros y ambientales aseguran que, en realidad, es poco y nada lo que la Ley de Fraccionamiento cambia. Sostienen que la norma mantiene el status quo, puesto que no cuestiona el actual sistema de permisos de pesca, permitiendo que un reducido grupo de empresas mantenga el control de las pesquerías y sus mercados.

Lo que es más grave, indican, es que la ley no cambia la tendencia actual de la sobreexplotación de las pesquerías en Chile, lo que, a la larga, terminará perjudicando a todos por igual.

“Lo que hace esta ley de fraccionamiento es modificar cómo se está repartiendo la torta, pero no está modificando aspectos de fondo para que tengamos pesquerías saludables y sustentables en el tiempo”, dice la bióloga marina Elizabeth Soto Muñoz en esta entrevista con Mongabay Latam.

Para la investigadora, experta en temas de océanos de Fundación Terram, esta nueva nueva norma parece ser más “un discurso político para poder ‘limpiar’ por fin la ley [catalogada de corrupta], en lugar de una acción real para modificar las cosas que requieren ser modificadas”.

—El presidente Gabriel Boric dijo que la ley de fraccionamiento cambia la esencia de la actual ley de pesca permitiendo una distribución más equitativa de las cuotas entre la pesca artesanal y la pesca industrial. ¿Está de acuerdo con eso?

—A mí me llama mucho la atención cuando el Presidente dice eso y cuando el subsecretario de Pesca o el ministro de Economía dicen en sus discursos que este tema del fraccionamiento es el corazón de la ley de pesca.

Lo que hace esta ley de fraccionamiento es modificar cómo se está repartiendo la torta, pero no está modificando aspectos de fondo de la ley de pesca para que tengamos pesquerías saludables y sustentables en el tiempo, cosa que en este momento no tenemos.

El fraccionamiento no está asegurando absolutamente nada.

—¿Cuál es la situación de las pesquerías actualmente? 

—Los datos más actualizados de la Subsecretaría de Pesca indican que el 54 % de las pesquerías en Chile están sobreexplotadas o agotadas.

—¿Cuáles son los aspectos de fondo que habría que modificar en la ley?

—Uno de ellos es el tema de que no se abrió la licitación para que entraran nuevos actores en la pesca.

—¿De qué se trata?

—En 1991, se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura que definió dos unidades de flota: artesanal e industrial, y se establecieron cuotas globales de pesca para cada flota. La fracción industrial de la cuota se agotaba a medida que era pescada por todos los armadores pesqueros con autorización. Esto fue un incentivo perverso para que se crearan grandes flotas pesqueras, porque, por supuesto, todos los interesados querían poder pescar lo más posible, antes que se acabara la cuota anual, lo que derivó en la denominada “carrera olímpica”.

El sistema reventó, literalmente, después de capturas históricas en la emblemática pesquería del jurel, con desembarques de 4 404 193 de toneladas en 1995. Se produjo una baja rotunda de disponibilidad de recursos, causado por la sobreexplotación sumado a un evento de El Niño de 1997 y 1998, produciéndose una crisis económica, que dio origen a la Ley de Límite Máximo de Captura por Armador.

—¿En qué consistía esa ley?

—Lo que hacía era repartir la fracción industrial de la cuota global de pesca a través de cuotas individuales entre los armadores [los dueños de los barcos], pero en base a un contexto histórico, es decir, entre quienes habían participado antes de la pesca.

En la práctica, aquellos que habían llevado los principales recursos a la sobreexplotación, particularmente del jurel, eran los que tenían historia de pesca, así que fueron ellos los que quedaron con una cuota individual por armador.

Originalmente esta ley duraba un año, pero ese plazo fue extendido por diez años, finalizando en diciembre de 2012.

Lo que había que hacer en diciembre del 2012, era tener una nueva ley que decidiera qué iba a pasar con estas cuotas individuales por armador y cómo se iban a repartir estos recursos.

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El asunto es que ahí había una oportunidad para que otros actores que quisieran entrar al mercado y que no tenían «historia» pudieran hacerlo. Pero quienes ya estaban participando de la pesca no querían que entraran nuevos actores.

—¿Entonces la ley no lo contempló?

—Cuando se presentó la actual ley, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y el ministro de Economía era Pablo Longueira, para la cuota industrial se contemplaron licencias transables de pesca clase A, y licencias transables clase B. Las últimas permitirían el ingreso de nuevos actores a un máximo de un 15 % de la cuota global industrial, pero en la práctica no ha funcionado y al poder participar los mismos que ya tienen “historia” quedaron más o menos los mismos participantes.

Todo esto se desarrolló en “relativa normalidad” hasta que estalló el escándalo del Caso Corpesca, que daba cuenta de que hubo delitos de cohecho y fraude al fisco que involucraban a parlamentarios durante la tramitación de la ley, algo que ya fue sancionado por la Justicia. Por lo mismo, se habla de que esta ley es corrupta porque hubo actos de corrupción envueltos en asuntos que tienen que ver con las cuotas de pesca.

—Entonces las cuotas de pesca industrial actualmente solo se reparten entre las empresas que tienen «historia»? 

—En general se mantienen los mismos grupos económicos que han estado siempre y que han ido haciendo distintas fusiones de empresas. No han entrado de manera importante nuevos participantes a la actividad.

—¿En qué podría contribuir que se liciten las cuotas industriales de pesca?

—Si la mitad de la cuota industrial se licitara a nuevos actores, se incentivaría la entrada de los mejores, con mejores tecnologías, con prácticas más sustentables, con buenas condiciones laborales para sus trabajadores.

Que otras personas empezaran a tener participación dentro de la pesca abriría más oportunidades de tener pescado de mejor calidad, podría abrir nuevas plazas de trabajo de buena calidad también.

Haciéndose bien las cosas, el sistema debería permitir que haya más participación, más competencia y eso forzaría a que las cosas mejoren.

—¿El planteamiento ha sido licitar solo un porcentaje de la cuota industrial?

—Claro, siempre se ha planteado que sería un porcentaje. Los más ambiciosos plantean un 50 % de la porción de la cuota.

Es súper llamativo que para ciertas actividades económicas la competencia se vea con buenos ojos, pero que para otras no.

Acá, al parecer, a los que ya están participando no les interesa que entren nuevos actores. No les interesa la competencia, entonces han hecho una pelea férrea a propósito de eso, amenazando, por ejemplo, con el cierre de plantas pesqueras.

—Tras la aprobación de la ley de fraccionamiento, la industria dijo que va a demandar al Estado. Desde la Sociedad Nacional de Pesca aseguraron que «las pesquerías se han recuperado en los últimos 10 años gracias a un esfuerzo de todos los actores, impulsados por una industria, que ha estado muy comprometida en cuidar el recurso”, y que hoy “todo ese esfuerzo se castiga». ¿Es cierto que las pesquerías se han recuperado? 

—La verdad es que no sé cuál es el argumento que tienen para mencionar eso. La única pesquería que ha remontado es el jurel y no es por acción de Chile. Mucho de lo que se hace con respecto al jurel es de la OROP del Pacífico Sur, donde hay muchos otros países que también están haciendo cosas y donde hay un comité científico al cual se le hace caso respecto de las recomendaciones que hace.

Las cifras son súper claras, las pesquerías no están mejor, hay pesquerías que llevan años agotadas y en la mayoría de los casos no se ha cumplido lo que estipula la ley actual, que es abrir un plan de recuperación. No hay argumento técnico que valide lo que está diciendo la industria.

—¿Qué otro tema central no se está considerando en la modificación de la ley? 

—La ley actual tiene un montón de aspectos que son muy modernos, que ya eran muy modernos cuando se tramitó, y que iban en la dirección correcta. Por ejemplo, se incorporó el principio precautorio, el enfoque ecosistémico, la conservación de los recursos como objetivo de la ley, se incorporaron los comités científicos y los comités de manejo.

A partir de ahí, las cuotas de pesca en Chile son definidas por los comités científicos, en base a informes técnicos que básicamente dicen: «Nosotros tenemos esta cantidad de biomasa de pesca, por lo que la recomendación es pescar esto para poder mantener la sustentabilidad de la pesquería”.

—¿Y qué es lo que está pasando actualmente? 

—Eso estaba funcionando bastante bien, pero sucedió que se encontró “la maña”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Además de los comités científicos existen los comités de manejo, que se encargan de hacer los planes de manejo de las pesquerías [es decir, establecen las reglas de cómo se va a pescar]. En el caso de las pesquerías que están sobreexplotadas o agotadas, también tienen la misión de hacer los programas de recuperación.

Lo que pasó es que los comités de manejo descubrieron que al aumentar una cosa que se llama porcentaje de riesgo, se influía directamente en el aumento de la cuota de la pesquería.

Esto es súper irregular porque se supone que cuando se aumenta el porcentaje de riesgo es porque tienes una pesquería que está sana, que tiene una buena cantidad de adultos, que están entrando hartos individuos, etcétera. Sin embargo, hay casos en los comités de manejo en los que han modificado el porcentaje de riesgo sin tener argumentos científicos.

—¿En qué casos?

—La cuota de merluza austral para 2019 se había definido en 14 800 toneladas, pero el comité de manejo aumentó el porcentaje de riesgo y la cuota terminó siendo de 19 000 toneladas.

Los comités de manejo se están metiendo a modificar la cuota sin ningún argumento que lo sustente y el problema es que todo esto ha sido avalado por la Subsecretaría de Pesca del actual gobierno y de los anteriores, porque no han hecho nada para detenerlo.

La merluza austral nunca ha dejado de estar sobreexplotada y en vez de estar haciendo un programa de recuperación, lo que se ha hecho es aumentar el porcentaje de riesgo como si se estuviera hablando de una pesquería que está sana. Lo único que eso va a producir en el largo plazo, y quizás no tan largo, es que la pesquería reviente afectando, por supuesto, a todos los que dependen de ella.

Tenemos una normativa que puede ser muy criticable por las razones que ya todos sabemos, pero tiene aspectos positivos y se estaban haciendo algunas cosas bien como, por ejemplo, definir que los actores de la pesca no se metan en la cuota. Obviamente alguien que depende económicamente de una cuota va a querer aumentarla porque significa más dinero para el momento, para su familia, para lo que sea. Pero una decisión responsable tiene que ver con entender que estas pesquerías no van a ser sostenibles en el tiempo si se siguen avalando estas malas prácticas.

Ese es un problema que, por lo menos en este gobierno, yo no he escuchado en ningún momento que lo mencionen siquiera.

—El economista y ex subsecretario de economía Carlos Mladinic mencionó en una columna que esta ley de fraccionamiento en realidad no va a redistribuir absolutamente nada. Lo que plantea es que la discusión se da entre el sector industrial y una parte del sector artesanal que está compuesto por grandes embarcaciones que califican más como semindustriales, por lo que, en cualquier caso, la redistribución no impactará al pequeño pescador. ¿Qué opina usted?

—Va en la línea de lo que mencionaba antes. Esta ley de fraccionamiento lo que hace es hacer una repartición de la torta, pero los temas de fondo, que son muchísimos, no los está tocando.

Este es un tema largamente reconocido por el mundo de la pesca, de que existen embarcaciones que están clasificadas actualmente como embarcaciones artesanales, pero que en la práctica son barcos muy grandes, que tienen mucha capacidad de bodega y que no califican como artesanales. Muchas veces se ha planteado que debería existir una nueva categoría de semindustrial, pero esta ley tampoco está haciendo nada para modificar eso. Ni siquiera aborda el tema.

Hay un montón, pero un montón de problemas que no se están tocando.

Este nuevo fraccionamiento lo que hace es decir “tenemos esta cuota global, hacemos la repartición, y sería”. Eso no es esencia de nada. Ahí no estamos modificando ningún tema de fondo y no estamos abordando ninguna de las problemáticas.

Yo siento que esto es más un discurso político para poder de alguna manera “limpiar” por fin la ley y seguir trabajando con lo que está, en lugar de una acción real para modificar las cosas que requieren ser modificadas.

Imagen principal: pesca de pelágicos en la región del Biobío, Chile. Foto: cortesía Mauricio Altamirano / Oceana 

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Michelle Editor/a

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