- El presidente Daniel Noboa llamó a una consulta popular que busca la aceptación de los votantes para reescribir la Constitución.
- La Carta Magna vigente fue la primera en reconocer los derechos de la naturaleza, además de ungir a Ecuador como un país plurinacional.
- El Presidente ha dado pistas que muestran que, de ir a una asamblea constituyente, el marco legal que protege al ambiente y a los territorios indígenas podría debilitarse.
- Los ecuatorianos también tendrán que decidir si permiten la instalación de bases militares extranjeras, después de experiencias previas que ocasionaron graves impactos ambientales y sociales.
El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos irán a las urnas para pronunciarse en la consulta popular que propone convocar a una asamblea constituyente. Para constitucionalistas, expertos en derechos económicos, líderes indígenas y ambientalistas, está en juego un documento que ha inspirado a más de 50 naciones en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
“No es solo una consulta jurídica, es una decisión sobre el tipo de país que queremos ser”, dice Eva Martínez Acosta, coordinadora del área de Justicia Económica y Género del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
El presidente Daniel Noboa, quien es el proponente, ha dicho que la Constitución no sirve para la realidad actual, además de ser “correísta y garantista de los criminales”. La Carta Magna, vigente desde 2008, fue elaborada durante el gobierno de Rafael Correa, sobre el que pesa una sentencia en firme por cohecho.
“La Constitución de Montecristi –como es conocida– recogió la exigencia de los pueblos”, reivindica Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). “No podemos hoy permitir que se supriman los derechos de la naturaleza, los derechos a la participación política o el derecho a la consulta previa, libre e informada”, añade.
Parte del argumento de Noboa es que la Constitución limita la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado. Ecuador ha caído en manos de bandas criminales que, en sus disputas por las economías criminales del oro ilegal y del narcotráfico, han puesto al país entre los más peligrosos del mundo. Si la tendencia continúa, 2025 será el año más sangriento, con más de 50 muertes violentas por cada 100 000 habitantes.
“La Constitución no tiene ningún artículo que proteja al crimen organizado y genere impunidad”, asegura Ramiro Ávila Santamaría, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y ex juez de la Corte Constitucional. En el contexto de cambio climático y crisis ambiental que enfrenta el mundo, de ganar el sí, Ecuador enfrentaría un retroceso histórico, de acuerdo con el especialista.
La consulta popular incluye tres preguntas, que proponen disminuir el número de asambleístas, retirar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos e ir a la asamblea constituyente. La cuarta pregunta es un referendo que busca modificar la Constitución para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras.
La política ambiental de Noboa
Durante los dos años que Noboa lleva en el poder, ha implementado una serie de medidas que han causado cuestionamientos entre los defensores de la naturaleza y de los derechos colectivos. “Desde el Gobierno no hay una noción de los derechos de la naturaleza”, asegura Ávila.
En marzo de 2024, el Presidente asistió a la mayor convención minera de Canadá, dando una de las primeras pistas sobre lo que sería su política ambiental y económica. Durante el encuentro, firmó compromisos de inversión minera por 4.8 millones de dólares.
Un mes después, habitantes de una zona costera denunciaron que Lavinia Valbonesi, la esposa del Presidente, estaba detrás de un proyecto inmobiliario que se iba a instalar en una zona de manglar protegida. El caso tuvo relevancia nacional, logrando que se suspenda la construcción.
Además, Ávila considera que hay un incumplimiento de la voluntad popular en las consultas populares por el Yasuní y el Chocó Andino, ambas de 2023. En el primer caso, los ecuatorianos decidieron conservar el petróleo del Bloque 43 bajo tierra y, en el segundo, los quiteños le dijeron “no” a la minería en el noroccidente de la ciudad.
Una de las decisiones que más revuelo social causó fue la entrega de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga, en Kimsakocha, una zona de recarga hídrica en el sur del país. Tras una marcha que convocó a más de 100 000 personas por la defensa del agua, el Gobierno revocó la licencia ambiental.
En septiembre de 2025, Amnistía Internacional observó que hubo un “uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas”, como respuesta al paro nacional por el retiro del subsidio al diesel y el avance de las fronteras minera y petrolera. Además, el Gobierno bloqueó cuentas de líderes indígenas y organizaciones ambientales, pero jueces anticorrupción están levantando los bloqueos por falta de pruebas de movimientos sospechosos.
Por si lo anterior no fuera poco, el reciente reglamento emitido por decreto presidencial de la Ley de Transparencia Social establece que “las organizaciones [fundaciones] no podrán invertir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”. La FOA presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta disposición, que según ellos «criminaliza y ataca directamente a las organizaciones que defienden el agua y el territorio«.
También, señala Esteban Barriga, miembro del colectivo Quito Sin Minería, está la fusión de los ministerios de Ambiente y Energía, una medida que, según expertos consultados por Mongabay Latam, debilita los controles ambientales.
Los riesgos para la naturaleza y los pueblos
“En este contexto, hay un riesgo muy claro de que los derechos de la naturaleza pasen a un segundo plano o, incluso, se eliminen”, dice Ávila. “Esto es real porque los derechos de la naturaleza han sido el principal obstáculo constitucional para el agresivo extractivismo minero y petrolero”, añade. De hecho, comunidades en zonas mineras y petroleras han ganado sentencias o han logrado retrasar los proyectos extractivos invocando a los derechos de la naturaleza o a la consulta previa y ambiental.
Barriga, por su lado, alerta que puede haber un retroceso en cuanto a los derechos colectivos. El articulado de la Constitución vigente arranca con el reconocimiento de que Ecuador es intercultural y plurinacional. Esto quiere decir que el país reconoce las características propias, incluidas las formas de organización social y política, de los pueblos y nacionalidades.
El artículo 57 es central, pues, entre otros, reconoce los derechos a la posesión ancestral de los territorios y a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos que puedan afectar sus tierras.
El país también reconoce, en el artículo 398, el derecho a la consulta ambiental. Este establece que la ciudadanía en general –ya no limitado a pueblos y nacionalidades– también tiene derecho a ser consultada.
A Martínez le preocupa que, de ganar el “Sí”, el derecho a las consultas se transforme en una opinión no vinculante, “lo que podría facilitar las licencias y reducir la capacidad de las comunidades para condicionar proyectos”.
Otros riesgos, de acuerdo con la especialista de CDES, incluyen el debilitamiento de la responsabilidad objetiva y la reparación integral. Es decir, la obligación de que una empresa responda por daños ambientales sin importar si tuvo o no la intención de causarlos. Además, advierte sobre la posibilidad de que se priorice el arbitraje internacional –algo que Noboa buscó sin éxito en una consulta popular anterior– por encima de los estándares socioambientales.
Posibles consecuencias internacionales
Martínez advierte que la eliminación o el debilitamiento de los derechos ambientales podría implicar el incumplimiento de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención de Diversidad Biológica o el Acuerdo de París.
Esto abriría la puerta a denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH) o relatorías especializadas de las Naciones Unidas. La Corte IDH podría ordenar al Estado ecuatoriano indemnizaciones a comunidades afectadas, restauración de ecosistemas o medidas de no repetición, “todo con un impacto fiscal”, asegura la abogada.
“El país podría perder legitimidad en foros multilaterales y en los mecanismos de financiamiento climático porque los fondos verdes y de cooperación exigen salvaguardas sociales y ambientales”, añade la experta.
Otro riesgo está en los canjes de deuda por naturaleza: Ecuador tiene uno en favor de Galápagos y otro en favor de la Amazonía. Martínez explica que si el país debilita su marco constitucional o incumple con las obligaciones de conservación, se podrían activar arbitrajes internacionales con repercusiones económicas “millonarias”.
La propuesta de permitir bases militares
Durante la II Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una base militar en Baltra, en el archipiélago de Galápagos. La construcción de la infraestructura, que tomó pocos meses e incluyó un pequeño pueblo y la pista aérea más larga de Sudamérica en ese momento, contribuyó a la desaparición de las iguanas terrestres de la isla, de acuerdo con la Fundación Charles Darwin.
El temor de una nueva base militar en el que es el Primer Patrimonio Natural de la Humanidad ronda otra vez. La consulta popular incluye un referendo que busca reformar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el país y Noboa sugirió que Baltra podría albergar nuevamente a militares de Estados Unidos. Después de fuertes críticas de sectores ambientalistas y de oposición, el Presidente dijo que Baltra quedaba descartada y que la prioridad era Salinas o Manta, en la costa continental.
Ecuador ya tuvo una base militar estadounidense entre 1999 y 2009 en Manta. Tras su salida, se denunciaron violaciones a la soberanía de Ecuador, detenciones arbitrarias y allanamientos, falta de transparencia y hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que transportaban migrantes o estaban en faenas de pesca.
Aunque Noboa se haya retractado en palabra, hay un antecedente que podría contradecirlo. Al inicio de su mandato, el Presidente ratificó un acuerdo con Estados Unidos que regula el estatus legal de las fuerzas armadas de ese país en Ecuador. Además, aprobó el proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular para operativizar los acuerdos suscritos.
“El control militar extranjero altera la gobernanza ambiental y la capacidad del Estado de aplicar sus propias normas de conservación en su territorio”, argumenta Martínez. Además, advierte que las bases no solo representan presencia militar, sino que también implican infraestructura, desechos, tránsito aéreo y marítimo que pueden impactar los frágiles ecosistemas de Galápagos.
Para la especialista de CDES, la instalación de bases también podría poner en riesgo los compromisos internacionales del país, como la Convención de Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO.
El Chaski por la Vida
Como respuesta a estas amenazas, organizaciones indígenas, campesinas y sociales organizaron el Chaski por los Derechos y la Vida. El Parlamento Intercultural de los Pueblos retomó la figura del chaski –corredores mensajeros de la época precolombina– para recorrer el país de sur a norte, hasta llegar a Quito el 13 de noviembre.
Lauro Sigcha, uno de los líderes de esta movilización, explica que es una especie de minga que irá de población en población recogiendo las perspectivas frente a la consulta popular. La caravana arrancó el 5 de noviembre en Zamora, la ciudad amazónica más austral de Ecuador y ubicada en Zamora Chinchipe, una de las provincias más afectadas por los proyectos mineros a gran escala.
Desde ahí, caminaron hacia los Andes y continuarán su andar a lo largo del callejón interandino. Sigcha adelanta que personas de la Costa y de la Amazonía se irán integrando a lo largo del camino. «Nos jugamos una carta súper importante, tenemos que arriesgar lo que sea necesario, hacemos una lucha por derechos», afirma el presidente de la FOA.
Foto principal: rueda de prensa del Chaski por los Derechos y la Vida en la ciudad de Cuenca. Foto: cortesía FOA
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