En lo profundo de la amazonia brasileña, los miembros de la tribu Surui están desarrollando un esquema que les permita recibir beneficios por la protección de su hogar selvático ante la presión ejercida por los ganaderos y los talamontes ilegales.
El proyecto, iniciado por los propios Surui, generará trabajos de guardaparques y llevará clínicas de salud, escuelas y computadoras que ayudarán a que los jóvenes retengan el conocimiento tradicional y sus lazos culturales con la selva. Sorprendentemente, los estados de California, Wisconsin e Illinois, EE.UU., podrían financiar este esfuerzo como parte de sus programas de mitigación del cambio climático.
Tan improbable como puede llegar a sonar, esta colaboración puede convertirse en realidad bajo una amplia iniciativa encaminada a reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD, por su acrónimo en inglés), un mecanismo de mitigación del cambio climático que actualmente se encuentra en deliberación, tanto en el Senado de Estados Unidos como en debates internacionales, para alcanzar un marco regulatorio. Los grupos que apoyan la iniciativa sostienen que el REDD podría destinar miles de millones de dólares al año a los países en vías de desarrollo para la conservación de sus selvas tropicales mediante la preservación de la biodiversidad; la protección de los servicios ecosistémicos tales como la regulación del agua de lluvia, el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y el control de la erosión; la promoción del desarrollo rural en algunas de las regiones más empobrecidas y en ocasiones menos gobernadas del planeta; y el rompimiento del punto muerto en el que se encuentran desde hace más de una década las negociaciones internacionales sobre el clima global, a partir de la celebración en 1997 del Protocolo de Kioto.
El fundamento del REDD es simple: las selvas tropicales almacenan aproximadamente el 25% del carbono terrestre del planeta, lo cual representa más de 300 mil millones de toneladas del elemento. Cuando se talan las selvas y la vegetación se quema o es convertida en madera, grandes cantidades de este carbono son liberadas hacia la atmósfera en forma de bióxido de carbono. El desmonte de 80 mil kilómetros cuadrados de selva tropical produce cerca del 20% de las emisiones globales generadas por actividades humanas. Esto representa una contribución más grande que la generada por la combinación de todos los aviones, barcos, automóviles y camiones del orbe. En otras palabras, no obstante la atención que se ha puesto a la eficiencia de los combustibles de los automóviles y el número de vuelos realizados por las celebridades, el mero hecho de estacionar todos los aviones y automóviles del mundo no sería capaz de contrarrestar las emisiones anuales producidas por la deforestación global.
Pero los esfuerzos para reducir la deforestación no son sencillos. Los bosques están siendo destruidos como consecuencia de fuerzas económicas globales, como la demanda de madera, papel, carne, soya y aceite de palma, así como por la agricultura de subsistencia. Desacelerar o eliminar la deforestación implica encarar a estos agentes causales, haciendo que los bosques se valoren como entidades vivientes y no sólo por lo que pueden producir después de ser talados. El asunto va más allá de la economía. Una buena gobernabilidad que incluya el cumplimiento de la ley, el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y la distribución equitativa de los beneficios será clave para el éxito o fracaso del REDD.
Pensando en REDD
Dentro del mar de acrónimos que rodean al cambio climático, el de REDD al menos tiene la virtud de ser pronunciable. La idea de prevenir el cambio climático mediante la preservación de los bosques y las selvas no es nueva, sino que ha venido abriéndose paso lentamente. El Protocolo de Kioto se dirigió en otra dirección y los críticos del REDD temen que un esquema económico mundial de rescate climático es demasiado complejo como para poder manejarlo. Algunos detractores incluso piensan que la mayoría de los planes no abordan con suficiencia el problema del consumo desmedido de bienes y servicios en las naciones desarrolladas.
La iniciativa REDD, al igual que otros esquemas similares, sufre de dificultades para ser explicado en términos que puedan ser comprendidos por las personas no especializadas en el tema. Palabras como mercados de carbono, bonos de compensación y comercio de derechos de emisión, han ingresado al lenguaje desde hace años, pero a muchas personas aún les parecen extrañas. Una actitud de “solo seguir la corriente” es especialmente palpable en los Estados Unidos, cuyo gobierno rechazó adherirse al Protocolo de Kioto. Aún así, ahí está el ejemplo del pueblo Surui, indicando que sí una tribu amazónica puede recibir ayuda para salvar sus selvas asociándose con algunos estados norteamericanos, quizá el resto de nosotros también podamos asirnos de esa idea.
Además, el tema del cambio climático y su mitigación ha recibido un renovado impulso del apoyo de la administración de Barack Obama hacia el comercio de derechos de emisión, un concepto que establece límites legales a la emisión de gases de invernadero de una región determinada y estimula a canjear los “créditos” obtenidos por las industrias que alcanzan o exceden los niveles permisibles. (Sin embargo, el debate continúa sobre el comercio de derechos de emisión, que en ocasiones son catalogados como simples vales de “pago por contaminar”).
El nacimiento y la muerte del carbono forestal
La protección de las selvas como una estrategia de mitigación climática ya tiene historia en EE.UU. Las compañías eléctricas como American Electric Power (AEP), PacificCorp y BP Amoco, entre otras, invirtieron millones de dólares en la protección de zonas selváticas amenazadas en Belice, Bolivia y Brasil, con la esperanza de obtener créditos por anticiparse en la compensación de sus emisiones de gases de invernadero al prevenir la deforestación.
Una iniciativa boliviana, conocida como Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado, podría servir de modelo para la “deforestación evitada”. Los diseñadores del proyecto calcularon cuidadosamente un índice base de deforestación usando escenarios de desarrollo de procesos productivos que no considerarán medidas de mitigación, considerando después la instalación de sistemas de monitoreo y verificación; contabilizando la “filtración” (leakage), que es la deforestación que se trasfiere de los parques y reservas a otras zonas dado su estatus de protección, y la implementación de un sistema de incentivos para las personas que habitan dentro y cerca de las áreas protegidas.
Tia Nelson, hija del fallecido Gaylord Nelson, quien fuera gobernador y senador estadounidense y fundador del Día de la Tierra, actualmente funge como co-presidenta del Equipo Especial del Gobierno de Wisconsin sobre Calentamiento Global y como secretaría ejecutiva del Buró de Comisionados sobre Terrenos Públicos de aquél Estado. Ella tuvo una participación destacada en el desarrollo de los primeros mecanismos de protección de los bosques siendo directora suplente del Programa sobre Cambio Climático en The Nature Conservancy (TNC), un grupo conservacionista con sede en Washington que proporcionó apoyo técnico y científico para los proyectos.
“Me fascinó la idea de que las empresas pagarán por la conservación de las selvas como una estrategia de mitigación del cambio climático”, comentó. “La iniciativa Noel Kempff estuvo particularmente bien diseñada”.
Pero la utilidad del Noel Kempff y otros proyectos similares se vio limitada por la exclusión del tema de la conservación de las áreas boscosas del acuerdo climático alcanzado en Kioto en 1997. Para muchos grupos ambientalistas, el carbono de los bosques fue visto, por decir lo menos, como una distracción de los asuntos prioritarios de Kioto, e incluso llego a catalogarse como una siniestra estrategia para que las industrias contaminantes continuaran emitiendo gases de invernadero al pagarles a los países pobres para que redujeran sus propias emisiones. Cuando Estados Unidos presionó por la inclusión dentro del Protocolo de los bosques como sumideros de carbono, sus oponentes vieron la acción como un intento del más grande contaminador del mundo para evitar reducir sus emisiones.
Stuart Eizenstat, un eminente abogado, ex embajador estadounidense ante la Unión Europea y líder negociador de la representación norteamericana durante las reuniones de Kioto, dijo que aunque las justificantes para conservar los bosques parecían solidas, aparecieron cuestionamientos más amplios sobre el protocolo, los cuales incluían el comercio de emisiones y la contribución de los países en vías de desarrollo en la mitigación del problema.
“Impulsamos los sumideros porque estábamos buscando todas las formas concebibles tanto para involucrar a las naciones en desarrollo como para reducir los costos. Sabíamos que el costo iba ser el factor clave, tal y como lo sigue siendo ahora”, recordó Eizenstat.
Al final, la animadversión hacia los bonos de compensación provocó la exclusión del tema de la conservación de los bosques del protocolo de Kioto. Los bosques fueron incluidos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en un intento de este protocolo para involucrar a las naciones en vías de desarrollo en la solución de la problemática ambiental. El MDL permitía los proyectos de forestación y de reforestación, aunque no los de “deforestación evitada”, aunque esta condición duro poco. La forestación y la reforestación fueron relegadas a la obtención de créditos temporales en los Acuerdos de Marrakesh en el año 2001 y fueron completamente excluidos del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), el mercado de conformidad de carbono de la Unión Europea. Todo esto redujo notablemente el valor de los créditos forestales.
Nelson recuerda que la decisión de no incluir la conservación de los bosques en el protocolo de Kioto fue decepcionante, pero no fue una sorpresa. Muchos ambientalistas argumentaron que los bonos de compensación no eran la solución para reducir las emisiones industriales, una opinión que se mantiene fuerte hasta la fecha.
“Fue una batalla bastante solitaria en ese tiempo” expuso Nelson. “Confiaba en que teníamos buenos argumentos, pero solo unas cuantas voces abogaban por la deforestación impedida en aquel entonces”.
La decisión de excluir de Kioto a los bosques fue muy controvertida y se produjeron altercados y agrias discusiones entre los grupos ambientalistas. También demostraría haber sido una costosa decisión para las selvas tropicales y para sus habitantes.
En los años posteriores a Kioto se observó un marcado aumento en la deforestación, particularmente en dos de los países con mayor cobertura forestal: Brasil e Indonesia. En el país sudamericano la deforestación se incrementó casi año tras año entre 1997 y 2004, alcanzando más de 16 mil kilómetros cuadrados en ese último año, una superficie del tamaño del estado norteamericano de Massachusetts. La historia en Indonesia fue aún peor. La caída del régimen de Suharto en 1997 desató un periodo de caos que ocasionó una destrucción sin precedentes de los bosques. Vastas zonas fueran taladas y quemadas por los talamontes y los impulsores de plantíos de palma aceitera, lo cual se vio facilitado por uno de los eventos de El Niño más potentes registrados en la historia. Cuando el humo se disipó, ya habían ardido, únicamente en la porción indonesia de Borneo, más 40 mil kilómetros cuadrados de tierras, liberando más de 2 mil millones de toneladas de carbono. En total, desde la exclusión de Kioto, ambos países han perdido más de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados de selvas, un área del tamaño de California, emitiendo miles de millones de toneladas de carbono hacia la atmosfera y colocando a estas dos naciones entre los mayores emisores del mundo, una posición que no corresponde a los niveles conferidos por sus emisiones industriales.
Pero la deforestación no estuvo limitada a Brasil e Indonesia. Sin incentivos para mantener a los bosques en pie, la deforestación se aceleró alrededor del planeta, especialmente en los bosques primarios, que son los de mayor riqueza biológica, los que concentran la mayor cantidad de carbono y los que son más irremplazables. Selvas lluviosas milenarias fueron derribadas para establecer áreas de pastoreo de ganado, plantíos de palma aceitera, granjas de soya y fabricas de pasta de papel. Los ambientalistas seguían sonando las alarmas, quizá sin percatarse de que con ello estaban contribuyendo a la creciente devastación. Mientras tanto, los promotores de la deforestación evitada se reagruparon, expandieron sus alcances y exploraron nuevas vías para incluir a los bosques en un acuerdo sobre el cambio climático. Para ser práctica, una propuesta necesitaría superar varios obstáculos técnicos, políticos e ideológicos.
El renacimiento de la iniciativa de los bosques
Un gran avance se produjo a partir de una fuente inesperada: un artículo científico. Un equipo de investigadores estadounidenses y brasileños analizó los problemas asociados con el mantenimiento de la exclusión de los bosques del Protocolo de Kioto y llegó a una solución que abordada la preocupación más apremiante, “la filtración”, la idea de que los esquemas basados en proyectos como los de MDL, no podrían garantizar que detener la deforestación en una región no significaría simplemente trasladarla a otro lugar. Los autores, entre los que se encuentran Paulo Moutinho, Márcio Santilli y Stephan Schwartzman, propusieron un sistema de cuentas nacionales, bajo el que los países tendrían que comprometerse como tales y no sólo a nivel de proyectos individuales en la reducción de la deforestación. El concepto sugirió un mecanismo que luciera como un negocio entre dos sistemas restringidos, en lugar de solamente otorgar bonos de compensación por las emisiones.
“La publicación del artículo ‘La Reducción Compensada y el Cambio Climático’ fue un importante adelanto porque originó un espacio científico y otro espacio de política, donde se podía hablar de la reducción de las emisiones producto de la deforestación, dejando el asunto de la filtración a un lado. Esto no resolvió por completo las dudas sobre la filtración pero ayudó a aminorarlas considerablemente”, aseveró Annie Petsonk, una experta en políticas del Fondo para la Defensa Ambiental (Environmental Defense Fund, EDF).
Un segundo desarrollo crucial fue el surgimiento de un bloque negociador, que posteriormente se conocería como la Coalición de Naciones de la Selva Tropical, que permitiría a los países en vías de desarrollo participar de manera significativa en la reducción de emisiones y que ayudaría a atenuar las quejas con respecto a que el Protocolo de Kioto no fomentaba adecuadamente la inclusión de todos los países.
La Coalición de Naciones de la Selva Tropical nació a partir de un altercado entre el Banco Mundial y Papúa Nueva Guinea, un país mejor conocido por su diversidad cultural (en su escarpado terreno montañoso se hablan más de 800 lenguas) que por su activismo político. Una disputa por un pago de 50 millones de dólares podría algún día generar miles de millones de dólares en retribuciones por la protección de las selvas tropicales a lo largo y ancho del planeta. Papúa podría convertirse en uno de los más grandes beneficiarios.
En el 2001 el Banco Mundial le ofreció un préstamo a Papúa Nueva Guinea por un monto de 50 millones de dólares en diez años, con el fin de que el país acabara con la tala e hiciera una transición hacia el manejo sustentable de los bosques. Sin embargo, Papúa lo rechazó argumentando que la oferta era demasiado baja como para satisfacer las necesidades de las comunidades selváticas que habían firmado contratos para la tala de sus bosques. El rechazo del préstamo desató una confrontación entre el país y el banco que produjo dañinas acusaciones y una grotesca pelea.
“Estas comunidades quieren conservar sus bosques porque son la base de la sociedad y la cultura de Nueva Guinea” aseveraba Kevin Conrad, un estadounidense hijo de padres residentes en Papúa y que ahora es el líder negociador en el aspecto climático para el G-77 (Grupo de los 77) y China. “Pero al mismo tiempo, estas comunidades necesitan escuelas, servicios de salud y acceso a los mercados para poder desarrollarse”.
Conrad ingresó a un posgrado en la Universidad de Columbia con la intención de explorar las vías para que Papúa pudiera capitalizar sus bosques sin destruirlos. En Nueva York conoció al Banco Mundial y se sorprendió al enterarse que ésta entidad era el mayor negociante de carbono del mundo. Entonces cuestionó al banco sobre cómo era posible que uno de sus departamentos le estuviera demandando a Nueva Guinea terminar con la tala, mientras que otro departamento se enfocaba en el comercio de carbono.
“Le pregunte al Banco Mundial, ‘¿Por qué no unen sus esfuerzos y nos ofrecen algo con lo que podamos trabajar?’”.
El BM le respondió a Conrad que la idea no era viable porque el Protocolo de Kioto no permitía los proyectos de conservación de los bosques.
“Entonces pregunte ‘¿qué pasa si modificamos el Protocolo de Kioto?’
El BM respondió que si él cambiaba el Protocolo entonces quedarían abiertas todas las opciones.
“Así que ésa fue la base para nuestra propuesta en el 2005”.
En el año 2005, Papúa Nueva Guinea unió fuerzas con otros países selváticos para formar la Coalición de Naciones de la Selva Tropical, teniendo a Kevin Conrad como director ejecutivo. Un miembro clave de la coalición es Costa Rica, país aclamado por la comunidad internacional por haberse transformado de un gran deforestador a un modelo de conservación.
“Realicé uno de mis primeros viajes oficiales a Costa Rica con el fin de conocer como habían revertido su tasa de deforestación” recordó Conrad. “Me dijeron ‘Sí, lo hicimos, pero nos hemos estando fijando impuestos. Nadie nos ha ayudado’. Bien, supimos que Costa Rica era capaz de hacerlo, pero para la mayoría de nosotros no había alternativa. Necesitaríamos una fuente de financiamiento”.
La Coalición se presentó en la reunión de la Conferencia de las Partes (CP) de Naciones Unidas, celebrada en 2005 en Montreal y de inmediato encontró la oposición de Estados Unidos, que se enorgullecía por no hacer nada respecto al cambio climático. La delegación estadounidense le dijo a Conrad que eliminarían la propuesta de la Coalición porque temían que si los países en vías de desarrollo presentaban un plan de compromisos tendiente a la reducción robusta y significativa de los gases de invernadero, Estados Unidos no tendría más excusas para no tomar acciones respecto al clima.
“Simplemente por eso, Estados Unidos iba a bloquearnos”, recordó Conrad.
Conrad diseño una estrategia para demorar las acciones estadounidenses durante las pláticas de Montreal, al persuadir a docenas de países que apoyaban la propuesta para que la votaran antes que Estados Unidos.
“Si EE.UU. hubiera ido primero, se hubiera desencadenado una serie de votos en contra”, recordó. “Pero si iba en el lugar cuarenta, después de una larga lista de votos a favor, esperaba que no fueran capaces de aniquilar la propuesta”.
Naturalmente, Estados Unidos acordó analizar la propuesta durante dos años, enviándola a un comité con la esperanza de que ésta se colapsaría ante los retos técnicos que representa la medición, verificación y monitoreo de las emisiones producidas por la deforestación. La delegación estadounidense prometió aniquilar la medida en caso de que la propuesta llegara a la Decimotercera Conferencia de las Partes, en diciembre de 2007 en Bali.
Sin embargo, la historia dio un giro diferente.
Para el 2007, los avances de la ciencia habían demostrado que no solo era posible verificar y monitorear el carbono de los bosques, sino que las emisiones de la deforestación y la degradación eran tan significativas que no podían ser excluidas, manteniendo el bióxido de carbono atmosférico en niveles inferiores a las 450 partes por millón, un umbral que es considerado por muchos científicos como un punto de no retorno climático. La Coalición de la Selva Tropical tenía argumentos sólidos acerca de que las acciones de los países tropicales sobre sus bosques podrían contribuir de manera significativa a combatir el cambio climático. Pero la coalición todavía tenía que ir más arriba, en contra de Estados Unidos en Bali, donde la delegación norteamericana intentaba bloquear los progresos hacia un acuerdo post-Kioto. Conrad emitió un reto directo:
“Les pedimos su liderazgo, pero si por alguna razón no están dispuestos a asumir esa posición, déjennos a los demás. Por favor, no se interpongan”.
Minutos más tarde la delegación estadounidense cedió, allanando el camino al Plan de Acción de Bali, que reconocía el papel fundamental que los bosques tropicales tienen en la regulación del clima.
Bali significó un parteaguas para el REDD. Durante la reunión, Noruega develó su Iniciativa Internacional sobre Clima y Bosques, un plan que comprometía unos 3 mil millones de coronas (500 millones de dólares) al año para la conservación de las selvas tropicales; una suma que todavía no es igualada por algún otro donador. El BM anunció la creación de un fondo por 300 millones de dólares para impulsar los proyectos REDD en los países en desarrollo, denominado como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), con lo que varias naciones manifestaron su apoyo al concepto REDD. Desde Bali, el buen momento no ha dejado de crecer. En el 2008, Gran Bretaña y Noruega otorgaron 200 millones de dólares al Fondo de los Bosques de la Cuenca del Congo para financiar las actividades de conservación en el centro de África; la ONU también ha lanzado su propio fondo REDD; el príncipe Carlos hizo de la conservación de los bosques su principal causa, al desarrollar el Proyecto de Selvas Tropicales del Príncipe, para propiciar que los líderes políticos y empresariales apoyen la conservación. Sus esfuerzos culminaron en una reunión histórica entre jefes de estado para discutir la conservación de las selvas tropicales de cara a la cumbre del G-20, en abril de 2009.
Los países en vías de desarrollo también se involucraron. Ecuador ofreció una gran porción de selva lluviosa ubicada al oriente de la Amazonía, como un inmenso bono de compensación de carbono de los bosques, mientras que un grupo de 26 naciones de África oriental, central y del sur anunciaron la Solución Climática Africana, un plan que busca financiamiento de carbono para la conservación de los bosques, el desarrollo rural y el combate a la pobreza. Entretanto, docenas de países han solicitado su ingreso al programa REDD de Naciones Unidas y al FCPF para comenzar a recibir fondos para la realización de actividades afines al REDD. Pero las noticias más grandes provienen de Brasil, que anunció la formación de un fondo de 21 mil millones de dólares para reducir la deforestación amazónica en un 70% en un periodo de 10 años, evitando que se produzcan cerca de 4,800 millones de toneladas carbono bajo los escenarios actuales.
Debido a la carencia de una política climática, Estados Unidos se ha demorado en la adopción del concepto de la deforestación impedida, pero una amplia gama de intereses, incluyendo a conservacionistas, expertos en desarrollo, científicos y grupos industriales, han ayudado a impulsarlo al frente de la agenda climática. Grupos como Diálogo por el Carbono Forestal (Dialog Carbon Forest) y Compañeros de la Deforestación Evitada (Avoided Deforestation Partners) han tenido un papel fundamental en el trabajo sobre cuestiones complicadas de política, fomentando uniones y alianzas estratégicas entre algunos grupos, en ocasiones adversarios, ayudando a esbozar el lenguaje parlamentario e informando a los legisladores sobre los múltiples beneficios de REDD.
“El diálogo entre las empresas, las organizaciones no gubernamentales y otros actores, acerca de cómo poner el carbono de los bosques sobre la mesa dentro del contexto de la política estadounidense ha sido muy importante”, dijo Petsonk de la EDF.
Los esfuerzos han rendido frutos, ya que el programa REDD figuraba dentro de la iniciativa en el senado de Lieberman-Warner que fue rechazada el año pasado y en la actual iniciativa en la cámara de Waxman-Markey. Ambas llaman a que la conservación de los bosques tenga un papel prominente en el sistema de comercio de derechos de emisión estadounidense. La versión más reciente de la iniciativa Waxman-Markey busca lograr reducciones complementarias de las emisiones en al menos 720 millones de toneladas de bióxido de carbono hacia el año 2020 y una cantidad acumulada de 6 mil millones de toneladas de este gas a finales de 2025 a través de la deforestación evitada. La propuesta equivale a que Estados Unidos conserve más de 54 mil kilómetros cuadrados de selvas tropicales en los países en desarrollo.
Las leyes estadounidenses sobre el clima son particularmente importantes para el progreso del REDD. Sin ellas, la delegación de ese país no será capaz de ofrecer mucho en la mesa de negociaciones de la Conferencia de las Partes (CDP-15) a celebrarse en Copenhague, Dinamarca en diciembre próximo, afirmó Eizenstat.
Los partidarios afirman que existen buenas razones, además de los beneficios ambientales, para que el Congreso de Estados Unidos incluya los requerimientos de REDD en su legislación climática, entre los que se encuentran la reducción de costos de conformidad para las empresas estadounidenses bajo un sistema de limites e intercambios, la captación de los países en desarrollo dentro del marco climático y el reforzamiento de la seguridad en áreas potencialmente problemáticas mediante el desarrollo sustentable y la mitigación del cambio climático.
“Los impactos del cambio climático pueden incluir sequías y pérdida de cultivos, generando inestabilidad y potenciales movimientos en masa de ‘eco-migrantes’” advirtió Eizenstat. “Pero las reservas boscosas podrían ofrecer múltiples beneficios”.
Aunque aún no se ha fijado completamente, la posición de Estados Unidos parece inclinarse hacia un mecanismo de financiamiento del programa REDD que incluye la obtención de recursos tanto de un fondo como de los mercados; esta posición es compartida por la Coalición de Naciones de la Selva Tropical y por Australia. El financiamiento sigue siendo uno de los temas más complicados dentro de REDD, ya que mientras Brasil pide un fondo de ayuda, Europa está dudosa en permitir que el carbono forestal ingrese a su mercado de conformidad porque teme que podría originar que los precios de carbono se desplomen. Los que abogan por las razones de mercado sostienen que los esquemas que se basan en financiamiento estarán sujetos a presiones políticas y que no producirán el tipo de recursos monetarios necesarios para reducir la deforestación a la escala y el ritmo requeridos para alcanzar las metas en la disminución de las emisiones.
Pero el tema critico en el debate de mercado es el de los créditos intercambiables, es decir, que los países puedan contabilizar sus créditos de carbono en contra de sus emisiones. (El intercambio se basa en el canje de bienes económicos para la satisfacción de obligaciones). Algunos países europeos están preocupados porque creen que los créditos de REDD debilitarán las tecnologías de bajo uso de carbono sin reducir significativa las emisiones, mientras que a Brasil no le agrada la idea de dejar a las naciones industrializadas libres de culpa por sus emisiones.
“El tema central que representa un impedimento crítico para que avance el programa REDD y de hecho para todo aquello que tenga que ver con el calentamiento global es que Estados Unidos no se encuentra participando en este escenario internacional”, aseveró Stephan Schwartzman, coautor de un artículo seminal sobre la reducción compensada de emisiones de la deforestación. “En realidad, EE.UU ni siquiera ha empezado a reducir sus emisiones y tampoco ha creado sistemas de límites e intercambios. Mientras la situación se mantenga de esta manera, los políticos europeos están justificadamente preocupados por salvaguardar la integridad de su mercado de carbono”.
El profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, William Boyd, quien ha trabajado de cerca en los temas políticos de REDD, está de acuerdo en que un sistema con restricciones puede ayudar a evitar la saturación del mercado. Un estudio de Greenpeace dado a conocer en Bonn, advierte que un mercado ilimitado los precios del carbono podrían caer hasta en un 75 por ciento.
“Esto no es una mera extensión de los proyectos basados en los bonos de compensación, aseguró Boyd. “El sistema se está moviendo hacia un sistema de cuentas nacionales, en donde cada país recibe créditos únicamente si reduce sus emisiones por debajo de una línea basal que progresivamente podría ser colocada cada vez más abajo, llegando en algún momento a un punto de cero deforestación. En ese punto, el intercambio se da entre dos sectores o sistemas restringidos. Algo muy diferente de la idea de los bonos de compensación”.
Independientemente de las eventuales fuentes de financiamiento, no hay duda de que es necesario generar una considerable cantidad de fondos para reducir de manera efectiva la deforestación. Un reciente reporte del Instituto Meridian a nombre del gobierno de Noruega estima que para lograr una reducción de la deforestación del 50% para el año 2020, el programa REDD necesitará comprometer unos 2 mil millones de dólares al año hasta el 2010, incrementando la cifra a 10 mil millones en el 2014, para la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades de preparación y proyectos demostrativos. El reporte sugiere que el financiamiento puede provenir de un fondo global, sustentado a través de donaciones generadas por la subasta de pagos de emisión, impuestos a los combustibles o ayuda para el desarrollo. El príncipe Carlos ha sugerido un enfoque distinto: un bono selvático emitido para proveer financiamiento de emergencia.
Más allá del dinero
Más allá del tema del financiamiento existen otros puntos en disputa, que incluyen la forma establecer las líneas basales, especialmente en países y regiones que ya han logrado mantener su cobertura forestal o que han reducido drásticamente sus tasas de deforestación. Algunas naciones como Costa Rica, desean créditos por su acción temprana, mientras que otras presionan para aumentar las líneas base ante la deforestación potencial, posturas que hacen fruncir las cejas de aquellos preocupados por la integridad del REDD. Pero como dice Kevin Conrad, de la Coalición de Naciones de la Selva Lluviosa: “Sí no generamos incentivos para los países que hasta el momento han conservado sus bosques, entonces esos bosques van a ser derribados en donde existan terrenos adecuados para su conversión productiva”.
Los negociadores además deben trabajar sobre sí incluyen o no las emisiones por degradación de otros ecosistemas ricos en carbono, como los pantanos, que en algunos años pueden llegar a emitir más de 2 mil millones de toneladas. La organización Humedales Internacional (Wetlands International) está empeñada en que los pantanos sean parte del pacto climático, especialmente a raíz de que Indonesia recientemente anunció su decisión de abrir millones de hectáreas de humedales pantanosos al cultivo de palma aceitera. Esta acción, que pretende expandir ostensiblemente la producción de aceite de palma, utilizado como materia prima en la fabricación de biocombustibles, podría disparar la emisión de millones de toneladas de carbono, destruyendo el hábitat crítico de especies en peligro de extinción como el orangután y el tigre de Sumatra.
Otro tema, conocido como permanencia, emerge de la integridad de los depósitos de carbono forestal y la capacidad de un bosque para retener carbono en el futuro. Los críticos se preguntan cómo puede asegurarse que un bosque protegido por el REDD no será talado, incendiado accidentalmente o dañado por una tormenta, inundación o sequía, reduciendo su capacidad para almacenar carbono. Este asunto tiene gran relevancia en función de los impactos del cambio climático previstos en lugares como el sur de la Amazonía. La sequía del 2005, causada por temperaturas anormalmente altas en el Océano Atlántico, más no provocadas por el fenómeno de El Niño, ocasionó la muerte de millones de árboles y convirtió grandes extensiones del Amazonas en sitios peligrosamente inflamables. Millones de kilómetros cuadrados de selva fueron reducidos a cenizas, liberando hacia la atmosfera más de cien millones de toneladas de carbono.
Los adeptos del programa REDD afirman que este problema puede solucionarse parcialmente mediante amortiguamientos requeridos bajo criterios como la Norma Voluntaria de Carbono (Voluntary Carbon Standard, VCS) y las Normas sobre Clima, Comunidad y Biodiversidad (Climate, Community, and Biodiversity Standards, CCB), así como también por productos emergentes de aseguradoras. Pero la mejor protección de los bosques la constituyen los bosques mismos. Algunos estudios sugieren que la reducción de la deforestación puede ser uno de los factores más importantes en el incremento de la resistencia de los bosques a los efectos del cambio climático.
Las nuevas tecnologías, que incluyen nuevos tipos de aplicaciones basadas en sensores remotos, servirán para que los científicos y los administradores de los bosques los monitoreen en busca de señales de degradación. Los satélites y los aviones que vuelan a grandes altitudes, equipados con sensores laser y de alta resolución pueden cartografiar la estructura de los bosques, incrementando significativamente la exactitud de las estimaciones de carbono forestal y documentando los cambios en los depósitos de carbono. Una aplicación de procesamiento avanzado, conocida como CLASLite, monitorea la deforestación tropical, mientras que el programa Google Earth está haciendo cada vez más accesibles los datos sobre cobertura forestal a los científicos, políticos y el público en general.
Un problema de pago
Las impresionantes imágenes de satélite no resolverán el espinoso asunto que surge de la necesidad de abordar directamente las causas de la deforestación. Dado que actualmente las actividades productivas ocasionan la mayor parte de la deforestación, un mecanismo exitoso de REDD puede significar tener que pagar a los agentes causantes de la deforestación –empresas forestales y agropecuarias– para que cesen sus actividades. Este concepto no es del agrado de muchos ambientalistas, pero en los casos en los que propietarios de las tierras se encuentran dentro de la ley, REDD se convierte en una manera de alentar a los taladores, impulsores de la palma aceitera, agricultores de gran escala y ganaderos para que mantengan sus bosques en pie.
“Sin incentivos económicos, los bosques remanentes siempre perderán ante las presiones del mercado” explicó John Carter, un ganadero estadounidense establecido en la Amazonía brasileña, que dirige la ONG Alianza de la Tierra (Alianca da Terra), que trabaja en la implementación de una administración con conciencia ambiental entre los productores de carne del Amazonas. “El aprecio por la tierra y el valor de producción son los dos factores que al final del día determinan el uso que se le da a los terrenos. Para que REDD funcione es necesario que se permita la participación de todos los propietarios, ya sean estos indígenas, ganaderos o agricultores”.
Carter opina que las reservas forestales, que son requeridas a los propietarios en la Amazonía por las leyes brasileñas, deberían ser elegibles para recibir pagos de REDD.
Algunos ambientalistas aducen que el REDD podría convertirse en una herramienta de “lavado verde”, permitiendo que las empresas oculten sus daños ambientales mediante la compra de créditos REDD. Esta preocupación concierne al debate sobre los “bonos de compensación”, un concepto que los grupos activistas como el Movimiento Mundial por las Selvas Lluviosas Tropicales (World Rainforest Movement) y la Fundación Selva Lluviosa del Reino Unido (Rainforest Foundation UK) encuentran realmente problemático. Sin embargo, la compra de créditos REDD no ofrecerá santuarios donde los infractores puedan protegerse de las campañas ambientalistas y de las imágenes de satélite accesibles de forma gratuita. Los grupos verdes ya están utilizando Google Earth para usarlo en el monitoreo de la deforestación y otras actividades.
La extracción maderera sigue siendo un tema controversial en las discusiones sobre el REDD. Algunos activistas ambientales critican que REDD llegue a permitir la tala selectiva de los bosques maduros, uno de los ecosistemas mas biodiversos y ricos en carbono. En contraparte, otros argumentan que debería permitirse la tala sustentable para generar ingresos a los propietarios de los bosques, incluyendo a las comunidades indígenas. Reportes recientes del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles) destacan el valor de la tala de bajo impacto como estrategia de mitigación. Sin embargo, el impacto de la tala depende principalmente de la reglamentación forestal y de las estructuras de gobierno, un área de particular interés para la Alianza para el Clima y los Ecosistemas (Ecosystems Climate Alliance, ECA), una coalición de ocho grupos ambientales y defensores de derechos.
Asuntos de consumismo y gobernabilidad
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), un miembro de la ECA que trabaja en asuntos de comercio y demanda a nivel internacional, opina que la REDD debería reglamentar la demanda en los países consumidores, ya que la deforestación es fomentada tanto por la demanda de los mercados de las naciones industrializadas como por la pobreza en los países en desarrollo.
“Mi mayor preocupación es que no encontraremos una solución real, a menos que discutamos de manera concreta el asunto de la demanda”, comentó Andrea Johnson, Director de la Campaña de Bosques de la EIA.
Jonhson cree que los fondos para actividades complementarias de la iniciativa Waxman-Markey pueden dirigirse hacia la implementación conjunta de leyes diseñadas para afectar la demanda agregada, como el Acta Lacey de EE.UU., empleada para combatir la tala ilegal porque requiere que las empresas respeten las leyes ambientales de los países de los que obtienen sus productos vegetales y de fauna silvestre.
Jihan Gearon, de la Red Ambiental Indígena, una coalición en pro-derechos de los indígenas aseveró que “los mecanismos de compensación, incluyendo al REDD, no abordan el problema real que causa el cambio climático. El principal detonador del cambio climático es la quema, histórica y actual, de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas para alimentar las necesidades de consumo no sustentables de los países industrializados, como Estados Unidos. Hay que priorizar y enfocarse en cambiar estos patrones de consumo insostenibles, que son los responsables no solo del cambio climático sino también de una variedad de problemas como la contaminación de la tierra, el agua, el aire, los animales y la gente”.
Otro asunto crítico para el éxito de la REDD es la gobernabilidad, la cual de hecho se ubica entre las mayores prioridades para los creadores de la iniciativa, aunque la buena gobernabilidad sea difícil de alcanzar en zonas fronterizas, donde está ocurriendo la mayor parte de la deforestación. Las agencias de desarrollo están posicionando al REDD como un vehículo para conferir servicios y medidas de protección que grandes cantidades de ayuda hasta el momento han sido incapaces de proporcionar, lo cual es una exigencia muy alta para una iniciativa conservacionista. Aún así, el REDD tiene cuando menos dos ventajas sobre los mecanismos previos: primero, ofrece un amplio espectro de beneficios y segundo, estará basada en la evaluación de su desempeño. Un país dejará de recibir los apoyos en caso de que fracase en la reducción de la de deforestación, por no atacar de manera significativa a los agentes que la producen.
Pero este nuevo régimen de gobernabilidad arroja otras interrogantes, especialmente en las zonas donde los derechos están precariamente definidos. Esto es de suma importancia para las comunidades que habitan en lo profundo de los bosques y para los pueblos indígenas, los cuales aún pueden llegar a carecen de títulos de propiedad de sus tierras, o incluso de derechos básicos sobre el terreno y sus recursos, a pesar de haberlas habitado durante años o generaciones enteras. Muchas organizaciones temen que la reglamentación pueda causarles mayores desventajas, despojándolos de sus tierras y excluyéndolos de los pagos por secuestro de carbono. Algunos conciben un escenario aterrador en el que se presenten desplazamientos forzados propiciados por los especuladores de carbono.
“Los proyectos de REDD no ayudan ni a los pueblos indígenas ni a los pueblos selváticos”, aseguró Gearon. “De hecho, solo vulneran a estas comunidades y las despojan de su acceso y derechos sobre los bosques y sobre los territorios y medicinas tradicionales. Nuestra principal preocupación y anhelo es que el mecanismo REDD, al igual que otras soluciones para el cambio climático basadas en los mercados, sean rechazadas porque representan soluciones falsas a este problema”.
La Red Ambiental Indígena y otras asociaciones han solicitado la inclusión en la REDD de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, un tratado firmado en 2007 por la mayoría de los países del orbe. Pero los diseñadores de la REDD revelaron que esto es poco probable dado que los negociadores de los países que no han suscrito esta Declaración (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y EE.UU.) no pueden firmar un acuerdo ligado a un tratado no ratificado por sus naciones. Al resaltar que el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial excluye por completo a los pueblos indígenas, a pesar del inmenso papel que tienen en la conservación de los bosques, muchos líderes indígenas están cabildeando para alcanzar un mandato que establezca que todos los programas de REDD busquen el “consentimiento previo, libre e informado” de la población local.
A pesar de estas preocupaciones, existe un consenso entre las coaliciones que representan a los pueblos de las zonas boscosas, acerca de que la conservación de los bosques debe incluirse dentro del marco climático. Incluso algunos grupos apoyan un mecanismo de mercado, al reconocer que un mecanismo bien diseñado es mejor que el actual estado de las cosas.
Los Surui son un ejemplo. La tribu busca activamente su propio proyecto de carbono, primero enfocándose en la reforestación de áreas que han sido taladas ilegalmente y después explorando la REDD como un medio para generar ingresos por la defensa de su hogar selvático. El jefe Surui Almir Surui, quien se ha convertido en la imagen pública de la tribu, afirmó que la conservación de los bosques también constituye una vía para mantener la cultura en un lugar donde existen fuertes vínculos entre la sociedad y la tierra.
Pero al ser pioneros de un proyecto REDD los Surui han enfrentado varios obstáculos, lo cual pone en evidencia que la iniciativa de carbono de los bosques ha sido diseñada sin considerar la problemática de los indígenas. Por ejemplo, los Surui son buenos administradores de sus bosques y por ello encaran el mismo problema que los países con una elevada cobertura forestal y bajas tasas de deforestación: los procesos del REDD no los recompensan por su éxito en la conservación de su cobertura vegetal aún y cuando los bosques que rodean a su reservación ya han sido derribados por los buldóceres y los leñadores.
“El mecanismo REDD debe reconocer que los pueblos indígenas han mantenido la condición de sus bosques, en lugar de penalizarlos por este manejo”, aseveró Vasco van Roosmalen, director del Equipo de Conservación Amazónica-Brasil, una ONG que ha contribuido a que los Surui desarrollen un programa de guardaparques indígenas y el mapeo biocultural de sus territorios. “Los Surui son guardianes del carbono de los bosques”.
En Mozambique, el proyecto Nhambita ha sido elogiado por sus niveles de transparencia y por los beneficios que está generando a la gente de esa región hundida en la pobreza. El proyecto fue iniciado por la empresa londinense Envirotrade, especializada en el financiamiento de carbono.
Así lo explica Philip Powell, fundador de Envirotrade: “el proyecto Nhambita emplea a más de 150 personas y compensa a miles de agricultores que voluntariamente firman acuerdos para enfrentar los destructivos incendios forestales, para conservar los bosques y para reforestar sus tierras. Nuestro mayor reto a largo plazo consiste en llevar directamente, de manera significativa y con igualdad los beneficios a los individuos y las comunidades que custodian sus bosques. Creemos que la mejor manera de avanzar en esto es mediante reportes transparentes y con un compromiso con la compensación justa para los cambios cuantificados en el manejo de las tierras y los bosques”.
Mientras tanto, el proyecto Juma, en el estado brasileño de Amazonas, que por sus medidas de protección es el primero en el mundo en alcanzar el Estándar Dorado de la Alianza sobre Clima, Comunidad y Biodiversidad, se encuentra compensando a 6 mil familias que voluntariamente acceden a limitar la tala de los bosques. Se espera que para el año 2050, el proyecto reduzca las emisiones de bióxido de carbono en 190 millones de toneladas en esa área selvática amenazada.
El experto sobre asuntos de la REDD, John O. Niles, que trabaja para el Grupo Selva Tropical, un instituto de investigación sobre política forestal, afirmó que el REDD ofrece el potencial de hacer que el mundo este mucho más consciente de los problemas de los indígenas.
“La REDD colocará bajo el microscopio todos estos asuntos y será infinitamente superior al estado actual de las cosas”, afirmó. “Durante décadas, los capitalistas, los socialistas, la iniciativa privada, los gobiernos y los operadores locales han devastado las comunidades tropicales, arrasado los bosques y se han ido sin preocuparse por el hecho de haber arruinado la tierra. Pienso que un sistema de incentivos para la conservación de los bosques coordinado por la ONU, junto a un sistema de supervisión con un poco de transparencia y la voz fuerte de los observadores críticos producirá resultados muy positivos la mayoría de las veces. Cualquier cosa que emane de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) probablemente constituya un avance sobre las plantaciones forestales, la tala industrial, los grandes proyectos de infraestructura o la agricultura comercial”.
¿Serán capaces los diseñadores de la REDD, dada la infinidad de problemas, de desarrollar una agenda de trabajo efectiva? Las personas involucradas en las discusiones sobre el programa piensan que sí.
“En caso de que alcancemos un acuerdo climático en Copenhague creo que existen grandes posibilidades de que la REDD sea parte del mismo”, comentó Tracy Johns, colíder de la iniciativa REDD del Centro de Investigación Woods Hole. “Todos los actores involucrados en el proceso REDD en años recientes, gobiernos, ONG’s, sector privado y pueblos indígenas, han hecho bastante trabajo y han logrado progresar sobre los retos y dificultades del REDD. Creo que el proceso de negociación del REDD se encuentra mucho más avanzado que muchas otras líneas de negociación que se están desarrollando actualmente de cara a Copenhague”.
Aunque los detalles del REDD están lejos de definirse y aún quedan obstáculos, existe un apoyo creciente para el procedimiento de fases, propuesto por el reporte Meridian para el gobierno noruego. En la primera fase, los países recibirían fondos, ya sea del FCPF del Banco Mundial, del Programa REDD de la ONU, o de otro mecanismo voluntario, para desarrollar una estrategia REDD a nivel nacional, que incluya consultas con los pueblos indígenas y con las comunidades locales, la construcción de infraestructura y la implementación de proyectos pilotos.
La fase 2 apoyaría la reforma de las formas de tenencia de la tierra y de las leyes forestales, las iniciativas de manejo forestal sustentable y los pagos por servicios ambientales a las comunidades rurales. El financiamiento estará basado en el desempeño y provendrá de un fondo global financiado por donaciones voluntarias, subastas de pagos por emisión y, en algunos países, probablemente por impuestos a los combustibles y al carbono.
La tercera fase incluiría el monitoreo de cumplimiento, la elaboración de reportes y la verificación de emisiones con respecto a los niveles de referencia acordados. Es probable que esta fase sea financiada por la venta de unidades REDD dentro de los mercados de conformidad globales o en un mecanismo de conformidad no basado en los mercados. Los partidarios del procedimiento de fases sostienen que éste puede albergar tanto a los mecanismos basados en el financiamiento como a los basados en las fuerzas del mercado.
El REDD representa para los conservacionistas la mayor esperanza para salvaguardar las selvas tropicales, incluyendo su biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y los pueblos que las habitan.
“Se espera que el REDD logre muchas cosas –que mejore la gobernabilidad, que promueva el desarrollo sustentable, que mitigue el cambio climático– pero sus beneficios potenciales son tan grandes que es un oportunidad que vale la pena aprovechar”, aseveró Schwartzman, cuya labor ayudó a que todo esto iniciara.
