- Hay dos casos confirmados de COVID-19 en la comunidad waorani de Miwaguno. Por lo menos 10 personas presentan síntomas asociados y un anciano murió pero no se le realizó ninguna prueba. Este pueblo es de contacto reciente y hay temor pues habita cerca de los tagaeri y los taromenane, indígenas en aislamiento y no contactados en Ecuador.
- La audiencia de la demanda por el derrame de petróleo sobre el río Coca, causado por la erosión de la cascada San Rafael, ha sido aplazada dos veces y los indígenas kichwa siguen afectados por la contaminación. Se rompió el único puente colgante que comunica con el territorio de los indígenas Cofán de Sinangoe y piden ayuda del gobierno pues hay mujeres a punto de dar a luz y personas con complicaciones de salud.
ACTUALIZACIÓN
El jueves 21 de mayo los indígenas waorani presentaron una acción de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano, específicamente dirigidas hacia el Presidente Lenín Moreno y el Vicepresidente Otto Sonnenholzner como responsables del COE Nacional, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Ambiente y del Agua. En esta acción los waorani exigen que se priorice su atención y no sólo la de grandes ciudades; que se equipen los subcentros de salud, porque los médicos no tienen elementos de trabajo; que se haga testeo masivo en todas sus comunidades, y que se paralicen las actividades extractivas en su territorio, por el riesgo que ha traído para su salud.
El COVID-19 sigue acechando a las nacionalidades indígenas de Ecuador. Hace dos semanas los siekopai denunciaron la gran vulnerabilidad en que se encuentra su pueblo, de menos de 800 personas, donde ya se reportan 14 casos positivos y dos de sus ancianos murieron con síntomas asociados a la enfermedad pero no se les realizaron pruebas. En un nuevo pronunciamiento el 19 de mayo, los líderes siekopai informaron que se han hecho 80 pruebas rápidas de las cuales 30 dieron positivo y que a través de pruebas PCR se confirmaron siete casos más. Además, el hijo de uno de los mayores que falleció hace unos días hoy presenta sintomatología asociada a la enfermedad, tiene pronóstico grave y permanece en unidad de cuidados intensivos.
A este panorama se suma la nueva denuncia de los waorani, otra nacionalidad indígena amazónica. Uno de sus ancianos falleció, otro se encuentra en grave estado de salud y una joven embarazada está siendo atendida en una clínica en el sur de Quito. Además, en una de las comunidades hay dos casos confirmados pero el sistema de salud de las zonas donde habitan, en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, es precario.
Los indígenas Cofán de Sinangoe, por otro lado, se encuentran aislados, sin acceso a alimentos y medicamentos, pues el puente que atraviesa el río Aguarico, y comunica su territorio con vías provinciales y nacionales, se rompió el pasado 18 de mayo. Y, como si esto no fuera suficiente, aún no se realiza la audiencia de la demanda que interpusieron indígenas kichwa, junto con algunas ONG y la Iglesia Católica, por el derrame de petróleo del 7 de abril sobre los ríos Coca y Napo, causado por la erosión de la cascada San Rafael, tema que Mongabay Latam ha reportado desde febrero pasado.
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Sabiduría ancestral en peligro
“Cuando estaba muy grave, y ya no podía caminar, lo trasladaron en la noche al centro de salud. En su idioma [waorani] manifestó que no podía respirar, que sentía el cuerpo caliente y quería vomitar, luego de decir eso, murió. En ese centro no había siquiera oxígeno, solo le tomaron la temperatura”, así relata Oswaldo Nenquimo, vocero de Resistencia Waorani, el fallecimiento de Carlos Bay Ima, pikenani (abuelo) de la comunidad de Bataburo.
El anciano falleció luego de varios días de estar gravemente enfermo en su casa y, a pesar de que tenía síntomas asociados a covid-19, no se sabe si murió debido a la enfermedad pues nunca le hicieron una prueba.
Cuando su estado de salud se complicó, lo trasladaron a un pequeño centro de salud a 15 minutos de la comunidad. Sin embargo, estos lugares no cuentan con dotación para enfrentar el COVID-19 ni con personal médico suficiente. Los waorani tienen miedo de que trasladen a sus familiares a hospitales pues existe una orden del gobierno que dice que en caso de que una persona fallezca, será enterrada en el lugar donde murió y no podrían tener el cuerpo de regreso en territorio indígena. Es por eso que otro anciano que se encuentra muy grave no ha querido salir de su casa y los familiares de una mujer de 21 años, en estado de embarazo y positiva para la enfermedad, desean retirarla de un hospital en Quito para que se aísle en su territorio.
“Perder un anciano, en cultura waorani, es perder sabiduría y conocimiento. Estamos muy preocupados por nuestros ancianos, no queremos seguir perdiendo a nuestros jefes guerreros”, dice Nenquimo.
María Espinosa, defensora de derechos humanos de Amazon Frontlines y quien asesora jurídicamente a los waorani, menciona que hay 11 comunidades donde algunos de sus miembros presentan síntomas relacionados a COVID-19. En la provincia de Pastaza están: Toñampare, compuesta por 58 familias; Meñepare con 16, Obepare con 5; Nemompare con 9 y; Bataboro con 34. En la provincia de Napo: Gareno con 30 familias y Konipare con 11. En la provincia de Orellana: Miwaguno con 34 familias; Yawerpare con 18; Guillero con 20 y Dicaro con 37.
Para Espinosa, esta situación podría traer otro enorme problema pues varias de estas comunidades waorani están muy cerca de la zona intangible y el área por donde suelen transitar los tagaeri y taromenane, indígenas en aislamiento voluntario y no contactados.
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Oswaldo Nenquimo asegura que desde finales de abril los waorani le solicitaron al Ministerio de Salud Pública que interviniera de manera urgente pero, en una visita que hicieron a la comunidad de Miwaguno, simplemente dijeron que se trataba de gripes fuertes. Según dice, el personal del Ministerio no llevó elementos de bioseguridad ni realizó pruebas de COVID-19 a la comunidad. “Hemos creado nuestros propios protocolos y resistido con nuestras medicinas naturales pero no podemos contener el virus”, dice Nenquimo.
Por ahora, los indígenas saben que hay por lo menos 10 personas con sintomatología asociada a COVID-19 y que el Ministerio está llegando a algunas de esas comunidades donde al parecer hay casos activos: Miwaguno, Guillero y Bataboro. “El deseo de los waorani es que se ingrese a las 58 comunidades de la nacionalidad”, dice Espinosa. Sin embargo, esto no es fácil. Oswaldo Nenquimo asegura que varios médicos de centros de salud cercanos, en medio de la desesperanza, les han dicho que traten de conseguir donaciones para comprar pruebas pues el Ministerio no tiene recursos.
Se han tomado varias pruebas pero se desconocen los resultados y no se sabe cuándo llegarán. Mongabay Latam ha intentado contactarse con el Ministerio de Salud pero ha sido imposible obtener respuesta.
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Condiciones geográficas y culturales especiales
El caso de los waorani no es sencillo. “Apenas tenemos 50 años de contacto con el mundo occidental, nuestros pikenanis (abuelos/ancianos) pueden ir muriendo poco a poco. Es imposible hacer aislamiento en casas porque en nuestra cultura las casas no son divididas, compartimos ollas, platos”, dice Nenquimo.
El Ministerio de Salud, como es sugerencia a nivel mundial, insiste en que se debe mantener el distanciamiento social pero en la cultura waorani muchos no tienen baños ni letrinas, así que la gente accede a zonas comunitarias en el bosque. No hay ducha, así que van al río a bañarse.
“Los procedimientos de atención deben ser concertados con las autoridades waorani y contar con la participación activa no solo del Ministerio de Salud sino del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)”, asegura la abogada Espinosa.
Los indígenas piden que los centros de salud cercanos a sus territorios sean debidamente equipados pues muchos no cuentan ni siquiera con oxígeno. También le piden al Ministerio de Salud que, por lo menos cada tres días, informe a las autoridades waorani sobre las intervenciones y hallazgos en las comunidades. También solicitan que los cercos epidemiológicos y aislamientos garanticen acceso a alimentación y elementos de bioseguridad que tengan en cuenta el componente cultural.
María Espinosa considera que es importante que el gobierno prohíba el acceso de terceros a la zona intangible tagaeri y taromenane. Cerca de estas áreas hay actividad forestal y petrolera autorizada por el Estado que “deberían ser suspendidas, por lo menos de manera temporal, hasta que se supere el riesgo de expansión del COVID-19”, menciona.
Los indígenas ecuatorianos se encuentran en grave peligro y así lo dijo el pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La Comisión expresa su alarma por posible propagación del COVID-19 en territorio del pueblo waorani de contacto reciente en Orellana […] destaca con preocupación los altos riesgos del COVID-19 para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, por su alta vulnerabilidad inmunológica ante nuevos patógenos”.
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Indígenas kichwa piden respuestas por derrame de petróleo
El pasado 7 de abril las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador se rompieron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, aguas arriba de la antigua cascada de San Rafael, un icónico lugar en el parque Cayambe Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos.
Se estima que cerca de 15 800 galones de crudo cayeron al agua y las comunidades kichwa que viven río abajo solo se dieron cuenta de lo sucedido en la mañana del 8 de abril, cuando varias personas empezaron a denunciar. Los indígenas han pedido reparación y al considerar que se violaron sus derechos, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos presentaron, el pasado 29 de abril, una acción de protección con medidas cautelares a favor de aproximadamente 120 mil personas afectadas por el derrame de crudo.
Mongabay Latam reportó en febrero de este año la desaparición repentina de la cascada San Rafael por procesos erosivos. En el reportaje San Rafael: ¿Cómo la cascada más alta de Ecuador desapareció repentinamente el 2 de febrero? expertos geólogos e hidrólogos alertaron que se aceleraría un proceso de erosión regresiva que podría afectar diversas infraestructuras aguas arriba del río Coca, entre las cuales están los oleoductos colapsados el 7 de abril. Este es precisamente uno de los argumentos que se plantea en la demanda.
La audiencia debió celebrarse el 12 de mayo pero la aplazaron para el 18 del mismo mes. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables pidió nuevamente el aplazamiento al indicar que no había sido posible “acceder al expediente” en la emergencia sanitaria y la nueva fecha esta vez es el 25 de mayo, un día feriado en Ecuador.
En un comunicado, los demandantes dijeron que el Consejo de la Judicatura tenía que digitalizar los expedientes para facilitar el acceso que las partes requieren y al que tienen derecho. “Debemos recordarles al Consejo de Judicatura y al juez de la causa que si la audiencia se sigue aplazando, se desnaturaliza a la acción de protección como recurso ágil, sencillo y efectivo”, dice.
En el documento también se advierte que se mantiene el estado de desprotección y vulnerabilidad por los ríos y tierras contaminadas que impiden a las víctimas contar con el agua y la alimentación adecuadas en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia.
Debido a los aplazamientos, los demandantes le pidieron al Consejo de la Judicatura que utilice sus canales públicos para transmitir la audiencia cuando esta se realice.
“La audiencia está programada para el lunes 25 de mayo, estamos esperando que el juez responda la petición de medidas cautelares que le hemos hecho por el riesgo que representa, nuevamente, el avance de la erosión regresiva de la cascada sobre la infraestructura petrolera”, asegura María Espinosa.
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Indígenas Cofán de Sinangoe están incomunicados
En medio de las fuertes lluvias que caen sobre la Amazonía ecuatoriana, uno de los cables del único puente colgante que pasa sobre el río Aguarico y comunica el territorio Cofán con vías provinciales y nacionales, se rompió el 18 de mayo.
“Gestión de riesgos y las autoridades regionales atendieron nuestro llamado. Estamos esperando que arreglen el puente pues adquirimos alimentos y medicinas de afuera. Con la emergencia del COVID-19 todo esto nos preocupa”, le dijo Nixon Lucitante, indígena y líder de la guardia Cofán de Sinangoe, a Mongabay Latam.
Nadie puede entrar ni salir del territorio Cofán. Los indígenas están preocupados porque tres mujeres están próximas a dar a luz y no hay ningún otro paso terrestre. “Hay varios adultos mayores que necesitan medicación y, precisamente, el presidente de la comunidad había coordinado que esta semana, en el contexto de la emergencia, entrara un médico para revisarlos y llevarles las medicinas. Eso ya no podrá ser”, asegura Jorge Acero, asesor jurídico de los indígenas.
El paso fluvial también presenta dificultades pues hace unos días una creciente del río se llevó el bote de la guardia indígena y para estas fechas el río está caudaloso y profundo. Lucitante dice que están trabajando en la construcción de una nueva canoa pero insisten en que necesitan el rápido arreglo del puente.
*Imagen principal: Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
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