- Una comisión del senado brasileño avanza rápidamente y de forma encubierta hacia una reforma constitucional (PEC 65) que acabaría con la necesidad de aprobación de evaluaciones ambientales para los proyectos de obras públicas en Brasil, algo que incluye desde las represas en el Amazonas hasta carreteras y canales e infraestructura para petróleo.
- La PEC 65 devastaría el medioambiente y a los grupos indígenas de Brasil al eliminar las protecciones jurídicas que ahora están garantizadas en la construcción de nuevos proyectos de infraestructura, dicen los grupos ambientales, pillados por sorpresa, que se están movilizando para frenar la aprobación de la reforma.
- El senador Blairo Maggi, que propuso la reforma, es dueño de empresas que producen y exportan soja y que ofrecen infraestructura para el sector de la soja (con la construcción de terminales, autopistas y vías navegables).
- Maggi se beneficiaría económicamente de la construcción de un sistema de canales que pudiera transportar productos desde el interior de Brasil y de las presas propuestas para la cuenca del Tapajós —la primera de las cuales, São Luiz de Tapajós, vio como IBAMA, la agencia licenciadora de Brasil, cancelaba su licencia ambiental en abril.
Una comisión del senado brasileño, amparada por la agitación política en Brasilia, ha aprobado una reforma constitucional que trituraría las salvaguardas ambientales que ahora son necesarias para realizar obras públicas.
Si se ratificara, la reforma daría luz verde y aprobación rápida a grandes proyectos de infraestructura en todo el país, entre ellos el polémico proyecto hidroeléctrico de São Luiz de Tapajós. Este movimiento devastaría la vida silvestre y el ambiente natural del país y causaría daños significativos a los grupos indígenas.
Las organizaciones ambientales han descubierto con retraso que el 27 de abril la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía aprobó una reforma constitucional (PEC 65), que establece que, si un empresario lleva a cabo una obra pública, el proyecto no se podrá suspender ni cancelar, siempre y cuando el contratista haya presentado un estudio de impacto ambiental básico.
En la práctica, esta ley aboliría el extenso proceso de licencias ambientales de Brasil, que evalúa minuciosamente la viabilidad de los proyectos de infraestructura. Las organizaciones ambientales, horrorizadas por los efectos potenciales que esto tendría en las comunidades locales y la biodiversidad del país, están organizando un intento de última hora para evitar que la reforma complete su aprobación en el Congreso.
El político que ha encabezado el esfuerzo para conseguir la aprobación de la PEC 65 es el senador Blairo Maggi. El antiguo gobernador del estado de Mato Grosso es propietario del grupo Amaggi, una gran empresa que produce, cosecha y exporta soja. Otra de sus empresas proporciona infraestructura al sector de la soja con la construcción de terminales, autopistas y vías navegables.
Parece previsible que Maggi se posicione para obtener una buena situación económica con la construcción de presas y canales propuestas para la cuenca del Tapajós, que facilitaría el envío de soja desde el interior hasta un puerto mejorado en la costa brasileña para exportaciones internacionales, especialmente hacia China a través del propuesto canal de Nicaragua. Paradójicamente, la reforma de Maggi ha llegado solo unos días después de que IBAMA, la agencia de licenciamiento ambiental de Brasil, rechazara la licencia para la construcción de la presa de São Luiz do Tapajós en la cuenca del Tapajós. Ese tipo de acción sería completamente imposible si se aprobara la reforma.
Los senadores brasileños defienden la reforma en un documento de tres páginas en el que afirmaron que “la propuesta es una innovación en el ordenamiento jurídico”, ya que no permite “la suspensión de una obra pública ni su cancelación una vez se haya presentado el estudio de impacto ambiental, excepto en casos excepcionales”. Dijeron que la razón para este cambio es “asegurar velocidad y ahorro en las obras públicas”.
En la actualidad, hay tres etapas en la evaluación ambiental de un proyecto público en Brasil. La primera consiste en otorgar una “licencia provisional”, que es la autorización para que se realice un estudio de impacto ambiental. Después, si el proyecto se considera viable, se concede una “licencia de instalación”. A partir de ahí, se supervisa el trabajo y se pueden imponer otras condiciones. Hasta que no se consigue la tercera licencia, “licencia operativa”, no se puede empezar a trabajar en el proyecto. El mismo proceso se da con todas las obras públicas, ya sea una autopista, una presa de energía hidroeléctrica o una plataforma de petróleo. Si se aprueba la PEC 65, estas tres fases no serán necesarias.
La reforma propuesta está causando consternación entre los ecologistas.
El Instituto Socioambiental (ISA), una gran ONG brasileña, publicó una declaración en la que decía que “si la PEC 65 se aprueba, causará numerosos impactos negativos”. Predecía que, sin medidas para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las obras públicas, Brasil se enfrentaría a más desastres socioambientales, como el que sucedió en Mariana, en el estado de Minas Gerais, donde el 5 de noviembre de 2015 una presa que contenía desechos de hierro se derrumbó y causó la muerte de 19 personas, además de extensos daños ambientales de larga duración al Río Doce. Los fiscales brasileños han exigido la elevada cantidad de 155 mil millones de reales (43,7 mil millones de dólares) como indemnización al grupo BHP Billiton y a su socio Vale.
Sandra Cureau, alta funcionaria del Ministerio Público Federal, dijo que estaba “perpleja” por la reforma constitucional, que “destruye la legislación ambiental del país” de un plumazo.
Como en muchos países, la aprobación de una reforma constitucional en Brasil es un proceso complejo de muchos pasos que suele llevar bastante tiempo, lo cual permite que la sociedad lo supervise y lo comente. Antes de convertirse en ley, la PEC 65 debe ser aprobada por el pleno en el Senado; luego va a la Cámara de Diputados; si la aprueban, vuelve al Senado, donde deben aprobarla otra vez, y finalmente, el Presidente puede vetarla.
En condiciones normales, esto permitiría que hubiera mucho tiempo para el debate. De hecho, en 2012 se detuvo un intento de aprobar la misma reforma. Sin embargo, con el Congreso totalmente inmerso en el intento de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, no se está prestando mucha atención a otros asuntos, entre ellos las reformas constitucionales. Nadie sabe quién será el presidente del país cuando, o si, la PEC 65 llega a su oficina para que la firme o la vete.
Lo que está claro es que la prisa y el secretismo con los que han impulsado esta reforma el senador Blairo Maggi y sus aliados no presagian una discusión pública sobre esta reforma constitucional que, si se aprobara, tendría consecuencias ambientales y sociales importantes desde el Atlántico, hasta el Amazonas y los Andes.
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