- Su oportunidad de conseguir una planta provisional de purificación de agua fue sofocada a principios de 2015, cuando una comisión del gobierno declaró limpio el sitio del derrame.
- Cuando las lluvias disminuyen en junio, las familias a menudo no pueden recolectar agua de lluvia suficiente para cubrir sus necesidades.
- Las autoridades dicen ahora que Cuninico recibirá una planta, pero no se ha fijado aún la fecha.
Siempre que cae un aguacero, la acera que sirve como la vía principal de este pequeño pueblo indígena kukama se llena de baldes y otros recipientes de plástico alineados para recoger la que gotea de los techos de zinc u hojas de palma.
El río Marañón, que tradicionalmente es la fuente de agua de los lugareños para beber, cocinar, bañarse y lavar ropa y vajilla, fluye a pocos metros, pero los pobladores no han confiado en él desde que un derrame de petróleo en junio de 2014 arrojó restos aceitosos aguas abajo por el río Cuninico, un afluente que bordea la comunidad.
Dos años y medio más tarde, los habitantes de Cuninico no tienen una fuente segura de agua potable ni manera de purificar el agua del río, que, cada vez que llueve fuerte, todavía muestra vestigios de petróleo. Su oportunidad de conseguir una planta provisional de purificación de agua fue sofocada a principios de 2015, cuando una comisión del gobierno declaró limpio el sitio del derrame, a pesar de que el agua alrededor del oleoducto soltaba al agitarse una cadena de burbujas oleosas con fuerte olor a gasolina.
Desde entonces, el organismo gubernamental de monitoreo ambiental —uno de los organismos que dijeron que había pasado el peligro— ha declarado el sitio como todavía contaminado, pero la comunidad sigue sin recibir su planta de tratamiento.
“Ya no tomamos agua del río. Nos da diarrea y cólicos”, dice Yadira Saldaña, que vende pan desde su casa.
“Al principio no me acostumbré”, añadió, señalando con la cabeza los baldes que recogían las últimas gotas de una lluvia nocturna y arrugando la nariz. “¿Cómo voy a tomar esa agua? No tiene el sabor del agua del río. Pero ya estamos acostumbrados”.
Cuando el oleoducto que atraviesa el río Cuninico, aguas arriba, dejó escapar más de 2300 barriles de petróleo en 2014, nadie advirtió a los habitantes de Cuninico que no bebieran el agua ni comieran el pescado. Directivos de Petroperú insistieron en que el derrame había sido contenido en el canal que sirve de derecho de vía del oleoducto y que el agua del río era segura para beber.
En una reunión con miembros de la comunidad, una semana después del derrame, un directivo de Petroperú dijo que una represa de tierra entre el canal y el río había contenido el derrame. Cuando el presidente de la comunidad, Galo Vásquez, señaló que el petróleo había ido a dar al Cuninico a través de un arroyo natural que bordeaba la represa, el directivo de la empresa acusó a miembros de la comunidad de haber cavado el arroyo deliberadamente.
Durante los seis meses siguientes, Cuninico se convirtió en una población en auge, ya que Petroperú contrató varios cientos de habitantes de ese pueblo y comunidades vecinas para limpiar el derrame. Los trabajadores ganaron el equivalente a unos US$20 diarios —casi siete veces el jornal habitual— y utilizaron el dinero para mejorar o ampliar sus casas de madera, cambiar la paja de sus techos por zinc o comprar nuevos motores para sus lanchas o televisores para sus hogares.
Durante esos meses, Petroperú proporcionó raciones de alimentos y agua potable a cada familia y contrató gente para traer agua del río Marañón, río arriba de la confluencia con el Cuninico, que las familias podían usar para bañarse.
En esta parte de la Amazonía peruana, la temporada de lluvias comienza en serio en noviembre, y durante los siguientes seis meses los niveles de agua en el Marañón aumentan hasta 10 metros. A mediados de diciembre, las inundaciones habían dificultado la limpieza y Petroperú retiró a sus trabajadores de Cuninico, anunciando que la limpieza estaba completa.
Pero las lluvias continuaron, y una semana después, los lugareños vieron restos de petróleo que serpenteaban por el río Cuninico y desembocaban en el Marañón.
El 19 de enero de 2015, Vásquez y el líder de una comunidad vecina pidieron al gobierno que declarase una emergencia ambiental, en parte por la contaminación de la principal fuente de agua del pueblo de Cuninico y en parte por el temor de que los peces que dan sustento e ingresos a media docena de comunidades pudieran estar contaminados.
Una declaración de emergencia habría despejado el camino para que Cuninico recibiera una de las más de 60 plantas provisionales de tratamiento de agua que se estuvieron instalando a principios de 2015 en pueblos afectados por operaciones petroleras a lo largo de los ríos Marañón, Corrientes, Tigre y Pastaza.
Un comité gubernamental integrado por siete organismos que se reunió en Lima el 30 de enero y el 11 de febrero para revisar los datos del monitoreo posterior al derrame rechazó la solicitud de los líderes comunales.
Según un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, fechado el 10 de marzo de 2015, la decisión se tomó “toda vez que la actividad dañina fue atendida oportunamente y en la actualidad [la empresa] se mantiene realizando un seguimiento de las actividades de posremediación”.
El 26 de febrero, técnicos de ocho organismos gubernamentales —entre ellos el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio de Energía y Minas, autoridades locales y nacionales de recursos hídricos y el organismo responsable de la supervisión de la infraestructura petrolera— visitaron Cuninico para inspeccionar el sitio del derrame.
Según el informe, encontraron la zona “limpia y sin presencia de hidrocarburos”. El informe señaló también que el derrame ocurrió en el canal del oleoducto “y no en (el río) Cuninico según se menciona en la solicitud (de declaración de emergencia)”.
Se cita también un informe del OEFA del 23 de diciembre del 2014 que declara el sitio limpio al 100 %.
Temprano en la mañana del 28 de febrero de 2015, los lugareños llevaron a una periodista a que visitara la misma zona vista por los representantes del gobierno. Las inundaciones estacionales habían elevado tanto el nivel del agua que la canoa bordeó fácilmente la represa de tierra que, según directivos de Petroperú, mantendría contenido cualquier derrame.
Cerca de la represa, sacos de trapos empapados en petróleo, botas y guantes se mecían en el agua sobre una plataforma de madera semisumergida donde habían sido abandonados cuando Petroperú abandonó el sitio en diciembre. A lo largo del canal, las barreras de contención que antes se extendían de un lado al otro del canal flotaban sueltas en el bosque inundado.
Y cerca del punto en que se había reparado la ruptura, un lanchero hacía subir petróleo fácilmente a la superficie del agua agitándola en el lugar donde se habían almacenado cilindros llenos de petróleo derramado.
Los habitantes locales dijeron más adelante que hombres de la comunidad habían sido contratados para verter un dispersante químico en el canal del oleoducto varios días antes de la visita de la comisión. Los lancheros dijeron que los inspectores no habían pedido ver las zonas que aún estaban contaminadas.
En una entrevista varias semanas después, Luis Suárez, entonces supervisor del oleoducto de Petroperú, reconoció que el aumento del nivel del agua había obligado a la empresa a marcharse antes de que concluyera la limpieza, y que volvería más tarde ese mismo año para continuar el esfuerzo. Finalmente los trabajadores regresaron en septiembre de 2015 por dos meses.
El informe del Ministerio del Ambiente sólo menciona que los inspectores recomendaron que Petroperú retirase algunas lonas de plástico y botellas de plástico desechadas en el sitio, y que el gobierno regional de Loreto proporcionase a los habitantes de Cuninico kits de purificación de agua.
Dichos kits contienen tabletas de purificación de agua, que son ineficaces contra la contaminación por metales o químicos, que sí podrían ser eliminados por los filtros de una planta portátil.
El informe del Ministerio del Ambiente cerró el caso y Cuninico perdió la oportunidad de ser incluida en la lista de comunidades que recibieron el primer envío de plantas portátiles de tratamiento de agua.
Unos meses después en el 2015, funcionarios del gobierno dijeron que Cuninico estaba en una segunda lista de comunidades que recibirían plantas de tratamiento. Sin embargo, el plan no prosperó porque tanto el gobierno nacional como el distrital elaboraron a la vez propuestas para la implementación de sistemas de agua para la comunidad. La duplicidad de solicitudes frenó la aprobación de estos proyectos, porque bajo las leyes peruanas, este tipo de acciones son entendidas como un posible mal manejo o un acto de corrupción.
Dos años y medio han transcurrido desde el derrame, y el agua sigue siendo el problema más crítico de la comunidad, dice Vásquez. Cuando las lluvias disminuyen en junio, las familias a menudo no pueden recolectar agua de lluvia suficiente para que alcance de una tormenta a la siguiente.
Cuando el suministro acumulado se agota, a regañadientes sacan agua de los ríos, y siguen mirando al cielo.
Foto de portada: Copyright © Barbara Fraser.
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