- Pobladores de tres municipios de Puebla se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Comexhidro, la que acaba de presentar una nueva propuesta para el desarrollo de una segunda hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan.
- Los integrantes de la organización “Guardianes del Río Ajajalpan” son víctimas de persecuciones, amenazas y difamaciones, lo que ha convertido al conflicto en uno de los focos rojos en cuanto a agresiones a defensores ambientales en México.
(Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Lado B de México)
La lengua totonaca es como un zumbido, un murmullo que recorre las matas de café desde lo alto del monte hasta el río Ajajalpan, en la sierra norte de Puebla, donde esta cultura existe ancestralmente y se extiende hasta la zona montañosa y costera de Veracruz, al este de México.
Es ahí, en Puebla, donde tres municipios de origen en su mayoría totonaco, que suman casi 26 000 habitantes, llevan tres años resistiendo al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Comexhidro, ejecutado a través de su su filial Deselec.
Lee más | México se sube a la ola contra el glifosato
Pobladores de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Ahuacatlán han organizado su resistencia a través de un comité que se opone a la operación de la hidroeléctrica que generará energía para las empresas Wal-Mart, Operadora Vips, Suburbia y para un particular de nombre Jinich Mekler.
Esta resistencia comunal no ha pasado desapercibida y quienes la integran han tenido que enfrentar amenazas de muerte, demandas y hostigamiento.
La lucha de los habitantes de esa región totonaca para salvaguardar su territorio parece no tener fin, pues apenas en septiembre la empresa presentó un nuevo proyecto para hacer una hidroeléctrica complementaria sobre el río Ajajalpan.
El comienzo
La señora Juana, cuyo apellido se mantiene en reserva por seguridad, vive en la comunidad de Altica, en el municipio de San Felipe Tepatlán, uno de los tres afectados directamente por la construcción de la hidroeléctrica.
La palabra que más repite Juana mientras platica y limpia semillas es engaño. Esta comunera narró que la empresa llegó de pronto un día sin aclarar sus intenciones, pero sí ofreciendo proyectos y prometiendo cosas. Nunca se ganaron su confianza.
“Hasta uno de mis hijos se iba a trabajar con ellos porque empezaron a venir, los animaban a que fueran a limpiar la carretera, a escombrar, les traían comida, los engañaban. Ya había empezado ahí mucha gente pero yo como que algo presentía”, contó sin ocultar su incomodidad.
El río Ajajalpan está en la mira de grandes empresas desde hace años por su ubicación, pues atraviesa municipios con gran riqueza natural en una región asediada para la explotación minera y de hidrocarburos.
El primer intento de entrar fue del Grupo México. En abril de 2012 llegaron representantes de la empresa a la comunidad de Xochicugtla, municipio de Tepatlán, acompañados de autoridades municipales. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), quien ha seguido la lucha del Comité, relató que en ese entonces autoridades municipales iban casa por casa amenazando con llevar al Ejército si no apoyaban la construcción de una presa.
La historia en 1 minuto: México: así esta comunidad se reencontró con animales de sus tierras. Video: Mongabay Latam.
La comunidad interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, rechazó el proyecto y Grupo México se vio obligado a intentar lo mismo en otro municipio, sobre la misma cuenca del Ajajalpan, donde también encontró resistencia de parte de la población. A finales de 2013, se canceló el proyecto.
Ese fue el fin de un conflicto y el inicio de la organización Tutunaku-Nahutal: “Guardianes del Río Ajajalpan”.
La llegada
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, el 9 de diciembre de 2011, y la Comisión Reguladora de la Secretaría de Energía aprobó el autoabastecimiento de energía eléctrica el 1 de noviembre del 2013.
Pero no fue hasta casi cuatro años después, en 2015, cuando los trabajadores de Comexhidro llegaron a San Felipe Tepatlán. La señora Juana, al igual que otros habitantes, contó que entraron prometiendo materiales para arreglar la iglesia del pueblo y ganado de engorde, a cambio de firmas y documentos de identidad.
Obtuvieron las firmas para supuestamente entregar el ganado, pero los habitantes de Altica, en San Felipe, dijeron que lo prometido nunca llegó. En su lugar llegó la división entre la comunidad, aun cuando todavía nadie les había explicado de qué se trataba el proyecto.
La señora Juana recordó que algunas personas vendieron sus terrenos aunque les pagaron menos de lo acordado. Solo después del descontento por la mala paga supieron que en las tierras vendidas instalarían una hidroeléctrica.
Lee más | México: comunidades demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo
El ataque legal
Antonio Márquez vive en la cabecera municipal de San Felipe Tepatlán, a unas cuadras de la oficina de la presidencia que está prácticamente abandonada desde que empezó el conflicto.
A finales de octubre de 2015, 14 integrantes de “Guardianes del Río Ajajalpan”, incluido Márquez, fueron denunciados penalmente, acusados de amenazar de muerte y de intentar linchar a trabajadores de la empresa, así como de amedrentar a la gente a bordo de una patrulla de la policía.
La historia en 1 minuto: México: Peces loro ingresan a la lista de especies en riesgo. Video: Mongabay Latam.
La denuncia los desconcertó pues sabían que había sido interpuesta por gente de la misma comunidad.
“Hablamos con esa gente, pero esa misma gente dijo que si esto procedía sabían muy bien que nosotros no habíamos cometido ese delito. Nosotros conocemos a las personas que hicieron la denuncia y ellos también nos dijeron personalmente que ellos fueron manipulados, manipulados por la propia empresa”, declaró Antonio Márquez con voz fuerte, como para que se escuche a través de la lluvia que golpea el techo de su casa.
Los representantes de la organización de resistencia civil están seguros que la denuncia fue para infundirles miedo, pues nunca fue ratificada por quienes las interpusieron y ahí se detuvo el proceso.
“Hemos visto cómo la empresa ha estado manipulando a gente en contra de nosotros, diciendo de que nosotros hemos estado violentando según, pero sabemos que eso no es cierto, lo único que nosotros estamos haciendo es defender nuestros derechos. Nos han denunciado con delitos fabricados —insistió Antonio— y es por eso que nosotros nos hemos dado cuenta de que la misma empresa ha estado manipulando y metiéndonos miedo, para que nosotros no sigamos en la defensa”.
En el proceso de resistencia, las autoridades municipales han sido, en el mejor de los casos, contaron los integrantes de la organización “Guardianes del Río Ajajalpan”, indiferentes, pues no se han pronunciado a favor de las comunidades ni hecho caso a las demandas. Otras han estado abiertamente a favor del proyecto.
Lee más | México: así esta comunidad se reencontró con animales de sus tierras | VIDEOS
En Tepatlán, el presidente municipal Ramón Dávila Santos les dio la espalda al violar los acuerdos de la asamblea del 5 de julio de 2015, a la que asistieron cerca de 1500 personas. Ahí, ante autoridades federales, de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y de la empresa Deselec-Comexhidro, se reiteró el rechazo al proyecto hidroeléctrico y el funcionario prometió revocar los permisos otorgados a la empresa.
Un par de días después desconoció el acuerdo. Los Guardianes del Río documentaron que Dávila Santos desconoció el acuerdo de cabildo que había rechazado la obra, permitiendo que iniciaran algunas excavaciones en la comunidad de Xochimilco. Desde entonces apenas se le ve en las oficinas de la presidencia, que ahora suelen estar vacías y en donde nadie contesta el teléfono. Ramón Dávila Santos, según los pobladores de Tepatlán, se ha vuelto ilocalizable.
Por su lado el presidente municipal de Ahuacatlán, Miguel Sebastián Santos, se ha limitado a observar el conflicto y mantenerse al margen. En entrevista con el equipo de Mongabay Latam y Lado B, solo atinó a declarar lo obvio: que el proyecto está detenido y habrá que esperar.
“En el municipio no se sabe nada si se va a construir, o no se va a construir. Porque están en amparo ambos lados, tanto los señores como la empresa. Todo está parado ahorita, no hay nada de movimiento. La verdad no sabemos porque desde allá arriba se tiene que resolver”, dijo el presidente de Ahuacatlán.
Mientras que en Tlapacoya no hay resistencia visible, pues hay menor comunidad indígena.
Una consulta polémica
Por disposición legal internacional cualquier megaproyecto que pueda afectar territorio indígena debe efectuar una consulta previa, libre e informada para que las comunidades lo aprueben o lo rechacen.
Los documentos oficiales de la Secretaría de Energía dicen que Deselec-Comexhidro ingresó la solicitud para iniciar el proceso de la consulta en las comunidades de Zoquiapa, Emiliano Zapata y Cuatepalcatla, del municipio de Tlapacoya; y las de Xochimilco, Altica, Xochicugtla, de San Felipe Tepatlán y la cabecera municipal del mismo, el 2 de mayo de 2014.
La consulta se realizó el 24 de abril del 2015, pero se trató más bien de una simulación, como denunció la comunidad y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) en julio de 2015.
En un comunicado publicado el 1 de julio de 2015, el Consejo de comunidades Tutunaku en defensa del Río Ajajalpan denunció que Emilio de León Blanco, de la Secretaría de Energía, y el personal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la instancia federal encargada de supervisar el proceso, “llegaron y sin más explicación nos dijeron pasen a firmar y después a comer, creyendo que por estar cansados y con hambre por la espera, caeríamos en su trampa y firmaríamos como si hubiéramos aceptado el proyecto hidroeléctrico. Después de reclamarles su falta de respeto hacia nosotros el pueblo tutunaku, expresamos nuestro rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico y reclamamos que eso que ellos llaman consulta era un engaño, pues ni siquiera habían invitado a todas las comunidades que sufrirían las consecuencias del proyecto. Les exigimos que se fueran y que dejaran de engañarnos manifestando que no queremos ningún proyecto que dañe nuestra vida, nuestro territorio. Ese mismo día supimos que habían realizado otra simulación de consulta en la comunidad de Xochimilco llevando unas cuantas gentes de Altica y San Felipe”.
Después de la polémica consulta, representantes de “Guardianes del Río Ajajalpan” realizaron una asamblea con personas de diez comunidades de San Felipe Tepatlán, donde reiteraron su rechazo a la hidroeléctrica y reunieron más de 1000 firmas de respaldo, cerca del 30 % de la población total de ese municipio.
La historia en 1 minuto: México: a un año de la muerte de Julián Carrillo, la comunidad sigue llena de miedo. Video: Mongabay Latam.
La defensa
En abril de 2016 los defensores interpusieron una demanda de amparo con la asesoría de la abogada Diana Pérez, del Imdec, y la abogada Itzel Silva.
El amparo se fundamenta en la violación al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, el derecho al medio ambiente sano, al agua y al consentimiento (consulta). Como resultado del amparo, las autoridades se vieron obligadas a detener temporalmente el proyecto hidroeléctrico.
Las abogadas han documentado varias irregularidades en el proceso, que ha sido mucho más largo de lo esperado.
Lee más | México: defensores de un río no bajan la guardia ante intimidaciones y fallo judicial en su contra
Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua otorgó la concesión para el uso del agua, aduciendo un interés social. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía en su título de otorgamiento de abastecimiento revela que la energía generada será para compañías privadas, la principal de ellas Walmart de México, y no para las comunidades que solo después de cierto tiempo, y siempre y cuando se generen excedentes, podrían beneficiarse.
Después del amparo, la empresa interpuso una queja, argumentando una violación a sus derechos laborales. Y meses después apareció un grupo de terceros interesados, gente de las mismas comunidades, para respaldar el proyecto, el mismo grupo que apoyó a la empresa desde el principio y que ha fungido de promotor.
“Ellos se presentan al juicio muy bien representados con una abogada con un despacho en la Ciudad de México, señalando que tienen un interés diverso y le piden al tribunal colegiado que revoque esa suspensión, porque esa suspensión les está afectando sus derechos”, explicó la abogada Diana Pérez.
Los terceros interesados lograron que se levante la suspensión del proyecto en San Felipe Tepatlán, aunque en Ahuacatlán aún se mantiene.
La historia en 1 minuto. Video: Mongabay Latam.
Activistas en riesgo
A principios de 2017 los defensores del río fueron otra vez atacados por la vía judicial: recibieron 16 denuncias por un supuesto intento de linchamiento y amenazas contra el secretario de Gobernación del municipio de Ahuacatlán, José de la Luz Sánchez, quien por cierto fue observador de la cuestionada consulta.
La posterior revisión legal arrojó que la denuncia no tenía fundamentos, pero dio pie a una campaña de difamación en contra de las abogadas del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y de la defensa de los opositores al proyecto Puebla 1.
El estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional en agresiones a defensores del territorio, de acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en contextos indígenas y campesinos en México 2016”, realizado por la Dirección de Programas de Incidencia y los Programas de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
El documento, que describe la situación de los defensores de derechos humanos y que fue presentado al Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, durante su visita a México en enero de 2017, recoge seis agresiones reportadas en el estado de Puebla en el periodo 2015-2016.
Uno de los conflictos identificados es el de Puebla 1.
El biólogo David Iglesias Guzmán, del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana, dijo que Puebla es además el segundo lugar con mayor número de agresiones contra defensores del territorio en la región oriente de México, que comprende también a los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.
Lee más | Peces loro ingresan a la lista de especies en riesgo | México
También en el Informe sobre la “Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Ambientales en México 2016” del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Puebla ocupa el tercer lugar en cuanto agresiones, con cinco casos registrados. De esos, dos son de Tepatlán, uno registrado en febrero y otro en julio de ese año, descritos como “hostigamiento y difamación” y “amenazas e intimidación”.
La versión de la empresa
Mauricio Justus, director de proyectos de Deselec-Comexhidro, reconoció que la empresa está muy interesada en iniciar el proyecto por la cantidad de dinero que han invertido hasta el momento
La versión oficial de la empresa, en la voz de Justus durante una entrevista telefónica, es que la demanda es contra las autoridades y no contra ellos. Justus explicó que el amparo que interpusieron los opositores para detener el proyecto fue en contra de los actos administrativos de las autoridades municipales que dieron pie a que se otorgaran los permisos y no contra la empresa como tal, y que Deselec-Comexhidro cumplió con todos los requisitos.
Justus aseguró que la consulta no se hizo a la ligera y que la Secretaría de Energía (Sener) tardó 18 meses en hacerla y en cuatro etapas. Y señaló que en la última de ellas, la empresa se comprometió a entregar a cada una de las siete comunidades consultadas apoyo para obras sociales y proyectos definidos por los mismos habitantes.
La historia en 1 minuto: México: el sapo de cresta tiene futuro en los bosques de Xocoyolo. Video: Mongabay Latam.
El representante de Deselec-Comexhidro explicó que la demanda de amparo está deteniendo el inicio de la construcción, por la suspensión de los permisos, pero dice que ellos están “muy positivos de que esto se va a resolver a favor de la empresa y a favor de las autoridades”.
Ambiental ante la Semarnat, para la construcción de una presa más, ahora en el municipio de Tlapacoya, un complemento del proyecto Puebla 1. Este nuevo intento de utilizar el cauce del río para generar energía.
El impacto ambiental
Para los opositores al proyecto, desde el comienzo Deselec-Comexhidro ha dado información contradictoria sobre la hidroeléctrica. En la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se aprobó, declaró que sería una minihidroeléctrica.
Sin embargo el Doctor en Biología Fernando Córdova, integrante de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad, explicó que a partir de los 15 metros de altura se consideran ya grandes presas: el proyecto Puebla 1 tendrá una cortina de 45 metros de altura.
“Cuando ellos presentan la primer MIA nunca dicen que la presa va a tener una acumulación de sedimento. Básicamente, cuando uno pone una barrera en el río el agua va a arrastrar sedimentos y nutrientes, y todo eso se va a ir acumulando en la barrera. Esa acumulación de sedimentos hace que falte oxígeno en el agua y que empiece a morir el río. Va a haber contaminación del agua y le vamos a quitar nutrientes antes de que baje”, dijo el biólogo.
Fernando Córdova explicó que el agua que se queda sin nutrientes, conocida como agua hambrienta, busca tomarlos de cualquier otra fuente. Eso hace que se pueda pasar de un ecosistema de río a solo tener un río con rocas expuestas.
La construcción de la presa también podría inundar una parte del bosque mesófilo de montaña o del bosque de niebla situado río abajo. La inundación de la parte baja, donde está el bosque, puede causar que la vegetación se pudra, generando gas metano. “Lo que se ha visto en zonas tropicales de México es que cuando uno inunda la vegetación se cubre, se pudre y eso genera metano. Tiene un efecto cuatro veces más fuerte que el CO2 para el efecto invernadero”, explicó Córdova.
Lee más | México: la palma aceitera amenaza una región emblemática de conservación
El biólogo sostuvo que la generación de metano depende de la cantidad de biomasa, y como el bosque de niebla es muy denso, con mucha vegetación, se generaría muchísimo metano a mediano y largo plazo.
Uno de los impactos ambientales más conocidos de las presas es también la reducción del cauce del río hasta en un 90 %. La empresa dijo que como “gasto ecológico” dejaría el 10 % del actual cauce del río, lo que significa que el resto se perdería dentro de la hidroeléctrica. Sin embargo, esta cantidad no sería suficiente pues el río Ajajalpan de por sí no tiene grandes cauces todo el año, por lo que se prevé un déficit de agua de riego, importante para las plantaciones de café que abundan en la zona, y para mantener la humedad de otros cultivos.
Córdova concluyó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó la empresa no declara todos los daños que ocasionará, más aún si se toma en cuenta que se presentaron por separado las manifestaciones de los dos proyectos hidroeléctricos. La empresa ingresó posteriormente otra MIA por el proyecto de la presa Zoquiapa el 4 de noviembre de 2015, diferente a la primera presentada el 20 de septiembre de 2011. Si se suman ambas, el proyecto completo es mucho más ambicioso que el que se sometió a la polémica consulta.
El río Ajajalpan es parte de la Región Hidrológica Prioritaria 76, enlistada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, lo que significa que cualquier modificación del entorno puede provocar que se sequen los ríos y los mantos freáticos. El programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias establece la importancia de algunas zonas con mantos acuíferos y resalta la importancia de su conservación.
La actuación de las autoridades federales en este caso, como en varios que se han documentado de megaproyectos hidroeléctricos y mineros, es la misma: otorgan los permisos, no supervisan su desarrollo, son omisas en vigilar el cumplimiento de la ley y terminan dejando en manos de las comunidades y del poder judicial la resolución de los conflictos.
Para los guardianes del río la lucha todavía no ha acabado. Pese a haber ganado algunas batallas legales, la preservación del río pende de un hilo. Los defensores indígenas de las comunidades totonacas y nahuas están seguros de que van a tener que seguir resistiendo, quién sabe por cuánto tiempo más, pero no bajarán la guardia. Tienen que estar pendientes de los nuevos intentos de la empresa para hacer otras obras, y ahora, en la antesala de la época electoral en México, la hidroeléctrica será un tema que seguramente utilizarán los grupos políticos para ganar votos. Pero al final todos los guardianes del Ajajalpan saben que la vida seguirá alrededor del río y no dejarán que nadie lo destruya.
Videos Mongabay Latam | La situación ambiental en México
Conoce más de la situación ambiental en México: animales en peligro, conservación, océano, minería y más.
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en México, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Créditos
