- En una decisión ajustada, el Tribunal Supremo ratificó la constitucionalidad de la mayor parte del Nuevo Código Forestal de 2012, impulsado por el grupo de presión de la agroindustria, la bancada ruralista.
- La decisión del STF también permite la reducción en el tamaño de las APP (Áreas de Preservación Permanente) y a los agricultores que ya han despejado ilegalmente las APP protegidas obtener la autorización para despejar incluso más tierras.
En lo que muchos consideran la sentencia más importante en Brasil sobre el medio ambiente, la semana pasada el Tribunal Supremo rechazó, en una votación ajustada de 6 a 5, algunas de las acusaciones de “inconstitucionalidad” presentadas contra el Nuevo Código Forestal —la Ley de Protección Nativa (12.651/2012).
La decisión consiguiente revoca el Código Forestal que era más respetuoso con el medio ambiente y que fue aprobado en 1965 bajo el gobierno militar que estaba entonces en el poder en Brasil y mantiene la mayor parte del Nuevo Código Forestal, aprobado en 2012 por un Congreso bajo la poderosa influencia de la bancada ruralista, el grupo de presión de la agroindustria brasileña.
La votación de los once ministros del Tribunal Supremo fue escalonada a lo largo de varias semanas. Hasta que el undécimo ministro, Celso de Mello, emitió sus votos ayer, había un empate en la votación sobre algunas de las 23 acusaciones de inconstitucionalidad más importantes formuladas contra el Nuevo Código Forestal, con cinco votos a favor y cinco en contra.
Al final, 18 de las 23 acusaciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas.
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Algunas cuestiones importantes fueron decididas por una mayoría amplia antes del voto del 28 de febrero y se tomaron algunas decisiones favorables al medio ambiente. Pero en cuestiones clave donde la votación estaba empatada hasta la semana pasada, Celso de Mello se posicionó con aquellos jueces del Tribunal Supremo que apoyaban la constitucionalidad del Nuevo Código Forestal.
Como consecuencia de esta decisión final, ahora el Tribunal Supremo apoya una amnistía dada a los terratenientes que habían despejado, ilegalmente, sus llamadas Reservas Legales (la parte de sus propiedades que, por ley, no debían de ser despejadas) antes del 22 de julio de 2008 y hace innecesario que estos terratenientes paguen las multas y replanten los bosques despejados.
La sentencia también hace constitucional reducir el tamaño de la Reserva Legal en estados o municipios ocupados en su gran mayoría por reservas indígenas o áreas protegidas.
Además, la decisión permite la reducción en el tamaño de las Áreas de Preservación Permanente (APP), incluso cuando estas son consideradas por muchos ecologistas como fundamentales para el mantenimiento de las reservas de agua y la prevención de desastres climáticos como inundaciones y aludes de lodo. La sentencia del Tribunal Supremo también hace constitucional, para los agricultores que despejaron ilegalmente APP, que obtengan la autorización para despejar más tierras y permite las actividades agrícolas en las pendientes pronunciadas (ángulos de más de 45 grados) y en las cimas.
Después de casi diez años de declive en los índices de deforestación en la Amazonía, el desmonte de bosques recuperó ímpetu en el 2012. Aunque se informó que la deforestación en la Amazonía brasileña ha caído un 16 por ciento entre el 2016 y el 2017 —la primera disminución en el índice de deforestación en tres años— no se espera que esta tendencia continúe en el 2018 dada la sequía que afectó el año pasado a grandes extensiones de la Amazonía brasileña. También se espera que los esfuerzos por debilitar las leyes medioambientales en el país encabezados por el gobierno de Temer y el Congreso contribuyan a unos índices de deforestación más altos este año.
Muchos ecologistas e investigadores creen que el cambio en la legislación fruto del Nuevo Código Forestal de 2012 es una de las razones del repunte general en el índice de deforestación de Brasil durante los últimos años.
Los ecologistas y activistas están decepcionados con la sentencia del Tribunal Supremo, a pesar de algunos avances. Márcio Santilli, uno de los fundadores de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), dijo: “Las correcciones realizadas por el Tribunal Supremo no bastaran para invertir el impulso dado a la deforestación como consecuencia del debilitamiento de la ley”.
La agroindustria está, en gran medida, satisfecha. Rodrigo Justus, consejero de medio ambiente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, dijo: “La sentencia respetó el proceso democrático, la posición del Congreso. El Código Forestal ha sido el asunto más polémico desde la promulgación de la Constitución en 1988”.
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