- En la actualidad, Colombia produce más aceite de palma que ningún otro país de Latinoamérica y se considera el cuarto productor mundial
- Tras el Acuerdo de Paz, existe preocupación porque las reformas recientes en las políticas de uso de la tierra aumentarían la producción de aceite de palma en Colombia y “legalizarán la acumulación de tierra” que las empresas agrícolas “obtuvieron de forma ilegítima durante el conflicto armado”
PUERTO CONCORDIA, Colombia — El concejal Ricardo Vargas* está en la estación de autobús de la aldea ribereña de Puerto Concordia, donde los narcocorridos suenan por la radio y un mar de palma aceitera se expande en todas las direcciones a las afueras del pueblo. Vargas explicó que las empresas de aceite de palma llegaron al municipio hace unos 15 años en medio de un conflicto armado que parecía no tener fin entre las autoridades del estado, los grupos paramilitares y los guerrilleros marxistas de las FARC.
Vargas calcula que, en la actualidad, los palmicultores dan trabajo a 150 personas del municipio —la mayoría de trabajadores llegan de otros lugares— con un sueldo limitado que les permite “vivir en la pobreza”.
“Los cultivadores de palma no pagan impuestos locales ni hacen nada para ayudar al pueblo”, dijo Vargas. “Necesitamos ayuda… nuestros colegios se están deteriorando, las carreteras tienen un mal mantenimiento, no podemos ayudar a nuestros abuelos o hijos, pero los cultivadores de palma no mueven un dedo”.
Vargas dijo que la intención inicial para su pueblo eran cultivar 40 000 hectáreas con palma aceitera, pero en estos momentos la cifra está más cerca de 15 000 hectáreas. “Al principio, los palmicultores firmaron un acuerdo de 10 años con el pueblo, pero ya han pasado y las condiciones necesarias para la renovación no existen”.
Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia publicó un mapa en febrero de 2018 que indicaba que las leyes de suelo en Puerto Concordia podrían cambiar drásticamente pronto. El marco legislativo, que todavía tiene que promulgarse, podría agilizar el desarrollo de las otras 25 000 hectáreas proyectadas para el desarrollo de palma aceitera en el municipio. No obstante, los más críticos están preocupados porque podría causar conflictos con los marcos regulatorios ambientales e infringir los derechos de territorio de los campesinos.
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El aceite de palma y los perpetuos conflictos territoriales de Colombia
Con el desarme y desmovilización de la guerrilla más antigua y más grande de Colombia, las FARC, en 2016, el gobierno habló de escribir un nuevo capítulo en la problemática historia del país. Uno de los objetivos centrales del gobierno para la paz era expandir la inversión económica y social en el campo impulsando el desarrollo agrícola, sobre todo en áreas a las que antes no se podía acceder debido al conflicto.
El acuerdo de paz intentó abordar y remediar los problemas sociales de fondo que habían causado medio siglo de lucha. El primer acuerdo, de los seis negociados entre el gobierno y las FARC, reconocía que la distribución desigual de territorios y el subdesarrollo en las zonas rurales del país eran dos causas importantes para el conflicto armado y pretendía aplicar una reforma rural exhaustiva.
Un año y medio después de que el acuerdo se convirtiera en ley, sin embargo, los observadores afirman que el gobierno no ha conseguido hacer ningún progreso importante hacia una reforma rural integrada. En febrero, el líder de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos, Joaquín Sánchez, dijo a los legisladores europeos que “solo el 5 % de los planes de la reforma rural integrada se habían completado”.
Desde que los españoles colonizaran Colombia, el país siempre ha tenido una relación difícil con la distribución de territorio. En los primeros siglos de su existencia, el estado colonial expropió territorios a los pueblos indígenas y los definió como baldíos. El estado cedió estos territorios parcela a parcela a grandes y pequeños colonos que aportaban riqueza a la corona española a través del desarrollo agrícola y otros proyectos económicos.
Los latifundios tienen su origen en ese periodo colonial. Sin embargo, la tendencia hacia las grandes concentraciones de tierra ha aumentado en los últimos 30 años.
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La desigual distribución de la tierra
En la actualidad, Colombia cuenta con el dudoso honor de ser el país con la distribución más desigual de propiedad de tierras en América Latina. El 1 por ciento de las grandes fincas suman el 81 % de la tierra productiva del país, mientras que el otro 19 % se divide entre el 99 por ciento restante de pequeños propietarios de tierras, según un análisis de Oxfam Colombia de las estadísticas públicas.
Aunque la distribución de tierras es muy desigual en Colombia, el gobierno aprobó la ley agraria 160 de 1994 que estableció que los baldíos concedidos por el estado no pueden ser más grandes que una Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área, que depende de la región y el tipo de suelo, debe ofrecer suficiente tierra para alcanzar los requisitos nutricionales de una familia de campesinos.
Sin embargo, la ley de las UAF no tiene el apoyo de todo el mundo. En un informe de 2009, el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) dijo que “las UAF son la mayor barrera para el desarrollo de la agricultura comercial a gran escala en Colombia.
Durante el continuo conflicto y la masacre, decenas de miles de campesinos perdieron sus derechos territoriales y sus vidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuenta a 7.4 millones de desplazados internos por el conflicto.
En 2011, el presidente Juan Manuel Santos aprobó la histórica Ley de las Víctimas que reconocía la restitución de los derechos territoriales para los campesinos desplazados. Para abril de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras informó que más de 291 000 hectáreas de tierras públicas se habían devuelto a 37 000 agricultores desplazados y a grupos indígenas y afrocolombianos.
La URT había registrado más de 100 000 peticiones de restitución de tierras para mayo de 2017, pero Colombia está aún lejos de reconocer los derechos territoriales de los 7,4 millones de campesinos desplazados.
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El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su informe de 2016 Tierras y Conflictos Rurales, dijo que una de las consecuencias del conflicto armado fue que los “cultivos transitorios plantados por los campesinos se substituyen por cultivos agroindustriales como palma aceitera, caña de azúcar y teca”.
En una entrevista con Verdad Abierta, el director legal de la URT, Rubén Revelo, explicó que cuando se observan las regiones del país donde el desplazamiento fue más generalizado, las regiones agrícolas con “productividad muy alta” como Uraba Antioquia —donde las fuertes lluvias crean condiciones muy favorables para el cultivo— eran “directamente proporcionales a la posesión de tierras”.
“Una de las cosas que se supone en el conflicto armado es que los grupos armados tienen control territorial, pero ese control está relacionado con los intereses económicos”, dijo Revelo.
Un estudio de relación espacial entre el aceite de palma y los desplazamientos forzados llevado a cabo en 2008 por Camilo Sabogal, profesor de la Universidad de Cartagena, descubrió una “relación directa entre la palma y el desplazamiento en las áreas donde se fomentaban los cultivos”. Según Sabogal, los municipios productores de aceite de palma registraron un índice de desplazamiento del doble entre 2002 y 2009 en comparación con los municipios sin presencia de aceite de palma.
El estudio señala que se necesitaba más investigación para demostrar un “vínculo causal” entre el aceite de palma y los desplazamientos forzosos. Sin embargo, hay pruebas de que existe esa relación en ciertas áreas que se basan en las declaraciones de los miembros de grupos paramilitares desmovilizados según un consorcio de organizaciones en que se incluye el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Según los informantes, el líder de la organización paramilitar AUC, Vicente Castaño, tenía como objetivo explícito eliminar a los campesinos de grandes extensiones de tierra con masacres y desplazamientos forzados para desarrollar proyectos de aceite de palma en zonas remotas del país como Bajo Atrato, Choco, en el noroeste cerca del Tapón del Darién y Mapiripán, Meta en el sureste, cerca de la selva amazónica.
Fedepalma desmintió las acusaciones de que la industria del aceite de palma tuviera un papel importante en el desplazamiento de más de 7 millones de campesinos en el país.
“El desplazamiento ocurre sobre todo por parte de actores ilegales o informales, no por los que desarrollan su actividad empresarial”, dijo el presidente de Fedepalma, Jens Mesa, en un correo electrónico a Mongabay. “La industria del aceite de palma es principalmente una actividad empresarial formal”.
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Aceite de palma: ¿el renacimiento del campo?
El ministro de agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, ha señalado que la industria del aceite de palma tendrá un papel vital en el “renacimiento del campo” dirigido por el gobierno central.
Colombia produce más aceite de palma que ningún otro país en América Latina y, según datos de 2016, se considera el cuarto mayor productor del mundo. La organización productora de aceite de palma Fedepalma informó que en 2017 se produjo la cifra récord de 1,6 millones de toneladas métricas de aceite de palma crudo en Colombia —un importante aumento de un 42 por ciento sobre el año anterior. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones relacionadas con el aceite de palma generaron 414 millones de dólares en ingresos de exportación para Colombia en 2017, un 48 por ciento más que el año anterior con la mayoría destinado a la Unión Europea.
El aceite de palma, junto con el etanol, también es el eje central de la industria del biodiesel de Colombia, que por ley debe alcanzar el 10 por ciento del combustible para automóviles que se vende en todo el país.
El cultivo comercial de palma aceitera en Colombia empezó en 1945 cuando la empresa United Fruit Company, con sede en Estados Unidos, estableció una plantación en la zona bananera del departamento de Magdalena.
Sin embargo, después de la liberalización económica de Colombia en los 90 y de la elección del antiguo presidente, Álvaro Uribe en 2002 —al que Bloomberg describió como “el mimado del mercado” y cuya campaña recibió el apoyo de al menos 45 de las familias agrícolas con más influencia de Colombia— la industria del aceite de palma empezó una trayectoria de crecimiento rápido en los siguientes 16 años.
Según Fedepalma, la cantidad de tierra para cultivos creció un 200 por ciento en menos de dos décadas, de 157 000 hectáreas en el 2000 a 516 000 hectáreas en 2017.
Para promover la expansión del aceite de palma, Uribe le dio a la industria un tipo impositivo inferior y opciones de crédito financiero. Los estudios de la investigadora de sociología Victoria Marin-Burgos sobre expansión del aceite de palma entre 2000 y 2010 mostraron que el trato especial de Uribe ayudó a expandir los proyectos de aceite de palma a municipios que habían experimentado niveles altos y medios de desplazamiento.
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Marin-Burgos dijo que Carlos Murgas, que fue ministro de agricultura durante la presidencia del predecesor de Uribe, Andrés Pastrana, fue responsable de desarrollar el “modelo para el aceite de palma” en el que las empresas de aceite de palma se asocian con pequeños propietarios de tierras en contratos de “alianzas productivas”.
“Con el modelo para el aceite de palma introducido por Murgas, la empresa de aceite de palma no es la propietaria de la tierra, sino que tiene un contrato que le da privilegios de producción”, dijo Marin-Burgos. “De ese modo pueden obtener beneficios con mucho menos riesgo”.
En la región de Catatumbo, desgarrada por el conflicto, que se encuentra cerca de la frontera con Venezuela, la empresa de aceite de palma de Murgas, Oleoflores S.A., recibió el apoyo de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos como parte del esfuerzo para que los campesinos que participaban en la producción de cultivos ilícitos se pasaran al aceite de palma. Los campesinos eran parte del plan de alianzas productivas con el que la empresa de Murgas les daría semillas, fertilizante y asistencia técnica, y el aceite de palma producido por estos pequeños agricultores se vendería a proyectos de biodiesel de Oleoflores. (Oleoflores no respondió a las peticiones de Mongabay para realizar comentarios).
Según estudios de Marin-Burgos, para finales de 2009, USAID había apoyado 24 proyectos de aceite de palma que cubrían unas 52 000 hectáreas y funcionaban con planes en los que pequeños agricultores manejaban la tierra con el apoyo de quince organizaciones. Esta cifra representa el 25 % de hectáreas plantadas entre 2000 y 2009.
El programa de USAID fue fundado a través de Plan Colombia, que se inició en 1999 y destinó 10 mil millones de dólares al país latinoamericano en un intento de reducir el tráfico de drogas. Sin embargo, un informe de investigación publicado en The Nation en 2009 mostró que una porción de la financiación de USAID que se debía destinar a disuadir la producción de cultivos ilícitos se entregaba a empresas productoras de palma vinculadas con supuestos presuntos de drogas y grupos paramilitares.
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Nueva ley impulsa la agroindustria y la expansión del aceite de palma
El 28 de enero de 2016, el presidente Juan Manuel Santos aprobó una ley —hecha constitucional con la aprobación del Tribunal Constitucional después de que un recurso judicial retrasara su aplicación— que permitirá la formación de las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) y modificaría las UAF.
En palabras de la agencia de promoción de las exportaciones y el turismo del gobierno de Colombia, Procolombia, los territorios ZIDRES están “aislados de las áreas urbanas, exigen costes elevados por sus características agrícolas y climáticas, tienen una densidad de población baja, presentan altos índices de pobreza o no cuentan con la infraestructura mínima necesaria para el transporte y la comercialización de productos”.
Procolombia explicó que la ley era un nuevo modelo para “emprendedores y trabajadores agrícolas […] para generar actividades de gran producción que optimicen la productividad de los trabajadores y reduzcan los costes de la producción agrícola”.
Sin embargo, los más críticos, como la abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Jhenifer Mojica, dijo que la ley de las ZIDRES “impulsaría la expansión de los grupos multinacionales de la agroindustria en Colombia”.
Mojica dijo que los cambios de uso de la tierra de las ZIDRES “legalizarán la acumulación de tierra” que la agroindustria “obtuvo de forma ilegitima durante el conflicto armado” a expensas de los campesinos del país y de los grupos étnicos autónomos que aún esperan la resolución de casos de restitución de tierras colectivas e individuales.
“La ley de las ZIDRES se creó para el beneficio de los intereses de empresas multinacionales de la agroindustria como el aceite de palma”, dijo Mojica. “No funciona para los campesinos porque empeorará el conflicto de concentración de tierras”.
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Aida Pesquera, Directora de Colombia de OXFAM, inició un proceso de demanda contra la ley de los ZIDRES ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que la ley crea un modelo desigual de desarrollo y pone los derechos políticos y humanos de los campesinos en riesgo.
Además de a la ley de las ZIDRES, OXFAM Colombia y otros grupos de derechos campesinos se oponen a una nueva ley en el congreso: la Ley de Tierras, que extendería la legislación de las ZIDRES al resto del país otorgando a los grandes propietarios y empresas multinacionales acceso legal a los baldíos, en los que podrían desarrollar extracción minera y proyectos de la agroindustria en tramos de territorio más grandes.
“Lo preocupante es que ese modelo ya existe. El sector de la palma lo utiliza mucho y sabemos que es muy perjudicial para los agricultores porque acaban cargando con los riesgos de la cosecha, endeudándose con microcréditos que luego no pueden pagar y entregando la tierra durante periodos de 20 o 30 años en los que no la pueden utilizar para ninguna otra actividad”, dijo Pesquera a Mongabay Latam.
El Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales propuso áreas ZIDRES para un total de 7,2 millones de hectáreas, lo cual representa aproximadamente un 6,4 por ciento del territorio nacional.
Al mismo tiempo, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura (UPRA) y Fedepalma publicaron un informe en 2017 que estudiaba los suelos del país y señalaba que 16 millones de hectáreas —el 14 por ciento del área total del país— son adecuadas para el cultivo de palma aceitera.
Human Rights Everywhere (HREV) produjo un estudio que superponía el mapa de idoneidad para el aceite de palma publicado por la UPRA sobre las zonas de referencia de las ZIDRES. El estudio mostraba que las ZIDRES se correspondían en un 75.5 por ciento con áreas del país consideradas aptas para cultivos de palma aceitera.
Fedepalma le dijo a Mongabay que trabajaba con la Sociedad Agrícola de Colombia (SAC) para “analizar las propuestas legislativas” presentadas por las ZIDRES.
En una entrevista con la revista comercial de Fedepalma, Palmicultor, Jorge Enrique Vélez, que tuvo un papel crítico en el diseño de la legislación de las ZIDRES, dijo que el modelo de propiedad de tierras en los baldíos cambiaría a “derechos de superficie que permitirían la explotación de territorios”.
Enrique Vélez explicó que los derechos de superficie no se verían afectados por las leyes de Colombia contra la acumulación de territorios porque un solo propietario de una empresa, una entidad o una multinacional podía “comprar varios derechos de superficie” sin tener el título de propiedad del territorio.
Eberto Díaz, representante de la Cumbre Agraria, dijo a El Espectador que la ley de las ZIDRES representaría una contrarreforma agraria al eliminar las UAF y con ellas el posicionamiento jurídico del estado contra la acumulación de territorios.
“Esta es la segunda fase en la contrarreforma agraria”, dijo Díaz. “La primera fue por la violencia paramilitar. Esta vez es a través de la ley”.
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Preocupación internacional por el aceite de palma de Colombia
A principios de este año, la industria del aceite de palma de Colombia y el gobierno central mostraron inquietud por si el voto del Parlamento Europeo para prohibir el uso de aceite de palma en todos los biocombustibles europeos para 2020 —debido en gran medida las preocupaciones por sus efectos en el ambiente— podía afectar negativamente a la industria de Colombia.
El Ministro de Agricultura Zuluaga viajó a Europa con el presidente de Fedepalma para defender la industria del aceite de palma ante el Parlamento Europeo con el argumento de que el aceite de palma colombiano es “único y diferenciado”.
Para distanciarse de la degradación ambiental que el aceite de palma ha causado en el sureste asiático, Mesa dijo a Mongabay a través de correo electrónico que Colombia tiene 40 millones de hectáreas de tierra disponibles para cultivos, de los cuales solo 7 millones se están cultivando. La organización dijo que el resto es tierra poco desarrollada y degradada que se está utilizando para operaciones de ganadería poco eficientes que deberían desarrollarse con aceite de palma sin causar más deforestación ni dañar la rica biodiversidad del país.
Fedepalma dijo a Mongabay que, junto con 21 empresas de aceite de palma, habían firmado un Acuerdo de Deforestación Cero con el Ministerio del Ambiente como parte del compromiso de Colombia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Esta iniciativa pretende garantizar que las empresas firmantes puedan demostrar que su producción de aceite de palma y cadenas de suministro no causan deforestación”, dijo Mesa, presidente de Fedepalma.
Mojica sostiene que las ZIDRES, favorables al aceite de palma, conllevan graves negligencias ambientales, ya que están planificadas para zonas de reserva forestal, que, según defiende, entrarían en conflicto con las regulaciones ambientales que deben asegurar la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad.
Los más críticos, como Mojica, afirman que el marco legislativo de las ZIDRES está en conflicto con las regulaciones en torno al Área de Manejo Especial la Macarena, situada en una zona de transición de gran biodiversidad entre la Amazonía Colombiana, los Llanos Orientales y los Andes.
Esta área protegida abarca un extenso territorio alrededor del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, conocido por Caño Cristales, donde cuando brotan las algas en ciertas épocas del año, se crea una explosión de color bajo el agua.
“Las zonas donde están planificadas las ZIDRES son regiones biodiversas donde la tierra se ha ido conservando más o menos con pequeña agricultura”, dijo Mojica. “Los cultivos de aceite de palma, por otra parte, desvían las capas freáticas, cambian la composición del suelo e introducen productos agroquímicos como el glisofato [sic] en áreas ecológicas sensibles y remotas”.
“Los efectos de los grandes proyectos agrícolas en estas zonas sensibles no podrán frenarse”.
*Se han cambiado los nombres para proteger la privacidad de los entrevistados.
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