- En 2010, de acuerdo con testigos, un terratenientes le disparó al corazón a Gabriel Filho, un miembro de la comunidad, pero aún no se ha fijado fecha para el juicio.
- En abril, el presunto asesino convenció al tribunal de su reclamo por la tierra y los residentes del pueblo fueron desalojados y se les impidió el acceso a sus viviendas, cultivos y ganados.
Este es el primer artículo de la serie realizado por la periodista Anna Sophie Gross, quien viajó en mayo, en representación de Mongabay, a los estados brasileños de Tocantins y Maranhão, en la Amazonia Legal, para evaluar los impactos de las agroindustrias sobre el medioambiente y la gente de la región.
TOCANTINS, BRASIL.— En abril de este año, se les ordenó a diecinueve familias desocupar los hogares en los que habían vivido por más de una década y también se las obligó a abandonar sus campos de cultivo y el ganado. Acrecentando la sensación de injusticia que los residentes tenían, el hombre que impulsó el desalojo está acusado de asesinar en 2010 a un miembro de la comunidad.
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Poco después del asesinato, las familias decidieron nombrar Gabriel Filho a la comunidad, en honor al difunto, para dejar impresa la tragedia en la identidad colectiva y para recordar.
En la actualidad, cientos de residentes exiliados de Gabriel Filho se encuentran en un limbo jurídico y viven en chozas improvisadas, armadas con lonas que cuelgan de postes de madera. Una sentencia judicial les prohíbe regresar a la comunidad para ocuparse de los campos y cuidar los animales.
“Ni siquiera podemos volver a nuestros hogares para buscar nuestras cosas, para recolectar nuestros cultivos. Si volvemos, nos enviarán a prisión”, dijo Eulina de Silva Sousa, madre de 40 años, a quien la policía sacó por la fuerza de su vivienda el 17 de abril. “Me despierto por la mañana; me siento triste y silenciosa, y pienso: “¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo nos la ingeniaremos para comer mañana?”.
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Eulina había planeado ir a la universidad para estudiar profesorado. Había aprobado el examen de ingreso y plantado mandioca, con cuya venta habría pagado sus estudios. Al no tener permitido el acceso a los cultivos que ella plantó, ha aplazado los planes de estudio de manera indefinida.
“Nos han quitado nuestro derecho a soñar”, comentó.
Esta historia no es la única en Brasil, pero representa los encarnizados conflictos relacionados con la tierra que tienen lugar en todo el país. El problema surge de la ley, que dice que toda tierra privada debe cumplir una función social. Aun cuando alguien la reclama, no puede permanecer sin utilizar. La tierra que no presta una función social puede ser reclamada legalmente y ocupada por las comunidades sin tierra, quienes tienen, por lo tanto, el derecho a quedarse allí.
Este fue el proceso mediante el cual Gabriel Filho se asentó en 2007. De acuerdo con las primeras llegadas, la tierra en la que se establecieron había estado abandonada durante cierto tiempo, pero poco después de instalarse la comunidad, un terrateniente y hacendado llamado Paulo de Freitas alegó que él era dueño de la propiedad. Blandiendo una escritura que demostraba que él había comprado la tierra unos años antes, de Freitas exigió que la comunidad fuese expulsada.
Unos meses después, otro hacendado, Pedro Beringel, alegó que era él, en realidad, el verdadero dueño y le inició un juicio a Paulo de Freitas. A esta altura, eran tres las partes en conflicto y todas reclamaban la propiedad de la tierra: la comunidad, Paulo de Freitas y Pedro Beringel.
Paulo de Freitas afirmó que le había comprado la tierra a un pariente de Beringel, durante la época en la que este último había estado enfermo. Beringel refutó esto y dijo que la venta de la tierra era ilegítima, ya que se había llevado a cabo sin su permiso.
Mientras de Freitas y Beringel resolvían el tema por vía legal, los pobladores aguardaban pacientemente, con la esperanza de que el Gobierno les reconociera el derecho de ocupación según la ley. Beringel le dijo a la comunidad que, si él ganaba el caso, le iba a vender la tierra al Gobierno para ayudar a salvaguardar a la comunidad de manera permanente.
En 2010, en el punto álgido del conflicto, un miembro de la comunidad llamado Gabriel Filho, de 40 años, descrito por sus amigos como leal y con un fuerte espíritu comunitario, recibió un disparo en el corazón mientras caminaba hacia un pequeño edificio perteneciente a Paulo de Freitas. Testigos presenciales dicen que de Freitas estaba en el edificio en ese momento y que fue el responsable del disparo.
“Un miembro de nuestra comunidad fue asesinado y Paulo de Freitas era el principal sospechoso, por lo que nos hicieron creer que el sistema judicial nos daría el derecho a quedarnos en la tierra”, dijo Maria Socorro Barreira Santos, de 58 años, esposa, madre y miembro de la comunidad. “Lo creímos, así que nos quedamos. Seguimos con el cultivo de limones y mandiocas. Plantamos para nuestra subsistencia”.
Los engranajes de la justicia se mueven lento en Brasil, pero parecerían estar casi paralizados en el caso Gabriel Filho. Ocho años más tarde, el acusado de asesinato, Paulo de Freitas, todavía no ha sido llevado a juicio. “El juez actúa como si hubiera matado a un perro, no a un humano —comentó Maria Socorro—. Nos sentimos pequeños, humillados, como si la gente nos pasara por encima”.
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Sandro Pereira Pinto, el abogado defensor que representa a los pobladores, relata los sucesos desde el asesinato de Gabriel Filho, en 2010. Los intentos de desalojar a la comunidad se calmaron y las acciones judiciales por la propiedad de la tierra se estancaron. “El hombre que en un principio reclamaba la propiedad de la tierra [de Freitas] abandonó el caso, dejó de discutirlo. No participó en el proceso por cinco o seis años”, comentó Pinto.
Durante este período, las familias mejoraron sus condiciones de vida. Construyeron viviendas resistentes; plantaron mandioca, frijoles y melones; criaron caballos, gallinas y cerdos. De acuerdo con Pinto, estas actividades domésticas, según la ley brasileña, deberían haber reforzado el derecho legítimo de permanecer en la tierra.
Sin embargo, cuando Paulo de Freitas reanudó la batalla legal para expulsar a las treinta familias en 2015, el juez falló en favor de él y expulsó a la comunidad en base a las escrituras que presentó en 2007. Las circunstancias del caso no fueron replanteadas para considerar el asesinato de Gabriel Filho o los cinco años durante los cuales la comunidad permaneció en la tierra sin ser cuestionada.
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Casualmente, el juez que le otorgó a de Freitas el derecho a expulsar a las familias es el mismo juez que preside el caso por asesinato. Ese juez también, al igual que de Freitas, es un gran terrateniente y hacendado de la región. Algunos miembros de la comunidad creen que el juez es un buen amigo de de Freitas. Mongabay se comunicó con Paulo de Freitas mediante su abogado, pero no recibimos respuesta.
No obstante, la lógica de la comunidad está anclada con firmeza en la ley. De acuerdo con la constitución brasileña de 1988, las comunidades sin tierras tienen el derecho de entrar y ocupar durante un tiempo considerable la tierra que no desempeña una función social. Tras el asentamiento, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), un organismo federal, es obligado a indemnizar al propietario original y a entregarle de manera formal a la comunidad la propiedad abandonada transformada en un asentamiento legal.
Los abogados que trabajan para la comunidad han pasado diez años tratando de conseguir que el INCRA investigase la tierra para probar que estaba abandonada, pero el INCRA jamás visitó el lugar. “Otro mal de nuestro estado es que el INCRA no sirve”, explicó Lorrany Lorenco Neves, abogada que trabaja para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Al consultarle sobre por qué la organización todavía no había inspeccionado la tierra, a pesar de decenas de solicitudes oficiales para hacerlo, el superintendente del INCRA de Tocantins, Carlos Alberto Costa, dijo que necesitaba la autorización de de Freitas para ingresar en la tierra en litigio, pero que las tentativas por comunicarse con él, a comienzos de septiembre de 2017, fracasaron.
Sin esa autorización, Costa necesitaba obtener una orden judicial que le permitiera a su equipo investigar la propiedad. Al preguntársele si, considerando la gravedad de la situación y el reciente desalojo, él ya había intentado conseguir la orden judicial, Costa le respondió a Mongabay que no. En cambio, continuará en sus intentos de determinar la información de contacto correcta de de Freitas.
En vista del estancamiento del INCRA, el abogado defensor Sandro Pinto está presionando para que el caso por el asesinato de Gabriel Filho sea llevado a juicio. Dijo que el no hacerlo es una violación de los derechos humanos.
“El juez no solo ha expulsado de la tierra a la comunidad, sino que hubo un asesinato allí y no se ha llevado a cabo una investigación oportuna de lo que sucedió, lo que implica que se pierdan las pruebas y que nadie sea enjuiciado —comentó Pinto—. Una persona [fue] asesinada en la comunidad, los compañeros que estaban allí vieron cómo sucedió y la persona responsable de esto no rendirá cuentas. Imaginen el sentimiento de injusticia que siente esta comunidad”.
Una cuestión que preocupa especialmente a Pinto en el caso Gabriel Filho, y en otros casos de movimientos de gente sin tierra, es la falta de indignación pública, preocupación y consenso acerca del asesinato de un miembro de una comunidad tradicional y el desalojo de la gente, por parte del acusado de asesinato, de las viviendas en las que habitaban desde hacía mucho tiempo.
“Estamos pidiendo justicia, ayuda, asistencia para esta gente que está acampando, los niños y los ancianos —dijo Eulina—. Tan solo queremos un pedazo de tierra para criar a nuestros niños y trabajar. Solo queremos un poco de dignidad. No estamos pidiendo demasiado”.
Anna Sophie Gross, colaboradora de Mongabay, realizó el viaje en compañía de Thomas Bauer, fotógrafo y director de cine independiente, quien ha estado documentando y ayudando a las comunidades del Cerrado y la Amazonia por más de veinte años. Él produjo casi todas las fotos y videos de esta serie.
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