- A inicios del 2018, el Estado de Chile entregó en concesión el Parque Nacional Rapa Nui a la comunidad indígena Ma’U Henua, creada para ese fin. Para entonces ya existían pruebas contundentes en contra del directorio de Ma’U Henua, por graves inconsistencias financieras en la administración del parque.
- En un año y ocho meses, medio millón de dólares fue a parar a las cuentas de los familiares directos y cercanos del presidente del directorio.
- El conflicto ha dividido a la sociedad indígena Rapa Nui en dos bandos y la tensión va en aumento, dejando hasta ahora el saldo de un linchamiento público y un juzgado incendiado.
Rapa Nui. Mientras Juan Nahoe Hereveri esperaba al interior del juzgado ser interrogado por el crimen que había cometido, afuera los isleños se agolpaban a gritos jurando venganza y la muerte de Nahoe, alias ‘El Pakistán’.
Cuando la presión de la muchedumbre doblegó las puertas del juzgado, una avalancha de hombres embravecidos cayó sobre el ‘Paki’, como le dicen comúnmente. La policía logró rescatarlo de los golpes, lo sacaron de la sala de audiencias y lo escondieron en otra de las habitaciones. La turba, cada vez más encolerizada, trepó al techo del juzgado, quitó la planchas de zinc y se introdujo al interior del edificio para darle caza al ‘Paki’.
La historia en 1 minuto: Los millonarios ingresos del parque nacional Rapa Nui están sumidos en un caos financiero con gastos no justificados y una administración acusada de monopolizar el poder. Video: Mongabay Latam.
Quién sabe si Juan Nahoe Hereveri habría imaginado, la madrugada del 29 de enero, cuando le dio muerte a Luis Araki Paoa, la ira que esa decisión desencadenaría en los habitantes de Rapa Nui, la Isla de Pascua.
Afuera del juzgado, los vengadores de Luis Araki prendieron pasto mojado y al interior la policía arrojó bombas lacrimógenas. El gas, al contacto con el humo, combustionó y un incendio se apoderó del juzgado. Evacuado el edificio y con el ‘Paki’ en la calle, la policía ya no logró protegerlo de la horda que lo golpeó con puños, con piedras, que le rasgó la ropa en el intento por capturarlo hasta dejarlo desnudo. Juan Nahoe Hereveri quedó tirado en la calle, inconsciente y ensangrentado.
Quienes presenciaron el ataque dicen haber visto cómo, a medida que pasaban las horas, ya no se trataba de vengar a Luis Araki. Según dicen los habitantes de la isla, Nahoe habría sido el chivo expiatorio para linchar al directorio de Ma’U Henua, la comunidad indígena a cargo de la administración del Parque Nacional Rapa Nui y para la cual Nahoe rendía servicios.
Mongabay Latam tuvo acceso a documentos contables de Ma’U Henua y a evaluaciones de los organismos fiscalizadores del Estado. En un año y ocho meses de administración, unos 360 millones de pesos ($US 566 347 – al cambio de junio 2018) fueron a parar a manos de los familiares directos del presidente del directorio de Ma’U Henua y sus empresas. Los millonarios ingresos que genera uno de los principales destinos turísticos de Chile, área silvestre natural protegida, están sumidos hoy en un caos financiero, con gastos no justificados y una administración acusada de monopolizar el poder.
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El acuerdo de coadministración
En 2015, los isleños habían bloqueado los accesos al parque y un aire independentista animaba las protestas en contra del Estado de Chile y particularmente contra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el organismo público encargado de la administración de las áreas naturales protegidas. Los Rapa Nui exigían la autogestión de su patrimonio natural y cultural, el que consideraban estaba siendo destruido por una administración estatal que, en lugar de invertir los ingresos del parque en el mismo, los derivaba al nivel central, en el continente.
La ira de los isleños y sus ánimos de independencia fueron calmados por una promesa de la entonces presidenta Michelle Bachelet: antes de terminar su mandato presidencial, entregaría completamente el parque a los Rapa Nui. Para hacerlo era necesario constituir una comunidad indígena con personalidad jurídica. Fue así que un 2 de agosto 2016 nace Ma’U Henua, que en Rapa Nui quiere decir dirigir, encauzar la tierra.
El acuerdo consistía en una coadministración entre CONAF y dicha comunidad, encabezada por un directorio cuyo presidente es Camilo Rapu, 38 años, ingeniero comercial. Más tarde, si las condiciones se cumplían, el parque sería entregado en concesión por 50 años a Ma’U Henua.
Las condiciones consistían en que la comunidad cobraría las entradas al parque y semanalmente depositaría el dinero en una cuenta bancaria de la CONAF. Esta última le devolvería el dinero mensualmente a Ma’U Henua, luego de que la comunidad le rindiera correctamente los gastos e ingresos del mes anterior. Además, según el acuerdo, cada año se realizaría una auditoría financiero administrativa.
Al mismo tiempo, según los estatutos de Ma’U Henua, la administración que el directorio hiciera del parque sería fiscalizada por los Honui. Un grupo conformado por los representante de las familias Rapa Nui quienes, según la tradición, son los encargados de comunicar, ante los gobernantes, la voluntad de la familia a la que pertenecen. Hoy, casi tres años después, Carlos Edmunds Paoa, Honui y presidente del Consejo de Ancianos, otra de las instituciones indígenas más importante de la cultura Rapa Nui, se lamenta por el rumbo de los acontecimientos. Nunca imaginó el día en que celebró la creación de Ma’U Henua que el sueño terminaría en pelea.
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La familia Rapu
Mongabay Latam tuvo acceso a algunas de las rendiciones hechas por la administración de Ma’U Henua a la CONAF, depósitos bancarios, planillas excel de la contabilidad llevada por la comunidad y los resultados de la primera auditoría realizada a las finanzas de Ma’U Henua.
Entre octubre 2016 y mediados de junio de 2018, al menos $360 millones ($US 566 347 – al cambio de junio 2018) fueron transferidos de las cuentas bancarias de Ma’U Henua a los familiares directos y cercanos de Camilo Rapu, el presidente del directorio.
Este dinero fue destinado al arriendo de oficinas, pertenecientes a miembros de la familia Rapu, y a otras prestaciones de servicios. En algunos casos los pagos nunca fueron rendidos y en otros tampoco se sabe con qué finalidad se realizaron.
Las oficinas pertenecen a Valeria Hey, abuela materna de Camilo, y son alquiladas por $3 850 000 mensuales ($US 5894), y a Karen Rapu, hermana del presidente, quien recibe por ellas $1 800 000 ($US 2755) cada mes.
En total, $77 705 000 ($US 122 245 al cambio de junio 2018) ganaron Karen Rapu y Valeria Hey en un año y ocho meses por alquileres.
El abuelo materno de Camilo, Matías Riroroko, posee Naviera Iorana, una empresa de transporte marítimo que provee a la Isla de Pascua de todo tipo de productos traídos desde Valparaíso y cuyo gerente general es Camilo Rapu. Esta empresa recibió, entre octubre 2016 y junio 2018, $ 74 811 900 ($US 117 693 al cambio de junio 2018) provenientes de las cuentas de Ma’U Henua.
Por último María Eugenia Riroroko, madre de Camilo, se benefició también con las compras hechas por Ma’U Henua, desde que esta comenzó su gestión. La Sociedad de Servicios y Comercial Hare Toa Ltda., propiedad de Riroroko, le vendió a la administración de Camilo Rapu materiales de construcción, insumos para el funcionamiento de las oficinas, mercaderías, productos de limpieza y hasta plantas ornamentales. La suma total asciende a $46 875 643 ($US 73 744 al cambio de junio 2018) durante el período analizado. Además, a pesar de que Hare Toa emite facturas por la venta de sus productos, esta aún no ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos del país. Consultada al respecto, la entidad señala que nadie puede emitir una factura sin haber iniciado actividades ante el SII y que necesariamente se trataría de documentos falsos, lo que constituye un delito.
Mongabay Latam intentó comunicarse con María Eugenia Riroroko, sin embargo hasta la publicación de este reportaje no recibió respuesta de su parte.
Hare Toa no es la única empresa que se encuentra en esta situación. Según la auditoría financiero administrativa realizada a Ma’U Henua, según lo acordado en el contrato de coadministración con CONAF, 51 proveedores de un total de 110 emitieron facturas a la comunidad sin haber iniciado actividades ante el SII.
En menos de dos años, Ma’U Henua pagó $199 392 543 ($US 313 682 al cambio de junio 2018) a las empresas de la familia de Camilo Rapu. Pero la lista de familiares y amigos beneficiados por la administración de Rapu continúa.
Mongabay Latam detectó el arriendo de un baño instalado en pleno terreno fiscal, por el que los turistas pagan entre $500 y $1000, dependiendo del ánimo del vigilante, a cambio de un trozo de papel higiénico. $600 000 ($US 918 al cambio de febrero 2019) paga mensualmente Ma’U Henua por ese baño a Juan Camilo Rapu, padre de Camilo. Un valor equivalente al arriendo de una casa de 70 metros cuadrados en Hanga Roa, el centro urbano de la isla.
Roberto Araki Peña, amigo íntimo de Camilo Rapu, recibió también $45 250 690 ($US 71 187 al cambio de junio 2018) a través de las empresas Oceanic Rent a Car y Ferretería Haka Piri. Para Benjamín Rapu Haoa, tío paterno de Camilo, empresario en construcción y transporte, fueron $28 427 000 ($US 44 721 al cambio de junio 2018) por compra de materiales y arriendo de maquinaria.
Otras oficinas, empresas y negocios existentes en la Isla de Pascua podrían haber proveído a la administración de Ma’U Henua, pero el directorio eligió las de los familiares del presidente.
En conversación con Mongabay Latam, Camilo Rapu señala, respecto a las contrataciones de Naviera Iorana, que por política Ma’U Henua trabaja con los únicos barcos que son de personas Rapa Nui. Sobre los alquileres asegura que la decisión fue votada por el directorio considerando el emplazamiento y el precio más conveniente, y que en dicha votación él no habría participado debido a que el tema involucraba a familiares directos.
Por último, respecto a las compras, asegura que en un principio fue necesario acudir a los negocios de sus cercanos para poder echar a andar el proyecto Ma’U Henua. “Cuando nosotros empezamos, el Estado no nos pasó ningún fondo. Tuvimos que pedir créditos para comprar lo que necesitábamos, pero eso fue al principio. Hoy compramos en todos los negocios”.
Es una tristeza, dice Karen Rapu, hermana de Camilo, que la ayuda que se le brindó a Ma’U Henua se malinterprete. “Obviamente que Camilo vino donde su familia y ella le ayudó. Del resto del directorio también sus familias apoyaron a la causa porque no tenían plata para empezar.”
El primer depósito de CONAF a Ma’U Henua, por $338 159 000 ($US 492 569 al cambio de octubre 2016), fue realizado el 16 de octubre 2016, dos meses después de firmado el convenio de coadministración. Aun así, según Rapu, habría sido necesario comprar vehículos, alquilar oficinas, adelantar de su propio dinero y proveerse en los negocios de la familia.
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El caos financiero
La auditoría financiero administrativa realizada a las cuentas de Ma’U Henua, según lo acordado en el contrato de coadministración con CONAF, da cuenta de una situación desastrosa. En un año, contado a partir de octubre 2016 hasta octubre 2017, Ma’U Henua gastó $851 032 732 ($US 1 335 150 al cambio de octubre 2017) más de lo que declaró a CONAF.
Además, la auditoría detectó 51 declaraciones de egresos falsas donde los respaldos y montos declarados no corresponden. También identificó diferencias en las rendiciones de los salarios: Ma’U Henua declaró a CONAF haber pagado $125 195 490 ($US 196 414 al cambio de octubre 2017) más de lo que aparece en sus libros contables.
Por último, según un análisis financiero interno, contratado por Ma’U Henua y realizado por PKF Chile Auditores Consultores Ltda, durante el periodo comprendido entre octubre 2016 y agosto 2017, 198 cheques se extraviaron, de los cuales únicamente 72 fueron bloqueados en el banco para evitar que fueran cobrados. Además, el informe señala que “se contabilizaron giros bancarios por un total de $127 658 488 ($US 200 278 al cambio de agosto 2017) correspondientes a cheques que hasta la fecha no ha sido posible identificar la procedencia del servicio o compra, ni la documentación de respaldo del gasto”.
Camilo Rapu explicó a Mongabay Latam que todos esas conclusiones en las finanzas son de una época en que Ma’U Henua, inexperta, comenzaba a operar. “Obviamente que tuvimos observaciones y fuimos arreglando. A la fecha esas observaciones ya no existen”, asegura.
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La información en manos de las autoridades
Sumado al caos financiero y a los pagos efectuados a los familiares y cercanos de Camilo Rapu, existen meses en los que Ma’U Henua no le depositó a la CONAF el dinero proveniente de las ventas de entradas al parque, según datos de movimientos bancarios entregados por la Corporación Nacional Forestal a Mongabay Latam.
Ninoska Cuadros, Rapa Nui, jefa provincial de la CONAF en Isla de Pascua, cuenta que debido a que las rendiciones estaban mal hechas, la corporación detuvo los reembolsos y que a partir de ahí Ma’U Henua no depositó más. “Decían que desconfiaban porque nos demorábamos en entregar las platas. Pero claro, cómo no nos íbamos a demorar si las rendiciones estaban malas, el trabajo estaba mal hecho y nosotros teníamos que fiscalizar”, dice Cuadros.
Según la funcionaria, $2 100 000 000 ($US 3 294 610 al de cambio noviembre 2017) recaudados entre julio y noviembre del 2017 no habían sido depositados. Entonces, “el director ejecutivo de la época dijo: ‘Un momento. Aquí hay ingresos rendidos pero no depositados. Yo no me hago cómplice de un delito que significa caudales públicos no ingresados en el fisco, en tesorería. Esta es una condición para no entregar el parque’”, cuenta Cuadros.
Pese a las irregularidades financieras demostradas en las rendiciones de Ma’U Henua y las críticas de la misma comunidad Rapa Nui, que ya denunciaba malas prácticas administrativas, en diciembre 2017 se firmó el Permiso de Ocupación Provisorio: el paso previo al contrato de concesión para entregarle al pueblo Rapa Nui la administración del parque. El compromiso era que Ma’U Henua entregara a CONAF el depósito que tenía pendiente por 2100 millones y que esta se los devolviera en dos cuotas contra rendición. La comunidad entregó entonces el dinero y la primera cuota de la CONAF fue depositada en la cuenta de Ma’U Henua en enero 2018.
Ese mismo mes, el día 25, llegó el lapidario informe de la auditoría solo para confirmar con detalles lo que ya se sabía. Aun así, en marzo, se firmó finalmente el contrato de concesión de uso gratuito del Parque Nacional Rapa Nui entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la comunidad indígena Ma’u Henua, entregando a esta última la administración total del Parque.
Tal como se había acordado en el Permiso de Ocupación Provisorio, Camilo Rapu rindió los gastos, pero una vez más las cuentas no cuadraron y la CONAF detuvo entonces la segunda cuota de los 2100 millones. El ministerio de Bienes Nacionales dio plazo al directorio de Ma’U Henua para que entregara la rendición corregida a más tardar el 5 de diciembre y se dio luz verde para que, mientras tanto, se realizara el depósito de la segunda cuota la que fue trasferida a Ma’U Henua en noviembre del 2018.
Cuando llegó el día de la rendición, el 5 de diciembre, nuevamente la revisión arrojó conclusiones preocupantes. Las observaciones de Bienes Nacionales señalan que “existe un importante descalce entre ingresos, egresos y saldo final en cuenta corriente declarado”. Que “existen gastos que ameritan una mayor explicación debido a su alto monto y naturaleza” y que “existen grandes diferencias en gastos de personal en los meses de abril, mayo y junio”.
Pero el dinero ya había sido entregado y el parque también. Ninoska Cuadros es categórica al asegurar que el directorio de Ma’U Henua sabía que pasara lo que pasara, hicieran lo que hicieran, “el parque se iba a entregar igual, porque era un compromiso político de la presidenta”. A partir de ahí, dice, la coadministración y la fiscalización nunca fue posible.
Mongabay Latam se puso en contacto con Bienes Nacionales para saber por qué se continuó entregando dinero a pesar de que las rendiciones no cuadraban y por qué el parque fue entregado si las condiciones no habían sido cumplidas. Al respecto, el Ministerio señaló que “la Concesión de Uso Gratuito comenzó el 01 de diciembre de 2017. Por ello, no nos podemos pronunciar respecto del período anterior correspondiente al Convenio de Asociatividad con la Corporación Nacional Forestal”. La cronología de los eventos, sin embargo, muestra que sí hubo movimientos de dinero después de entregada la concesión y que sí había evidencias de los problemas financieros al momento del traspaso del parque.
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Los intentos por llamar a votaciones
Al poco tiempo de echado a andar el proyecto Ma’U Henua, Honui —el grupo de representantes de la familias Rapa Nui— comenzó con las denuncias: “nos negaban la información, no consultaban nada con nadie y empezaron a acaparar el poder”, señalan.
Desde el Consejo de Ancianos concuerdan con ello. “Nosotros confiamos, nos sacrificamos, trabajamos mucho con el gobierno para que todo resultara y cuando resultó ahora el presidente no nos pesca. El está para administrar el parque y él se siente como el dueño de la isla ahora. Se siente como una empresa familiar”, dice Carlos Edmunds Paoa, presidente del Consejo.
Para Camilo Rapu, todo esto es una lamentable mala interpretación de los hechos y se trata de “una minoría que está tratando de manipular la información”.
Dos asambleas extraordinarias han sido convocadas para votar la censura al directorio y en ambas, por mayoría de votos, la decisión ha sido destituir a los miembros de sus funciones. Sin embargo, cada vez, el proceso ha sido anulado por no cumplir con todos los requisitos formales para que la elección sea válida.
Días antes de la última votación, en diciembre 2018, a través de una carta, el diputado Andrés Celis solicitaba a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) —organismo del Estado encargado de asuntos indígenas— su intervención como árbitro en el conflicto. En la misiva, el parlamentario confesaba estar preocupado por la división al interior de la sociedad Rapa Nui. “Podríamos tener un lamentable desenlace no solo a nivel patrimonial, medioambiental o económico, sino que a nivel social y político”.
Sergio Tepano, jefe de la CONADI en Isla de Pascua, asegura que por ley el organismo estatal no está facultado para intervenir en los procesos eleccionarios de los pueblos indígenas.
¿Cuáles serán las consecuencias para el parque Rapa Nui de continuar las irregularidades financieras y la polarización de la sociedad, sin poder llevar con éxito procesos eleccionarios?
Mientras tanto, la tensión crece en una de las islas más importantes para el patrimonio natural y cultural de Chile. “Es una disputa entre clanes” dijo la prensa el día en que lincharon a Juan Nahoe Hereveri. Pero a 3600 kilómetros del continente los Rapa Nui esperan que el conflicto que los tiene enfrentados sea visibilizado con una explicación mayor. Tal vez así sus problemas sean prioridad en la agenda política de las autoridades.
Foto principal: Tamaru Huke
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