- El gobierno ecuatoriano por fin cumplió con lo ordenado en la consulta popular de 2018 y amplió en más de 60 000 hectáreas la zona intangible del Parque, que busca proteger a los pueblos indígenas aislados Tagaeri y Taromenane.
- El decreto 751 dejó molesto a diversos sectores sociales, ambientales e indígenas pues se permiten las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en la zona de amortiguamiento. Esto beneficiaría a varios bloques muy polémicos como el 43, más conocido como ITT.
- Los críticos aseguran que esta decisión pone en peligro a los indígenas aislados que se busca proteger y le quitó territorio a los indígenas Waorani.
El 21 de mayo fue un día importante para los pueblos indígenas en aislamiento y el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. El presidente Lenín Moreno firmó el decreto 751 con el cual modificó el área de la zona intangible del Yasuní, que tiene como objetivo proteger a los pueblos Tagaeri y Taromenane que viven allí.
Esta decisión, más allá de un interés voluntario del gobierno, obedece al cumplimiento de la consulta popular realizada en febrero de 2018 en la cual se le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. El ‘Sí’ ganó y obtuvo un 67,31 %.
Aunque el cumplimiento de dicha decisión tardó 15 meses, finalmente el presidente Moreno autorizó la ampliación de la zona intangible en 60 451 hectáreas, lo que significa que pasó de 758 051 hectáreas a 818 502. Hasta ese punto, todo parecía ser buenas noticias, ya que se autorizó una ampliación mayor al mínimo sugerido en la consulta popular.
Sin embargo, la sorpresa para muchos académicos y organizaciones de la sociedad civil ocurrió al momento de leer el artículo 3 del decreto. Allí, “se prohíbe realizar en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centro de facilidades petroleras; y, otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible. Se exceptúa de la prohibición expresada en el artículo 3, a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos”. (Aquí puede leer el decreto completo).
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Explotación petrolera en la zona de amortiguamiento
El gobierno ecuatoriano amplió la zona intangible pero, de acuerdo con las fuentes consultadas por Mongabay Latam, le quitó la protección a la zona de amortiguamiento para que en ella pueda extraerse petróleo.
Esto no es un asunto menor ya que, párrafos más arriba, en el artículo 2, el decreto establece “una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible redelimitada (…) la zona de amortiguamiento es un área adicional a la zona intangible que, mediante la regularización de las actividades que se desarrollen en la misma, contribuya a proteger los grupos en aislamiento voluntario”.
Estos 10 kilómetros terminan convirtiéndose en un área gigantesca porque bordean toda la zona intangible. “El área de amortiguamiento tiene aproximadamente 396 000 hectáreas. Por otro lado, el decreto amplía en cerca de 60 000 hectáreas la zona intangible en el noroccidente de Yasuní, lo cual está bien, es lo que nos consultaron en febrero de 2018, pero quitar la protección a toda el área de amortiguamiento hace que este decreto sea una falacia”, asegura Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama y del colectivo Yasunidos.
También hay quienes dudan de la eficacia de una ampliación de la zona intangible dado que, cuando esta se creó, no se consideraron algunas variables como que los pueblos Tagaeri y Taromenane son seminómadas y no se establecen en una sola parte del Parque. Hace algunos años, incluso, hubo un fuerte pleito entre ellos y los indígenas Waorani, que terminó con el asesinato de 30 aislados.
Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, cree que esta decisión es bastante contradictoria. “En el artículo 3 se señala la prohibición de realizar nuevas obras de infraestructura en zona de amortiguamiento, pero está la excepción para plataformas de perforación y producción de hidrocarburos”.
Está convencido de que esto sería una amenaza para los pueblos en aislamiento porque se trata de una zona muy especial, “donde se busca regular las actividades para que no existan presiones sobre el área que estás buscando proteger. Esto quiere decir que la zona de amortiguamiento pierde su función de protección de la zona intangible”, asegura.
A pesar de las críticas, el gobierno justifica su decisión. El ministro de Ambiente, Marcelo Mata, en una entrevista concedida al diario El Comercio, dijo que la visión ambiental primó en el nuevo mapa del Yasuní. Ahí, aseguró que la redelimitación del Yasuní no tiene como intención explotar petróleo y que “se redujo los bloques, la parte no comercial, donde no hay producción petrolera. El Ministerio de Energía es el encargado de redelimitar los bloques, que quedarán más pequeños”.
Adicionalmente, cuando le preguntaron por qué se permitieron plataformas petroleras y perforación de pozos en la zona de amortiguamiento, Mata dijo que eso sí se puede hacer, pero que este Gobierno no lo hará y que futuros gobiernos decidirán si lo permiten o no.
“El Decreto no puede cambiar lo que dice la Constitución. Y se consultó a la Asamblea, la cual autorizó la extracción petrolera en esta área en el 2014, tanto en la zona de amortiguamiento como en la zona intangible, incluidas las dos. Entonces, el Ejecutivo no puede cambiar eso, solo la Asamblea lo puede hacer. El compromiso de este Gobierno es que no se haga eso, sino solo las plataformas A y B que están fuera del área de amortiguamiento e intangible”.
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La polémica por los pozos y el territorio Waorani
A pesar de los argumentos del ministro Mata, muchas organizaciones consideran que definitivamente uno de los objetivos del decreto es facilitar la explotación petrolera. Mazabanda menciona que dentro de la zona de amortiguamiento existen varios campos y bloques petroleros que están en explotación, como el bloque 31; gran parte del ITT, con excepción del campo Ishpingo; y otros que han estado en los planes del gobierno para entregarlos en explotación. “Este decreto va a facilitar las explotaciones a futuro. Hay 8 bloques petroleros superpuestos sobre el área de amortiguamiento y además se encuentran 12 campos”, dice.
Para Benito Bonilla, de Yasunidos, este es un decreto “con dedicatoria”, ya que da vía libre a actividades petroleras para explotar el crudo del campo Ishpingo —uno de los campos del bloque 43, más conocido como ITT— que está en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Ishpingo está en la zona de amortiguamiento y en una parte de la zona intangible. Según dice Bonilla, con el decreto ya queda permitida la explotación en la zona de amortiguamiento y mediante tecnología de perforación horizontal extraerían el crudo que está dentro de la zona intangible.
No solo esto. Otra de las críticas que se le hace al gobierno es que en la consulta popular de 2018 se aprobó la reducción del área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas dentro de la Zona Intangible, pero esta meta parece no estarse cumpliendo. Según un informe del colectivo Geografía Crítica, luego de una inspección junto con la Defensoría del Pueblo del Ecuador a fines de noviembre del año pasado, se determinó que en los bloques 31 y 43 (ITT) la afectación a la cobertura boscosa estaba cerca a las 600 hectáreas.
“No pueden cumplir ni siquiera con el ofrecimiento que hicieron en la consulta popular de reducir el área de explotación en el Yasuní. Ya sobrepasaron el límite que ellos mismos establecieron. No tienen la capacidad técnica de cumplir ni siquiera con sus propios ofrecimientos”, dice Bonilla.
Pero la polémica del asunto no para en los bloques y pozos petroleros. El decreto 751 estaría afectando a la nacionalidad indígena Waorani, ya que la ampliación de la zona intangible y su zona de amortiguamiento les habría quitado territorio. “Y esto se hizo sin haber cumplido con ningún protocolo de consulta previa”, dice Bonilla.
David Romo, del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de San Francisco de Quito y uno de los directores de la estación de biodiversidad Tiputini de la universidad que funciona en el Parque Nacional Yasuní, comenta que desde el lado de los ecologistas se ve esto más bien como una maniobra tendiente a insistir por el lado del ITT.
El profesor Romo dice que todo lo que está ocurriendo ahora tiene orígenes 40 años atrás, desde que Ecuador se convirtió en un país petrolero. “Durante mucho tiempo se usó como argumento que los mapas petroleros fueron primero que las áreas protegidas. Llevamos mucho tiempo extrayendo en pozos dentro de áreas protegidas, ya no las respetamos”.
Otro asunto que le preocupa es que se necesita proteger a los no contactados, la presencia del petróleo en sus zonas está alterando sus vidas y asegura que “tampoco hemos logrado tener una política coherente con el pueblo Waorani. No hemos trabajado para darles alternativas de desarrollo a los contactados, se están generando problemas y ellos mismos han terminado matando a los aislados”, comenta. Romo no cree que el decreto por sí mismo sea algo malo puesto que “expandir el área intangible es el comienzo de discutir con criterios técnicos lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer”.
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¿Detener el decreto?
Los reclamos e inconformismos por el tema de la zona intangible se han dado con fuerza, incluso antes de la expedición del decreto 751 el pasado 21 de mayo. Ante las objeciones, algunas organizaciones analizan la posibilidad de detener su aplicación hasta que no se solucionen dudas y se subsanen presuntas inconsistencias.
“Las posibilidades de detener el decreto dependerán mucho de la movilización social que se está dando en torno al tema, y que se ha manifestado muy activamente en los últimos meses sobre los anuncios del Ministerio de Hidrocarburos acerca de ampliaciones de los proyectos petroleros y mineros, y algunas sentencias judiciales que se han venido dando a favor de los pueblos indígenas por ausencia de la consulta previa”, dice Carlos Mazabanda.
También cree que el decreto en general se puede mejorar, aún los puntos positivos. En su opinión, sería interesante revisar todos los ítems para ver si la zona que se amplió era el área que lo ameritaba, tomando en cuenta la movilidad de los pueblos en aislamiento.
Por su parte, Benito Bonilla indica que todas las organizaciones sociales, indígenas y ambientales del país han expresado su rechazo a la ejecución del decreto 751. “Hay muchos mecanismos legales y constitucionales para pedir su derogación y su inconstitucionalidad”, asegura. Y va más allá, al decir que esto también lo tiene claro el presidente Lenín Moreno pues en su ‘Informe a la Nación’ —una rendición de cuentas anual sobre su gestión— el pasado 24 de mayo, le dijo a la Corte Constitucional que en caso de detener proyectos extractivos, le dijera al Ejecutivo de dónde puede sacar los recursos que deja esta actividad.
“Me duele el intento de justificar la deforestación en el Yasuní con el cuento de que no es mucho. El principio es que no debería haber deforestación en el Parque y punto”, argumenta el profesor David Romo. Según dice, sí hay cómo sacar el petróleo sin causar tanta deforestación, pero el costo del barril está tan bajo que se vuelve mal negocio hacerlo de forma ambientalmente responsable.
“Como ecólogo soy muy soñador, me encantaría que preguntemos bien las cosas. Quisiera saber, por ejemplo, si el petróleo que estamos sacando del ITT está generando los recursos que nos dijeron que iba a generar o estamos haciendo esto por necios y continuamos alimentando la corrupción con ese dinero. ¿Cuánto nos está costando producir el barril de petróleo y cuánto nos queda? Que nos hagan las cuentas claras y nos digan dónde estamos invirtiendo ese dinero. Puede ser que ni siquiera sea un buen negocio”, concluye.
*Imagen principal: mujeres indígenas Waorani. Foto:Mitch Anderson / Amazon Frontlines.
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