- Décadas de conflictos internos han alimentado una oleada sin precedentes de minería ilegal en la región colombiana del Chocó, lo que diezmó la cuenca del Atrato y provocó una crisis ambiental y humanitaria.
- En una resolución histórica tomada en 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como una entidad sujeto de derechos ambientales justo cuando el país firmaba acuerdos de paz históricos, pero, luego de tres años, una nueva etapa de conflictos está afectando la región del Chocó.
- La contaminación por mercurio y cianuro provenientes de las actividades mineras industriales lo convierte en el río más contaminado de Colombia, y todavía falta materializar una operación de eliminación prometida en 2016.
Serpenteando por el departamento de Chocó, al noroeste de Colombia, el río Atrato ha sido durante siglos el sustento de las comunidades originarias y afrocolombianas que viven en las riberas. Sin embargo, décadas de conflictos internos han alimentado una oleada sin precedentes de minería ilegal, lo que diezmó la cuenca del río y provocó una crisis ambiental y humanitaria en una de las regiones más biodiversas del planeta.
En una resolución histórica tomada en 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como una entidad sujeto de derechos ambientales, lo que obliga al Estado a implementar la “protección, conservación, mantenimiento y restauración” del río y de las comunidades vinculadas a él. La resolución llegó justo cuando el país firmaba acuerdos de paz históricos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado, lo que aparentemente terminó con más de medio siglo de guerra e insurgencia.
Sin embargo, tres años más tarde, una nueva etapa de conflictos está afectando a la región del Chocó. La violencia y el desplazamiento continúan azotando a las poblaciones ribereñas del Atrato, quienes siguen siendo las más pobres del país. Luchas esporádicas entre grupos paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —el grupo guerrillero más grande que queda en el país—, llenan el vacío dejado por las FARC. Los defensores ecologistas encargados de supervisar la implementación del fallo judicial se quejan de una falta total de acción y protección del Estado. Con la amenaza constante de la intimidación y el miedo a ser asesinados por llevar a cabo su trabajo, se desesperan por lograr incluso leves mejoras.
Chocó alberga uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Se estima que unas 54 850 especies de animales viven en la densa jungla del Chocó. Sin embargo, las operaciones mineras a cielo abierto y la deforestación a gran escala están amenazando este único y preciado hábitat. La contaminación por mercurio y cianuro proveniente de las actividades mineras industriales lo convierten en el río más contaminado de Colombia, y todavía falta materializar una operación de eliminación prometida en 2016.
Río Tóxico nos ofrece una perspectiva excepcional del conflicto ambiental del Chocó, uno de los problemas de Latinoamérica menos tratados y, sin embargo, más urgentes, mediante la experiencia de tres testigos: un minero, un pescador y un cuidador del río. Las nuevas generaciones enfrentan ahora una amenaza existencial, ya que el Estado no cumple con sus obligaciones legales y las comunidades étnicas que están sobre la vía fluvial principal del Chocó pelean por un río que es crucial para la cultura, identidad y supervivencia de ellas.
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