- Las autoridades fiscalizadoras ambientales chilenas castigaron con una multa histórica la extracción ilegal de cobre realizada por Mina Cardenilla, de propiedad de la empresa Explodesa, parte del holding minero CEMIN del empresario chileno Juan Rassmuss Raier.
- Mongabay Latam revisó el historial de derrames de Olympic Peru Inc, otra de las empresas de Juan Rassmuss Raier, y comprobó que en 10 años derramó al menos 23 500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales.
- Zeus ÖL SA, propiedad de Rassmuss Raier en Paraguay, tiene una concesión para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, una de las zonas de mayor biodiversidad de Sudamérica.
La Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (Explodesa), dueña de la mina de cobre Cardenilla, en la región chilena de Valparaíso, fue multada en diciembre pasado por operar sin autorización y extraer de manera ilícita 1,4 millón de toneladas brutas de material.
La Superintendencia de Medio ambiente (SMA) —el organismo en Chile encargado de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales— ordenó a Explodesa pagar 8862 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a casi 7 millones de dólares. Se trata de la segunda multa más alta cursada por la SMA y la más alta para una única infracción.
Según detalla la SMA, la empresa, perteneciente al holding minero CEMIN, de propiedad de Juan Rassmuss Raier, había continuado explotando el rajo abierto de Cardenilla por lo menos seis meses más del tiempo que autorizaba su permiso ambiental. Además, había ampliado la cantera de la mina en casi ocho hectáreas sobre lo autorizado y había creado dos nuevos sectores de extracción de mineral con sus respectivos caminos.
Estas actividades de Mina Cardenilla, ubicada en la Cordillera El Melón, un sitio prioritario para la conservación según la Estrategia Nacional de Biodiversidad, provocó un “daño ambiental de carácter irreparable, debido a la reducción y fragmentación irreversible del patrimonio natural de este sector protegido”, asegura la SMA.
Mongabay Latam analizó los antecedentes ambientales de otras dos importantes empresas en Latinoamérica ligadas al empresario Juan Rassmuss Raier que, desde noviembre 2019, es también presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico (CAP), el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana.
Se trata de Olympic Peru Inc Sucursal del Perú, cuyo registro de derrames de petróleo supera los 23 mil litros, y Zeus OL en Paraguay que cuenta con concesiones para la explotación de petróleo al interior del parque nacional Defensores del Chaco, la mayor reserva y patrimonio natural del Paraguay.
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Derrames en Perú
Según cuenta un reportaje del diario chileno El Mercurio, cuando en 2016 murió el multimillonario empresario peruano Juan Enrique Rassmuss Echecopar, su hijo único, Juan Rassmuss Raier, asumió la dirección de los negocios familiares: una decena de empresas con rubros en la minería, extracción de petróleo y gas, fundiciones, producción de cables y generación eléctrica, entre otros, y que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay.
En Perú, la empresa Olympic Peru Inc Sucursal del Perú, dedicada a la extracción de petróleo y gas, explota el Lote XIII en la región de Piura, en el norte del país. Entre 2009 y 2019, la empresa reportó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) 12 eventos de derrames de crudo por un total de 148 barriles.
Considerando que un barril entero equivale a poco menos de 159 litros, la empresa ha derramado, en 10 años, unos 23 500 litros de crudo. Al mismo tiempo, los registros del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), creado en 2011, indican que entre ese año y el 2019, hubo 72 emergencias ambientales de la empresa vinculadas a derrames de petróleo y fugas de gas.
Además, según datos del Osinergmin, Olympic Perú Inc ha reportado 60 eventos de derrames menores a un barril, de los cuales 17 son equivalentes a cero.
De acuerdo a una investigación realizada por Mongabay Latam, en la que se analizan los registros de derrames que llevan las autoridades peruanas, la base de datos del Osinergmin está llena de registros en «cero» por consideración unilateral de las empresas. Esa cifra, sin embargo, no indica ausencia de derrame sino cantidades vertidas al mar menores a un barril. Por eso, en el marco de esa investigación, el Osinergmin aseguró a Mongabay Latam que actualmente están pidiendo precisión en los datos para que no haya más ceros.
Consultada la empresa sobre sus derrames registrados, esta respondió que “ante la eventual y accidental ocurrencia de algún evento ambiental en nuestras actividades de campo, se activa de manera inmediata el Plan de Contingencias para la contención, recuperación y limpieza de las áreas afectadas”. Además, agregó que “a la fecha la empresa no tiene pasivos ambientales por afectación” y que “a la fecha no tenemos ninguna sanción y/o infracción por afectación de ocurrencia de eventos ambientales”.
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Planes de extracción de hidrocarburos al interior del Chaco
En diciembre de 2016, Zeus ÖL SA, otra empresa petrolera perteneciente al empresario Rassmuss, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 2 334 712 hectáreas.
La concesión ocupa parte importante del Parque Nacional Defensores del Chaco (PNDCH), como lo indican las coordenadas del contrato, un área protegida que es considerada la mayor reserva y patrimonio natural del Paraguay, ubicada a su vez al interior del segundo bosque más grande después de la Amazonía: El Chaco.
Considerado por especialistas ambientales como una de las áreas más ricas en biodiversidad, en el PNDCH habitan especies como el tapir amazónico, el jaguar, el gran lagarto, pumas y guacamayos. Además, todo el Chaco paraguayo es dueño de maderas muy preciadas, como el trébol o el palo santo, muy buscada para el tráfico ilegal hacia diferentes regiones del mundo.
El PNDCH es además zona núcleo de la reserva de la biósfera del Chaco Paraguayo, es decir, que es parte del área más importante de la reserva. Aquella que debiera estar estrictamente protegida puesto que contribuye a la conservación de los paisajes, ecosistemas, especies y variaciones genéticas.
Aunque en la práctica aún no se realizan actividades de explotación de hidrocarburos, la concesión genera algo de desconfianza y preocupación entre conservacionistas.
José Luis Cartes, director ejecutivo de Guayra Paraguay, una ONG dedicada a la conservación de la biodiversidad del país, asegura que en 2010 el Estado le dio permiso a la empresa CDS Energy para hacer prospección en los parques nacionales Teniente Enciso y Médanos del Chaco. “Hicieron un cuadriculado fino con topadoras y bulldozers afectando ambos parques, nuestra reserva Campo Iris y comunidades indígenas como Ñu Guasu y Pykasu. También cortaron un sitio histórico de la guerra del Chaco conocido como La Picada de la Desesperación”. Según cuenta el experto, se realizaron denuncias en la Secretaría del Ambiente, pero de nada sirvió y ningún procedimiento sancionatorio se llevó a cabo.
“El tema principal es que esos caminos luego son utilizados por cazadores foráneos y por traficantes”, explica Cartes.
Un estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) dio cuenta de los impactos que tienen las carreteras en los bosques de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Según el estudio, la construcción de vías, desde la década del sesenta, han permitido el asentamiento de nuevas poblaciones, el cambio de uso de la cobertura forestal y el ingreso de actividades prohibidas.
“Si miramos el mapa, está claro que la deforestación en Brasil está muy relacionada con las carreteras y en otros países pasa lo mismo. La deforestación está muy concentrada en las regiones donde hay vías, porque son caminos para desarrollar otras actividades. Son presiones o amenazas combinadas para aumentar la deforestación”, dice Julia Jacomini, investigadora para RAISG del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil.
Mercedes Canese, exviceministra en Paraguay de Minas y Energías entre los años 2010 y 2012, asegura que “la legislación ambiental en Paraguay tiene realmente muchos problemas”. Según explica, esa es la razón por la que Paraguay “es uno de los países donde ciertas regiones, como El Chaco, tienen las tasas de deforestación más altas del mundo”. La exviceministra agrega que “durante el gobierno de [Horacio] Cartes, durante el cual se otorgó esta concesión [la de Zeus Ol], se alcanzó ese récord [la tasa de deforestación más alta del mundo] por lo que no es sorprendente que se haya otorgado una concesión dentro de un parque protegido”.
Aunque en Paraguay sí es posible realizar actividades de explotación de recursos en áreas protegidas, estas deben realizarse siempre y cuando las empresas cumplan con los requisitos ambientales que establece la ley. “Habría que ver si en este caso se están cumpliendo las reglas”, dice Canese porque, “en la práctica, en todo el Chaco se violan las leyes ambientales. Esos son los hechos consumados”, dice. “Por eso se está destruyendo un área que es muy frágil y donde tenemos los últimos indígenas no contactados que no son amazónicos: los Ayoreos silvícolas”, agrega.
Carlos Sánchez, Director de hidrocarburos del viceministerio de minas y energía, señaló a Mongabay Latam que las perforaciones de exploración que ha realizado hasta la fecha Zeus OL se ubican fuera del PNDCH. Además, agrega que la empresa cuenta con licencia ambiental para ello, otorgada por el Ministerio del Ambiente (MADES) y que en caso de comenzar con la etapa de explotación el MADES tendría que otorgarle una nueva licencia ambiental.
Consultado el director de hidrocarburos sobre las coordenadas de los pozos de Zeus OL, este señaló que “hasta el momento en que se retira la empresa [del proyecto] hay cláusulas de confidencialidad con las que ciertos datos no son expuestos al público”. Es decir, que por ahora no es posible saber los lugares exactos de exploración de Zeus OL. “Cuando los trabajos terminaron y se retiraron las empresas, ahí recién se alza esa información”, dice Sánchez.
En opinión de José Luis Cartes, para proteger las áreas protegidas de las amenazas que las acechan, es necesario “atacar las causas raíces”. Para ello señala “la necesidad de transparencia, en especial acceso libre a información pública”, lo que permitiría un mayor monitoreo por parte de las organizaciones de la sociedad civil. El director de hidrocarburos, Carlos Sánchez, en cambio, parece no compartir esa necesidad, puesto que, según dice, “el viceministerio de minas y energía hace esa fiscalización a las empresas una vez que van a perforar esos pozos”.
Mongabay Latam se comunicó con el consultor ambiental de Zeus OlL para tener la versión de la empresa sobre los potenciales impactos de sus actividades, pero hasta la publicación de este artículo el consultor no entregó respuesta a las preguntas hechas por este medio.
Desde CEMIN, en Chile, aseguraron, respecto de las operaciones no autorizadas de mina Cardenilla, que “es una situación que lamentamos profundamente, porque se generó en un contexto en que la minería, al igual que otras actividades, tenía menos conocimiento respecto del manejo de sus impactos y en momento de reorganización de nuestra empresa”.
Agregaron que desde el año 2016, cuando se asumió una nueva administración, la empresa “realizó correcciones y ha avanzado fuertemente en el cuidado del medio ambiente” y que “en la actualidad la compañía trabaja en la incorporación de innovación y tecnología para que la minería se ajuste a los desafíos actuales”.
*Imagen principal: Mina Cardenilla. Foto: SMA.
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