- Detener el avance de la frontera agroganadera en un país exportador de granos y carne es el reto que afronta el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible para acabar con la deforestación.
- Un pedido de consenso para reducir el uso de agroquímicos y el reclamo a la justicia de sanciones para quienes provocan incendios forestales, son dos de los ejes de una gestión llena de dificultades.
¿Juan Cabandié va a ser el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible? La pregunta recorrió todos los rincones del universo ambientalista cuando en diciembre del año pasado Alberto Fernández, presidente argentino, anunció los miembros de su gabinete. Sin antecedentes conocidos en ese rubro, las dudas sobre su capacidad se mantuvieron las primeras semanas de su gestión, sobre todo entre los que esperaban para el cargo a un especialista en el tema. Diez meses después, las críticas han dado paso a las expectativas sobre el cumplimiento de las promesas hechas hasta el momento por el ministro: reformar la Ley de Bosques, proteger los humedales y acabar con la deforestación que tiene en el Gran Chaco su epicentro.
Juan Cabandié fue una de las víctimas de la dictadura cívico-militar que asoló el país, la misma que secuestró a sus padres, lo llevó a crecer en la familia de un policía que participaba de la represión ilegal y lo condenó a no conocer a sus padres biológicos, quienes pasarían a engrosar la lista de desaparecidos.
Se convirtió en el nieto restituido número 77, recuperó su identidad original y comenzó una militancia política que lo llevó a ser legislador de la ciudad de Buenos Aires en 2007 y diputado nacional a partir de 2013, hasta que en diciembre asumió su actual cargo.
En este tiempo ha tenido que enfrentar la crisis de la pandemia, los repetidos incendios en el Delta del Paraná y Córdoba, la sequía en el Chaco seco y las críticas por anunciar la necesidad de reformar la Ley de Bosques.
Tras varias semanas de insistencia, Mongabay Latam logró entrevistarlo sobre los problemas ambientales del país.
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La pandemia nos está obligando a mirar la realidad con otra perspectiva. ¿Tiene la sensación de estar ante uno de esos momentos cruciales de la historia, al menos en la cuestión ambiental?
Estamos atravesados por una situación desconocida, es un buen momento para reflexionar sobre el cambio climático en la pospandemia, sobre métodos productivos y economía, para pensar qué vamos a hacer el día después. El COVID-19 es una metáfora de las cosas que pueden pasar si seguimos destruyendo el ambiente, o aumentando la contaminación y el calentamiento global. Nuestro desafío es que la nueva normalidad sea menos contaminante. Requerirá tiempo, implica que tengamos que ajustar la movilidad, el transporte público, los combustibles de carbono, los basurales a cielo abierto, el tipo de energía, pero quienes ocupamos lugares en el Estado, con capacidad de decisión en nuestras manos, tenemos la posibilidad de modificar el daño que le estamos haciendo a nuestra casa común que es el planeta.
Argentina tiene una necesidad urgente de divisas y se propone como “granero del mundo”, ¿seguirá expandiéndose la frontera agroganadera, como ocurre en el Gran Chaco?
En el Ministerio recientemente publicamos el informe “Deforestación de los bosques nativos en Argentina: causas, impactos y alternativas” en el que se presenta un análisis del desarrollo y el avance agropecuario. Allí queda demostrada la insostenibilidad del modelo productivo agropecuario que utiliza los desmontes, especialmente en la región chaqueña. Le doy un dato: entre 2010 y 2017 se deforestaron 2,1 millones de hectáreas, la gran mayoría en el Gran Chaco, para destinarlas a la producción agropecuaria, pero en el mismo período fueron abandonadas otros 1,1 millones de hectáreas que se destinaban a ese mismo uso. Es decir, que el modelo productivo que promueve los desmontes solo es rentable por un tiempo, y en ese tiempo además genera consecuencias directas e indirectas, locales y deslocalizadas, como el despoblamiento rural, la conflictividad social, el cambio climático, las inundaciones o la pérdida de productividad de los suelos. Por todo esto, y desde una mirada integral, no parece razonable la ampliación de la frontera agropecuaria, al menos en los términos en los que se vino llevando adelante hasta el momento.
Entonces, ¿cómo se va a aumentar la producción?
Creo que tenemos que ir en busca de la transición ecológica. Hay que favorecer la agroecología, sin pesticidas ni agroquímicos, volver a los métodos más ancestrales y apuntar a que podamos comer sano. La ciencia nos enseñó que se puede combinar ganado y árboles nativos utilizando las técnicas e insumos adecuados. Necesitamos promover, convencer, demostrar. Desde el Ministerio apoyamos la producción agroecológica y los procesos de reconversión productiva porque hay que preservar las cuencas forestales y competir contra la extensión de la frontera agropecuaria que aporta más soja y ganado.
Usted ha dicho que la Ley de Bosques no ha cumplido su objetivo y ha puesto en marcha un proceso de reforma…
La ley 26.331 es buena, pero pretendemos hacer una revisión de algunos aspectos porque creemos que se debe mejorar. Hemos abierto un proceso de discusión con las provincias para que, sin impedir la actividad forestal, podamos planificar qué madera vamos a autorizar para aprovechamiento y cómo vamos a forestar. Es cierto que hay falta de voluntad en algunos gobiernos locales y hay voracidad en ciertos sectores productivos. Necesitaremos diálogo y consenso para buscar las soluciones.
En general, más que por el espíritu de la ley, las quejas en contra de la norma actual han sido por falta de implementación adecuada y porque no se le destinan los fondos asignados.
El problema es la ilegalidad y la falta de normativa adecuada para que no se siga deforestando. La ley cuenta con instrumentos válidos —las sanciones, los estudios de impacto ambiental, el monitoreo, la fiscalización, la promoción del uso sostenible del bosque, los ordenamientos territoriales de los bosques nativos (OTBN), cuya función es muy importante en la regulación de la frontera agropecuaria y las provincias deberían actualizar cada cinco años—, pero es necesaria una implementación plena, porque la realidad es que desde que se sancionó la ley hemos perdido más de 2,8 millones de hectáreas. Y después está el tema de los fondos establecidos como compensación para las jurisdicciones que conservan bosques, que es igual de importante. Es cierto que nunca se cumplió con el presupuesto que dicta la ley, aunque en este punto vale aclarar que la definición del presupuesto nacional la determina el Congreso. Después, el Estado nacional sí que cumplió en distribuir los fondos asignados según lo estipulado.
¿Cuáles son los aspectos más salientes de la propuesta que impulsa el Ministerio?
Los fundamentos son detener la expansión de la frontera agropecuaria y el cambio de uso de suelo, y evitar la deforestación. Se eliminaría la categoría verde (libre utilización productiva), quedarían prohibidos los desmontes en todo el país, y hacerlo será considerado delito penal. Por otro lado aumentaría el porcentaje de los fondos asignados y se reconocería la titularidad de campesinos y pueblos indígenas sobre sus tierras para que también reciban el beneficio.
Las organizaciones ambientalistas temen una deforestación “preventiva”, como en 2007, y que la nueva zona amarilla (donde se permite un uso productivo limitado) acabe siendo como la actual zona verde.
En 2007 pudieron deforestarse 700 000 hectáreas porque no existía normativa regulatoria; hoy es imposible porque la Ley de Bosques está vigente. Y, por otro lado, también es preciso visibilizar la economía vinculada a los bosques y fortalecer los entramados productivos, tanto madereros como no madereros. Es necesaria una visión integral de los bosques, incluirlos en la matriz productiva promoviendo un desarrollo territorial diverso y preservando aquellos que posean funciones de protección o valores especiales de conservación.
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El glifosato en la mira
Antes se refirió al tema de los agroquímicos, ¿habrá una ley nacional que regule su uso?
Es un tema que debemos poner en discusión, lo dije cuando estuve en el Senado y en la Cámara de Diputados. Dialogo de manera permanente con actores del sector productivo pero tenemos que sentarnos todos en una mesa. Soy respetuoso del carácter federal de nuestro país y de las decisiones que se toman en cada distrito, pero está claro que mi posición no es empática con fumigar a 150 metros de una escuela, un área poblada o un curso de agua. La utilización de agroquímicos ha modificado de forma nítida la salud de muchas personas, y no lo digo yo, lo dice la ciencia.
El glifosato, que es el herbicida más usado en la Argentina, empieza a estar prohibido en muchos países, ¿piensan seguir esa línea?
Es cierto, Francia va a prohibirlo el año que viene, Alemania en 2023, Austria lo prohibió el año pasado. Es un tema a analizar también desde la perspectiva económica. La Unión Europea está revisando a sus socios comerciales en virtud de un Pacto Verde que le está dando cada vez más lugar a lo ambiental. Nosotros colocamos parte de nuestra producción primaria en Europa, somos socios comerciales. Entonces, en pocos meses ellos empezarán a mirar la huella de los agroquímicos, además de la huella de carbono. Por lo tanto, si nuestra producción agropecuaria está en zona de fumigación con glifosato van a ir poniéndonos cada vez más barreras arancelarias hasta que llegue el día en el que directamente no nos compren más.
Todas estas cuestiones impactan directamente en la biodiversidad. ¿cómo frenar su reducción?
El número de especies en peligro de extinción es un reflejo del estado de conservación de los ecosistemas y del impacto de otras actividades sobre la biodiversidad en general. Según las categorizaciones nacionales en la Argentina, hay más de cien especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios en peligro de extinción y otras 400 amenazadas o vulnerables. El país posee una Estrategia Nacional de Biodiversidad, pero tenemos varios tipos de problemas. En primer lugar, la degradación y fragmentación del hábitat. Contamos con diferentes programas para trabajar sobre esto: de uso sostenible de la biodiversidad, de prácticas de manejo de suelos, de lucha contra la desertificación o de acción en humedales. Tenemos un Sistema Federal de Áreas Protegidas y una Administración de Parques Nacionales, estamos implementando proyectos de creación de corredores de biodiversidad…
Es imprescindible mantener el hábitat y los ecosistemas, así como tener un enfoque integral de la biodiversidad, porque entre otras cosas su conservación permite enfrentar en mejores condiciones el cambio climático.
¿En qué lugar sitúa a la Argentina en esa lucha?
Las proyecciones nos indican que los fenómenos climáticos extremos irán aumentando tanto en frecuencia como en intensidad y para reducirlos es necesaria una acción global. El gobierno argentino tiene presente lo ambiental en su agenda. Se constituyó un Gabinete Nacional de Cambio Climático y asumimos el compromiso adquirido ante la ONU con la meta 2030 plasmada en el Acuerdo de París…
¿Cómo se traslada este interés a la práctica?
La estrategia para proteger el carbono de los bosques y los suelos es promover la conservación y el aprovechamiento sostenible. Es un conjunto de acciones, como el manejo forestal sustentable a nivel de cuenca, el de bosque con ganadería integrada, la restauración de bosques degradados o la prevención de incendios forestales.
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Crear corredores biológicos
Mencionó anteriormente la creación de corredores de biodiversidad, ¿cómo avanza ese programa en el Gran Chaco?
En vías de implementación en la provincia de Chaco, que supo aprovechar y cumplir a satisfacción las estrategias de desarrollo y financiamiento que puso en marcha Parques Nacionales. En Santiago del Estero estamos redirigiendo esfuerzos para que puedan ejecutar lo que estaba previsto. La intención es ampliar el financiamiento externo para proyectar el corredor chaqueño hacia Santiago y unirlo en dirección sur con las áreas protegidas de Córdoba.
Los expertos consideran vital romper el aislamiento para fortalecer en la región las poblaciones como las del yaguareté, el tapir o el tatú carreta.
Queda claro que la supervivencia de estas especies depende de la conservación del monte nativo. Y también que necesitamos complementar los parques porque son escasos. Pero plasmar un corredor en la realidad es mucho más complejo de como en general se interpreta, no es marcar un dibujo en un mapa entre un área protegida y otra (…) Pero volviendo al yaguareté, además del espacio que necesita para moverse, por un lado estamos reforzando instancias de difusión sobre el terreno con el apoyo del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo y del sector académico. Y dado que es una especie históricamente perseguida, estamos trabajando sobre una normativa que refuerce las acciones ejemplificadoras para desalentar su caza.
Otra amenaza son los incendios que en estos meses están siendo muy duros en muchas zonas y en el Gran Chaco han afectado a los Parques Nacionales Chaco y Copo, ¿cómo enfrentan el problema?
Es algo que viene sucediendo desde hace años pero que en esta temporada se ha incrementado por diversas razones que también se explican a partir de lo climático. En el caso del Delta del Paraná, vinculado con la bajante histórica del río; en Córdoba o el Chaco, con una sequía muy prolongada.
¿Cómo se explica la repetición de estas situaciones?
El 90 o 95 por ciento de los fuegos son intencionales y obedecen a diferentes motivos: mejorar las pasturas para el ganado, especulación inmobiliaria, producción agrícola… Lo que está ocurriendo es un ecocidio y por supuesto queremos darle una solución, pero necesitamos que actúe la Justicia. El Estado gasta 20 millones de pesos diarios (250 000 dólares) para extinguir un incendio, pero si al cabo de un tiempo vuelven a encenderlo y no se busca ni se detiene a los culpables entramos en una situación esquizofrénica. En el Delta estamos instalando una serie de faros [centros de control con personal permanente, vehículos y sistemas de vigilancia] conectados entre sí y ubicados en zonas con alta recurrencia de incendios (…) Pero también, todos deberíamos entender que si no modificamos ciertas prácticas lo que hoy da ganancias mañana puede dejar de darlas.
Al principio habló del período de reflexión al que nos invitó la pandemia, ¿cree con sinceridad que saldremos ambientalmente mejores después de esta?
La clave es pensar qué vamos a hacer el día después. La nueva normalidad debe ser con hábitos sostenibles. Pero un enfoque integral de la biodiversidad y el desarrollo requiere también de una sociedad solidaria y empática, que comprenda y valore el patrimonio natural, que entienda la urgencia (…) Nos encontramos con sectores productivos que no están dispuestos a modificar ciertas prácticas, pero hay otros que sí. Es ahí y en los jóvenes donde tenemos puestas las esperanzas.
Imagen principal: Juan Cabandié, ministro del ambiente de Argentina. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
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