- La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha empeorado el panorama ambiental en Ecuador. Durante la pandemia se han registrado delitos ambientales pero, sobre todo, se ha evidenciado la ausencia del Estado.
- Varios casos en contra de industrias extractivas han sido exitosos en este 2020. Sin embargo, otros continúan en una larga fila de espera por parte de los jueces encargados. La falta de conocimiento en temas ambientales sigue siendo un grave problema.
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
El 2020 no ha sido un buen año para el medio ambiente en Ecuador. La pandemia del COVID-19 puso en evidencia la ausencia del Estado ecuatoriano para proteger los ecosistemas y los derechos de las nacionalidades indígenas.
En plena emergencia sanitaria por el coronavirus, y después del colapso de la cascada San Rafael, ocurrió un derrame de petróleo producto de la erosión del río Coca, en el Parque Cayambe Coca, en la Amazonía ecuatoriana. Producto del desastre, cerca de 150 comunidades indígenas sufren aún la contaminación por el crudo regado en el mes de abril. La remediación hecha por el Estado y las petroleras Petroecuador y OCP, que operan las tuberías que se rompieron, han sido insuficientes porque varias poblaciones, especialmente los indígenas kichwa, aún denuncian contaminación en el río, afectaciones a sus cosechas, peces muertos y presuntas afecciones en la piel.
El derrame de petróleo no ha sido el único problema que han experimentado las comunidades indígenas en la pandemia. También está la falta de atención médica para poder controlar el COVID-19 ya que muchas de ellas no tienen centros de salud cercanos, lo que hace aún más compleja su situación. Las industrias extractivas, además, han sido señaladas como posibles fuentes de contagio por continuar con sus actividades durante la pandemia.
A esto se suma un año complejo para la institucionalidad ambiental. En marzo se concretó la fusión del Ministerio del Ambiente (MAE) y la Secretaría del Agua (Senagua), una decisión que ha sido duramente criticada por expertos y exfuncionarios de medioambiente porque ha coincidido con el despido de personal, sobre todo de guardaparques en un momento en el que su trabajo era indispensable para controlar el aumento de delitos ambientales durante la pandemia. Tarsicio Granizo, ex ministro de ambiente y actual director país para el World Wildlife Fund (WWF)-Ecuador, no ha dudado en calificar estas decisiones como un “retroceso de veinte años para el tema ambiental en el país”. Todo ello mientras el cambio de ministros del ambiente continúa.
¿Cuál es el balance ambiental de Ecuador en el 2020? Mongabay Latam ha seleccionado las noticias más relevantes y ha sumado las voces de expertos para analizar los aciertos y desaciertos de este año.
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Lo grave: la erosión del río Coca continúa dejando estragos
El 2 de febrero de 2020, un mes antes de que se declarara la emergencia sanitaria por el coronavirus en Ecuador, colapsó la cascada San Rafael, en el norte de la Amazonía. Varios científicos advirtieron que la erosión regresiva de los suelos se estaría acelerando debido a la retención de sedimentos, causada por la operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, y que esto pondría en riesgo la infraestructura de los oleoductos. “Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuó”, mencionó en un comunicado Amazon Frontline Defenders, una organización no gubernamental que respalda la defensa de los pueblos indígenas por sus derechos a la tierra, la vida y la supervivencia cultural en la selva amazónica.
A pesar de las advertencias, el gobierno ecuatoriano no tomó medidas y, finalmente, el 7 de abril de 2020 se rompieron los dos oleoductos del Ecuador: el Sistema de Oleoductos Trans Ecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ubicados en la misma zona de la erosión. La rotura de los oleoductos fue tan grave que más de 15 000 galones de petróleo fueron a parar al río Coca.
El derrame de crudo afectó a más de 105 comunidades indígenas de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras el desastre, las empresas responsables de los dos oleoductos —OCP y Petroecuador— anunciaron actividades de remediación ambiental pero las comunidades afectadas dicen que han sido insuficientes.
Por el derrame, varias organizaciones indígenas del Ecuador presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano y las petroleras. Entre los principales pedidos estaba que los demandados —el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ministerio del Ambiente, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S.A, Petroecuador, Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado— provean de agua potable y alimentos suficientes a todos los miembros de las comunidades afectadas, hasta que los ríos Coca y Napo regresen a sus condiciones anteriores al derrame, ya que la pesca es una de las principales fuentes de alimentación para estas comunidades.
Pero el martes 1 de septiembre, el juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, Jaime Oña, negó los pedidos de los indígenas.
A pesar de la gravedad de la situación, estos no han sido los únicos estragos que ha dejado la erosión del río Coca durante este año. El pasado 22 de octubre, el puente que está sobre el río Montana, uno de los afluentes del río Coca, colapsó. Dos días antes, un par de diques de contención en el Coca fueron removidos por la fuerza del agua. Según un comunicado de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) el uso de los diques buscaba “disminuir la velocidad del agua y, por ende, ralentizar el proceso de erosión regresiva del río y, de esa forma, proteger las obras de captación de la central Coca Codo Sinclair”.
Emilio Cobo, coordinador del programa de Agua de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para América del Sur, le aseguró a Mongabay Latam que el proceso erosivo en el Río Coca persiste, aunque matiza diciendo que, desde septiembre, el avance ha sido más lento debido a la ausencia de lluvias fuertes.
“Este proceso se reactivará con mayor intensidad entre marzo y julio, cuando los caudales del río aumenten. En un lapso de 10 meses [entre febrero y diciembre] el frente erosivo avanzó cerca de ocho kilómetros aguas arriba de la desaparecida cascada. Esto es preocupante”, dice.
Lo trágico: la pandemia impacta a las comunidades indígenas
La pandemia del coronavirus empeoró las condiciones de vida de las comunidades indígenas en el país. La presencia del Ministerio de Salud (MSP) en los territorios donde viven las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador fue casi nulo.
Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), dice que desde el inicio de la pandemia hasta junio “no hubo una respuesta efectiva del gobierno y siempre las comunidades estuvieron solas”. Debido a esto, muchas poblaciones tuvieron que autogestionar las pruebas para detectar el virus. Sin embargo, después de junio y luego de varias denuncias al respecto, ha habido una coordinación con el Ministerio de Salud.
Aun así, muchos indígenas no pudieron acceder a la medicina tradicional para combatir al COVID-19. Tapia dice que “más del 90 % se curaron en sus comunidades. Es decir, no tuvieron tratamiento médico especializado por su ubicación geográfica”, que no les permitía ir a los centros de salud cercanos, y también por falta de confianza en el sistema de salud, indica.
Según el dirigente indígena, hasta el mes de octubre hubo un crecimiento exponencial de casos. “Nosotros habíamos identificado un incremento del 5 % diario en los casos”. A partir de noviembre empezaron a notar una disminución en los contagios pero desconoce el número de casos positivos para coronavirus entre los indígenas pues el Ministerio de Salud no clasifica por etnias a los contagiados “y por eso es imposible saber cuántos son”, dice Tapia.
Lo que se conoce son los resultados de las pruebas que los mismos indígenas realizaron por su cuenta. Hasta el 25 de noviembre de 2020, la Confeniae había realizado 9522 pruebas para detectar el COVID-19. De ese número, 3240 fueron casos positivos, 5619 negativos y 663 casos con sospecha. Hasta el momento hay 2229 personas recuperadas y 50 fallecidas.
Pero el contagio no es el único problema al que se enfrentaron los indígenas durante el 2020. La incursión desmesurada de los madereros ilegales tuvo su punto más álgido durante los primeros meses de la pandemia y una de las nacionalidades más afectadas ha sido la achuar. Con la construcción de la vía a la comunidad de Copataza, que conecta al puerto fluvial de igual nombre con Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, comenzaron los conflictos. Según la fundación Pachamama, esta situación se ha agravado en la pandemia por el COVID-19.
Los madereros se han servido de los ríos Copataza, Pastaza y sus afluentes para transportar la madera. Para Tarciso Granizo, exministro de ambiente y actual director país para el World Wildlife Fund (WWF), existe un evidente tráfico de madera y “estamos viendo cómo traficantes peruanos se están robando la madera del Yasuní”, indica.
Mongabay Latam se contactó con el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) para conocer las acciones que está tomando para frenar la tala ilegal. El MAAE dijo que el personal que se encuentra en territorio “ha realizado actividades de control de la tala ilegal de madera, mediante diversos operativos de control efectuados en diferentes sitios como vías terrestres y fluviales”. Además, dice el MAAE, han realizado socialización con comunidades en las que han explicado los procedimientos para obtener la madera.
Lo feo: continúa la pesca ilegal en Galápagos
El archipiélago de Galápagos vive bajo constante amenaza. En julio de 2020, durante la emergencia sanitaria, autoridades, científicos y organizaciones ambientales encendieron las alarmas ante la presencia de cerca de 260 embarcaciones chinas que llevaban ya más de una semana pescando en los límites de la reserva marina y la zona económica exclusiva del Ecuador. La capacidad del país para evitar que los recursos marinos y sus especies sean puestos en peligro volvió a ser cuestionada, tal como sucedió en 2017, cuando un buque pesquero chino fue descubierto transportando cientos de toneladas de peces capturados ilegalmente.
Aunque en 2020 la flota de barcos se encontraba en aguas internacionales y no ingresó al territorio marítimo ecuatoriano, algunos expertos advierten que existen razones para creer que los barcos están capturando especies que se encuentran en peligro de extinción. Alfonso Miranda, presidente del gremio del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), del que Ecuador es parte, dice que la flota debía estar “en el sur de Ecuador, pero esta vez se acercaron demasiado al santuario de las Islas Galápagos”.
Para Alex Hearn, profesor e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, la pesca ilegal en Galápagos tiene muchas facetas. Según dice, el gobierno está mejorando los sistemas de detección, aunque admite que esta es una reserva marina muy grande y los recursos económicos para ejercer vigilancia y control son limitados. “Creamos regulaciones buenas pero, luego, ¿hasta qué punto equipamos a nuestros técnicos y funcionarios con las herramientas para poder implementarlas de manera adecuada?”, dice Hearn.
Por ejemplo, el 6 de mayo de 2020 se dio una enorme incautación. El medio de comunicación South China Morning Post denunció el decomiso de dos contenedores llenos de aletas de tiburón procedentes de Ecuador. Las aletas incautadas provenían principalmente de tiburones zorro y sedoso, considerados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como vulnerables. Y no solo esto, en otra incautación en septiembre de 2020, autoridades peruanas encontraron ocho toneladas de carne de tiburón martillo y zorro. La carga provenía de Ecuador, según reportó el medio RPP Noticias.
Para Maximiliano Bello, asesor de Política Oceánica en Mission Blue, no solo existen presiones externas sino también internas cuando se trata de pesca ilegal. “Hoy hay una presión tremenda por grupos pesqueros de la isla que quieren abrir la pesca de palangre que va a tener un impacto tremendo sobre la fauna en el archipiélago”, dice Bello.
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Lo desalentador: debilitamiento de la institucionalidad ambiental
El 2020 dejó huella en los funcionarios públicos que trabajan en el sector Ambiente. El despido de guardaparques, en un momento en el que su trabajo era indispensable para controlar el aumento de delitos ambientales durante la pandemia, causó rechazo en varios sectores políticos ecuatorianos.
El 30 de septiembre, el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) despidió a 398 trabajadores, de los cuales 30 trabajaban en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Ahora, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida y reservas marinas quedaron con menos personal que cuide de ellas.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) para saber cuáles han sido las estrategias ejecutadas durante este año para el cuidado de áreas protegidas. La institución aseguró que se tienen compromisos internacionales y nacionales para “mantener la superficie actualmente conservada” y que las acciones de Ministerio “se encaminan a lograr cada vez un manejo efectivo de las áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”. Sin embargo, no especificaron cuáles son las acciones concretas que han venido tomando.
Para el presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE), Augusto Granda, despedir personal del Ministerio debilita a la autoridad ambiental y los esfuerzos de conservación. “¿Cómo controlas, por ejemplo, el Parque Nacional Yasuní que tiene un área de más de un millón de hectáreas con cuarenta personas?”, cuestiona Granda.
Los problemas se veían venir desde agosto de 2018, cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, comunicó que el Ministerio y la Secretaría del Agua (Senagua) se convertirían en una sola institución y se consolidaron el 4 de marzo de 2020, cuando se hizo realidad la propuesta del presidente.
Para Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente y actual director de WWF Ecuador, es necesario que se fortalezca al MAAE para que pueda hacer las dos funciones. De lo contrario, dice, se convertiría en “un cascarón vacío sin posibilidades de control”. Granizo asegura que si se le quita personal al Ministerio no se entiende cómo la institución se hará cargo de asuntos ambientales importantes.
Precisamente, Granizo era ministro en 2018 y cuando el presidente Moreno anunció la fusión del Ministerio del Ambiente con Senagua, renunció a su cargo. Desde ese momento, Ecuador ya ha tenido cinco ministros de Ambiente.
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Lo bueno: acuerdos ratificados y más atención a los PIA
El 21 de mayo de 2020, Ecuador ratificó el Acuerdo de Escazú y con ello se comprometió a cumplir ciertas obligaciones como garantizar la vida de los defensores ambientales y facilitar el derecho de acceso a la información ambiental. Además de asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales que establece el Acuerdo. En el caso de Ecuador, se tendrá que evaluar sus leyes y regulaciones para que cumplan con los objetivos del Acuerdo, especialmente el Código Orgánico del Ambiente (COA). Sin olvidar la capacitación a funcionarios en temas ambientales.
Este no ha sido el único paso positivo de 2020. El 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. Para el antropólogo Roberto Narvaez, si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una sentencia, “identifica vulneraciones de derechos, omisiones, acciones que han puesto en una condición de riesgo a estos pueblos la Corte establecerá unas medidas de cumplimiento obligatorio que el estado deberá atender de manera urgente y prioritaria”.
El caso llegó a la Corte después de que grupos de la sociedad civil presentaran en 2006 este caso ante la CIDH por las matanzas registradas en un periodo de 17 años. La primera ocurrida en el 2003, donde más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad indígena más cercana a los pueblos aislados. Una segunda en 2006, en la que cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros. Y una en 2013, en la que los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Narváez recalca que las acciones de actores externos que generen presión tienen que ser limitadas y el estado está en la obligación de garantizar la vida de estos pueblos.
El caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario sería el primer caso de pueblos no contactados que se debate en instancias internacionales. Para Narváez y Eduardo Pichilingue, director de la Fundación Pachamama en Perú, existe el riesgo de que los pueblos aislados estén en riesgo de desaparecer. “En este momento están en una profunda desprotección que no es una desprotección únicamente actual, hay que entender que es un abandono histórico de parte del estado de no reconocerlo”, dice Pichilingue. Además, Pichilingue recalca que a pesar de que ahora ya están reconocidos desde el año 2008 en la constitución, en la práctica aún no se les termina de reconocer pues creer que solo viven en ciertos espacios da cuenta de que realmente no existe esa voluntad de reconocerlos y respetarlos.
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Lo ambiguo: juicios contra las industrias extractivas
Los juicios contra las industrias extractivas también han sido un tema presente a lo largo de este año.
Uno de los casos exitosos fue la aprobación de la consulta popular para la prohibición de actividades mineras en cinco zonas de Cuenca, la mayor ciudad del sur del Ecuador. El 18 de septiembre, la Corte Constitucional aceptó la propuesta de consulta popular para prohibir actividades mineras a gran y mediana escala en los páramos donde nacen los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machángara, Tarqui y Norcay, que proveen agua para la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay.
Claudia Segovia, bióloga y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), explica que “los páramos actúan como una especie de islas entre las montañas que son refugios de plantas endémicas y animales, eso hace que sean muy importantes”. Además, dice que “los páramos producen el agua que llega a Cuenca. Hay que tener claro eso”. La consulta deberá realizarse el 7 de febrero de 2021
El valle de Íntag, uno de los lugares más biodiversos del país, también ganó un juicio contra la industria minera. El 24 de septiembre de 2020, una jueza aceptó una acción de protección a favor del valle y su biodiversidad. La jueza del caso constató que había un daño que necesitaba reparación y le dio gran peso al hecho de que en este ecosistema viven las ranas arlequín hocicuda (Atelopus longirostris) y nodriza confusa (Etopoglossus confusus) que están en alto peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la rana nodriza confusa como especie En Peligro y la arlequín hocicuda sigue en el listado de especies extintas —porque se creía que lo estaban hasta 2016—.
A pesar de esta tendencia positiva para los derechos ambientales, algunas decisiones judiciales aún están en proceso y no han sido muy favorables para las comunidades demandantes. Fred Larreategui Barba, abogado especializado en derecho ambiental, dice que ha habido avances pero, a la vez, reconoce que aún hay falencias en el sistema de justicia. “Creo que falta mucha capacitación, sensibilización de los operadores de justicia de los ministerios y de la misma Presidencia”, comenta.
El 7 de mayo de 2020, ocho niñas presentaron una acción de protección para ponerle fin a la actividad de los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Pero la jueza María Custodia Toapanta Guanoquiza negó la solicitud, argumentando que no existen estudios que confirmen que existen afectaciones a la salud debido a los mecheros.
Tras la decisión de la jueza, las niñas apelaron la sentencia y esperan que sea revertida por la corte provincial de Sucumbíos. Sin embargo, la audiencia se ha aplazado cinco veces y no hay una fecha para una nueva sentencia. La abogada de una de las niñas, Vivian Idrovo, dice que la falta de un estudio hecho por el Ministerio de Salud es una prueba de la omisión del Estado y no una prueba de que los mecheros no causan enfermedades. Además, asegura que se debe aplicar el principio de precaución.
Una situación similar viven los indígenas kichwa que piden reparación por el derrame de petróleo en el mes de abril, luego de que la erosión sobre el río Coca causara el rompimiento de dos oleoductos. Hasta ahora no han obtenido medidas cautelares a su favor.
Larreategui reconoce que siempre se puede hacer más. “Tienes un Ministerio del Ambiente que cuando se para frente a los jueces en las audiencias no se pone la camiseta del Ministerio sino la camiseta de la empresa extractiva”. Según dice el abogado, esto se suma a la poca capacitación de los jueces en tema ambientales, lo que provoca falta de agilidad para hacer respetar los derechos de la naturaleza y las comunidades.
*Imagen principal: Miembros de la nacionalidad siekopai en su territorio ancestral, Amazonia ecuatoriana. Foto: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo.
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