- El 30 de septiembre, el Ministerio de Ambiente y Agua notificó el cese de funciones a 398 empleados —30 de ellos trabajaban cuidando las áreas protegidas del país.
- Expertos temen por la conservación de la naturaleza en Ecuador mientras que la Asociación de Guardaparques exige la salida del ministro de Ambiente y Agua por su “falta de capacidad” para dirigir la institución.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
¿Quién cuidará las áreas protegidas en Ecuador? El 30 de septiembre de 2020, el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) despidió a 398 trabajadores, de los cuales 30 trabajaban en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Según información oficial que el Ministerio entregó a Mongabay Latam, 23 eran guardaparques, 4 eran administradores, y 3 eran especialistas. Hoy, con su salida, la conservación de los ecosistemas más biodiversos del país está en riesgo. Parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida y reservas marinas se quedan con menos personal que cuide de ellas.
En Ecuador hay 60 áreas protegidas que se distribuyen entre las cuatro regiones del país —Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos— y constituyen alrededor del 20 % del territorio nacional. Su extensión abarca lugares con alta biodiversidad de especies y ecosistemas terrestres, marinos y costero-marinos con recursos biológicos y culturales únicos en el país. Para preservarlas, se necesita de guardaparques —que incluye también técnicos, administradores, especialistas y jefes de área— que velen por su bienestar y conservación.
Sin embargo, desde hace dos años, el MAAE, el encargado de la contratación de estos trabajadores, vive una inestabilidad que afecta, sobre todo, a la naturaleza.
¿Una fusión peligrosa?
Los problemas en el Ministerio de Ambiente comenzaron en agosto de 2018 cuando el presidente de la República, Lenín Moreno, comunicó que el Ministerio y la Secretaría del Agua (Senagua) se convertirían en una sola institución. El 22 de agosto, tras el anuncio, el entonces ministro, Tarsicio Granizo, renunció tras solo un año y tres meses en el cargo. Según Granizo, lo hizo porque estaba en contra de la fusión, y también porque no le avisaron ni le preguntaron qué opinaba sino hasta un día antes de que el Presidente lo anunciara en cadena nacional. Aunque la fusión se materializó en 2020, desde la renuncia de Granizo —hace poco más de dos años— ha habido otros cinco ministros.
Primero fue Humberto Cholango quien estuvo en el cargo casi tres meses, hasta noviembre de 2018. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales entre las que se destaca la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Cholango renunció porque se quería ampliar la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní hacia el campo Ishpingo. Su reemplazo fue Marcelo Mata quien estuvo al mando del Ministerio por ocho meses y a él le siguió Raúl Ledesma, quien duró casi siete meses.
El 4 de marzo de 2020, un año y medio después del decreto, el presidente Lenín Moreno fusionó oficialmente el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, y creó el nuevo Ministerio de Ambiente y Agua. Moreno justificó la resolución argumentando que era necesaria para una “optimización institucional”. Ese mismo día el ministro Ledesma renunció.
Lo reemplazó Juan DeHowitt, quien se convirtió en el primer ministro de la nueva institución. Pero él tampoco estuvo mucho tiempo en el Ministerio, lo dejó después de solo un mes. Y en medio de la pandemia de COVID-19, el presidente Moreno encargó como nuevo ministro de Ambiente y Agua a Paulo Proaño.
Sin embargo, según Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE), los pocos meses que lleva Proaño como encargado de la administración han sido difíciles.
“Ha sido terrible” dice Granda. Y no es el único que opina lo mismo. Tarsicio Granizo, ex ministro de ambiente y actual director país para el World Wildlife Fund (WWF)-Ecuador, dice que en definitiva la fusión no fue una buena decisión. Granizo cuenta que siempre estuvo en contra de una unión de este tipo porque “si bien el agua y el ambiente tienen puntos en común, hay temas que no tienen nada que ver”. Además, el exministro cree que no ha habido una fusión sino una absorción. Granizo explica que si fuera una unión, se hubiera fortalecido el equipo de ambas instituciones para abarcar bien las competencias de ambas sin dejar de lado a ninguna. Pero en lugar de hacer eso, se está despidiendo gente y esperando que hagan el doble de trabajo. Esto, dice Granizo, ha causado un “retroceso de veinte años para el tema ambiental en el país”.
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Guardaparques: los más afectados
Las consecuencias inmediatas de la unión del Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua, la vivieron quienes trabajan por la conservación de las áreas protegidas del país. El 19 de junio de 2020, el nuevo ministerio notificó el cese de funciones de 193 guardaparques, especialistas y jefes de área a través de un memorando. Para justificar los despidos les dijeron que su nombramiento provisional llegó a su fin.
Jéssica Jaramillo, abogada especialista en contratación pública, explica que en Ecuador, un nombramiento provisional es una forma de contratación del Estado que no da estabilidad laboral. Puede terminar cuando quiera porque no tiene límite de duración. Quienes trabajan con un contrato así no tienen seguridad laboral y podrían ser desvinculados fácilmente— y eso fue lo que pasó con los guardaparques.
“Nosotros nos ponemos la camiseta y damos la cara por el Ministerio y no tenemos ni siquiera la tranquilidad de saber que nuestro puesto de trabajo es fijo”, dice Augusto Granda de la AGE. Según Granda, cuando Tarsicio Granizo fue ministro intentó estabilizar los trabajos de los guardaparques para que las áreas protegidas mantuvieran a su personal— que es gente que conoce el área y tiene experiencia—. Pero con el anuncio de la fusión del MAE y Senagua, y la consecuente salida de Granizo, los planes del entonces ministro no pudieron completarse y ahora los guardaparques son los más afectados con la reestructuración que vive el ministerio tras la fusión ordenada por el presidente.
A mediados de junio, cuando se intentó desvincular a 193 guardaparques, el ministro encargado Paulo Proaño dijo que era una noticia falsa y que no se había despedido a nadie, que solo se había cambiado la modalidad de los contratos, de nombramiento provisional a contrato ocasional—. Y en efecto, eso fue lo que sucedió, se cambió la contratación e inicialmente no se separó a ningún guardaparque. Pero si el nombramiento provisional ya no era estable, el contrato ocasional mucho menos, pues no se tiene derecho a indemnizaciones por despidos ni incentivos para jubilación.
La abogada Jaramillo dice que el contrato ocasional es un puesto de trabajo que se establece en función de las necesidades institucionales. Es decir, cuando la “necesidad” termina, también lo hace el contrato. Y no solo eso, otro problema es que con el Plan de Optimización de la Función Ejecutiva ordenado por el presidente Moreno, estos contratos no pueden durar más de un año. Cuando el plazo llegue a su fin, los guardaparques con este nuevo contrato ocasional quedarán automáticamente desvinculados.
El ministro Proaño dijo que “las áreas protegidas son el corazón del patrimonio natural del país y que el Ministerio del Ambiente y Agua jamás las dejaría sin sus guardianes”. Y aunque no se despidió a las 193 personas, algunos guardaparques sí han perdido su trabajo. Según Augusto Granda, con el cambio de contratos, se ejecutó una evaluación de talento humano que resultó en la salida de 10 trabajadores del sistema de áreas protegidas a finales de junio. Y los despidos no terminaron ahí. Granda asegura que a finales de julio y agosto también se desvinculó personal, “unos dos o tres en cada mes”, y ahora —principios de octubre—, salieron 30 más.
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Menos guardaparques, menos conservación
A inicios de junio, según cifras de la Asociación de Guardaparques, había alrededor de 700 trabajadores del Sistema de Áreas Protegidas para cuidar el 20 % del territorio del país. Entonces, dice Augusto Granda, ya era una cifra insuficiente y ahora con los despidos continuos, lo es aún más. “¿Cómo controlas el Parque Nacional Yasuní que tiene un área de más de un millón de hectáreas —casi 2,5 veces la ciudad de Quito— con cuarenta personas?” cuestiona Granda, “y entonces imagínese que le quitan dos personas… es un golpe durísimo”, agrega.
El problema ahora no es que se despidan guardaparques, y que vengan personas nuevas sin experiencia a ocupar el puesto, como ocurrió en junio. El problema es que quienes salieron el 30 de septiembre no dejaron ninguna vacante. Granda cuenta que el memorando que recibieron sus compañeros dice “notificación por supresión de puesto”. En otras palabras, el puesto de trabajo se eliminó.
La abogada Jaramillo asegura que esto se hace cuando el gobierno no tiene presupuesto para pagar ese salario de manera permanente, y que es algo “natural de la reducción del Estado”. Según una respuesta del MAAE a un pedido de información de Mongabay Latam, la decisión de suprimir estos puestos se da precisamente porque “como Ministerio deben ser consecuentes con la situación del país y su política de austeridad”. Lo que no se contempla, sin embargo, es que los recortes de presupuesto en un ministerio que se encarga de la gestión ambiental perjudican, en especial, a la naturaleza.
Augusto Granda cree que despedir personal del Ministerio debilita a la autoridad ambiental y por ende también los esfuerzos de conservación. Granda cree que al gobierno central le hace falta entender por completo que la naturaleza tiene derechos que están en la Constitución y que deben cumplirse. Dice que esa falta de entendimiento es la razón por la que a muchos no les importa que se despidan guardaparques. “No entienden que sin nosotros, sin nuestro trabajo, sería imposible cuidar las áreas protegidas”.
Granizo, que hoy es director país para el WWF-Ecuador, afirma que al reducir el número de guardaparques es inevitable que se reduzca el control de las actividades humanas que ponen en riesgo a la naturaleza. “Todo el mundo ha aprovechado estas circunstancias para hacer lo que les da la gana”, dice. “Es una tragedia”. El biólogo cuenta que se han estado talando manglares, que se quemó el humedal La Segua en la provincia costera de Manabí, y que hasta se está construyendo un hostal en la zona de los cóndores del Antisana. Granizo se pregunta, “si todo esto sucedió antes de los despidos, ¿cómo será ahora con menos personal?”.
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Un futuro incierto
En respuesta a los despidos, el viceministro de Ambiente y Agua, Steven Petersen, renunció a su cargo el 1 de octubre. En su carta expresa su preocupación por la desvinculación de los 398 trabajadores del MAAE. Dice además que, a pesar de estar consciente de las dificultades económicas que atraviesa el Estado, le preocupa que se siga desvinculando gente porque esto provocaría una “total inoperatividad del Ministerio”, lo cual resultaría en la desprotección de los recursos naturales que se supone se deben proteger.
Desde las notificaciones de despido, la Asociación de Guardaparques está esperando respuestas del ministro Paulo Proaño. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no han tenido ninguna. Mongabay Latam pidió un pronunciamiento oficial al Ministerio de Ambiente y Agua pero su respuesta fue que “este proceso de racionalización y optimización del talento humano se llevó a cabo conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Servicio Público”. No recibimos más detalles.
El exministro Tarsicio Granizo dice que el ministro Proaño debe explicar cómo va a cuidar el 20 % del país con un cuerpo de guardaparques reducido a su mínima expresión y opina, además, que los ecuatorianos “nos merecemos una explicación”. Según Granizo, todos tienen derecho a saber “¿cómo se pretende cumplir con la misión y los principios para los que fue creado el Ministerio de Ambiente si no hay gente?”
Ahora, la Asociación de Guardaparques del Ecuador quiere la salida definitiva del ministro Proaño. Granda, quien preside la asociación, cuenta que le están pidiendo al Presidente Lenín Moreno la destitución de Proaño porque, durante el tiempo que ha tenido a su cargo el Ministerio de Ambiente y Agua, no ha tomado acciones para resguardar las áreas protegidas. Al contrario, cuenta Granda, ha debilitado su capacidad técnica y operativa.
El presidente Moreno no se ha pronunciado. Sin embargo, los guardaparques y organizaciones que defienden la naturaleza esperan respuestas pronto. Dicen que esto no es una lucha económica por recuperar un trabajo, sino una lucha por conservar el medioambiente.
*Imagen principal: Los guardaparques son los más afectados con la reestructuración que vive el Ministerio de Ambiente y Agua. Foto: Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE).
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