- Desde abril del 2020, cuatro indígenas cacataibo y dos asháninka de las comunidades ubicadas en el sector de selva entre Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín han sido asesinados.
- Herasmo García Grau, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos Bonsano, de la comunidad nativa Puerto Nuevo, son las primeras víctimas de la ilegalidad en la Amazonía peruana en lo que va del 2021.
- La mayor causa de deforestación en los territorios indígenas de la región Ucayali, según el presidente de la ORAU, son los cultivos ilegales de hoja de coca y el narcotráfico.
Los pueblos indígenas en Perú viven bajo amenaza. El asesinato de dos líderes del pueblo cacataibo en menos de una semana en Perú confirma, una vez más, el peligro que enfrentan cada día los pueblos originarios que viven cercados por el narcotráfico y otras actividades ilegales.
El viernes 26 de febrero, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) confirmó que Herasmo García Grau, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos Bonsano, de la comunidad nativa Puerto Nuevo, ubicadas ambas en el límite entre las regiones de Ucayali y Huánuco, fueron asesinados presuntamente por personas dedicadas al cultivo ilícito de hoja de coca y al narcotráfico.
“Estamos indignados por lo que está pasando. Los indígenas estamos muriendo. Pese a las alertas y advertencias no solo por estos asesinatos recientes, sino por los anteriores que hasta ahora están impunes. Hacemos un llamado para tomar acciones inmediatas. Sabemos que es el narcotráfico, eso no se descarta”, señaló el presidente de ORAU, Berlin Diques a Mongabay Latam.
ORAU informó que el joven cacataibo Herasmo García Grau, de 28 años de edad, primo hermano del jefe de la comunidad nativa de Sinchi Roca, Hugo García, fue secuestrado el 25 de febrero y un día después, encontraron su cadáver con impactos de bala. El joven indígena fue asesinado cruelmente, asegura el presidente de la ORAU, por las señales de tortura halladas en su cuerpo. Las imágenes enviadas por los líderes indígenas confirman la crueldad del crimen.
Líderes indígenas de la zona —que pidieron el anonimato por el peligro que existe en sus territorios— confirmaron a Mongabay Latam que Herasmo García salió el jueves 25 rumbo al monte para cazar, y no regresó más. Un día después su cuerpo fue hallado en un sector de la comunidad nativa Puerto Nuevo, cerca de los caseríos habitados por colonos dedicados al cultivo ilegal de coca que se han establecido dentro de su territorio.
Días antes, el 14 de febrero, otro crimen se registró en la comunidad nativa Puerto Nuevo. El asesinato de Yenes Ríos Bonsano, un joven cacataibo de 27 años, ocurrió en una zona cercana al lugar donde días después fue encontrado Herasmo García. También murió por impactos de bala. Ambos jóvenes eran voluntarios del comité de vigilancia y control forestal en sus comunidades, por lo tanto, estaban comprometidos con la defensa de sus bosques contra la tala ilegal y el narcotráfico.
Las comunidades de Sinchi Roca y Puerto Nuevo son parte de las ocho comunidades ubicadas en el sector ubicado entre las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín que viven bajo amenaza del narcotráfico. Puerto Azul, Yamino, Mariscal Cáceres, Santa Rosa, Sinchi Roca, Puerto Nuevo, Santa Marta y Unipacuyacu son territorios prácticamente tomados por invasores, traficantes de tierras y narcotraficantes.
Desde abril del 2020, cuatro indígenas cacataibo y dos asháninkas han sido asesinados en esta zona, jefes comunales y personas que estaban comprometidas con lograr la titulación de sus terrenos y proteger los bosques de sus comunidades del avance de la ilegalidad.
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Presencia del narcotráfico en las comunidades nativas
“Yo también estoy amenazado y vivo en zozobra. Quizá más adelante me convierta en un número más de estos asesinatos. No solo la pandemia nos está destruyendo, también estamos siendo asesinados por defender nuestro territorio”, agrega el presidente de la ORAU.
Horas antes de conocer los asesinatos de los líderes indígenas, Berlin Diques presentó ante la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali un informe sobre la situación de las comunidades indígenas de la región. Durante su presentación, Diques informó que la mayor causa de deforestación en los territorios indígenas de la región se debía a los cultivos ilegales de coca y al narcotráfico. “Son 42 mil hectáreas deforestadas en el 2020 producto del narcotráfico”, precisó el líder cacataibo.
Los líderes indígenas de las comunidades nativas ubicadas entre las regiones Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín han denunciado, más de una vez, las amenazas que enfrentan por la presencia de cultivos ilícitos de hoja de coca ligados al narcotráfico y las invasiones constantes de sus territorios, donde se instalan personas dedicadas a estas actividades ilícitas que llegan incluso a formar caseríos en tierras nativas. Las comunidades, mientras tanto, siguen esperando por la titulación de sus tierras.
En noviembre de 2019, Mongabay Latam publicó un artículo sobre las invasiones, el avance del narcotráfico y las amenazas constantes contra los indígenas de la comunidad nativa de Puerto Nuevo. En ese momento, los habitantes de la comunidad denunciaron que estas mafias estaban acabando con sus bosques. Tras un recorrido por el territorio indígena, confirmamos la presencia de cultivos ilegales ocultos en medio del bosque. Los líderes indígenas de Puerto Nuevo han hecho reiterados pedidos a las autoridades regionales para que intervengan en esta zona.
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Los crímenes impunes en las comunidades nativas
En el 2020, otros cuatro líderes indígenas de esta triple frontera entre Ucayali, Huánuco y Pasco fueron asesinados. El primer asesinato ocurrió el 12 de abril, cuando en plena cuarentena decretada por el gobierno peruano, debido a la pandemia del COVID-19, mataron al líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, en Huánuco, quien se enfrentaba a invasores que intentaban introducir cultivos ilegales de coca en el territorio indígena, mientras la comunidad seguía esperando por la titulación de su territorio.
Días después, el 26 de abril de 2020 fue asesinado el joven asháninka Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Según ORAU, el joven asháninka había sido víctimas de hostigamiento y amenazas de muerte por parte de invasores de tierra y narcotraficantes. El 17 de mayo de 2020, mataron a Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, ubicada en la triple frontera entre Junín, Pasco y Ucayali. En julio del 2020 también fue asesinado el líder cacataibo Santiago Vega Chota, de la comunidad nativa Sinchi Roca, la misma a la que pertenecía García Grau.
“La situación es muy grave en la zona. Los líderes del pueblo cacataibo están siendo asesinados por personas interesadas en desarrollar actividades ilegales en su territorio y otros líderes son amenazados constantemente por los invasores. Desde el año pasado la situación se ha agravado, lo que da carácter de urgencia a tomar acciones para proteger a pueblos indígenas en la zona y que se consoliden los derechos territoriales de las comunidades”, señala el antropólogo Miguel Macedo, coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión de Bienes Comunes del Instituto del Bien Común (IBC).
Macedo menciona también que es urgente que se reconozcan las solicitudes de titulación de las comunidades indígenas, muchas de las cuales llevan décadas de espera, así como que se categoricen las reservas indígenas en favor de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), y se establezcan mecanismos de protección a los dirigentes y autoridades comunales.
Hace solo un mes, Mongabay Latam publicó un artículo sobre las amenazas constantes que enfrentan los líderes indígenas del pueblo cacataibo. El artículo informaba sobre el riesgo que corrían por lo menos 15 dirigentes indígenas de Huánuco y Ucayali amenazados por los invasores de tierras y narcotraficantes.
A finales de diciembre de 2020, una delegación formada por 13 defensores ambientales amenazados llegó a Lima para presentar sus casos en reuniones con autoridades nacionales de alto nivel. Durante su visita se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, y el entonces ministro del Interior, Rubén Vargas. También con la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, y con la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Flor de María Vega. La comitiva sesionó además con representantes de los viceministerios de Cultura y Ambiente, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
“Ucayali es una zona muy afectada por las amenazas a los defensores ambientales. Este es un tema vinculado a delitos de organizaciones criminales internacionales”, dijo Edgardo Rodriguez, director general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) a Mongabay Latam.
Rodríguez agregó que actualmente hay 25 casos de líderes indígenas amenazados y asesinados en el Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos, que incluye a defensores ambientales. Este registro forma parte del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, aprobado en abril de 2019.
Sin embargo, el funcionario considera que esta cifra solo es la “punta del iceberg” de lo que está sucediendo en las comunidades indígenas. “La situación de riesgo ha explotado en la pandemia. En abril de 2019 teníamos 15 casos y estaban controlados. Ahora tenemos 25 casos de amenazas y muertes, cuyo detonante han sido las organizaciones criminales”.
El funcionario del Minjusdh señala que en noviembre se instaló en Pucallpa una mesa para abordar esta problemática, que involucra a varios sectores como el Ministerio Público, El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional, así como organizaciones civiles e indígenas y empresas privadas. Edgardo Rodríguez también reconoce que, hasta ahora, otorgar garantías personales a quienes están siendo amenazados por las mafias no ha sido suficiente, por lo tanto, señala que se está trabajando, junto con los ministerios de Defensa y del Ambiente, en un mecanismo para hacer más efectiva la protección a los defensores de derechos humanos y derechos ambientales.
“Sin duda es extremadamente preocupante lo que viene ocurriendo en regiones como Ucayali, Amazonas y Madre de Dios. La falta de presencia policial y de fiscalización pone en serio riesgo a las comunidades indígenas y sus líderes frente a las actividades ilegales”, señala Nelly Aedo, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. “Con la actual normatividad es muy poco lo que puede hacer el Minjusdh. Se requiere de manera urgente la aprobación de un mecanismo integral, que vincule a todas las entidades competentes”, agrega.
Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, también considera que el protocolo del Minjusdh es “un instrumento de política pública bien intencionado pero que tiene una serie de limitaciones y no ha cumplido con sus objetivos”. Másquez precisa que el protocolo ha sido concebido para una realidad urbana, por esta razón, no ha servido hasta ahora a los defensores indígenas.
Imagen principal: Pedro Herma en los cultivos de coca de Puerto Nuevo. Foto: Yvette Sierra Praeli.
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