- La primera mujer en presidir el Pueblo Shuar Arutam enfrenta amenazas de muerte por su lucha para evitar que la minería se instale en territorio indígena: “Lo que más me preocupa es que en el rato menos pensado puede haber desalojos o confrontaciones”.
- El Estado ha entregado 165 concesiones a empresas mineras —para explotar cobre, oro y molibdeno—, lo que afecta a 56% del territorio indígena, en la Cordillera del Cóndor, en el suroriente de Ecuador.
- La llegada de Josefina a la presidencia ha revelado el machismo estructural, pero también ha mostrado a una generación que ve en ella una esperanza para que más mujeres lleguen a ocupar espacios de poder.
*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Josefina Tunki es madre, aunque no tiene hijos biológicos. En el 2019 se convirtió en la primera presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) del Ecuador, organización indígena que reúne a cerca de 12 000 personas que habitan en la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país. Desde ese momento, el instinto de protección hacia su pueblo y su territorio reforzó su compromiso vital.
Nunca ordenaría una acción armada, dice con voz firme y segura, pero si los indígenas shuar se tienen que defender de la presión y la violencia de las empresas mineras y del Estado ecuatoriano, ella se pondría al frente para proteger las montañas, los bosques y las cascadas que su pueblo ha habitado y cuidado desde hace siglos.
Tunki dice que no tiene miedo a las armas de policías ni militares. Tampoco a las amenazas de muerte que ha recibido por parte de los mineros. Teme que su pueblo pierda su hogar: “Lo que más me preocupa —confiesa— es que en el rato menos pensado puede haber desalojos o confrontaciones”.
El Estado ecuatoriano ha entregado 165 concesiones mineras que ocupan el 56% de las 230 000 hectáreas de territorio del PSHA, de acuerdo con información de la organización no gubernamental Amazon Watch. A partir de la década de los 90, las concesiones se han dado a las empresas Solaris Resources (Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A., EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá) para explotar cobre, oro y molibdeno.
Los trabajos ya están en etapa de exploración, aunque el PSHA no ha sido consultado sobre si está de acuerdo con que se haga minería a cielo abierto en las cimas de sus montañas. Tampoco quieren ser consultados. Josefina Tunki repite en medios de comunicación, foros y otros espacios: “¡El Pueblo Shuar Arutam ya decidió! ¡No a la minería!”.
Carlos Mazabanda, geógrafo y coordinador de Ecuador para Amazon Watch, explica que en esas montañas nacen muchos afluentes de ríos que, de ser contaminados por la acción minera, provocarían un daño ambiental en cadena. Además, se trata de una zona donde las lluvias son constantes y con alto peligro sísmico. “Esto supone un riesgo para las estructuras de las minas, para el socavón (que se abre para la explotación minera) y las piscinas de desechos”, precisa.
No obstante, el gobierno del exbanquero Guillermo Lasso impulsa la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía ecuatoriana. En los primeros 100 días de su mandato, el presidente firmó los decretos 95 y 151 que formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras.
“Para nosotros, el decreto 151 significa que nuestros territorios están amenazados por la minería a gran escala. Nos damos cuenta de que esto no está bien, ¿a quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Todos en las bases comunitarias deben opinar, pero ni él ni sus asesores ni siquiera conocen nuestras comunidades”, dijo la lideresa del PSHA el 18 de octubre de 2021, durante la presentación de la primera de una serie de demandas que los pueblos y nacionalidades presentarán contra el presidente ecuatoriano con el objetivo de que se eliminen los decretos.