- El exministro de ambiente colombiano, Manuel Rodríguez Becerra, analiza en esta entrevista algunos de los resultados del último reporte entregado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
- La falta de recursos, agudizada por la pandemia, sumado a una falta de conocimiento y expertise aparecen como los grandes obstáculos para que los países de América Latina puedan adaptarse a los efectos del cambio climático.
Más de 270 científicos de 67 países trabajan desde hace 30 años en evaluar los serios impactos del cambio climático en el mundo. Como se temía, las conclusiones del último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no han sido muy alentadoras. “La situación es muy compleja”, dice el exministro de Ambiente colombiano, Manuel Rodríguez Becerra, quien analiza con preocupación el informe presentado el pasado lunes y que se tituló “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”.
Los científicos han señalado claramente que para evitar una catástrofe climática es necesario que la temperatura del planeta no sobrepase los 1,5°C. Sin embargo, aún si logramos mantenernos en esa meta no se eliminarán los riesgos. Más de 3000 millones de personas viven en contextos que son altamente vulnerables a este fenómeno, asegura el informe. Lo preocupante es que aunque en todos los sectores hay planes de adaptación, se identificó que existe una brecha enorme frente a su implementación. En otras palabras, las ideas se están quedando en el papel y, lo que es peor, en ciertos casos las iniciativas de adaptación aumentan la vulnerabilidad al cambio climático.
En esta entrevista, Rodríguez, quien es miembro fundador del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, analiza algunos de los principales problemas que impiden avanzar hacia la mitigación y la adaptación: la falta de presupuesto, el financiamiento por parte de los países desarrollados que no llega, el greenwashing de las principales empresas petroleras del mundo y la deforestación que no se detiene.
En su opinión, ¿cómo han afrontado los países latinoamericanos el cambio climático?
En balance, no lo estamos afrontando. Las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestros países siguen en aumento. En el Acuerdo de París, los países se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Pero si uno mira desde entonces lo que ha pasado, las emisiones han aumentado en todo el mundo y también en América Latina. O sea que en balance las políticas no están siendo exitosas. No es que no se esté haciendo nada. Se está buscando en muchos países incrementar las energías no convencionales, se están construyendo grandes sistemas eólicos y fotovoltaicos, viene todo el tema del automóvil eléctrico, pero simultáneamente se sigue aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿A qué se debe?
Hay un informe supremamente interesante, es el más comprensivo que he leído, y que busca explicar por qué seguimos en una tendencia de aumento de los gases de efecto invernadero. El estudio explora esa pregunta a través de nueve lentes temáticos, que cubren temas de gobernanza climática, la industria de los combustibles fósiles, geopolítica, economía y otros.
Ese informe coincide mucho con otro artículo publicado recientemente por dos universidades japonesas que analiza cuatro de las petroleras más grandes del mundo, ExxonMobil, Shell, Chevron y BP. Durante los últimos 15 años estas empresas han estado izando la bandera de que transitarán hacia un negocio de energías limpias. Ese discurso ha venido acompañado de todo un sistema propagandístico y con informes públicos que indican que van hacia esa dirección. Los investigadores, sin embargo, mostraron cómo las cuatro empresas no están haciendo absolutamente nada, que siguen claramente en su negocio de energías fósiles y que los presupuestos de investigación y desarrollo para transitar hacia un negocio de energías limpias son absolutamente despreciables. Tanto es así, que los investigadores japoneses afirman que es claramente greenwashing.
Si la Shell, Chevrol, ExxonMobil y BP tienen esa irresponsabilidad tan extraordinaria, uno dice: caramba, qué preocupante es que empresas líderes en el mundo estén dando ese ejemplo, cómo todo se juega en la avaricia, en la codicia.
¿Cómo ha avanzado América Latina en adaptación?
La preocupación que me asalta es que los recursos económicos en países como Colombia, Perú, no existen. Después de la pandemia tienen una crisis fiscal del mayor orden. Por consiguiente, pensar que los gobiernos van a asignar recursos nuevos y adicionales, ya sea a la mitigación o ya sea la adaptación, es completamente naif.
Colombia tiene una ley de cambio climático que aprobó el actual Gobierno, el cual tiene una meta muy ambiciosa en el campo de la mitigación de reducir en un 50 % sus gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Y hay una ley de acción climática, pero esa ley no tiene ningún peso. Ahí está la ley, pero ¿dónde están los recursos para poder implementarla? Para adaptarse hay que hacer grandes obras de infraestructura, de restauración de ecosistemas y eso implica inversiones muy sustanciales.
Detener la deforestación, que es otro de los temas para países como Perú y como Colombia, vale millones. No es que los gobiernos de Perú y Colombia no estén de acuerdo en que hay que detener la deforestación, claro que están de acuerdo, pero a la hora de la verdad, estos países tienen más territorio que Estado. Hay una ausencia del Estado muy grande, por ejemplo, en la región amazónica.
¿Mientras tanto, hay medidas que se puedan tomar que no requieran dinero?
Puede haber algunas cuestiones a nivel local, con las comunidades, pero las grandes medidas de adaptación requieren muchos recursos. Por ejemplo, la vulnerabilidad de Cartagena es muy alta (por el aumento del nivel del mar) y existen diagnósticos muy bien elaborados con las medidas que habría que tomar. Algunas de ellas no valen dinero. Por ejemplo, usted prohíbe construir a cierta distancia de la zona de playa —cosa que no se está haciendo, dicho sea de paso—, pero el problema de todas maneras es que hay muchas áreas que ya están construidas que son muy vulnerables. En Cartagena hay poblaciones que han rellenado la parte de manglares para construir. A esas poblaciones hay que reubicarlas y eso cuesta mucho dinero.
El informe hace mucho énfasis en el hecho de que la población en situación de pobreza va a ser la más afectados por el cambio climático si no se toman las medidas de adaptación adecuadas. ¿A qué se debe?
Una de las mayores vulnerabilidades de las poblaciones pobres tiene que ver con el lugar donde se ubican. En ciudades como Bogotá o como Lima hay poblaciones que viven en zonas de alto riesgo, en zonas que nunca debieron haberse urbanizado. Cada vez más hay deslizamientos en las épocas de inviernos y con esos deslizamientos vienen muchas muertes, destrucción de viviendas, etc. Lo mismo ocurre con las poblaciones que están metidas en las cuencas de los ríos. Una buena medida de adaptación implica reubicar a toda esa población. Reubicar significa construir viviendas en lugares urbanizables y ese tipo de medidas implica altísimas inversiones.
Aun así, en las ciudades es mucho lo que se puede hacer. Particularmente en las ciudades ricas o que tienen un producto interno bruto importante como es Lima, Bogotá, Santiago de Chile. Ahí sí hay los presupuestos y muchas veces son los mismos recursos públicos mejor utilizados que permiten propiciar, por ejemplo, más el transporte colectivo y desincentivar el transporte individual.
¿Y en el caso de las poblaciones rurales?
Obviamente la vulnerabilidad de las poblaciones pobres en el campo es de diferente naturaleza. Algunas pueden también estar asentadas en zonas de alto riesgo, pero las cosechas de las poblaciones pobres se pueden ver arruinadas por lluvias torrenciales, por inviernos o sequías muy prolongadas. Los grandes capitales de la agricultura tienen forma de protegerse frente a eso, pero el pequeño agricultor no lo tiene. Y ahí es donde estamos en un tipo de adaptación más compleja porque para algunas zonas seguramente implica desarrollar nuevas tecnologías agrícolas.
Si no hay dinero para poder implementar todo lo que se requiere, ¿cuál es la solución?
Cuando se firmó la Convención de Cambio Climático se estableció un principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que hace referencia no solamente a que los países que más han emitido tienen una responsabilidad proporcional a lo que han sido sus emisiones históricas y actuales, pero que también tienen una responsabilidad de transferir recursos económicos masivos a los países en desarrollo para que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y también mitigarlos. Infortunadamente ese tema está sin resolver. Hay un problema de justicia climática entre los países desarrollados y los países en desarrollo muy severo.
Los países menos desarrollados cómo se van a meter en problemas de mitigación en forma seria cuando tienen necesidades frente a la pobreza y aún cuando ven el ejemplo de estas grandes empresas del mundo incumpliendo con el tema de la mitigación.
En el año 1990 invité a un profesor que tenía la cátedra de política internacional en Oxford para hablar sobre estos temas. Y él hizo una afirmación muy fuerte: el problema con el cambio climático y en general con los problemas globales ambientales es que se requiere una solidaridad internacional en dimensiones extraordinarias que nunca se han conocido en la historia de la humanidad. Nunca ha habido ese tipo de solidaridad. Y yo siempre he recordado lo que él dijo porque veo que eso es lo que está pasando.
¿Por qué restaurar los ecosistemas es una medida de adaptación?
Porque existe una relación entre la biodiversidad y el cambio climático. Este informe es un gran avance en demostrar esa relación.
Los bosques capturan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, si usted incendia un bosque o lo tumba va a generar emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente una parte importante de las emisiones tiene que ver con la destrucción de la selva amazónica.
En la región amazónica existe una de las mayores diversidades biológicas del planeta, pero parte de esa región está evolucionando hacia bosques más secos. Hay un cambio en el ecosistema y se piensa que a partir de cierto umbral comenzaría a sabanizarse. En la medida en que los bosques se degradan por el cambio climático pierden diversidad biológica y por ende pierden resiliencia o capacidad de resistencia frente al cambio climático. Eso a su vez se relaciona con los famosos ríos voladores. El 50 % del vapor que sale de la región amazónica entra a los ríos voladores que en parte originan los sistemas de lluvias de la región andina.
La reciente supersequía que hubo en el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, se aduce también al cambio climático. Al igual que en el caso de la Amazonía, una sequía de esas implica una degradación del ecosistema y por consiguiente una disminución de la biodiversidad. Obviamente al deteriorarse un sistema como el del Pantanal empobrece además toda la pesca en esa ciénaga lo que es gravísimo en término de las poblaciones locales pero también de la economía del país.
El informe advierte sobre los impactos que el cambio climático puede tener en la disponibilidad de alimentos.
Uno de los temas complejos es que la agricultura es un producto de una época climáticamente muy estable. La agricultura se construyó durante 10 000 años en un mundo que había sido como una especie de Edén frente a las épocas geológicas anteriores. Pero esa estabilidad se acabó. Entonces también uno de los temas de adaptación que es complejo, es generar una agricultura que sea resistente a las embestidas de las sequías, de las lluvias torrenciales, etcétera. Eso ya se está haciendo en algunos países.
Sin duda la producción de alimentos del futuro va a depender mucho de que tengamos la capacidad de adaptar los sistemas agrícolas a este punto de clima inestable.
Si las sequías o las inundaciones destruyen los cultivos, ¿eso no se vuelve en algún punto una excusa para deforestar y aumentar la superficie agrícola?
La mayor apertura de tierras en la región amazónica sigue siendo para la ganadería. En Colombia hay 34 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. La misma Federación de Ganaderos establece que hay que transformar la ganadería mediante los denominados sistema silvopastoriles intensivos donde las vacas se crían entre árboles, arbustos y otras gramíneas y también pastos. Ese tipo de transformación aumenta la productividad de la leche y la carne porque aumenta el número de cabezas por hectárea y además es muy favorable a la diversidad biológica porque se establecen unos sistemas de arbustos, vegetación baja y árboles.
Ya se hizo una transformación de unas 150 mil hectáreas con un proyecto piloto del Banco Mundial y el gobierno británico. Los expertos dicen que si se hiciera una transformación muy profunda de la ganadería con estos sistemas silvopastoriles se podría liberar XXX del orden de 12 millones de hectáreas.
Estoy hablando en este caso de una super política de adaptación en la cual usted apunta simultáneamente a enriquecer los ecosistemas desde el punto de vista de la biodiversidad, de la protección de las cuencas, al mismo tiempo que aumenta la productividad y la producción. Se estaría frente a un programa gigantesco de adaptación y mitigación del cambio climático que resuelve también problemas de pobreza porque los campesinos ganaderos que tienen tres vacas y que de pronto pueden tener 10 mejorarían sus ingresos. Hay salidas, pero el punto es que después de ese plan piloto, que se terminó hace cuatro años con mucho éxito, se han transformado 100 mil hectáreas ganaderas hacia este sistema silvopastoril. A ese ritmo nos vamos a demorar 100 años en modificar dos millones y medio de hectáreas, eso no puede ser. En la cuestión ambiental hay muchos proyectos pilotos exitosos, pero por diferentes circunstancias no se llega a la escala requerida.
¿Existen casos en que hay un mal entendimiento de lo que es la adaptación? El gobierno de Chile, por ejemplo, ha tomado algunas medidas para enfrentar la sequía que han sido presentadas como de adaptación. Particularmente la construcción de embalses y reservorios de agua para la agricultura. Sin embargo, ambientalistas han criticado las medidas asegurando que dichas medidas no son de adaptación y que, por el contrario, van en la misma dirección de propiciar un modelo agroexportador que consume mucha agua en una zona cada vez más seca.
El informe hace mucho énfasis en eso. Esa puede ser una medida de adaptación en el sentido de proveer agua a los grandes productores de frutas, pero el mismo informe dice: ‘ojo con las medidas de adaptación que al final tienen un balance neto negativo’. Además, en Chile, hay todo un tema que va muy a contrapelo con la adaptación que es el mercado de agua. El ejemplo que mencionas es la típica medida de adaptación que sirve para un sector, pero cuando ya se mira a nivel regional o nacional es negativo porque le puede estar quitando el agua potable a las poblaciones o a los pequeños productores agrícolas.
Todo lo que estamos hablando implica que los gobiernos nacionales y locales tienen que aumentar su capacidad técnica para entender eso y yo creo que no existe suficiente capacidad. Esa es la impresión que tengo. Se necesita tener equipos técnicos en la política pública que tengan la capacidad de decir: ‘aquí tenemos un vacío de conocimiento. Antes de tomar medidas tenemos que llenar ese vacío porque entonces nos puede pasar que de tomar medidas como locos, sin conocer muy bien los riesgos locales, al final las consecuencias sean negativas’. El gran reto de nuestros países también tiene que ver con eso, tener una agenda de investigación sobre los riesgos, los impactos y la adaptación a nivel local.
¿La guerra en Ucrania desviará la atención sobre este tema?
No cabe duda porque ya los gobiernos europeos y Estados Unidos están asignando recursos a eso. ¿Y de dónde salen esos recursos? Estamos atrapados sin salida en esta coyuntura.
*Imagen principal: Manuel Rodríguez Becerra. Foto: uniandes.edu.co
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