- La ausencia generalizada de los gobiernos de los nueve países amazónicos ha provocado la muerte de líderes indígenas en las zonas donde predomina la violencia, señala el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización vocera de pueblos de nueve países.
José Gregorio Díaz Mirabal recuerda que el río Atabapo, con sus aguas color negro, rodeado de selva y montañas, hace 200 años estaba en territorio indígena. Hoy atraviesa tres países: Colombia, Brasil y Venezuela. “Nos han dividido los Estados, pero nosotros somos una gran familia”, dice el líder indígena wakuenai kurripaco.
Aunque la Amazonía aún es un sitio de escenarios naturales increíbles, agrega Díaz Mirabal, está amenazada por la ambición del ser humano, con sus economías legales o fuera de la ley, pero criminales de igual forma. “Buscan el oro, el petróleo, la riqueza y el poder”, sostiene. “Parece que todos nuestros gobiernos no han podido controlar o monitorear esos territorios fronterizos y, así como la lucha de los pueblos indígenas se ha hecho global, la delincuencia también lo es”.
Díaz Mirabal es el dirigente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización con casi cuatro décadas como vocera de los pueblos indígenas de nueve países amazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam y Guyana Francesa, con la que llevan las demandas de las comunidades a escenarios internacionales.
“Es una realidad muy compleja por la violencia que se vive; los carteles ya son un poder mundial, están en todas partes y han llegado a todos nuestros países de la cuenca amazónica”, asegura. “Creo que se maneja un Estado paralelo con ellos por el poder de fuego, de armas, de dinero y de corromper cualquier estructura; eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo y a nosotros nos ha tocado empezar a convivir con esa realidad”.
Mongabay Latam conversó con Díaz Mirabal sobre los retos y amenazas que enfrentan los nueve países amazónicos, donde se busca una cooperación transfronteriza para la defensa de la naturaleza, de los pueblos indígenas y sus derechos, además de la necesidad de que estos se encuentren en el centro de la toma de decisiones y negociación respecto al cambio climático y extinción de la biodiversidad.
—¿Qué problemas comparten los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué es lo que están detectando desde la Coica?
—Las principales amenazas son el extractivismo y la minería ilegal, que crece cada segundo, sin control, legal o ilegal. Pero también están los monocultivos —como la soya— y la ganadería extensiva, que está sobre todo en Brasil, en Bolivia y en casi todos los países productores de carne que están buscando tierra y deforestando la selva. También el narcotráfico y, por supuesto, la ampliación de la frontera hacia la Amazonía por parte de los gobiernos, para cualquier tipo de proyecto que ellos llaman “de desarrollo”.
Consideramos que, en este momento, la más grave de todas las amenazas es la falta de reconocimiento de los derechos territoriales: no hay titulación suficiente. Hay más de 300 millones de hectáreas por titular. Es una amenaza grave, porque el Estado o las empresas pueden invadir los territorios indígenas en cualquier momento.
Las consecuencias de negarte a un proceso de desarrollo con los Estados y las empresas, al final, terminan en asesinato, persecución y criminalización de los dirigentes, dirigentas o de las organizaciones indígenas.
—¿En qué país amazónico han detectado la mayor dificultad para enfrentar los asedios a los territorios y a los derechos de los pueblos?
—El tema de titulación es transversal en los países. Pero donde hay más conflicto, y en donde están los índices más altos de criminalización y de asesinato en el planeta, son: Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En este momento, por ser los territorios indígenas ricos en agua, petróleo, oro, minerales estratégicos y también en oxígeno, creo que tienen múltiples amenazas.
Vivir en un territorio indígena es una amenaza, a menos que lo vendas y lo entregues para proyectos de desarrollo, para empresas o negocios mixtos con el Estado, para las economías criminales o que están al margen de la ley.
—En Latinoamérica existen numerosos casos de defensores de la tierra que han sido asesinados y también pueblos desplazados por los proyectos extractivos y la violencia; ¿cómo estos hechos están afectando a las comunidades indígenas de la Amazonía?
—Comenzando por Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha hecho leyes para invadir los territorios indígenas, está permitiendo la ganadería extensiva, está permitiendo la minería ilegal, pero con decreto; eso ha causado un altísimo nivel de violencia y destrucción de la naturaleza en la Amazonía brasileña.
Luego estaría Colombia, donde acaban de asesinar a tres líderes indígenas en Putumayo; eso es de cada día y se ve que hay complicidad del gobierno y las Fuerzas Armadas, con los grupos criminales.
Después estaría Perú que, en estos momentos, también está fuertemente atacado por los temas petrolero y minero, que son los grandes causantes de toda esta criminalización.
Y bueno, aquí en Ecuador, últimamente, a pesar de que ha habido amnistías de más de 250 hermanos —la mayoría de ellos por oponerse a proyectos extractivos o proyectos petroleros y mineros—, el mismo gobierno está pidiendo que se revoquen esas amnistías y está promoviendo decretos para el extractivismo.
Entonces, aquí estamos enfrentando un montón de juicios; algunos se han logrado ganar, otros están en espera de respuesta, pero al final el Estado quiere seguir imponiendo esa política extractiva, de intervención de la selva y, sobre todo, de búsqueda de petróleo y minerales.
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—Las amnistías, además de Ecuador, también están ocurriendo en otros países porque la persecución es una constante. ¿Qué está pasando con esos procesos? ¿Cuál es la situación de los líderes que están bajo alguna presión judicial y en qué países sí se está avanzando o logrando que esto cambie?
—Ecuador ha sido el que ha logrado más amnistías en estos últimos años, que superaron los 250. Hay líderes, quizá muy visibles, como Leonidas Iza, Jaime Vargas y Antonio Vargas, que tenían que ver con el levantamiento del 2019 y con la paralización de pozos petroleros y de entidades mineras en movilizaciones grandes. Esos son los más visibles porque han sido noticia mundial, porque el movimiento indígena ecuatoriano es muy fuerte.
En otros países, como Brasil, se está batallando en las cortes. En Colombia hay más asesinatos, pero muchos hermanos siguen en la cárcel. Nosotros vemos con preocupación que las leyes se logran cuando hay movilizaciones fuertes, pero, en otros países, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, siguen los mismos problemas, porque el movimiento indígena está dividido o es poca la población realmente en esos países.
Pero la situación es igual con el tema del extractivismo. Parece que esa es la única solución que tienen los Estados en los países de Suramérica y nosotros estamos planteando que el delito de ecocidio se reconozca, que los Estados puedan ser interpelados, puedan ser monitoreados por la justicia internacional, porque están destruyendo un patrimonio de la humanidad, porque ahora los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también.
—En ese contexto, ¿qué significa ser líder indígena? ¿Cómo es vivir bajo amenazas, criminalización, persecución y ver a otras compañeras y compañeros pasando por este tipo de presiones?
—Ser un líder o lideresa indígena, en este momento, significa muchas cosas. Primero, cuando tú defiendes un río, un territorio, una o varias culturas —como el caso de COICA, que son nueve países, más de 500 pueblos y más de 100 pueblos en aislamiento voluntario y el bosque tropical más grande del planeta— es una responsabilidad muy grande.
Nosotros, básicamente, acompañamos los procesos nacionales, territoriales y vemos cómo compañeros han muerto, han sido asesinados o están en la cárcel, algunos han muerto allí por la violencia que hay. Entonces, tú evalúas por qué están presos si no han asesinado a nadie, no son narcotraficantes, simplemente están defendiendo el territorio, su identidad, su familia, los pueblos, el agua, la montaña y eso parece ser un delito.
Ser dirigente en una zona petrolera o donde hay muchos recursos naturales es una sentencia de muerte o estás condenado a la criminalización si no negocias, si no aceptas las condiciones de las empresas o de los gobiernos. Pero también hay un gran respeto de los pueblos, de los territorios, a todos los dirigentes, hombres y mujeres, que asumen con valentía esta vocería, cuando sabemos que denunciar a una empresa o al gobierno y exigir derechos, consulta previa, la titulación del territorio, es ir en contra de muchos poderes económicos y políticos.
Allí los dirigentes indígenas saben que salen a luchar, pero no saben si regresan. Y eso ha pasado mucho. La región más peligrosa del planeta para defender la biodiversidad, los territorios, las montañas, los ríos y la selva, lamentablemente, es Sudamérica.
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—Usted dijo que el mayor problema de los pueblos indígenas es el tema de titulación, ¿cómo van los pueblos de Sudamérica en ese tema? ¿Este retraso es el centro del avance de las amenazas?
—En este momento, en la cuenca amazónica, nosotros estamos diciendo que, si se quiere garantizar que el cambio climático no supere los niveles del 1.5, —lo planteamos ahora en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) de Ginebra— se tienen que titular, como mínimo, 100 millones de hectáreas. Si se llega a 300 millones de hectáreas sería ideal. Nosotros estamos diciendo esto desde hace casi 15 o 20 años. Se ha avanzado muy poco, porque todos los estudios científicos dicen que los territorios indígenas son los mejor conservados porque estamos allí, pero muchos de ellos no tienen garantía de titulación, entonces, en cualquier momento, el Estado o las empresas pueden intervenir porque no hay una garantía legal del territorio.
Es una gran contradicción porque en la Conferencia Mundial de Cambio Climático y de Biodiversidad, el discurso de los Estados, es que van a proteger, van a luchar contra el cambio climático, pero en realidad son los primeros que promueven la deforestación y lo hacen a través de decretos, de leyes, muchas de ellas desconociendo los derechos de los pueblos indígenas.
Si eso no se resuelve, la deforestación va a seguir creciendo, la extinción de la biodiversidad va a seguir aumentando cada día, habrá más fenómenos climáticos y, por supuesto, no va a haber mucho alimento ni agua potable suficiente si los territorios conservados —ya sean áreas protegidas o territorios indígenas— siguen siendo forzados a ser áreas de destrucción por el extractivismo o cualquier otra actividad económica que promueva la deforestación.
—El año pasado, durante la COP26, precisamente se dijo que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza. En el caso de los países amazónicos, ¿qué debe suceder para que sus propuestas sean escuchadas, ejecutadas y que los recursos verdaderamente lleguen a los territorios?
—En Glasgow se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento todavía no tiene un mecanismo sobre cómo esos recursos bajarán a los pueblos. Hasta el momento, se mantiene esto de que el 1 % llega a los territorios indígenas y el 99 % se queda en consultorías, en burocracia gubernamental y en mantenimiento de nómina de las grandes ONG mundiales. Recientemente, volvimos a tener una reunión con los donantes de ese 1.7 y hemos exigido un mecanismo.
El problema es la burocracia. Nosotros estamos tratando, realmente exigiendo, que confíen en los pueblos indígenas y que busquen un mecanismo directo, porque realmente no hay mucho tiempo y ese dinero serviría para parar un poco la deforestación en los territorios.
—¿Cómo ha servido contar con la COICA como una organización política para defender todas estas causas de los pueblos indígenas amazónicos? ¿En qué medida están siendo escuchados y atendidos por los diferentes gobiernos de los nueve países amazónicos?
—En Sudamérica no existe una organización del nivel de la COICA. Hemos tratado de asumir con responsabilidad la vocería internacional y también hemos tenido un impacto global porque, al unirnos con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa. Es increíble: no podemos hablar aquí en Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales.
Estamos buscando esos diálogos con los gobiernos para ver si cumplen lo que prometen a nivel internacional. Estamos haciendo ese esfuerzo, vamos a estar los nueve países presentes, las organizaciones de COICA, para buscar un plan de acción, porque son muchas promesas, pero las acciones tardan demasiado.
Si no participamos en la gobernanza climática y de biodiversidad —porque tenemos propuestas probadas milenariamente— si no somos el centro de la toma decisión, de la participación, ejecución, planificación y la implementación de un plan, seguiremos en ese camino que estamos viendo y que parece que es de guerra, de que se destruyan el agua potable, la biodiversidad y la vida. Viene una crisis alimentaria fuerte si no se toman esas decisiones. Somos parte de la solución de esta crisis mundial y eso tiene que reflejarse en una acción, en una coordinación con los Estados que son responsables de eso.
—A pesar de esto, ¿usted piensa que se ha avanzado en los últimos años?
—Nosotros hemos avanzado con mucho dolor. La pandemia se llevó a muchos hermanos, cuando el Estado pudo actuar mucho mejor y no llegó a los territorios indígenas como debió hacerlo. También por el índice de asesinatos de hermanos en las cárceles. A pesar de todo eso, a pesar del dolor y que tengamos que estar en las calles —porque los mejores logros se han hecho en la calle y no porque el Estado ha regalado el derecho— nosotros creemos que las organizaciones son quienes están luchando en los territorios. Todas las organizaciones que están en los países defendiendo derechos, son necesarias, son clave para la vida de los pueblos indígenas.
Tenemos voz, tenemos derecho, eso es cierto; pero se ha logrado con mucho dolor, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente todavía, necesitamos que nuestros derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones.
—¿Qué fue lo más fuerte y lo que más ha marcado a los pueblos indígenas durante la pandemia?
—La pandemia fue algo que nadie se esperaba. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que alertar a los territorios y, con sus guardias indígenas, cerrar las comunidades. Darnos cuenta que no había medicamentos, que no había puestos de salud, ni siquiera había escuelas. La pandemia agarró a las comunidades en total abandono por su situación geográfica y, bueno, terminó la pandemia y muchas veces no llegaron los gobiernos.
Nosotros hicimos un plan de emergencia y logramos conseguir oxígeno, alimento, medicamento, y se hizo un esfuerzo grande por llegar a las comunidades a las que no llegó el Estado. Pero lo más duro fue ver a los compañeros morir, contagiarse y que, igual que todas las familias en el mundo, perdieran a sus seres queridos. A nosotros también nos pasó eso.
—¿Qué significa para usted la palabra territorio?
—El territorio es la casa, la maloca, la chacra, el agua, es la vida. Si quiere destruir a los pueblos indígenas, quítele el territorio, porque ya dejarían de ser indígenas. Serían mendigos en las ciudades. El territorio es la vida, es tu farmacia, es tu escuela, es tu sitio de entretenimiento, de sanación, es tu sitio espiritual, de fiesta también. Lo tienes todo allí y no necesitas salir.
Pero tenemos la maldición de siempre, desde que llegaron los españoles. Antes querían oro, ahora quieren petróleo, minerales estratégicos, y nunca ven al territorio como agua, como alimento, como espíritu y como ser vivo, sino como un negocio. Siempre ha sido así y nosotros somos los incomprendidos. Nosotros somos unos seres extraños que no queremos explotar a la naturaleza, sino que queremos convivir con ella siempre, histórica y milenariamente. Nadie entiende que nosotros dormimos encima de tanta riqueza y nosotros queremos seguir viviendo como siempre.
*Imagen principal: José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena wakuenai kurripaco. Foto: COICA
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