- Una carta abierta, firmada por ambientalistas, científicos y defensores de derechos humanos de todo el mundo, exigió la inclusión clara de los derechos humanos en el incipiente objetivo global de biodiversidad para conservar el 30 % de las tierras y de los océanos para 2030 (30×30).
- Los signatarios temen que la expansión de áreas marinas protegidas exclusivas lleve a negarles el acceso a la pesca a aquellos pescadores a pequeña escala que dependen de esta para su sustento y participan del uso sustentable de los recursos marinos.
- Mongabay habló con Vivienne Solís Rivera, representante de CoopeSoliDar, organización de derechos humanos y conservación con sede en Costa Rica, sobre la carta abierta y sobre los derechos de los pescadores a pequeña escala.
Según los ambientalistas, los derechos humanos de los pescadores a pequeña escala deben incluirse en el objetivo global de conservación para proteger el 30 % de las tierras y océanos del Planeta para 2030. De lo contrario, el objetivo propuesto fracasará y se pondrá en peligro el sustento de los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL) de todo el mundo.
Este es el mensaje urgente que se planteó en una nueva carta abierta dirigida a legisladores que se reunieron en Ginebra, durante el mes de marzo, para finalizar el Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020 (MMB), y que también se presentó en la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU (CDB), COP15, que se realizó en China en abril pasado.
La carta abierta (creada por la organización de conservación marina Blue Ventures y firmada por pescadores, agricultores, conservacionistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y científicos de todo el mundo) hace referencia explícita a la Meta 3 del Marco, conocida como 30×30. Dicha meta ha sido elogiada en el ámbito internacional como un objetivo ambicioso para proteger el 30 % de tierras y océanos para el 2030, al tiempo que el mundo enfrenta una crisis de biodiversidad y la extinción masiva de especies.
Pero los autores de la carta abierta señalan que la sola creación de más áreas conservadas sin inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales es una estrategia errónea. Sobre todo, porque muy a menudo, las áreas protegidas causan el desplazamiento de las personas en nombre de la conservación de la naturaleza.
En el caso de los pescadores a pequeña escala (que son más de cien millones y forman el grupo más grande de usuarios de los océanos en el Planeta), esto lleva a impedirles el acceso a zonas de pesca en nombre del desarrollo costero, las iniciativas de conservación o el manejo de las pesquerías. Los pescadores a pequeña escala dependen del acceso al océano para su sustento, pero también compiten con flotas industriales que pueden amenazar la salud de los océanos por la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la contaminación del agua, según sostienen los científicos.
Sin embargo, existen casos de saqueos a gran escala o de uso no sustentable de los recursos marinos por parte de pescadores a pequeña escala (lo que provoca el colapso de pesquerías, como se vio en el comercio de pepinos de mar en Palau). Esto ocurre principalmente en comunidades pobres, que buscan aumentar sus ingresos y su competitividad en el comercio mundial de frutos de mar.
Según la carta, el desplazamiento o el acceso denegado impide que los pueblos indígenas y comunidades locales realicen sus propios métodos tradicionales de manejo de las tierras y de los océanos, que pueden ser más efectivos en preservar la naturaleza que los planes de conservación del gobierno, según algunos estudios. Al menos el 42 % de las tierras en condiciones ecológicas saludables del mundo son manejadas por pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo con los firmantes de la misiva.
“Para muchos pueblos indígenas y comunidades locales, la conservación sigue siendo una práctica elitista, que enfrenta a las personas con la naturaleza”, se plantea en el documento.
John Knox, profesor de derecho en la Universidad Wake Forest y antiguo relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medioambiente, no firmó la carta, pero desde hace tiempo que defiende la necesidad de incluir los derechos humanos en los planes de conservación.
Sostiene que las iniciativas pasadas que no lo han hecho, incluidas las Metas de Aichi para la Biodiversidad de 2010, fueron consideradas un fracaso total.
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“Una cosa es trazar una línea en un mapa y decir: ‘Bueno, ahora esta es un área protegida’. Algo muy distinto es protegerla realmente —comentó Knox a Mongabay—. ¿Cómo se hace eso? La mejor forma desde el punto de vista tanto de la conservación como de los derechos humanos es trabajar con las personas que ya están viviendo en la zona”.
Para profundizar sobre 30×30 y sobre lo que esto significa para las comunidades pesqueras, Mongabay habló con Vivienne Solís Rivera, representante de CoopeSoliDar, organización de derechos humanos y conservación con sede en Costa Rica, y miembro del Consorcio ICCA, una de las signatarias de la carta.
—El Consorcio ICCA, del que forma parte, y unas 70 organizaciones más firmaron una carta dirigida a los signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU (CDB), en referencia a los derechos humanos en la meta 30×30. ¿Qué intentan conseguir con esta carta?
—El debate principal [respecto de la meta 30×30] es que, si se consideran todos los esfuerzos que los pueblos indígenas y comunidades locales ya están haciendo para la conservación marina o la conservación de la biodiversidad del planeta en general, ya alcanzaríamos más del 30 % del objetivo de conservación. Por ejemplo, en marzo pasado, las comunidades indígenas de la Amazonía informaron que cerca del 80 % de su territorio ya está reservado y conservado.
La cuestión aquí es si los gobiernos están listos para reconocer que la conservación no sólo proviene de la gestión pública, sino que también puede provenir de los esfuerzos indígenas o de una comunidad. El CDB no ha aceptado del todo estos modelos de gestión diferentes. No es algo nuevo. En el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas, el CDB ha reconocido [de alguna manera] la diversidad de los modelos de gestión, por ejemplo, aquellos donde el Estado y las comunidades pueden trabajar juntos. O reconoció el modelo llevado adelante por los pueblos indígenas, como los Territorios de Vida (similares a las ICCA). Pero lo que queremos ratificar es que los derechos de propiedad, acceso y participación sean ejercidos e implementados por las comunidades a fin de llevar a cabo una verdadera conservación. Pero no vemos que esto suceda.
Por ejemplo, en Costa Rica, los pescadores a pequeña escala han desarrollado áreas marinas de pesca responsable, cuya gestión es compartida entre las comunidades y el gobierno. Pero no son aceptadas como conservación. Son aceptadas como algo proveniente del ministerio o del instituto de pesca. El problema es que las comunidades pesqueras a pequeña escala (ya sean indígenas, locales o afrodescendientes) y las recolectoras de moluscos ya están ocupándose de más del 30 % de territorios conservados.
Además, 8 de cada 10 pescadores a pequeña escala y recolectores de moluscos de Costa Rica son pescadores informales. Esto significa que el gobierno no ha brindado derechos de acceso para esta tradicional forma de vida. En este caso, ¿cómo nos aseguraremos de que cumplan con los esfuerzos de conservación marina si estas personas no tienen su derecho de acceso?
—Si la meta 30×30 sigue adelante como está redactada en la actualidad, ¿cómo impactará en los derechos de pesca de las comunidades indígenas y costeras?
— Les contaré nuestro propio ejemplo. Hace muy poco, Costa Rica aumentó su territorio marino hasta la frontera con Colombia, Ecuador y Panamá, y lo consideró una gran área protegida. Entonces, los grandes buques que sí tienen derechos [de pesca] y más equipos que los pescadores a pequeña escala se desplazarán hacia la costa, ya que no pueden continuar pescando en alta mar. Esto provocará un conflicto importante con los pescadores a pequeña escala, ya que la mayoría pesca cerca de la costa y no tiene derechos de pesca. Entonces, serán desplazados por esas otras flotas, lo que causará graves problemas. Si la meta 30×30 no reconoce los derechos de estas comunidades, veremos conflictos similares [entre grandes flotas y pescadores a pequeña escala] en unos años.
La situación es aún más difícil para las comunidades indígenas que quedarán dentro de áreas de conservación, porque habrá una superposición [de manejo entre el gobierno y las comunidades]. ¿Quién tomará las decisiones en esos territorios? Por tanto, aun si se declaran como OMEC [Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas], ¿cómo garantizaremos que se mantendrán los derechos de autonomía y de soberanía de los pueblos indígenas y de las comunidades locales?
Este tema es muy interesante porque no se trata de no querer que exista la conservación, sino de querer saber cómo se dará exactamente la conservación marina.
Estamos especialmente preocupados por los países donde no se ha logrado el consentimiento libre, previo e informado. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, esto no se hizo: el aumento en el tamaño del área protegida no se discutió adecuadamente con las comunidades pesqueras.
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También estamos luchando por mantener la idea de la pesca sustentable y del uso sustentable de los recursos marinos. La justicia social tiene que estar en el centro de la conservación; se debe valorar claramente a las personas que ya están brindando conocimientos tradicionales y esfuerzos para la conservación de los recursos marinos. Sinceramente, creemos que los pueblos indígenas y comunidades locales han sido los guardianes de la mayoría de los recursos del mar, y los gobiernos deberían [aceptarlo].
La carta abierta abordó estos temas clave, como los derechos de tenencia. Si no se cuenta con derechos de tenencia, es imposible que se pueda desarrollar estrategias para un uso sustentable porque no se puede hacer nada en esas tierras. Tenemos comunidades pesqueras a pequeña escala en Costa Rica que viven en tierras del gobierno, donde ni siquiera pueden criar una gallina ni plantar lechuga. Por lo tanto, están en una situación difícil con respecto a los derechos humanos. Y este es el tipo de lenguaje que nos gustaría ver en la Meta 3.
También tenemos claro que los derechos no son negociables, que todos los tenemos. Debemos asegurarnos de que, cuando hablamos de la conservación de recursos marinos, también implementemos esos derechos y nos aseguremos de que las comunidades los ejerzan.
—El área marina protegida a la que se refirió, ¿es el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que fue elogiado internacionalmente en noviembre pasado?
—Sí, ese es. Impactará gravemente en los pescadores a pequeña escala en Costa Rica, en la costa del Pacífico, y debemos investigarlo. Y esto se hizo en un momento en el que aún no se había aprobado la 30×30. El problema no es que hayan aumentado [el área protegida] —es genial que la hayan aumentado—, sino que lo hicieron sin establecer resguardos para los pescadores a pequeña escala vulnerables ni evitar conflictos con las flotas.
Ahora, en un país como Costa Rica, se puede obtener una licencia de pesca deportiva en un instante; incluso se puede obtener en línea. Pero un pescador indígena o de una comunidad local que ha vivido en esos territorios [toda su vida] no puede tener una licencia para la pesca a pequeña escala. Un pescador a pequeña escala participa en una actividad diversa y menos dañina para el medioambiente, pero un pescador deportivo puede obtener una licencia en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, estamos en esta extraña situación injusta en la que seguimos metiéndonos, donde se excluye aún más el acceso a los recursos marinos para los pescadores a pequeña escala.
–La carta abierta establece que las comunidades indígenas y locales deberían poder decidir si quieren que sus tierras se incluyan en la meta de conservación 30×30. ¿Esto implica que ellos son mejores en materia de conservación que las políticas gubernamentales o las internacionales?
—Creo que, en la actualidad, las comunidades indígenas y locales han tenido mucho éxito en sus esfuerzos de conservación. Por ejemplo, en Costa Rica, una cooperativa de mujeres recolectoras de moluscos se ofreció a mostrar cómo el conocimiento tradicional puede restaurar los moluscos en los humedales más altos de Costa Rica. Sin embargo, el gobierno se negó y afirmó que se necesitan científicos para comenzar a hacer el trabajo. Entonces, en la sociedad y en el gobierno, a veces debemos ser humildes respecto de nuestro conocimiento y utilizar aquel que incluye a las personas y comunidades que han administrado esos recursos durante generaciones.
La conservación no la pueden hacer sólo los gobiernos y, en un país como Costa Rica, es un mal negocio pelear con pescadores a pequeña escala que podrían apoyar los esfuerzos de conservación y están tomando decisiones todos los días sobre qué pescar, dónde pescar y cómo pescar.
Chile dio tres grandes ejemplos de cómo ha mantenido el interés de sus comunidades en la conservación marina. En Filipinas, hay muchas áreas marinas administradas localmente. Las áreas marinas de pesca responsable en Costa Rica son [uno de] los únicos ejemplos de gestión compartida de territorios marinos.
Sin embargo, algunas personas en los debates sobre conservación dicen que estas áreas son demasiado pequeñas, pero no hay un “área pequeña”. Estas son personas que intentan mantener la seguridad alimentaria. Entonces, no importa si es un área grande o pequeña: el problema es si realmente implementaremos lo necesario para mantener esos recursos a largo plazo. ¿Apoyaremos el uso sustentable? Y, por lo que vemos, por alguna razón, los países están muy contentos con aumentar el tamaño [de las áreas de conservación], pero no con hacer las preguntas correctas.
—¿Qué movilizaciones o protestas están en marcha en América Latina para asegurar los derechos de los pescadores a pequeña escala en el Marco Mundial de Biodiversidad?
—Los grupos de la sociedad civil que venimos impulsando el enfoque basado en los derechos humanos en la conservación, hemos visto un fuerte deterioro en la participación de estos grupos en la toma de decisiones durante la pandemia de la COVID-19 y sus restricciones. Ha sido muy duro. Por ejemplo, aunque hemos mantenido comunicación con algunas de las organizaciones de pescadores a pequeña escala de Costa Rica y de Centroamérica, hemos tenido que fortalecer su capacidad organizativa porque es muy difícil para estas comunidades asistir a una reunión virtual o a un espacio virtual de toma de decisiones.
Esto se debe a que no tienen computadoras, sino que suelen tener teléfonos. Ha sido muy difícil enseñarles cómo conectarse a todo este espacio virtual sin tener una reunión o capacitación presencial. Entonces, tenemos un eslabón roto. Un verdadero eslabón roto. Las personas con las que trabajamos en la red de áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos deben hablar por sí mismas.
* Imagen principal: Pescador vezo que acaba de arponear un pulpo. Detrás de él, el agua se decolora por la tinta que el pulpo soltó para tratar de protegerse. Foto © Garth Cripps / Blue Ventures
Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/03/marine-conservation-talks-must-include-human-rights-qa-with-biologist-vivienne-solis-rivera/
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