- El paro nacional convocado por los pueblos indígenas de Ecuador inició el pasado 13 de junio. Con el pasar de los días, y la detención del líder indígena Leonidas Iza, se han intensificado las protestas.
- Mientras que el presidente Guillermo Lasso habla de apertura al diálogo, también insiste en el uso progresivo de la fuerza. Por su parte, Iza asegura que no dialogarán hasta que el gobierno se pronuncie sobre las 10 peticiones que tienen los manifestantes. Mongabay Latam habló con el abogado y analista político Pedro Donoso sobre la fuerte tensión social y lo que podría pasar si no hay un pronto diálogo.
Desde el pasado 13 de junio el presidente Guillermo Lasso enfrenta su primer paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pocos días después de haber completado su primer año de gobierno. La noche antes de que iniciaran las manifestaciones, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, aseguró que “luego de dialogar un año y al no ser escuchados, convocamos no solo a las organizaciones, sino también a los ciudadanos de a pie”.
Los manifestantes suscribieron un documento que incluye 10 demandas para el gobierno, entre ellas, solicitar la reducción del precio de los combustibles, alivio económico para las deudas de las familias, precios justos en los productos del campo, políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y una moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, así como la derogatoria de los decretos 95 y 151. También exigen el respeto a 21 derechos colectivos, entre los que resaltan la consulta previa, libre e informada y la autodeterminación de pueblos indígenas.
El 14 de junio, la Policía detuvo a Leonidas Iza. El conflicto creció y nuevos grupos sociales se unieron a un paro indefinido que parece no tener una salida a la vista.
Mongabay Latam conversó con Pedro Donoso, abogado, analista político y director de la consultora Icare, sobre la escalada del conflicto, las peticiones de los pueblos indígenas y el panorama que le espera al país.
Lee más | Panamá, una bandera de conveniencia para la pesca ilegal y el descontrol en altamar
—¿Cómo fue que se llegó a este paro que ya casi completa una semana? ¿Qué lo motivó?
—La pregunta que usted me hace es súper importante porque el Ecuador es un país bastante limitado en procesar los conflictos. Nunca entendemos qué es lo que sucede y en el debate político y social del país se suele creer que los problemas aparecen de la nada. Yo siempre repito que el Ecuador es un país de sucesos más que de procesos. Este conflicto lleva muchísimo tiempo, empezando porque en octubre de 2019 hubo fuertes manifestaciones indígenas en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles y el paro terminó pero como sociedad no se procesó ni se entendió qué fue lo que pasó en octubre.
Nos quedamos siempre con la narrativa polarizada: que el movimiento indígena vino y destruyó Quito o que la Policía lo único que hizo fue violar derechos humanos, pero no ha habido oportunidad de tener un análisis mucho más profundo. Lo que sucede ahora es similar, hay problemas que se ven evidenciados en indicadores. Por ejemplo, una tasa de empleo pleno de solo el 30 % o un reciente estudio de la FAO que habla de 3.2 millones de ecuatorianos que no pueden cubrir una dieta saludable. Además, en Ecuador hay un alto pesimismo, hay una alta desconfianza en el Estado y hay una alta desconfianza entre los ciudadanos. Perfiles de Opinión, que es una encuestadora ecuatoriana, en su última encuesta nos dice que 9 de cada 10 ecuatorianos se perciben pesimistas del presente y solo uno de cada 10 responde que confía en el Estado. Eso último es grave porque, cuando no confías en el Estado, sabes que el Estado no va a resolver tus necesidades básicas, además que no lo reconoces como autoridad, y de ahí las tensiones sociales. Ahora, el resultado de toda esta situación se exacerba porque el gobierno no ha tenido la capacidad de entender y ha renunciado a administrar las tensiones sociales.
—La agenda de la CONAIE plantea 10 exigencias para el gobierno, las cuales se conocen desde el lunes 13 de junio cuando iniciaron las protestas, ¿qué tan viable es para el gobierno cumplir con esas peticiones?
—Después de la detención de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, el gobierno empezó a tratar de atender algunos de los puntos, aunque no lo ha manifestado explícitamente. Por ejemplo, en lo que se refiere al control de precios de los productos, el presidente de la República ha ordenado a los intendentes de cada una de las provincias que controlen los precios. Pero hay otras peticiones como combatir la inseguridad que así tú digas: ‘voy a empezar a combatir la inseguridad mañana’, es un problema estructural, que no da resultados a corto plazo. Finalmente, la discusión no creo que gire alrededor de esos 10 pedidos, sino en cómo sacar el conflicto de la calle y llevarlo a los cauces institucionales, convocar un diálogo.
—Una de las 10 peticiones de la CONAIE tiene que ver con el respeto del derecho a la consulta previa, libre e informada, el cual, según dicen, suele ser constantemente vulnerado. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas cuando llega el momento de decidir si quieren o no un proyecto en su territorio?
—Ese es un conflicto que ni este gobierno ni los anteriores han logrado procesar. Para mucha gente es complicado entender qué significa la consulta previa pero, sobre todo, qué herramientas se pueden utilizar desde la política pública. En Ecuador no hay un instrumento que aterrice lo que se entiende por consulta previa y cómo debe tramitarse, no hay un plan ni un proyecto. Eso, sin duda, dificulta su aplicación.
No sé si este gobierno tendrá la voluntad política de crear una ley, porque los gobiernos de Moreno y de Correa no la tuvieron. Lo que sí es muy claro es que hay una gran dificultad en la aplicación del derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa.
—Una de las peticiones más complejas tiene que ver con la derogación de los decretos 95 y 151 que buscan la expansión de las actividades petrolera y minera, así como una moratoria a la ampliación de esa frontera extractiva. ¿Puede el gobierno negociar este tema con los pueblos indígenas?
—Eso es algo muy difícil de cumplir para el gobierno porque en este momento aún es muy difícil mejorar el bienestar social si se renuncia a la explotación de recursos naturales, o por lo menos en el Ecuador ningún estamento ha planteado una alternativa. Hay un proyecto que se llama Cuencas Sagradas, de la Fundación Pachamama, que es muy interesante porque está trabajando en eso: ¿Cuál es finalmente la alternativa económica y social para salir del extractivismo de manera plausible? ¿Cómo yo genero empleo desde la conservación y, finalmente, desde la renuncia a la explotación petrolera y minera? Pero desde el Estado no se ha planteado finalmente una alternativa.
También hay una cosa que es bastante interesante y es que ningún estamento social en Ecuador ha entendido que el país necesita resignificar conceptos. Nosotros seguimos jugando con los conceptos que nos dejó el correísmo, con los cuales podemos estar de acuerdo o no, pero que quizás ya no tienen vigencia en este Ecuador que ha mutado tanto porque ha sido transversalizado por una pandemia y una crisis profunda económica, social y política. En el Ecuador, el 60 % de las autoridades de control están encargadas, no hay titulares. Veo complejo cumplir con ese punto, pero eso no quiere decir que se deba renunciar al diálogo como válvula de escape para sacar el conflicto de la calle.
—El presidente Lasso ha hablado de generar diálogos y que el gobierno está dispuesto a conversar. ¿Se han propiciado los espacios para hacerlo?
—El problema finalmente es que ni este gobierno, ni el de Moreno, ni el de Correa entienden que el diálogo no es un fin sino un medio. Cuando planteas un diálogo sin metodologías, sin cronogramas y sin entendimiento de que tiene que tener resultados, el diálogo se queda en una foto y un titular.
Un segundo elemento es que cuando tú estás en una alta y tensa relación política, si alguna de las partes convoca al diálogo siempre va a haber una acción de deslegitimación del otro. Por lo tanto, ese diálogo no puede convocarlo el Ejecutivo, tiene que convocarlo un tercero neutral que establezca metodología del diálogo, que establezca cuáles son los resultados y un plazo. El diálogo tiene que ser una herramienta medible, cuantitativa y cualitativamente, no puede ser solo un llamado político para bajar las tensiones porque finalmente eso va a ser un fracaso. Entonces, el presidente hizo un llamado el jueves 16 de junio pero, por ejemplo, el viernes el Ministerio de Gobierno convocó a una comunidad que finalmente no representa a la CONAIE y esta última ahora está diciendo: ‘Con los que ustedes están conversando no son parte nuestra’. También hay poco entendimiento de con quién finalmente se convoca el diálogo.
—Después de las declaraciones del presidente Lasso, en las que dijo que el gobierno está abierto al diálogo pero que también iba a hacer uso progresivo de la fuerza, la CONAIE dijo que no dialogará si el Ejecutivo no atiende las demandas del movimiento indígena. ¿Qué escenario le espera a Ecuador con estas dos posturas?
—Yo creo que si no hay un estamento social que arme la mesa de diálogo y presione a las partes para dialogar, la escalada de violencia se va a mantener. Y aquí hay un tema interesante porque a ninguno de los actores les conviene que el conflicto se mantenga. A la CONAIE no le conviene porque no tiene el músculo financiero para mantener a comunidades en las calles por un largo periodo y es complicado porque esas comunidades tienen que trabajar, tienen que comer y mantenerlas lejos de sus actividades cotidianas cuesta muchísimo dinero. Al gobierno evidentemente tampoco le conviene que el conflicto se mantenga en el tiempo porque además, por ley, está llamado a administrar el caos. Ahora, también creo que Leonidas Iza se equivocó en el mensaje que dio el viernes en la mañana porque acusa al Ejecutivo de mantener el orden y aplicar el uso progresivo de la fuerza; cuando lo que no tiene autorizado es a reprimir, que son dos cosas distintas. Mientras no haya un estamento o un tercero que pueda armar las condiciones del diálogo, creo que no hay una salida pronta al conflicto.
—¿Cree que la tensión política se relajará si se negocian los 10 puntos que plantea la CONAIE?
—El tema se va a tener que ampliar porque el problema del Ecuador es mucho más profundo. Todos los estamentos socioeconómicos y políticos del país están viviendo una crisis, también la vive el empresariado y la ciudadanía en general con niveles de inseguridad brutales. Por ejemplo, en la zona ocho, que comprende tres cantones de la provincia del Guayas, se mata a una persona cada tres horas, es decir, hemos llegado a unos niveles de violencia inusitados. La situación de la niñez también es bastante grave, el diario La Hora publicaba que a mediados del 2021 se aumentó en un 102 % el recibimiento de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida. El tejido social del Ecuador está roto y el tejido social no se reparará respondiendo solamente a 10 puntos. Hay que entender la crisis en su profundidad y creo que hay que ampliar el diagnóstico de la situación.
*Imagen principal: Luego de la detención de Leonidas Iza se intensificaron las protestas en Ecuador. Foto: Cortesía Ecuador Chequea.
———–
Videos | Violencia y disputas sobre las tierras ancestrales: una mirada a los pueblos indígenas
Si quieres conocer más sobre la situación ambiental en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos.
Si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Facebook | El paro nacional de Ecuador se intensifica y crece el descontento indígena
Créditos
