- En la zona cañera del municipio de Othón P. Blanco se refleja el resultado de décadas de políticas gubernamentales que han privilegiado a la agricultura y a la ganadería por encima de selvas y bosques.
- A partir de la década de los setenta, el gobierno federal impulsó el cultivo de caña en la región. Ahí se instaló el ingenio azucarero que hasta hoy marca la vida en la zona sur de Quintana Roo. Si bien muchos cañaverales se establecieron desde la década de los ochenta, este monocultivo no ha dejado de sumar hectáreas dentro y fuera de la zona cañera.
- En todo el municipio de Othón P. Blanco, desde 2010, 75 mil 364 hectáreas se quedaron sin cobertura arbórea, lo que equivale a 109 veces la superficie del bosque de Chapultepec, localizado en la Ciudad de México.
José Jesús Pérez Castro camina sobre la orilla de la parcela de caña de azúcar ya quemada, lista para ser cortada. Mayo está por terminar. No hay árboles que den sombra para menguar el calor que sobrepasa los 30 grados centígrados. El orgulloso productor de caña lleva sombrero, gafas oscuras y una impecable playera gris tipo polo. Pide a tres cortadores posar para la fotografía; ellos, cubiertos de tizne y con miradas de desconcierto, acceden.
El campo de cultivo de Pérez Castro se encuentra en Sergio Butrón Casas, uno de los 15 ejidos que integran la llamada “zona cañera”, un territorio localizado al sur de Quintana Roo, a lo largo de la ribera del Río Hondo, justo en la frontera con Belice.
Pérez Castro, como todos los que siembran caña en esta zona, vende toda su producción al ingenio azucarero que funciona en la región desde 1978. En el cañaveral, al que no se le ve fin, el productor remarca con entusiasmo que en esta región se ha sembrado caña desde hace más de 40 años. Y es cierto.
En estas tierras que hoy forman parte del municipio de Othón P. Blanco, considerado desde hace tiempo como uno de los puntos críticos cuando se habla de pérdida forestal, se refleja el resultado de décadas de políticas gubernamentales que han privilegiado a la agricultura y a la ganadería por encima de selvas y bosques.
Deforestación como política de gobierno
Para entender cómo la caña se enraizó en el municipio de Othón P. Blanco es necesario repasar parte de la historia reciente de este territorio.
En la década de los setenta, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), en la zona sur de Quintana Roo comenzaron a establecerse migrantes de otros estados del país. El gobierno les prometió entonces que si llegaban a poblar esas regiones dominadas por la selva, les entregaría tierras.
“A cada ejidatario nos dieron 10 hectáreas (para sembrar) y dos hectáreas para ganadería. Fueron 3 mil hectáreas las que se tumbaron para cultivar. Primero se sembró arroz. Ahora, la mayoría es pura caña”, cuenta el ejidatario Carmelo García, quien nació en 1947 en Veracruz y llegó a la zona que hoy ocupa el ejido Sacxan en enero de 1975.
La política que llevó a poblar territorios como el sur de Quintana Roo llegó acompañada del Programa Nacional de Desmontes (PRONADE) que, entre 1972 y 1983, impulsó la tala de selvas para transformarlas en pastizales para el ganado y en campos para la agricultura mecanizada.

Fue en este contexto en el que se crearon los 15 ejidos que hoy integran la zona cañera de Quintana Roo. También fue en esos años cuando el gobierno federal construyó el Ingenio Álvaro Obregón, que en 1988 se privatizó y rebautizó como Ingenio San Rafael Pucté. Fue así que desde finales de los setenta, pero sobre todo durante la década de los ochenta, el cultivo del arroz, chile habanero, maíz y después el de caña propiciaron que grandes extensiones de la selva maya del sur de Quintana Roo se convirtieran en campos de cultivo. En la actualidad esa transformación tiene otro ritmo.
“Ya no se dan estos grandes cambios de uso de suelo (por el cultivo de caña), pero sí hay lo que llamo ‘deforestación hormiga’. Cada cañero desmonta media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, pero si sumas lo que hacen 200 cañeros, hay un impacto que no se reporta”, explica Pedro Antonio Macario Mendoza, investigador sobre dinámicas forestales del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
El cambio de selva por cañaverales se ha ido extendiendo poco a poco fuera de lo que tradicionalmente se consideraba la zona cañera. Una muestra de ello es lo que sucedió en Laguna Om. En las tierras forestales de este ejido, personas que se presentaron como representantes de la compañía que opera el ingenio San Rafael Pucté, el gigante azucarero Beta San Miguel, desmontaron alrededor de 2 mil hectáreas de selva baja en el año 2009.
Expansión de cañaverales al sur de Quintana Roo.
Llegar, comprar y deforestar
El ejido Laguna Om, colindante con los límites del estado de Campeche, es un bastión para la conservación de la selva maya al tener 35,000 hectáreas de selva baja y mediana certificadas como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) desde 2019. Además, el ejido es pionero a nivel regional en la venta de bonos de carbono, con los cuales se busca compensar económicamente a la población que conserva intactas sus tierras. Con todo ello, Laguna Om también es uno de los principales focos rojos de deforestación en Quintana Roo.
Entre el 2001 y 2021, este ejido se quedó sin 9,357 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con un análisis realizado por Global Forest Watch (GFW) y el World Resources Institute (WRI-México), compartido con Mongabay Latam para este proyecto periodístico. El ejido registró una mayor pérdida forestal en los años 2009 y 2017.
Fue justo en 2009 cuando ejidatarios de Laguna Om y personas que se presentaron como representantes de Grupo Beta San Miguel protagonizaron un conflicto por el desmonte de 2,000 hectáreas de selva con el objetivo de sembrar caña.

Macario Mendoza, además de ser investigador de Ecosur, es ejidatario de Laguna Om. Él recuerda que los intentos por adquirir tierras ejidales para la siembra de caña se dieron desde 2003. En ese entonces, no se llegó a un acuerdo, pues la oferta que recibió el ejido fue de 1,600 pesos por hectárea (152 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio de ese año).
En 2008, el entonces comisario ejidal Gualberto Caamal Ku negoció con las personas que dijeron representar al Grupo Beta San Miguel. La propuesta de pago incrementó a 10 mil pesos por hectárea (925 dólares). Así fue como, en la asamblea, la mayoría de los ejidatarios votaron a favor de la venta de alrededor de 2,000 hectáreas.
Para concretar esta transacción, se vendieron derechos ejidales a cinco personas que se presentaron como parte de Beta San Miguel, confirmó en entrevista Caamal Ku, quien en la actualidad es, nuevamente, comisario ejidal.