- Un grupo de científicos publicó hace unas semanas un artículo en el que llamaban la atención sobre la paz y el medioambiente como variables a tener en cuenta antes de votar en las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia.
- En esta entrevista, Adriana Sánchez, coautora del reporte, habla sobre los retos que le esperan al electo presidente Gustavo Petro, así como de la importancia de atender los conflictos sociales para obtener logros ambientales en el país.
Cuando la bióloga colombiana Adriana Sánchez terminó su doctorado enfrentó una crisis inesperada, se preguntó en ese momento: ¿cómo estudiar lo que puede desaparecer? “Empecé a tener una crisis en la que me cuestionaba la situación en que estaba el planeta, que me iba a quedar sin objeto de estudio. Una crisis de por qué estoy haciendo lo que hago si dentro de poco ya no lo voy a poder hacer”, cuenta la investigadora y directora del departamento de Biología en la Universidad del Rosario en Colombia.
Sánchez también recuerda que se graduó de su carrera de Biología con la premisa firme de que medio ambiente y humano vivían en pelea: “[El] humano significa malas noticias para el medio ambiente. Yo me gradué pensando así”, comenta. Pero, poco a poco, a medida que hacía salidas de campo y conversaba con la gente en diferentes territorios, se fue convenciendo también de que procurar el bienestar social redundaría en bienestar ambiental. Y que la política debía tener un espacio en sus publicaciones.
Ese sentimiento fue el que motivó a un grupo de académicos, liderado por el biólogo Alejandro Salazar-Villegas, a publicar el artículo ‘Paz y medioambiente en la encrucijada: Elecciones en un ‘hotspot’ de biodiversidad en conflicto’ en la revista Environmental Science and Policy y del cual Adriana Sánchez es coautora.
“Es un artículo muy político pero siento que no puedo quedarme callada, no puedo solo quedarme publicando papers en Ecología Tropical. Y siento que a mis colegas les ha pasado algo parecido”, cuenta la bióloga.
En esta entrevista con Mongabay Latam, Sánchez habla sobre cómo el conflicto armado impacta al medioambiente en Colombia, los efectos de políticas gubernamentales en el crecimiento de conflictos socioambientales, la importancia de escuchar a las poblaciones rurales y los retos que le esperan al nuevo gobierno que se posesiona este 7 de agosto.
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—¿Qué tanto ha afectado el conflicto armado al medio ambiente en Colombia?
—Cuando piensas en el conflicto armado y el medio ambiente, uno de los primeros temas que sobresale es toda la lucha contra las drogas que ha traído muchos problemas y muchos conflictos sociales y ambientales. Gente que se desplaza para sembrar cultivos [principalmente coca] cada vez más cerca de zonas protegidas, lo cual a su vez lleva a deforestación y a que el país se plantee soluciones como la aspersión aérea con glifosato, de la cual ya hay evidencia de sus efectos negativos para la salud y el ambiente.
Durante el conflicto armado con las FARC, que llevaba ya mucho tiempo, de cierta manera había una movida de preservación indirecta de los bosques, esto entre comillas porque la mayoría de los frentes armados los usaba para esconderse. Cuando se firma el Acuerdo de Paz quedó un vacío de gobernanza en muchas regiones del país y la deforestación se disparó, no hay una presencia del Estado más allá de la militar, pero la gente no tiene escuelas, centros de salud u otro tipo de servicios que también debería prestar el Estado. Como no hay vigilancia de lo que ocurre en estos lugares, pues se dispara la pérdida de bosques.
Por otra parte, durante el gobierno Duque ha habido una política de no querer respetar el Acuerdo de Paz. Al haber esta guerra abierta contra el acuerdo, se empezaron a asesinar a muchos ex combatientes y cada vez empezaron a tomar más fuerza los grupos de disidencias. Ahora también hay otra forma de financiar a los grupos armados que ha empezado a tomar fuerza y es el acaparamiento de tierras. Para mí siempre el tema de fondo es esta gobernanza tan débil. A todo esto hay que sumarle que asesinar y callar a la gente que alza la mano y la voz, para exponer lo que sucede en sus territorios, también genera un impacto para el medio ambiente pues estos problemas quedan invisibilizados u olvidados.
—Una de las respuestas en las que insistió el gobierno de Iván Duque para controlar muchos de los problemas ambientales, principalmente la deforestación en la Amazonía y sus parques nacionales, fue la campaña militar Artemisa, ¿qué balance hace usted de esa estrategia?
—Este gobierno entró confrontando muy fuerte la paz y al tiempo se dispararon los asesinatos de todo tipo de liderazgos. Cuando subió la deforestación, se manifestaron los vacíos de poder y la poca gobernabilidad y la forma de responder fue con una fuerza desmesurada, mandando militares a terreno para que empezaran a encarcelar gente, aunque la mayoría de los actores que manejan la gran deforestación no están en terreno. Entonces, están encarcelando o haciéndole procesos a la gente que sí está deforestando pero a baja escala.
—En el último artículo en el que usted participó se menciona que la paz y el medioambiente se han visto impactados por algunas políticas gubernamentales…
—Cuando nosotros publicamos este artículo finalmente obtuvimos una respuesta del Gobierno aunque fue un poco frustrante. La respuesta fue que habían hecho un montón de leyes —se nota que es un país de abogados— para el cuidado del medio ambiente. Hace poco le dieron al presidente Iván Duque el Premio al Liderazgo Planetario [“por su compromiso y acción para proteger nuestro océano” según National Geographic] por haber sobrepasado la meta de declaración de áreas marinas protegidas. Esto genera muy buena imagen internacional pero lo que no dicen es que mucho de esto se queda en el papel. Además, cuando uno ve la realidad de Parques Nacionales te das cuenta que trazar un área protegida en un mapa no es suficiente porque esta área no se cuida sola, luego vas a ver el presupuesto que se le da al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y nos sentamos a llorar. ¿Cómo pretenden que con ese presupuesto se pueden cuidar más de 60 áreas protegidas? La mayoría de los parques con cientos de miles de hectáreas tienen seis funcionarios o 10 si les va muy bien. Ves la tasa de deforestación de parques como Tinigua, Macarena, Picachos y Chiribiquete y te preguntas de qué les sirve estar trazadas en un mapa como áreas protegidas.
Algo que mencionamos es que en muchos políticos hay buenas intenciones y tal vez hay bonitos discursos, como lo que Duque dice en toda reunión: ‘Colombia está muy comprometida con el medio ambiente’. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las emisiones de gases de efecto invernadero están disparadas, los incendios están disparados y la Amazonía ha venido sufriendo una fuerte deforestación desde hace ya varios años.
Tampoco nos podemos olvidar que el Ideam muestra los mapas de calor y las alertas tempranas de deforestación pero ya llevan siete meses sin actualizarlos y hay algo raro alrededor de no querer tener los datos al día. Uno podría pensar que es por este discurso del gobierno saliente de mostrarse como protector del medio ambiente, pero en verdad eso no se refleja en los datos que tenemos en Colombia.
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—Y entonces, ¿qué se podría hacer?
—Hay cosas que sí podrían funcionar, como cumplir con los puntos del Acuerdo de Paz. ¿Por qué no tenemos aún un catastro? Eso es algo que está en el Acuerdo para empezar a hacer manejo sobre esas tierras, concertar acuerdos de manejo, etc. Si eso se cumpliera quizás no habría este problema de tierras de nadie que son utilizadas para acaparamiento de tierras, ganadería o cultivos de uso ilícito. Ya hay muchas cosas escritas, se necesita empezar a ejecutar sobre lo que ya existe, no se puede seguir produciendo para luego no ejecutar.
—Al inicio hablábamos de qué tanto ha afectado el conflicto armado al medio ambiente, pero ustedes en el artículo también mencionan algo que es bien interesante: ¿cómo el deterioro del medio ambiente puede alimentar el conflicto armado?
—Es muy interesante, y se puede ver en el artículo, cómo el aumento de masacres, de pobreza y de desigualdad van en conjunto con la pérdida de cobertura de bosque y el aumento de emisiones de carbono. A medida que hay más pobreza, en medio de la desesperación, una alternativa es volver a recurrir a la tierra, a deforestar, a vender lo que se pueda, a meter ganado. Esto es algo que se ha visto en otros lugares del mundo cuando, a partir del COVID-19, ha aumentado la pobreza extrema y se ha regresado al medio ambiente para aprovecharlo de manera insostenible.
En Colombia hubo momentos en los que bajó mucho la desigualdad, bajó mucho la pobreza y esto no se hacía a costa de más deforestación. Entonces, no es cierto que la única forma de tener bienestar económico en Colombia es a costa del bienestar social y ambiental. Hay muchas complejidades a la hora de hacer ese análisis.
—En medio de esas complejidades, una de las cosas que llama la atención en el artículo es cuando se menciona que, en ocasiones, el retorno al campo de personas que habían sido desplazadas pudo influir en el aumento de fuegos y deforestación…
—A veces la gente cuando está en sus terrenos hace cosas que podríamos decir, entre comillas, que son malas en términos de deforestación y uso de recursos naturales. Eso tal vez tenga que ver con el sentido de pertenencia que hay por esa tierra, o la gobernabilidad que hay en esa tierra, por ejemplo, a través de la presencia de líderes sociales, ambientales y comunales. Hay sitios donde la gente está muy organizada, con un sentido de pertenencia muy fuerte, se unen, crean áreas de conservación y tienen una visión común de cómo van a usar la tierra.
En otros casos la gente retorna pero no tienen sentido de pertenencia con la zona, no la conocen, había líderes y los mataron o hay una dinámica de acaparamiento de tierras donde tienes terratenientes que están pagando muy bien por esa tierra. Todo eso afecta la relación de la gente con su entorno, con el medio ambiente. Nuevamente, se trata de una mezcla de muchas cosas, son situaciones muy complejas.
—¿Cuáles cree que son los riesgos de que el Estado no tome control de zonas que antes eran cuna del conflicto armado?
—Habría que preguntarse qué es tomar control de un territorio. Para muchos podría ser enviar a las Fuerzas Militares porque ese ha sido el actuar del Estado históricamente: ‘se nos está saliendo esto de control, mandemos militares armados hasta los dientes a que defiendan y traten de poner orden’. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Entiendo que hay una necesidad de esto y hay que analizar el contexto, pero me parece que ha sido un actuar desmesurado en la historia de nuestro país. El Estado es mucho más que solo las Fuerzas Militares, es toda la estructura de salud y muchos otros derechos fundamentales como educación, infraestructura básica, etc.
Otro aspecto que me parece importante es que se debe creer en la gente, algo a lo que se le tiene miedo en este país. Hay un miedo a crear gobernabilidad, a empoderar comunidades para que puedan decidir cómo se gobiernan. En Colombia eso lo asumen como perder el control del Estado, le tienen pánico. También se necesitan otras visiones de conservación, cuando la gente ha tomado la decisión sobre algo tiende a respetar más esa decisión porque fueron partícipes, porque su voz fue parte. Una forma de que el Estado tenga control sobre un territorio es empoderar a las comunidades pero esto sigue siendo muy escandaloso.
—El artículo se publicó previo a elecciones y tenía un llamado para hacer una reflexión socioambiental antes de votar. Sin embargo, Colombia ya sabe que su nuevo presidente es Gustavo Petro. ¿Cuáles cree que son las acciones prioritarias en materia ambiental para el nuevo gobierno?
—Aunque muchos puedan decir que no es netamente ambiental, me parece importante respetar los puntos del Acuerdo de Paz y empezar a concretarlos. Por ejemplo, la reforma agraria es fundamental, porque muchas veces lo social y ambiental lo pensamos como dos cosas distintas. El hecho de que se fortalezca toda la parte social va a impactar positivamente el medio ambiente. También se debe frenar el asesinato de líderes sociales, ambientales y, en general, todo tipo de liderazgos. Que haya medidas del Estado para respetar esas voces y en ese sentido se necesita ratificar el Acuerdo de Escazú.
También hay que seguir dando las discusiones de por qué no más glifosato o no al fracking. Pero si se mata a las personas que están hablando en contra pues es imposible generar esa conversación. Al parecer este gobierno viene con una agenda ambiental fuerte, pero toca esperar para ver si logran ejecutar ese discurso.
—Usted mencionó que era importante concretar el Acuerdo de Paz, ¿cómo el cumplimiento del punto 1 sobre la Reforma Rural Integral podría mejorar la situación ambiental en Colombia?
—Si no hay un acuerdo claro de hacia dónde vamos y cuáles y cómo son los usos de la tierra, no se puede hacer un seguimiento de qué es lo que se está cumpliendo y qué es lo que no se está cumpliendo. Si se organiza la tierra y se piensa en el empleo alrededor de esa organización, se podría sacar gente de la pobreza y esa ganancia social se vuelve también una ganancia ambiental.
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—El desplazamiento por conflicto armado ha sido un tema bastante abordado en Colombia pero ustedes también mencionan el desplazamiento climático, ¿qué tanto se sabe de ese tema en el país?
—Este es un tema que no solamente está afectando a Colombia, sino que se inserta en una problemática global donde cada vez vamos a tener más desplazados por eventos climáticos. En Colombia se dan por varias razones: inundación extrema y sequías, por ejemplo. Recordemos también los impactos del huracán Iota en la isla de Providencia hace algunos años. Se predice que en Colombia habrá una gran oleada de desplazamiento proveniente de La Guajira por los problemas tan álgidos en torno a la sequía.
Los desplazamientos climáticos, en un país que ya tiene desplazados por el conflicto, lo que hacen es incrementar los problemas sociales y ambientales que ya existían. En el artículo mencionamos que hubo más o menos 64 mil desplazados por desastres climáticos en el 2020. Todos ellos, sumados a los desplazados por violencia, son un montón de gente. ¿Cómo los acomodas de manera segura en el Estado cuando hay una falta de gobernanza?
—Finalmente, ¿por qué un grupo de científicos decidió hacer un trabajo académico que buscaba generar incidencia política?
—Las áreas donde cada uno de nosotros trabaja es muy distinta a conflictos sociales y ambientales, muy alejadas a la política y este es un artículo político. Alejandro Salazar trabaja más en suelos, Juan Fernando Salazar se mueve en la hidrología, Nicola Clerici trabaja más en deforestación. Otros colegas trabajan en clima, otros con incendios y yo me he enfocado en fisiología vegetal. En general, todos somos muy académicos, haciendo ciencia más básica en universidades. Pero, cuando vas mucho a campo empiezas a escuchar sobre conflictos y problemas. Cuando estás abierto a hablar con las personas te das cuenta que lo que se vive en el territorio es bien complejo, asuntos profundos de los que depende que tú como académico puedas seguir dándote el lujo de investigar lo que investigas.
En nuestro quehacer se nos empezó a despertar esa comprensión alrededor de que los humanos estemos bien para que el medio ambiente esté bien; tiene que haber una sincronía. Varios de los autores llevamos ya varios años trabajando en estos temas. Incluso, después de la firma del Acuerdo de Paz publicamos un artículo que se llama La Ecología de la Paz. Para resumir, creo que se trata de un gran amor al medio ambiente pero también un sentido humanista que nos despierta este deseo de ser parte de estas conversaciones nacionales.
*Imagen principal: Adriana Sánchez se ha especializado en filogenia vegetal y el páramo es uno de los ecosistemas donde más ha trabajado. Foto: cortesía Adriana Sánchez.
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