- En Perú, los procesos de titulación de tierras suelen durar años e incluso décadas, Esta vez, un trabajo coordinado entre autoridades, federaciones indígenas, organizaciones civiles y las comunidades consiguió solucionar los conflictos por el territorio en sólo diez meses.
- Las comunidades que ahora tienen su titulación se encuentran en la Triple Frontera, una zona donde confluyen territorios de Perú, Colombia y Brasil y que está amenazada por actividades ilegales y el crimen organizado. En esa región, los pueblos indígenas libran una constante batalla para proteger sus tierras.
- En el territorio del pueblo ticuna se entregaron dos títulos de propiedad, diez instrumentos de rectificación de títulos anteriores y cinco títulos de ampliación.
Han pasado varias generaciones desde que se fundó la comunidad San Juan de Barranco, en el territorio ticuna de la Amazonía peruana, cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Los abuelos y padres de Ruth y William Vitorino fueron fundadores de esta comunidad, ellos llegaron hace por lo menos 30 años. Sin embargo, el título que les asegura su territorio apenas lo obtuvieron.
“Ahora ya somos comunidad, cuando no teníamos la titulación ingresaban colombianos y vecinos de otras comunidades. Nos reclamaban los documentos y nosotros no teníamos el título”, dice Ruth Vitorino, quien cuenta que su madre y sus abuelos estuvieron entre las cinco familias que se instalaron por primera vez en esta comunidad. “Ya podemos pedir luz y agua”, celebra Vitorino.
En total han sido 12 las comunidades del pueblo ticuna, ubicadas en la provincia de Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, que el pasado 17 de junio recibieron sus títulos de propiedad, algunas por primera vez y otras como rectificación de los límites de sus territorios titulados hace varios años, pero que hasta ahora no habían pasado por el proceso de georreferenciación.
San Juan de Barranco, Nuevo Paraíso Erene Segunda Zona, Nueva Jerusalén, Bellavista de Callaru, Buen Jardín de Callaru, Yahuma Callaru, San Francisco de Yahuma, Chinería, Gamboa, Ticuna Puerto Alegre, Yahuma Primera Zona y Yahuma Segunda Zona han sido parte de este proceso que duró solo diez meses. Un tiempo récord comparado con los años e incluso décadas que le toma a una comunidad indígena en Perú lograr que se concrete la titulación definitiva de su territorio que, según la legislación actual, exige que sus límites hayan sido georreferenciados a través de equipos GPS (Sistema de Posicionamiento Global).
En esta ocasión, el camino para la titulación surgió de las mismas comunidades que acaban de recibir el documento que acredita su seguridad jurídica. Este modelo de cooperación incluye la participación de las mismas comunidades nativas, los monitores ambientales indígenas, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), junto con la organización Rainforest Foundation US (RFUS) y el Gobierno Regional de Loreto.
El trabajo culminó con dos títulos de propiedad, diez instrumentos de rectificación de títulos anteriores y cinco títulos de ampliaciones que fueron entregados en la comunidad Yahuma Segunda Zona. Hasta ahí llegaron niños, jóvenes y adultos representando a cada una de las doce comunidades que, tras varios años de espera, cuentan con la seguridad jurídica para sus territorios, amenazados permanentemente por el narcotráfico, las invasiones, los cultivos ilegales de coca, la tala ilegal y la indiferencia del Estado peruano para atender sus necesidades básicas.
Sin embargo, la brecha de titulación en Perú es aún grande, según Aidesep, alrededor de 600 comunidades nativas en toda la Amazonía peruana no han sido reconocidas o tituladas hasta el momento.
Titulación en tiempo récord
“Los procesos de titulación en Perú siempre han durado mucho tiempo, se quedan como estancados en oficinas del gobierno. Este proceso para titular a estas comunidades ticuna ha sido innovador, porque ha nacido del pueblo mismo y ha sido el resultado de una articulación entre pueblos indígenas que tienen las capacidades de medir su territorio por el trabajo de los monitores ambientales, las autoridades regionales y las organizaciones civiles y federaciones indígenas”, explica Cameron Ellis, geógrafo y antropólogo especializado en pueblos indígenas de RFUS.
Las comunidades ticuna llevaban varios años solicitando que se realice el proceso de georreferenciación en sus territorios titulados y que se titulen aquellas que aún no contaban con este documento. Sin embargo, sus pedidos no eran atendidos.
Las dificultades y riesgos que enfrentan de manera constante los llevó a poner como prioridad consolidar el saneamiento físico legal de sus tierras. Así surgió la propuesta de que los fondos que reciben por el Programa Rainforest Alert, un sistema de pago por mantener sus bosques conservados, que impulsa RFUS, fueran utilizados para la titulación de sus tierras.
“Para nosotros es un éxito este proceso porque se ha logrado obtener los títulos en solo diez meses, en lugar de los años que tienen que esperar las comunidades. Ha sido un trabajo diferente con todos los pasos que incluye el proceso de titulación. La demarcación, el establecimiento de los hitos, la georreferenciación, hasta la inscripción de sus títulos en Registros Públicos. La mayor parte del trabajo se hizo en campo y el costo por cada comunidad ha sido aproximadamente de 10 000 dólares. Es un precio bajo si pensamos en los millones de dólares que se destinan a otros procesos de titulación y que, muchas veces, no alcanzan los resultados esperados”, comenta Ellis.
El proceso de titulación empezó en agosto de 2022 y las primeras resoluciones las emitió el Gobierno Regional en mayo de 2023. “No fue fácil”, dice Abel Núñez, monitor ambiental de la comunidad nativa Yahuma Segunda Zona, quien participó en las brigadas dedicadas al trabajo de georreferenciación y delimitación de las fronteras comunales.
En todo este proceso, los monitores ambientales jugaron un rol decisivo, pues recorrieron los territorios indígenas junto con los comuneros de cada pueblo, para ir marcando los límites antes de la llegada de la brigada de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Loreto, encargada de definir estas fronteras y llevar adelante todo el proceso de titulación.
“Como monitores tenemos el equipo con GPS y un mapa que nos marcaba dónde estaban los linderos, así, con mis compañeros, empezamos el linderamiento”, recuerda Núñez. Este proceso no estuvo libre de controversias, comenta Núñez. “Era difícil porque las personas que habían marcado sus linderos hace muchos años, cuando no había GPS, nos reclamaban pues decían que les estábamos quitando territorio. No creían en el GPS y querían que los límites se establecieran donde habían dicho sus abuelos”, agrega Núñez.
“Una vez botaron el hito y nos hablaron con palabras fuertes, pero nosotros buscamos la forma de solucionar las disputas, hacíamos reuniones para llegar a consensos que satisfagan a ambas partes. Cuando ya estábamos de acuerdo vinieron los ingenieros con GPS para comprobar dónde correspondía realmente el límite y colocar el hito que corresponde”, agrega Núñez.
Las organizaciones indígenas, principalmente Aidesep, tuvieron un rol clave en la titulación de las comunidades ticuna. Como parte del convenio que ha firmado con el Gobierno Regional de Loreto, Aidesep elaboró el proyecto y coordinó todo el proceso con la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario y Riego de Loreto.
La entrega de los títulos a doce comunidades nativas ticuna ha sido solo un paso en la brecha de titulación que aún existe en Perú. “Según nuestras estadísticas, tenemos todavía una brecha de 600 comunidades entre las que faltan reconocer y titular en toda la Amazonía”, dice Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, la organización indígena nacional que reúne a 2400 comunidades amazónicas.
La seguridad jurídica es fundamental para los pueblos indígenas —agrega Guimaraes— más de 30 líderes indígenas han sido asesinados por pedir la titulación. “Ahora, después de estos títulos se deben impulsar las actividades productivas para desarrollar la seguridad alimentaria y definir cómo manejamos el territorio”.
En Perú, culminar la titulación de comunidades nativas en la Amazonía es un tema pendiente. Que una comunidad sea reconocida por la autoridad regional puede tomar varios años e incluso décadas. Y lo mismo pasa con el siguiente paso, es decir, la titulación. Además, las comunidades que consiguieron su titulación en el pasado, muchas veces no cuentan con límites georreferenciados, un requisito de la legislación peruana actual.
La vicegobernadora del Gobierno Regional de Loreto, Dolibeth Bardales señala que “una forma de proteger a nuestras comunidades nativas es darles el sentido de pertenencia. Y entregarles su título de propiedad es ofrecerles esa seguridad de que tienen su tierra donde ellos se van a sentir protegidos”.
Bardales también señala que los funcionarios del Gobierno Regional de Loreto tienen claro que es necesario titular las tierras indígenas y proteger a las comunidades. “Lo hemos hecho con los ticuna y pronto lo haremos en Requena y en Datem del Marañón”, asegura.
El mapa ticuna
El desvío que se toma para entrar a la comunidad nativa de Chinería, en el territorio del pueblo ticuna, es apenas un riachuelo que se abre en medio de la vegetación de la selva peruana, un pequeño canal que se desprende del inmenso río Amazonas luego de navegar, aproximadamente, una hora desde la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Si el viaje se hace desde Iquitos, la capital de la región Loreto a la que geográficamente pertenecen las comunidades ticunas, el tiempo de navegación es de por lo menos 14 horas.
En el punto de desembarco se encuentra José Linares, jefe de Chinería, quien un día antes recibió el documento que, por primera vez, establece de manera definitiva y georreferenciada los límites del territorio indígena.
“Los encargados llegaron con GPS y definieron los puntos de los límites. Así dijeron cuánto de metraje le quedaba a Chinería y cuánto había perdido. Ahorita nos han definido 232 hectáreas”, cuenta Linares, mientras camina hasta el lugar en donde se marcaron los límites de la comunidad.
La comunidad de Chinería se creó en 1978, asegura el jefe Linares, pero su reconocimiento sucedió en 1994 y la titulación en 1995. Como ocurría en esa época en las comunidades de la Amazonía peruana, sus límites no estaban georreferenciados, sino que fueron definidos de manera referencial. Con el tiempo la geografía fue cambiando por efecto del río Amazonas y gran parte del territorio de la comunidad marcado a mediados de la década de los noventa quedó sobre el río.
“Los primeros moradores hicieron cálculos con una dimensión corta sin saber que en el transcurso de los años la población iba a crecer. Y cada vez que el Amazonas causaba un derrumbe, la comunidad iba retrocediendo. Esta es nuestra tercera comunidad, porque hemos retrocedido como un kilómetro”, cuenta Linares.
No es el único caso de una comunidad cuyo territorio aparecía sobre el agua o que tuvo que desplazarse por acción del río Amazonas. Un mapa elaborado por el Centro de Información y Planificación Territorial (CIPTA), de Aidesep, muestra cuál era la situación de las doce comunidades ticuna y sus ampliaciones antes de que se realizara este proceso de titulación. Por ejemplo, las comunidades de Yahuma Primera Zona y Yahuma Segunda Zona también tenían parte de su extensión sobre el Amazonas; mientras que San Juan de Barranco, que no figuraba en el mapa porque no había sido titulada, iba trasladándose varios metros hacia atrás cada vez que el río se llevaba parte de las tierras.
“San Juan de Barranco tiene ese nombre porque constantemente se ‘desbarrancaba’ el suelo a orillas del Amazonas”, aseguran los hermanos Ruth y William Vitorino, este último es actualmente jefe de la comunidad. “Fueron muchos años que la tierra caía al barranco, hasta el 2010 que se detuvo”. Al igual que Chinería, San Juan de Barranco ha tenido que moverse para adaptarse a la naturaleza y mantener un espacio suficiente para las 25 familias, más de cien personas, que ahora ocupan el territorio.
Durante casi 30 años, desde que llegaron las primeras familias, San Juan de Barranco, al igual que las otras comunidades, tuvo que lidiar con la ausencia del Estado. El colegio recién se inauguró en el año 2009, cuentan los hermanos Vitorino. “Cuando éramos niños, viajábamos todos los días en lancha, remando por tres horas ida y vuelta, hasta Yahuma, donde estaba el colegio”, recuerda Ruth Vitorino.
Ha sido complicado preservar su territorio sin contar con su titulación. Edilson Pinto Pérez, monitor ambiental de la comunidad, señala que en sus recorridos ha encontrado árboles caídos y otros aserrados. “Hay invasiones en la zona que colinda con Bellavista de Callarú”, dice Pinto sobre la zona ubicada entre ambas comunidades ticuna, donde también hay un espacio de bosque que no pertenece a ninguna comunidad.
Algunas de las comunidades que ahora han marcado sus límites definitivos habían obtenido su reconocimiento, y en algunos casos su primer título de propiedad hace más de 40 años. Bellavista de Callaru y Nuevo Jerusalén por ejemplo, fueron reconocidas y tituladas en la década del setenta, época en la que no se realizaba la delimitación mediante sistemas GPS.
Con la nueva legislación, esta falta de georreferenciación se había convertido en un obstáculo para completar el saneamiento físico legal de sus territorios, por tanto, vivían expuestos a amenazas como invasiones y actividades ilegales. Incluso, estaban restringidas sus posibilidades para desarrollar proyectos para la comunidad.
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Comunidades vulnerables
Desde el Amazonas no se puede ver la comunidad de Yahuma Primera Zona, se debe caminar unos 200 metros para llegar hasta la zona de viviendas de esta comunidad que tiene una extensión de 1501 hectáreas
Cristian Ferreiro, jefe de la comunidad nativa Yahuma Primera Zona, explica que hace varios años se podía observar el Amazonas desde la comunidad. El frente del territorio estaba libre. Ahora en cambio, está cubierto por árboles y las viviendas se han retirado unos 200 metros desde el borde.
Ferreiro recuerda que hace tiempo el paso de embarcaciones con narcotraficantes era constante. Cuando era niño —dice el jefe de Yahuma Primera Zona, con tan sólo 21 años— hubo un enfrentamiento frente a la comunidad, todos tuvieron que ocultarse. Fue en ese momento que decidieron cerrar con árboles toda el área del territorio que da al río Amazonas. “Ahora no nos pueden ver desde el río. Cuando navegan por el Amazonas nadie sabe que aquí hay una comunidad”.
Yahuma significa espíritu de las calaveras, dicen los líderes ticuna, una referencia relacionada a los enfrentamientos de bandas de narcotraficantes que ocurrían en el río, a la altura de las comunidades ticuna, así como a los operativos de la policía que perseguía el crimen organizado. En esos enfrentamientos, los cadáveres de los fallecidos muchas veces quedaban en el río, por tanto, varias comunidades incluyeron en su nombre el vocablo Yahuma.
Aunque actualmente la base policial de Yahuma, cerca de la triple frontera, controla el paso de todas las embarcaciones que surcan el río, el peligro no se ha alejado del pueblo ticuna y el crimen organizado sigue presente en esta región fronteriza.
Disputas entre bandas criminales han convertido a esta parte de la Amazonía en una zona peligrosa, sobre todo, para las comunidades indígenas. En Perú, el último reporte de Monitoreo de cultivos de coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), con datos hasta el 2022, indica que el departamento de Loreto está en segundo lugar en incremento de superficie cultivada con coca entre 2018 y 2022. En estos años pasó de tener 5072 hectáreas de cultivos de coca a 13 844 hectáreas, un aumento de 173 % en ese periodo de tiempo.
El análisis también indica que el Bajo Amazonas —que incluye el sector de la triple frontera en Perú— es la tercera zona de producción con mayor cantidad de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca. “El 68 % de la superficie con coca en esta zona se concentra en los distritos de Ramón Castilla (4144 hectáreas) y Pebas (1774 hectáreas) en la provincia de Mariscal Ramón Castilla”, señala el documento.
“En la Triple Frontera existen amenazas como el narcotráfico que cruzan los límites de los países. Algunas comunidades han recibido amenazas, por tanto, es una zona muy difícil debido a estos peligros, sobre todo para quienes llevan muchos años tratando de obtener sus títulos de propiedad y así proteger su territorio”, señala Cameron Ellis, geógrafo y antropólogo especializado en pueblos indígenas de RFUS.
Cristian Ferreiro es un entusiasta, a sus 21 años es el jefe más joven que ha tenido la comunidad de Yahuma Primera Zona, e incluso el más joven si se compara con el resto de comunidades ticuna. Cuenta como anécdota que en la última reunión de la Fecotyba “todos pensaban que el jefe de Yahuma Primera Zona no estaba presente. Cuando les dije que era yo, nadie me creyó al inicio”, dice riéndose de esa experiencia.
Él está muy seguro de lo que le toca hacer. Luego de resolver la controversia con sus comunidades vecinas Yahuma Segunda Zona, Yahuma Callarú y San Francisco de Yahuma, ahora quiere llegar a acuerdos para que no se produzcan más conflictos por los cultivos que, en algunas ocasiones, sobrepasan sus fronteras.
* Imagen principal: Comunidad nativa San Juan de Barranco. Foto: Yvette Sierra Praeli.
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