- Un nuevo análisis de la erosión regresiva del río Coca, que empezó después de la repentina desaparición de la cascada San Rafael, en Ecuador, revela que el fenómeno avanza tan rápido que se registra un incremento de 911 % en las zonas que pasaron de ser cobertura forestal a erosionadas entre junio de 2020 y enero de 2024. Además se perdieron 508 hectáreas de bosque nativo.
- Un juzgado de Sucumbíos reconoció que la comunidad de Puerto Madero fue vulnerada por los derrames de petróleo sobre el río Coca en abril de 2020 y enero de 2022 y que no ha sido reparada e indemnizada. Comunidades y organizaciones ambientales y de derechos humanos le piden a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la acción extraordinaria de protección que interpusieron ante el tribunal hace más de tres años.
- El 23 de marzo de 2024, un nuevo derrame de petróleo, proveniente del oleoducto OCP, llegó al río Coca a través de la quebrada Macana. La empresa aseguró que se controló el evento, sin embargo aún se aprecia crudo en una de las fincas de la zona y se desconoce la cantidad de hidrocarburos que se vertió al agua.
El río Coca, en su tramo cerca de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ha sido noticia desde el 2 de febrero de 2020. Ese día, la cascada San Rafael desapareció repentinamente y empezó un fuerte proceso de erosión regresiva en el río y sus afluentes en las provincias ecuatorianas de Napo y Sucumbíos. Desde entonces, las consecuencias que padecen en la zona han sido el pan de cada día: rotura de oleoductos, derrames petroleros, puentes caídos, tramos de carretera destruidos y casas cercanas en peligro de colapso.
Desde hace poco más de un mes, este importante río ecuatoriano acaparó de nuevo la atención. El 23 de marzo, una ruptura del Oleoducto de Crudo Pesados (OCP) provocó un derrame de petróleo en una quebrada que vierte sus aguas al Coca. No hay muchos detalles oficiales sobre el evento, solo que se afectaron durante unas horas las operaciones de la hidroeléctrica, pero que se contuvo el crudo, por lo que las actividades, tanto de transporte de hidrocarburos como de generación eléctrica, se reanudaron.
Días después, el 15 de abril, la Fundación EcoCiencia y el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA), publicaron un nuevo reporte en el que alertan sobre los impactos de la erosión regresiva del río Coca y destacan la pérdida de 508 hectáreas de bosque nativo en sólo los tres años y medio, entre junio de 2020 y enero de 2024.
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Nuevo derrame de petróleo
El 23 de marzo de 2024 se rompió la tranquilidad que caracteriza a las fincas asentadas cerca de la ribera del río Coca, aguas arriba de la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Habitantes del sector se despertaron y vieron petróleo bajar por la quebrada Macana, que deposita sus aguas en el río Coca. Todo indicaba que uno de los oleoductos se había roto en la madrugada.
“Yo soy guía de rafting y tenía un viaje con chicos de la Universidad Católica. Así que con el cuerpo de bomberos del Chaco [cantón de la provincia de Napo, ubicado a orillas del río Coca] salimos a ver el nivel del agua del río. Ahí el comandante de Bomberos ve el petróleo y procede a informar. Conocemos la zona y sabíamos que el derrame venía del OCP y no del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así que se le informó a OCP, pero ellos negaban que fueran los responsables. Sólo hacia las 10 de la mañana llegaron a la zona, pero el petróleo seguía bajando por la quebrada Macana”, relata Daniel Vaca, habitante del lugar y propietario de una finca afectada por el derrame.
El mismo 23 de marzo, a través de un comunicado oficial, la empresa OCP, encargada de operar el oleoducto del mismo nombre, aseguró que “se detectó una fuga de crudo de la tubería de OCP Ecuador en el Kp136+404, ubicado en el sector de Sardinas, cantón El Chaco, en la provincia de Napo. Se activó de forma inmediata el Plan de Respuesta a Emergencias, se detuvo la operación del oleoducto de crudos pesados y se cerraron las válvulas del tramo. El personal de OCP Ecuador trabaja activamente para el control de este evento impredecible”.
Durante los cuatro años que Mongabay Latam ha dado seguimiento a lo que sucede en el río Coca, diferentes expertos han señalado que eventos relacionados con el afluente, como los derrames de petróleo, no pueden considerarse como impredecibles, pues se sabe que existe una erosión regresiva que pone en riesgo cualquier estructura que esté aguas arriba de la extinta cascada San Rafael.
Además, tanto el SOTE como el OCP han tenido que cambiar el trazado de sus oleoductos en repetidas ocasiones y hay antecedentes de al menos tres derrames desde entonces, uno de ellos de más de 15 000 barriles de petróleo.
Matt Terry, director ejecutivo de la ONG Ecuadorian Rivers Institute, le dijo a este medio que las empresas petroleras hacen control de lo que ocurre internamente con sus oleoductos en variables como presión y temperatura, pero ante la contingencia a largo plazo que vive el río Coca con la erosión regresiva, estas acciones son insuficientes y se necesita un monitoreo continuo de las variable externas.
El experto recuerda el caso del oleoducto de Alaska, de más de 1300 kilómetros de longitud y construido hace más de 40 años, pero que también ha sido cuestionado por estar en una zona ambientalmente sensible. Allí, dice Terry, se hacen monitoreos aéreos diarios para prevenir situaciones externas que puedan afectar al oleoducto. “Eso debería ser lo mínimo que haga Ecuador, teniendo en cuenta que lo que sucede en el río Coca no tiene precedentes recientes y es un fenómeno que llama la atención de la comunidad científica mundial, que aún intenta comprender muchas cosas de las que ocurren allí”, comenta.
En estos años se han publicado varios artículos científicos sobre la erosión del río Coca, sus impactos después de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, e incluso los efectos de estar edificada en una zona sísmica y vulcanológica muy activa. El artículo más reciente es de abril de este año.
El 25 de marzo de 2024, dos días después de detectarse el derrame, OCP publicó un nuevo comunicado en el que asegura que, luego de que la empresa activó el Plan de Respuesta a Emergencias, la fuga de crudo “fue controlada de manera inmediata la misma tarde del día sábado 23 de marzo. El evento se produjo por una compresión axial de la tubería ejercida por variaciones imprevisibles de las condiciones del suelo en el lugar. En forma paralela, se han dispuesto todos los recursos necesarios, que incluyen los provistos por las comunidades cercanas, para la recolección, limpieza, remediación, restauración y reparación de la zona afectada”.
Sin información suficiente
La actuación de la empresa es cuestionada por organizaciones ecologistas y por habitantes de la zona. Alexandra Almeida, coordinadora del Área de Petróleo de Acción Ecológica, criticó que OCP y entidades del Estado no informaron temas básicos como la cantidad de petróleo derramado o las consecuencias del evento en el agua, en las comunidades o en la operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador sólo publicó un corto comunicado hacia el mediodía del 23 de marzo. Indicó que debido a una fuga de crudo en una tubería del OCP, Coca Codo Sinclair iba a reducir su capacidad operativa mientras se aseguraba su normal operación, por lo que se presentarían alteraciones temporales en el suministro de energía en algunas zonas del país. Horas más tarde publicó un nuevo mensaje en el que aseguró que la contingencia había sido superada y que se había logrado restablecer la capacidad operativa de la central hidroeléctrica, pero no brindó más detalles.
“Es en la central hidroeléctrica donde se atajó la mayor parte del petróleo y tuvieron que suspender operaciones por unas horas, entonces el comunicado del Ministerio de Energía era: ‘tranquilos, ya Coca Codo Sinclair volvió a su operación’. Eso es lo que al gobierno le importa, el resto de daños del derrame no les importa para nada”, enfatiza Almeida.
Daniel Vaca, habitante de la zona, comenta que las acciones de contención del crudo se concentraron en su finca, ya que la quebrada afectada por el derrame atraviesa su propiedad. Indica que dejó pasar a un contratista de OCP que trabaja en las reparaciones, pero que al realizar las obras dañaron todos sus cultivos y afectaron varias piscinas de peces, que son su sustento de vida.
“Al reclamarles, no me daban razón. No me decían hasta cuándo iban a permanecer en mi predio, ni cuánto tiempo iban a dejar las obras de contención en mi finca. Tampoco me dijeron cómo iban a indemnizarnos por todos los daños que generaron en mi predio”, dice.
Vaca decidió cerrar el paso a su propiedad y la maquinaria de la empresa quedó dentro de su finca. Según dice, lo demandaron por secuestro de bienes privados y presunto daño a los recursos naturales, aunque después le dijeron que iban a retirar la denuncia.
“No creo que el proceso de remediación y limpieza del derrame esté siendo efectivo. Yo tengo un drone y siempre lo estoy volando. Veo a dos o tres personas en la quebrada Macana, que dicen que están haciendo limpieza, pero sólo esperan que llueva y se lave el petróleo”, afirma Vaca.
En su página web, OCP tiene un comunicado del 18 de abril en el que cita pequeñas frases de seis personas del sector, en las que aseguran que están satisfechos con las acciones realizadas por la compañía para enfrentar el incidente.
Mongabay Latam se comunicó con OCP para conocer la cantidad de petróleo derramado, tener detalle sobre las labores de contención y remediación, así como del conflicto y la denuncia que se interpuso en contra de Daniel Vaca y su familia, pero no contestaron nuestros mensajes.
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Erosión regresiva que no da tregua
El 15 de abril de 2024, días después del derrame petrolero, MAAP y la Fundación EcoCiencia publicaron su reporte Impacto de la erosión regresiva del río Coca (Amazonía ecuatoriana). Allí detallan cómo en febrero de 2020 ocurrió un fenómeno misterioso: el colapso y desaparición de la cascada más grande del Ecuador en el río Coca.
“La abrupta eliminación de esta barrera natural en el río desató un proceso de erosión regresiva de una magnitud y proporción tan excepcional que se formó un nuevo cañón. Se ha cambiado completamente el curso del río y sus afluentes, eliminando estructura e infraestructura alrededor, y socavando el tramo del río aguas abajo con una inmensa cantidad de sedimentos”, dice el reporte.
El análisis asegura que el río está retomando su cauce antiguo, antes de que los flujos de lava que erupcionaron del volcán Reventador lo represaran con el dique que dio origen a la cascada de San Rafael.
En varias ocasiones, la erosión regresiva ha causado la ruptura de los tres oleoductos que pasan por la zona y ha destruido un tramo de la carretera, puentes, casas y otras estructuras que están a su alcance. Esta situación, se lee en el informe, se seguirá presentando mientras la erosión regresiva siga activa y continúe avanzando aguas arriba del Coca.
De acuerdo con un estudio científico publicado en abril de 2024 en la revista Environmental Challenges, los cambios en los regímenes de flujo y el equilibrio del transporte de sedimentos en el río Coca estarían relacionados con la construcción y operación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que produce hasta el 30 % de la energía eléctrica en Ecuador, y está ubicada a sólo 15.5 kilómetros río arriba de la extinta cascada San Rafael. Se cree que la presa habría acelerado potencialmente el proceso que capturó el canal del río Coca y provocó la desaparición de la cascada. Dicha conclusión estaría en línea con lo que diversos expertos consultados por Mongabay Latam han dicho desde el año 2020.
Como consecuencia de los nuevos y continuos movimientos a lo largo del río Coca también se ha generado un gran impacto ecológico, ya que se ha perdido bosque nativo a lo largo del afluente. Por eso, MAAP y EcoCiencia realizaron un monitoreo satelital para detectar y cuantificar la deforestación debido a la erosión regresiva en el tramo del río Coca aguas abajo de la represa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, entre los Parques Nacionales Cayambe-Coca y Sumaco-Napo Galeras, en las provincias de Napo y Sucumbíos.
“El objetivo del presente reporte es alertar a las autoridades y al público sobre la gravedad de esta situación inusual, dado que aún no se desarrollan técnicas que ayuden a mitigarlo”, indica el informe.
Además de las 508 hectáreas de bosque nativo perdidas en sólo tres años y medio (junio de 2020 – enero de 2024), el reporte destaca que el fenómeno avanza rápidamente y registra un incremento de 911 % en las zonas que pasaron de ser cobertura forestal a erosionadas entre los años 2020 y 2024.
Los expertos seleccionaron tres puntos de estudio que permiten dimensionar el impacto negativo de la erosión. El primero se ubica en el Área de Conservación Municipal El Chaco, donde detectaron 51.5 hectáreas de erosión regresiva. El segundo caso se encuentra en la localidad San Luis, donde se determinó un total de 53.4 hectáreas de bosque ribereño perdido. Finalmente, el tercer punto seleccionado muestra la desaparición de la cascada San Rafael debido al cambio del curso del río Coca y la erosión regresiva circundante.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) sobre las acciones que el Estado está ejecutando para enfrentar la erosión regresiva del río Coca, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.
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Una sentencia que da una luz de esperanza
A finales de marzo, un juzgado de la provincia de Sucumbíos le dio la razón a la comunidad mestiza de Puerto Madero, ubicada a orillas del río Coca en esa provincia y afectada por los derrames de petróleo de OCP y del SOTE, este último a cargo de Petroecuador.
El pasado 5 de abril, la comunidad pidió a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia judicial, del 28 de marzo de 2024, que obliga a las dos empresas a indemnizarlos por los derrames de petróleo del 2020 y 2022.
El abogado de los afectados, Diego Neira, afirma que “existe un daño ambiental acumulado y la falta de una respuesta oportuna”.
Por su parte, Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, asegura que los derrames han vulnerado los derechos de la comunidad al agua, a un ambiente sano y a su soberanía alimentaria. “Lo que ganan es que por primera vez un juez en primera instancia declara que sí hay vulneración. Después vienen algunas otras medidas de reparación que pone el juez en la sentencia, principalmente en salud”, comenta.
En una rueda de prensa en Quito, dos habitantes de Puerto Madero mostraron sus torsos y aseguraron que los derrames han causado enfermedades en su piel y en la de varios de sus vecinos. Además, pidieron una verdadera reparación porque su salud, el agua y sus cultivos siguen afectados.
Almeida asegura que este triunfo judicial de la comunidad de Puerto Madero es un precedente para todas las poblaciones que viven a orillas del río Coca, aguas abajo de la extinta cascada San Rafael. Comunidades de la provincia de Orellana ya habían presentado una acción de protección ante la justicia ecuatoriana pero, en ese caso, los jueces la negaron en primera y segunda instancia.
Petroecuador y OCP apelaron la decisión del juzgado de Sucumbíos, pero la comunidad de Puerto Madero espera que la justicia confirme su decisión.
La esperanza de las comunidades afectadas por el río Coca y de organizaciones como Acción Ecológica y la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, está en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la acción extraordinaria de protección que desde hace más de tres años fue admitida en este alto tribunal, pero que no ha analizada hasta el momento.
*Imagen principal: Hasta el momento se desconoce cuándo terminarán las labores de contención de petróleo del derrame del 23 de marzo y si son realmente efectivas. Foto: Daniel Vaca. Foto: Daniel Vaca.
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